Masivo repudio a editorial del diario La Nación que defiende a la dictadura militar

Organismos de DD HH, funcionarios del gobierno, el presidente electo y hasta los propios periodistas del matutino respaldaron la política de Memoria, Verdad y Justicia.

“La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años ’70 y las actuales violaciones de los Derechos Humanos.” El pronunciamiento encabeza el editorial de ayer de La Nación, que, bajo el título “No más venganza”, generó un sinnúmero de repudios y rechazos de dirigentes de los Derechos Humanos, el gobierno electo del PRO y los propios trabajadores del diario.

Los editoriales procesistas y en defensa de los represores por parte de La Nación no son una novedad. Con un breve repaso por el archivo del diario, fueron siete editoriales en la misma línea en los últimos seis meses en las que se cuestiona los juicios a los represores y civiles de la última dictadura cívico-militar como una “venganza” y reviven la teoría de los dos demonios.

Sin embargo, llamó la atención el momento elegido por el matutino de los Mitre y los Saguier para publicarlo. Fue horas después de la segunda vuelta, y recordó el ya famoso pliego de condiciones de José Claudio Escribano, ahora subdirector del periódico, a Néstor Kirchner al día siguiente de que Carlos Menem se bajara del balotaje.

“Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre”, señaló el texto, que se muestra preocupado por “dos cuestiones urgentes por resolver”. La primera es la cárcel común de los condenados, procesados o investigados “a pesar de su ancianidad”. La segunda es la investigación a jueces que cumplieron funciones durante la dictadura, como el marplantese Pedro Hooft, el suspendido camarista bahiense Néstor Montezanti, ex espía del Ejército y sospechado de integrar la Triple A, y el salteño Ricardo Lona, ya cerca del juicio oral como partícipe del asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.

Los repudios no tardaron en llegar. La agrupación HIJOS Capital, vía Twitter, reclamó “¡cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!”. Y recordó el rol del diario La Nación en dictadura: “Que el editorial no te tape la causa: Mitre, de #LaNazion, está denunciado por delitos de lesa humanidad en la causa Papel Prensa”.

En ese sentido se pronunció Diego Muñiz Barreto, hijo del diputado asesinado en dictadura de su mismo nombre: “Pienso en (Rodolfo) Walsh y en el Herald de (Robert) Cox denunciando un asesinato y a La Nación hablando de un accidente de tránsito, pienso en mi viejo”, aseguró.

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, señaló que “si pedir justicia significa venganza, tienen desvirtuado el concepto de justicia”.

Otra que cuestionó el editorial fue la senadora Norma Morandini, citada en el texto. “Es inoportuno. No tiene nada que ver con lo que está viviendo una Argentina pos electoral. Yo no tengo nada que ver. Se me pone ahí, cuando precisamente combato la idea de los dos demonios porque hay un solo demonio, el de la violencia política”, dijo. Aseguró que no impulsa el fin de los juicios ya que en el juicio oral por los crímenes de la ESMA se juzga la desaparición de sus dos hermanos, Néstor y Cristina.

La mayor crítica, sin embargo, fue desde el interior del matutito. Tras una asamblea masiva en la redacción, los trabajadores del diario repudiaron el editorial a través de un comunicado. “Rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza'”, manifestaron y agregaron: “Decimos SI a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al olvido”.

La polémica generada por la editorial forzó a La Nación a sacar la nota de la portada de la página web y a publicar el comunicado y la foto realizados por sus trabajadores. Allí, la empresa hace una pequeña aclaración, en la que profundiza su discurso de los dos demonios.

Las críticas al diario centenario siguieron por todo el espectro político. Desde el PRO, Cristian Ritondo destacó que “es repudiable cualquier hecho que ha pasado en el pasado de violaciones a los DD HH”, y sostuvo que “los derechos humanos de ayer y de hoy” deben ser trabajados por su gobierno.

Tiempo Argentino

No más venganza – Diario La Nación, Argentina

La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.

Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de “juventud maravillosa”.

La sociedad dejó aislados a esos “jóvenes idealistas”, mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.

Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.

Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.

Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de “Palomitas”, se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.

El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.

Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen “para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas”, aunque “sin dejar de mirar las cicatrices”, como bien aportó.

La Nación