Capítulo del libro «La guerra de papel. Comunicación y Defensa en el kirchnerismo (2005-2007)», del periodista argentino Jorge Luis Bernetti, publicado por Ediciones del CCC
Capítulo VIII
Contrabando de armas
La Nación se ocupaba editorialmente del contrabando de armas realizado a partir de una maniobra de subfacturación de la exportación de armas de Fabricaciones Militares.
Es fundamental para el esclarecimiento del caso que los responsables de Fabricaciones Militares y las autoridades del Ministerio de Planificación, de quien depende aquél organismo, colaboren con la Justicia, pero anotaba además que sin duda es el juez de la causa, Guillermo Tiscornia, quién deberá dilucidar si el intento de exportar seis toneladas de partes de armas a un precio extremadamente bajo fue obra de la ingenuidad de un principiante o si, en cambio, se trató de un desliz en una maniobra mucho mayor y corriente que contaba con el paraguas protector de la impunidad con la funcionarios inescrupulosos alimentarían bolsillos particulares.[i]
Para el diario liberal no cabía ninguna observación por las acciones de destitución que estaban planteadas –en estado avanzado– contra el magistrado encargado de la causa en el Consejo de la Magistratura.
Al rescate de LADE
El interés del Ministerio por restablecer la operatividad de LADE (Líneas Aéreas del Estado Argentino), merecía el habitual reproche del diario Ámbito Financiero. El 22 de junio el diario conservador consignaba la decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros que incrementaba en 13 millones de pesos el presupuesto de la línea aérea. Advertía el medio que
el viernes pasado se hizo en el edificio Libertador, la reunión inaugural de la Unidad de Coordinación para el Fortalecimiento del Transporte Aéreo de Fomento, categoría a la que pertenece LADE. Ese organismo que creó Nilda Garré tiene el objetivo no solo de ampliar las rutas de LADE, sino también decidir la compra de nuevos aviones que es precisamente lo que le falta a esta línea aérea.[ii]
El diario consignaba la realización de esa reunión en que la que Gustavo Sibilla informaba a los senadores y diputados de las comisiones por las que debería pasar un proyecto legislativo acerca del tema. Indicaba la presencia en la misma y las exposiciones respectivas del brigadier (R) Alberto Borsato al que calificaba de asesor de Garré y del comodoro Walter Ortellado, jefe del proyecto.
Ámbito Financiero señalaba que durante los últimos 15 años LADE había perdido toda importancia relativa para el transporte de pasajeros, al punto que hacia mediados del gobierno de Carlos Menem, prácticamente dejó de volar. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa cuando Aerolíneas Argentinas estuvo a punto de quebrar y luego con Eduardo Duhalde comenzaba a incrementar nuevamente las operaciones.
El diario mencionaba que, por razones obvias, la empresa era muy conocida para los Kirchner y señalaba que había desarrollado vuelos hasta Puerto Argentino en la guerra de Malvinas. En realidad, LADE había sido el canal aéreo con las islas australes antes del conflicto debido a los acuerdos firmados entre la Argentina y Gran Bretaña.
La descripción del diario financiero sobre su actual funcionamiento no tenía desperdicio: “Hoy hace largos vuelos conocidos como ‘lecheros’ por la cantidad de paradas, que tienen la función de cubrir su rol de aerolínea de fomento, pero que no son turísticamente operativos”. El comentario colocaba como prioridad al turismo por sobre la conexión básica de los residentes de la región patagónica. Como apoyo a esta afirmación irrelevante para la prioridad de comunicación local describía uno de estos vuelos:
Sale de Aeroparque, con escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, pasando por Trelew, Río Gallegos, El Calafate, para llegar unas 13 horas después de haber partido a Ushuaia. Con este esquema de vuelos a pequeñas poblaciones que no ofrecen rentabilidad, el gobierno quiere armar una nueva aerolínea, financiado ahora por el Presupuesto.
