“Colombia: Avances en La Habana y represión al movimiento social: ¿Dos patas de la misma estrategia gubernamental?” – por Colombia Informa

Los acuerdos de La Habana avanzan en paralelo a una serie de asesinatos de líderes comunitarios, represiones a protestas y amenazas a defensores de derechos humanos. El Estado, lejos de brindar garantías, se muestra como factor de violencia contra el movimiento social. ¿Posconflicto o cambio en la dinámica de un conflicto que se prolongará, porque mantiene sus causas irresueltas?

En los últimos diez días se registraron los siguientes asesinatos, represiones y amenazas contra el movimiento social:

  • Daniel Abril, reconocido líder social del municipio de Trinidad, en Casanare, fue asesinado de tres disparos de arma de fuego. Destacado por su lucha en defensa del medio ambiente, había denunciado a las petroleras por la sequía en la región. Integraba el Movimiento Social Político de Masas de Centro Oriente y el Congreso de los Pueblos. Las autoridades no han facilitado elementos de investigación que echen luz sobre los autores.
  • El jueves 19 un campesino resultó muerto y al menos otros seis recibieron impactos de bala de parte del Ejército Nacional, quien junto a la Policía irrumpió de forma violenta ante una protesta por la erradicación compulsiva de cultivos ilícitos. Los disparos contra los campesinos se efectuaron desde helicópteros del Ejército, que eran parte de la avanzada de más de 2000 efectivos entre militares y agentes erradicadores. Coparon casas y predios de la zona, y cuando la comunidad reaccionó pacíficamente, el Ejército respondió con los disparos mortales.
  • El pasado miércoles fue asesinado Ignacio Ernesto Males Navia, secretario del Concejo Municipal y referente del movimiento campesino en el municipio de Almaguer, Cauca. Un mes antes habían matado de igual forma al hijo de un concejal electo, integrante del mismo sector campesino. “Desde el momento en que el proceso campesino e indígena decide postular a varios de sus dirigentes como candidatos a la alcaldía y al concejo municipal, se intensificaron estas amenazas”, explican en Almaguer.
  • Al menos 6 líderes y lideresas comunitarias del Alto Baudó, en el Chocó, denunciaron amenazas para que desactiven una Minga comunitaria que realizarían en la cabecera municipal. Según testimonios, el alcalde del lugar advirtió: “No participen de la Minga porque los ´paracos´ los van a matar”.
  • Entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre hombres encapuchados con armas largas dispararon contra la Guardia Indígena en el resguardo Munchique Los Tigres, al norte de Cauca. Allí se encuentra el centro de armonización Gualanday donde el líder indígena Feliciano Valencia permanece alojado en cumplimiento de una condena que el Estado colombiano dispuso por una causa que es resistida por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- y el conjunto del movimiento social.
  • El pasado lunes 16 de noviembre en horas de la mañana la secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- Capítulo Caldas, la defensora de derechos humanos María Cardona Mejía, fue amenazada en la calle por una persona que mencionó ser exmilitar. “Cuando yo fui militar masacres era lo que hacíamos, como le vamos a hacer a la peliteñida que tengo al lado y a su jefe”, dijo el hombre a un supuesto interlocutor telefónico cuando pasó al lado de la mujer. En llamadas telefónicas recientes también mencionarion al “jefe” en referencia al miembro del Movice Darío Ecsehomo Díaz, también amenazado.
  • Entre el jueves 12 y el sábado 14 pasados, los asentamientos Las Orquídeas en Cali y Moravia en Medellín fueron ocupados por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-. En ambos casos, por orden de las respectivas alcaldías, el objetivo fue desalojar familias que habitan desde hace años en esos asentamientos. Se denunciaron abusos por parte de la fuerza pública y violación a los derechos humanos en el caso de menores de edad, ancianos y mujeres embarazadas.
  • El pasado 12 de noviembre el dirigente campesino y referente de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba, Arnobis Zapata, recibió un mensaje de texto amenazante: “Deje de hacer esas putas denuncias que hace desde su Asociación contra el Ejército. Es la última oportunidad que le damos para que se calle esa hp boca comunista de mierda, sabemos que usted es el instigador y si sigue así le vamos a llenar la cabeza de plomo. Otra denuncia en nuestra contra y se muere perro”.
  • El domingo 22 fue amenazado el periodista caucano Édison Bolaños Arley por medio de una llamada a su celular. En la amenaza, que quedó registrada en el teléfono del periodista, se hace referencia a su artículo “Magnates del oro versus pequeños mineros” publicado en la edición dominical de El Espectador.

