Gobierno de Panamá aprueba indemnización a indígenas por construcción de hidroeléctrica

El Consejo de Gabinete instruyó al Ministerio de Finanzas para que haga efectiva una compensación de $2.6 millones a los pueblos indígenas de Guna de Madugandí y Emberá de Bayano por el desplazamiento forzado registrado en 1972 para la construcción de la hidroeléctrica Bayano.

La información fue publicada a través del decreto de gabinete 23 del 11 de agosto de 2015 en la Gaceta Oficial 27850.

“Esta acción tiene como base la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado panameño violó obligaciones internacionales protectoras de los derechos humanos a este grupo indígena. En 1972, el Estado desalojó a varios pueblos indígenas establecidos en el lugar donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica Bayano en la zona del Alto Bayano. Según manifiesta la Corte en su Sentencia, el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, precisa un comunicado de la Presidencia de la República.

“La Corte manifiesta además que el Estado también incumplió el deber de adecuar su derecho interno, contenido en la Convención Americana por no haber dispuesto a nivel interno nomas que permitan la delimitación, demarcación y titulación de tierras colectivas anteriormente en el año 2008, en perjuicio de los pueblos Guna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus miembros. La sentencia manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en la Convención Americana, en perjuicio de las Comunidades Indígenas Emberá, por considerar que los recursos incoados por estas no contaron con una respuesta que permitiera una adecuada determinación de sus derechos y obligaciones”, añade el documento.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó el 14 de octubre de 2014.

El Estado panameño estuvo representado en esta audiencia por los abogados Rosario Granda de Brandao y Nelson Brandao. Entretanto, Antonio Huertas y Alexis Alvarado fueron los representantes de los grupos indígenas demandantes.

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