Con el criterio empleado por el autor del texto, Rusia y la URSS no hubiesen desarrollado la colonización de Siberia, difícilmente rentable durante largas décadas. Con criterio avieso señala que ahora, no antes, LADE iba a estar financiado por el presupuesto nacional. En realidad, lo había estado siempre. Como dependencia de la Fuerza Aérea, LADE no constituía una empresa propiamente dicha y siempre su finalidad había sido la aviación de fomento sobre todo en una región como la Patagonia donde los caminos fueron muy difíciles y los ferrocarriles escasos. Que LADE operara, como lo había hecho históricamente como aerolínea de fomento, le hacía cumplir un fin específico y liberaba a las líneas comerciales, incluida Aerolíneas de un serio peso económico. Pero así LADE cumplía con una tarea imprescindible de conexión, un elemento de base preventivo para la defensa nacional.
Reforma y designaciones
Un decreto del presidente Kirchner (nro. 788/07) reformaba el 26 de junio de 2007 la estructura operativa del Ministerio de Defensa, creando la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Defensa y las subsecretarías de Innovación Científico Tecnológica y de Formación para las Fuerzas Armadas. Decía Defensa que
la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Defensa articulará el creciente conjunto de políticas del área, en tanto que la Subsecretaría Científico Tecnológica (que dependerá de la actual Secretaría de Planeamiento) estructurará las acciones de organismos como el CITEFA y los núcleos de investigación de las Fuerzas Armadas. Por último, la subsecretaría de Formación (que dependerá de la Secretaría de Asuntos Militares) atenderá los aspectos relativos a la reforma y seguimiento del conjunto de escuelas de formación de oficiales y suboficiales en todos sus niveles.[iii]
Defensa anunciaba también la designación de José María Vásquez Ocampo como titular de la nueva Secretaría de Asuntos Internacionales, “quien hasta la fecha ocupaba la Secretaría de Asuntos Militares”.[iv]
Por su parte, Alfredo Forti era designado como Secretario de Asuntos Militares[v] y más allá del curriculum profesional que Defensa distribuía, era hijo de una desaparecida y él mismo víctima directa de la represión. Clarín informaba acerca del secuestro de su madre:
El secuestro de Nélida Azucena Sosa de Forti figura en el legajo 4917 de la CONADEP. El caso fue muy resonante y se ventiló en el juicio a las Juntas. El 18 de febrero de 1977, Sosa de Forti y sus cinco hijos de entre 8 y 16 años subieron a un avión de Aerolíneas. Iban a Venezuela, donde los esperaba el padre. Ya estaban en sus asientos cuando se requirió a Alfredo Forti, entonces de 16 años en la cabina. Luego llamaron a su madre. Le dijeron que no podían viajar por “problemas de documentación”. A los seis los bajaron del avión. Los esperaban civiles armados. Los metieron en dos autos, y les vendaron los ojos antes de llevarlos al Pozo de Quilmes. Tras siete días de detención ilegal, los hermanos fueron abandonados en Parque Patricios. No volverían ver a su madre, trasladada a Tucumán y vista por última vez en el centro clandestino Arsenales.[vi]
El diario anotaba que
los chicos pudieron dejar el país. Forti estudió en Venezuela y luego en Washington, Relaciones Internacionales. En EEUU inició una causa contra el general Domingo Bussi, jefe de la represión en Tucumán. Forti ocupa en Defensa el lugar de José María Vásquez Ocampo –hermano de una desaparecida e hijo de una fundadora de Madres– que asumió en la Secretaría de Asuntos Internacionales.
Ámbito Financiero se ocupaba también de la asunción de Forti con una de sus habituales crónicas:
Con un asado en el quincho del Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, Nilda Garré dio la bienvenida al flamante Secretario de Asuntos Militares, Alfredo Forti. Llega al cargo tras haberse desempeñado como embajador en Honduras. La comida criolla –la noche del lunes– tuvo una particularidad: por razones de agenda no concurrieron los titulares de las Fuerzas Armadas, quienes enviaron a los subjefes en su representación: el jefe naval, Jorge Godoy, de gira por Irlanda; el aviador, Normando Costantino, cumple visita oficial en España y el teniente general Roberto Bendini adelantó su viaje a Mendoza para recibir a su par chileno, el general Oscar Izurrieta Ferrer. Los comensales llegaron al disfrute de la parrilla con un dato seguro. Néstor Kirchner había firmado el decreto apenas a unas horas antes de la comida.[vii]
En realidad, lo más destacado de la noche fue la tensión generada por una dura exposición de Forti respecto de su verticalidad al presidente y a la ministra desarrollada en un tono enfervorizado que iba en sentido contrario de lo que había previsto Garré para armonizar el perfil del nuevo secretario con los jefes militares. La muñeca de la ministra logró un desembarco difícil, pero razonable, y pese a las apuestas en contrario de los funcionarios presentes el hecho más relevante de la compleja cena no trascendió a los medios.