 

Acuerdos en La Habana y un cóctel explosivo en Colombia: dejar hacer al paramilitarismo y desatender las denuncias del movimiento social

La buena noticia de los últimos días proveniente de La Habana es el anuncio de que el Gobierno liberará a 30 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, que están presos y enfermos, como gesto para “construir confianza”. ´Iván Márquez´, jefe de la delegación de paz de las FARC, afirmó recientemente que el plazo de 6 meses acordado el pasado 23 de septiembre podría extenderse, aunque las voces más conocedoras del pulso de las negociaciones ratifican que la firma será un hecho.

Pero “mientras en La Habana se negocia la paz, en Colombia los movimientos sociales son víctimas de la guerra”. De esa forma explicaron la situación los voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. “Al interior del territorio nacional se viven las más violentas arremetidas por parte de la Fuerza pública: Esmad, Policía Nacional y Ejército con bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones y falsos positivos”, habían denunciado los líderes del movimiento social en el pasado mes de marzo, después del asesinato del dirigente social Carlos Pedraza y de las represiones al movimiento indígena en el Cauca. Lo que siguió desde entonces confirmó esa tendencia: detenciones irregulares de líderes juveniles del Congreso de los Pueblos en Bogotá, la captura del profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, o más recientemente del líder indígena Feliciano Valencia, preceden a los asesinatos, represiones y amenazas de estos días.

¿Qué hay detrás de esta violencia sostenida contra el movimiento social, al mismo tiempo que se consolida el discurso oficial de paz? El defensor de derechos humanos Fabián Laverde explica que, por un lado, es determinante “la negativa por parte del Gobierno nacional en reconocer que existe paramilitarismo; segundo, hay negligencia absoluta frente a las denuncias que desde el movimiento social realizamos en cuanto a las situaciones de amenazas y en las acciones concretas contra habitantes de estos territorios”.

¿Posconflicto o conflicto por otros medios?

La idea de posconflicto es un pilar del discurso presidencial y de los medios hegemónicos. “Solo queda esperar la paz del posconflicto”, había dicho el presidente Santos ante los voceros de la Cumbre Agraria un año atrás. Los mismos voceros campesinos, indígenas y populares que escucharon al presidente convocarlos a la paz son quienes denuncian una escalada represiva por parte de la Fuerza Pública y del paramilitarismo, con connivencia gubernamental.

“Hablar de posconflicto es desafortunado, mentiroso”, analizaba en diálogo con Colombia Informa el historiador Renán Vega Cantor, dando otra interpretación a las negociaciones con la insurgencia y a la dinámica del movimiento social. “Que se llegue a un acuerdo entre las FARC y el gobierno, y eventualmente entre el ELN y el gobierno, no quiere decir que el conflicto va a desaparecer, eso es lo que nos meten los medios de comunicación. Pero miren ustedes la perversidad que hay, cuando se dice que si en Colombia hay conflictos sociales es porque han existido conflictos guerrilleros. Y entonces cuando desaparezcan los movimientos guerrilleros automáticamente van a desaparecer los movimientos sociales, las protestas sociales. Esa es una estupidez”, afirma el profesor de la Universidad Nacional, quien es además investigador de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Diálogos en vez de tiros, no para el movimiento social

Durante los últimos días se realizó la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, que tuvo como promotores a la Unión Sindical Obrera -USO- y un conjunto de organizaciones sociales. Esta instancia, y la Mesa Social para la Paz presentada públicamente semanas atrás, tal vez sean las dos plataformas más representativas de un vasto espectro del movimiento social que reclama ser tenido en cuenta a la hora de acordar propuestas con el Estado que permitan ir dejando atrás los motivos profundos del conflicto social, político y armado en Colombia.

Sin embargo, el presidente Santos no parece prestar mayor atención a esta demanda de diálogo del movimiento social. En cambio, la represión por parte de la Fuerza Pública, la muerte, la ´vista gorda´ ante el paramilitarismo y la desatención de denuncias de violación de derechos humanos, sí lo tienen como protagonista.