Argentina: se presentó el Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena

Legisladores nacionales y miembros de comunidades originarias presentaron este jueves su proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que instrumenta y regula los derechos a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras así como a la consulta libre, previa e informada sobre territorio de los pueblos originarios.

Diputados y senadores de distintos bloques parlamentarios presentaron el jueves 3 de diciembre, en el Salón Frondizi del Senado de la Nación, un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que fue elaborado conjuntamente con organizaciones de pueblos originarios, entre las que se encuentran los miembros del acampe Qopiwini de la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañados por Félix Díaz, Amanda Asijak y otros integrantes de comunidades indígenas, los diputados Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Myriam Bregman (PTS-FIT), Victoria Donda (Libres del Sur), Gabriela Troiano (PS) y Pablo López (PO-FIT), y los senadores Magdalena Odarda (Frente Progresista) y Jaime Linares (FAP) anunciaron en conferencia de prensa que la iniciativa será presentada en ambas cámaras tras un proceso de consultas a los pueblos y comunidades que en todo el país sostienen incansablemente este reclamo histórico.

La propuesta, que nació como alternativa a un anteproyecto promovido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), recoge como propias las críticas que muchas de estas organizaciones realizaron a la propuesta del organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al que consideraron un retroceso para sus ya limitados derechos a la propiedad comunitaria de sus tierras, sin que fueran siquiera consultados.

“Estamos profundamente agradecidos por la función de nuestros legisladores de acompañar esta propuesta que se inició en el campamento Qopiwini”, señaló al respecto Félix Díaz durante la Conferencia de prensa. El referente de la comunidad qom “La Primavera” también destacó que “cuando nos facilitaron copia de la presentación que hizo el INAI, nos preocupamos mucho porque no sabíamos nada. Desde ahí estuvimos consultando y nos encontramos con la posibilidad de articular con los asesores de diferentes despachos, y ahí surgió la idea de hacer este proyecto de ley” y agregó: “queremos lograr que se apruebe porque es una necesidad que tiene que ver con la vida, con la vida de las comunidades, la vida de los pueblos indígenas, la vida de los territorios que están en una situación muy crítica, por los conflictos que hemos tenido, la inseguridad jurídica de nuestras tierras. Se nos considera ocupantes, como si fuéramos inmigrantes en nuestras propias tierras. (…) Cuando viene un usurpador no tenemos título de propiedad para denunciar la usurpación y a nosotros sí nos denuncian y la justicia sí avanza contra nosotros por ‘no respetar la propiedad privada’”.

La diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo destacó a su turno que la sociedad actual “ha desconocido e ignorado la cultura desarrollada por miles de años antes de la conquista occidental” y afirmó que hoy la batalla por el territorio de los pueblos originarios se contrapone a los intereses de las mineras y de la extensión de la frontera agrícola.

También la diputada del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló que “este país se construyó sobre el genocidio de los pueblos originarios” y afirmó que “esos grandes terratenientes que hay en la Argentina, son terratenientes porque se apropiaron de las tierras: no tienen ningún título original para esas propiedades que ahora defienden a sangre y fuego contra los derechos indígenas. Y esto no es cosa del pasado: hace unos meses fui invitada por la comunidad mapuche Campo Maripe a visitar Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, y uno lo ve allí con crudeza con el fracking, pero también con la extensión de la frontera de la soja”.

Bregman, quien en agosto de este año presentó en el Congreso Nacional un proyecto de resolución que expresa preocupación por la situación de la comunidad qom en Formosa (ver aquí), también afirmó que en la última década las comunidades originarias fueron aisladas y vieron negados hasta sus derechos más elementales, como el acceso al agua, a la salud y a la justicia, mientras que decenas de luchadores originarios fueron asesinados por reclamar sus derechos en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, en crímenes que provienen de las propias fuerzas represivas del Estado o bien de las “guardias blancas” de los terratenientes y empresarios sojeros, que se proponen doblegar a sangre y fuego la resistencia originaria para seguir extendiendo los negocios capitalistas.

Entre varias intervenciones, se destacó la de Amanda Asijak, quien señaló que “vamos a salir adelante en nuestra lucha como mujeres, defendiendo nuestro territorio” y destacó que “no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante en nuestra lucha, que no se vende, porque es muy importante. Por eso tratamos de seguir adelante, gracias a la gente que siempre nos acompaña y pase lo que pase en nuestra lucha como pueblo qom, que sostenemos hace meses en el acampe”.

Recordemos que fue el reclamo por el territorio el que obligó a las comunidades de Formosa a montar un acampe que ya lleva casi 10 meses en la Ciudad de Buenos Aires (ver aquí), sin que nunca fuera atendido por el gobierno de Cristina Fernández. Por el contrario, la complicidad del gobierno nacional con los gobiernos provinciales se tradujo durante todos estos años en una decidida colaboración con la entrega de sus tierras a los negocios privados de las petroleras, mineras y multinacionales sojeras. Esta colaboración, como hemos denunciado desde La Izquierda Diario, incluyó la criminalización, la persecución, la represión y los asesinatos a quienes reclaman legítimamente por sus territorios ancestrales.

El proyecto presentado conjuntamente por los legisladores de ambas Cámaras y los referentes del acampe Qopiwini el jueves, que contó con la adhesión de las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, parte de reconocer por el contrario el derecho a la autonomía territorial de los pueblos y comunidades originarias, estableciendo al mismo tiempo que la propiedad comunitaria indígena debe ser considerada como el fundamento jurídico para la definición del territorio que es base de su subsistencia, de su reproducción, de su desarrollo social y cultural y de su identidad.

Biodiversidad de América Latina y El Caribe