La ministra iba a reunirse en Mendoza con su par chileno, José Goñi Carrasco y el jefe del Ejército chileno para homenajear al Ejército de los Andes en el monumento a San Martín en el Cerro de la Gloria en Mendoza. En el evento, Garré afirmó que
la Argentina comparte con el pueblo y el gobierno chileno la preocupación por los derechos humanos (…) en cualquier país democrático han levantado el respeto a los derechos humanos como uno de los pilares de la solidez de nuestra democracia (…) los héroes de la libertad ya comprendían que nuestros pueblos estuvieran juntos, chilenos y argentinos.[viii]
Garré en España y Alemania
El 27 de junio Garré inició un viaje a España y Alemania en donde se entrevistara con sus pares de Defensa. En un vuelo regular Garré llegaron a España y en el primer día de la visita participó en el evento académico El nuevo ciclo político en América Latina: perspectivas desde los gobiernos organizado por la Universidad Complutense, la mayor casa pública española de altos estudios. Defensa señalaba que
Garré visitará a su colega español José Antonio Alonso Suárez, mientras que los funcionarios de su comitiva dialogarán con sus colegas españoles acerca del proceso de planeamiento de la Defensa Nacional, sobre la organización y funcionamiento del Estado Mayor de la Defensa, el proceso de planificación militar y la formación castrense conjunta.[ix]
En la conferencia brindada en la Complutense, Garré aludió “a la profundización de la democracia, el retorno al modelo desarrollista de crecimiento, la preocupación por una redistribución más equitativa de la riqueza y la sudamericanización de la integración regional”. La ministra criticó el modelo neoliberal y certificó un giro a la izquierda en la Argentina que fue destacado por Clarín.[x]
En Madrid, Garré se reunía con su par español José Antonio Alonso. La ministra le agradeció el rápido envío del radar que el gobierno español cedió en calidad de préstamo a la Argentina. Y en la reunión “ambos ministros confirmaron el diálogo sobre el tema del envío de los radares militares Bendix que España facilitará a la Argentina. Esos radares estarán destinados a reforzar el control de la frontera norte”.[xi]
En Madrid, durante la misma jornada, en una reunión con funcionarios locales en la que participó el secretario de Asuntos Militares, Montenegro,
se abordaron temas relacionados a las políticas de Defensa, entre ellas, la modificación de la estructura del sistema educativo militar en la Argentina, dado que España también tiene en tratamiento un proyecto de ley para modernizar ese sistema.
En las reuniones se mencionaron
las actividades del personal militar que se encuentra cumpliendo funciones en España. El Ejército tiene oficiales que realizan el curso de Montaña y de Fuerzas Especiales; la Armada tiene un oficial de superficie embarcado en un buque de la flota española; la Fuerza Aérea cuenta con 6 pilotos cumpliendo diversas actividades.
Presencia en Alemania
El 2 de julio, Garré comenzaba su visita a Europa, en la que visitaría la República Federal Alemana (RFA) entrevistándose con el ministro de Defensa, Franz Josef Jung. Allí afirmó que el objetivo del gobierno kirchnerista es establecer “una política de reformulación de las Fuerzas Armadas para encauzarlas definitivamente en un proceso democrático, tanto en su formación como en los mecanismos de control que sobre ellas deban ejercerse”. La ministra argentina pronunciaba sus apreciaciones en el edificio que está presidido por la recordación en sus muros de la memoria del coronel von Staufenberg, líder del complot para derrocar a Hitler mediante su ejecución en 1944. El ministro alemán elogió, por su parte, las relaciones entre ambas jurisdicciones de Defensa y recordó que “ya se adiestraron más de 80 integrantes de las Fuerzas Armadas en organismos militares alemanes”.[xii]
En la misma mañana, la titular de Defensa había visitado al Delegado Parlamentario para las Fuerzas Armadas alemanas, Reinhold Robbe. En ese encuentro, Garré manifestó que su gobierno observaba con gran interés el modelo de educación democrática del personal militar germano.
