Honduras: Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto para regular el financiamiento de campañas políticas

El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para regular el financiamiento de las campañas políticas establece un techo máximo como aportación privada de 500 mil lempiras en el caso de personas naturales y de 2.5 millones a las personas jurídicas.
El proyecto, al cual tuvo acceso EL HERALDO, dice que estas aportaciones se podrán hacer en cada período electoral “con excepción del año de elecciones generales en el cual estos montos se podrán duplicar”.
La ley prohíbe a los partidos políticos, movimientos internos, precandidatos y candidatos, alianzas y candidaturas independientes, aceptar en forma directa o indirecta contribuciones o donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas populares, siempre que no sean por un monto total superior a veinticinco (25) salarios mínimos por evento (182,500 lempiras).
El proyecto de ley se suma a otros dos que también están a consideración del Pleno del Congreso: uno remitido en 2011 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otro introducido a la Cámara por el diputado udeísta, Edwin Pavón.
Todos coinciden en la necesidad de regular el financiamiento porque en las últimas campañas hay fuertes sospechas de que dineros mal habidos han penetrado en la actividad proselitista. Los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales demandan transparencia financiera en los procesos electorales.
El proyecto remitido por el presidente Juan Orlando Hernández prohíbe las “contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados públicos sin previa autorización de estos; subvenciones, subsidios o créditos en dinero o especie de gobiernos, organizaciones, asociaciones, instituciones, organizaciones no gubernamentales, personas naturales o jurídicas extranjeras”.
También prohíbe “contribuciones, donaciones, créditos o aportes de recurso humano o en especie de instituciones del gobierno central o municipal, asociaciones profesionales, gremiales, patronales, sindicales y religiosas”.
Tampoco los partidos o movimientos podrán recibir contribuciones de organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos o financiamiento internacional público o privado. También queda terminantemente prohibido recibir “contribuciones en dinero, en recurso humano o en especie provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y cualquier otra actividad criminal”.
Todas las contribuciones privadas autorizadas por la ley “deberán hacerse por cheque personal, de una empresa o cheque de caja a fin de permitir la trazabilidad de la contribución”.
La deuda política que otorga el Estado se mantiene, con la diferencia de que pasa de 20 lempiras por voto a 25 lempiras por sufragio.

El Heraldo