México: el Senado abre proceso de debate sobre la legalización de la marihuana

El Senado de la República abrió el proceso de debate sobre la legalización de la mariguana no sólo para fines terapéuticos, medicinales y recreativos, sino para el consumo de la droga en relación con el sistema penitenciario, la política criminal y el tratamiento de adicciones; además, fijó el primer trimestre del 2016 para que se presente un informe sobre todas las investigaciones y opiniones al respecto, a fin de determinar lo antes posible si se modifica el marco regulatorio sobre el uso de la cannabis.

El pleno del Senado aprobó este miércoles el acuerdo de la Mesa Directiva que solicita a las comisiones de Justicia, Salud, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda que revisen las iniciativas de reforma a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para determinar si la penalización del consumo personal de la mariguana es una medida estatal idónea y proporcional al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 4 de noviembre, que permite a cuatro personas el cultivo, transporte y consumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos.

Para la fase previa a la dictaminación de las iniciativas que se han presentado en el Senado, se ordenó la creación del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación, conformado por los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional Contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También estará en el Consejo Técnico la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la UNAM, el Colmex, Inacipe, CIDE, Inegi y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, además de tres académicos nombrados por el Pleno del Senado.

Este consejo técnico, que también estará integrado por los senadores Fernando Yunes, Maki Ortiz, Cristina Díaz, Omar Fayad, Angélica de la Peña y Alejandro Encinas, dirigirá la fase previa a la dictaminación, es decir, “la plataforma nacional de discusión colaborativa que tendrá por objeto generar un debate amplio, incluyente e informado”.

Las comisiones dictaminadoras y el secretariado del consejo técnico convocarán a audiencias públicas sobre al menos nueve temas, entre ellos la regulación del consumo en relación con la salud pública, con la seguridad pública preventiva, con su control sanitario, con la responsabilidad de daños frente a terceros, con el sistema penitenciario, con la política criminal, con el contexto internacional, el tratamiento de adicciones y los efectos de la mariguana en el consumidor.

Cualquier persona podrá remitir por escrito al consejo técnico información que considere relevante para el debate; además, en caso de considerar, de manera fundada, que los estudios existentes son insuficientes, el consejo técnico podrá solicitar a la Mesa Directiva, que preside el panista Roberto Gil, la realización de investigaciones científicas que incluyan el objeto de estudio, el plazo y el alcance de la minuta, con lo que se abre la puerta para que el Senado financie investigaciones sobre el uso de la cannabis. Toda la información estará disponible en un micrositio del Senado de la República.

“El estudio final deberá ser remitido a todos los senadores a fin de que tengan la información científica, imparcial y necesaria para formar su juicio respecto del tema en cuestión. El reporte final deberá ser presentado por el consejo técnico en un evento público durante el primer semestre del 2016”.

Roberto Gil dijo que con esta decisión, el Senado va a participar de manera activa en el debate nacional sobre “la pertinencia de continuar con la política de prohibición a la producción, comercio y consumo de la mariguana o bien, a la búsqueda de una alternativa regulatoria que disminuya los costos en términos de salud pública y seguridad pública en nuestro país”.

El Economista