En su reunión con el ministro Jung, Garré explicó los principales puntos de la reforma militar argentina y señaló que
el tema de la transición democrática había sido bastante complejo, en gran parte por los problemas heredados de la dictadura y también por la incomprensión de muchas autoridades civiles respecto a la necesidad que tenían de conducir a las Fuerzas Armadas.
Un tema doctrinario presente de parte de Garré fue la vinculación de la problemática de los derechos humanos con la línea central de la Defensa y exaltó el concepto alemán de ciudadano-soldado, que es también “un funcionario público” y, finalmente, un militar.
El ministro Jung elogió como muy importantes las reformas realizadas por la Argentina y recordó que “Alemania después de la Segunda Guerra Mundial realizó un profundo proceso de reestructuración para formar el Ejército dentro de la democracia y para fortalecer vínculos con la sociedad civil”. En la reunión, ambos países decidieron incorporar un oficial de la Armada argentina a los cursos de la Escuela del Estado Mayor, para continuar el recorrido realizado el año pasado por el mayor del Ejército Sergio Juczyszyn, quién ganara el primer premio académico de la categoría de oficiales extranjeros.
En la visita previa realizada al Bundestag, el congreso de diputados federales, Garré se había encontrado con Robbe. Allí manifestó el especial interés que despertó en su cartera la figura del Ombudsman para las Fuerzas Armadas y agregó que
en Argentina empezamos a trabajar un proyecto de ley para la creación de una institución de este carácter, es decir, que garantice los derechos de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas (…) en la visita de Robbe a Buenos Aires en mayo último nos interiorizamos sobre las características de esta institución que funciona hace cincuenta años a partir de la fundación de la RFA.
Robbe, por su parte, explicó que la dependencia que encabeza se divide en seis departamentos, y “se ocupa de reclamos tanto de militares que se encuentran en el extranjero como de quienes cumplen servicios en el país y que el presupuesto de sus actividades lo fija el Parlamento”. Robbe historió que
el año pasado, la Defensoría recibió 6 mil presentaciones de todo tipo y que el Ombudsman puede llegar a 600 cuarteles de las Fuerzas Armadas en todo el país y que todo miembro de las Fuerzas Armadas tiene el derecho de realizar su presentación ante él sin necesidad de informar a sus superiores y no le cabe sanción alguna por ello.
Robbe también explicó en la reunión que “no existe reglamentación (como si la hay en nuestro país) que obligue a los oficiales y suboficiales a pedir permiso para casarse entre ellos y que tampoco hay sanciones para conductas de tipo homosexual”.
La titular de Defensa visitó la Academia Militar y luego la Universidad de la Defensa situadas ambas en la ciudad portuaria de Hamburgo. En la primera (que ocupa un nivel similar a la de la nueva Escuela Superior de Guerra Conjunta argentina) fue recibida por su director, el general de brigada Karl Schreiner, quien le informó acerca de las actividades desarrolladas por el organismo, que forma oficiales de países integrantes de la OTAN como externos a esa alianza militar occidental. El general Schreiner destacó “la libertad académica” vigente en la institución y la formación prestada en base a valores de “ciudadanía y democracia”.
Luego la delegación argentina[xiii] visitó la Universidad de la Defensa Helmut Schmidt donde se forman los oficiales del Ejército alemán. Defensa informaba que en esta casa de altos estudios “tras un curso de 15 meses en dependencias del Ejército, para seguir carreras de tipo civil –tanto de ciencias duras como de ciencias sociales– y al concluir retoman sus carreras en la distintas dependencias militares”. Los medios gráficos cubrieron modestamente la visita, algunos con foto-epígrafes y otro con una breve.[xiv]
En el día del regreso de la comitiva de Defensa, se informaba acerca del rechazo por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Federal de Córdoba de la apelación presentada contra el fallo en primera instancia de la juez subrogante del mismo fuero en Río Cuarto que había autorizado al gobierno nacional a ser parte querellante en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero ocurrida en 1995. Los jueces intervinientes (Ignacio Vélez Funes, Humberto Aliaga Yofre y Gustavo Becerra Ferrer) dictaminaron que “el pedido del Gobierno no era procedente porque la representación del Estado como persona jurídica es ’exclusivo del Presidente de la Nación’ o en quién él la delegue ‘expresamente’ mediante decreto, lo cual no se hizo o no consta en la causa”.[xv]
Clarín, por su parte, recordaba que
el pedido de la ministra se basaba en que la voladura de la Fábrica Militar estaría vinculada con la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia durante el gobierno de Carlos Menem; por esa razón, sostuvo Garré, se habrían afectado los intereses de la Dirección General de Fabricaciones Militares, es decir del Estado.[xvi]
El 16 de julio, Defensa anunciaba que había presentado un recurso de casación contra la resolución de la Cámara Federal y lo justificaba al señalar que artículo 82 del Código Penal Procesal prescribe que “la persona particularmente ofendida por un delito de acción pública (…) tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso”. En referencia a la resolución dictada, Defensa se quejaba de
serios defectos de fundamentación, al ser erróneas y dogmáticas las afirmaciones que contiene, de modo tal que la resolución termina siendo una simple expresión de la voluntad de los magistrados (…) y es violatoria de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que el rigorismo procesal excesivo es violatorio de la garantía de la defensa en juicio.[xvii]
Y también se daba cuenta de un viaje del subsecretario de Planeamiento Sibilla a Mar del Plata para inspeccionar el estado de la artillería en unidades de las tres Fuerzas. La información de Ámbito Financiero estaba tan aviesamente direccionada que señalaba que “si no fuera que se trata de funcionarios de un gobierno que se dice austero y transparente, alguno podría verse tentado a suponer cierta frivolidad en la medida”. ¿Por qué razón? La nota indicaba que contralmirante Delfor Ferraris, jefe de la base naval sede de la Fuerza de submarinos de la Armada, recibió al subsecretario Sibilla y a su “comitiva femenina”.[xviii] Con un trazo grosero de tan grueso, dirigido a los niveles más bajos de machismo de sus lectores Ámbito Financiero no podía soportar la existencia de funcionarias mujeres en el Ministerio, ni tampoco que el trabajo en fin de semana fuera imposible porque para esta versión de la derecha los civiles que lo proclaman en realidad, lo están simulando.
En realidad, la joda insinuada por el diario quedaba disuelta al consignar el mismo medio que además del marino a cargo de la base naval, los funcionarios habían sido recibidos por el comodoro Edgar Gibeaud en la base aérea y el coronel Genaro Chimento, comandante de la Agrupación de Artillería Antiaérea (GADA 601), instalada en Camet y en los tres casos proyectaron “una serie de diapositivas” sobre el estado de ejecución del presupuesto. En realidad, más que las diapositivas mencionadas, el caso incluía el inevitable power point que se exhibe en el espacio militar cuando se informa ante un superior una cuestión de significación.
La ubicación de unidades de las tres Fuerzas en una misma ciudad se da en pocos casos, como el mencionado y de la ciudad de Bahía Blanca y localidades próximas, entre otros. Así las autoridades civiles tomaron conocimiento directo del estado de los misiles antiaéreos Roland del Ejército y también de los Exocet de la Armada, que el diario informante señalaba que “podrían ser recorridos en talleres especializados como el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA)”.
Conscriptos y pensiones
La que iba a convertirse en una cuestión de largo aliento, el petitorio de pensiones para soldados conscriptos llamados a filas desde 1974 a 1983, empezaba a ser un tema periodístico. Clarín[xix] expuso el tema críticamente al calificar como estafa el procedimiento por el que abogados privados cobraban 500 pesos por realizar los trámites de presentación de la solicitud para acceder a un beneficio que no estaba otorgado y necesitaba, en todo caso, de una ley aprobada por el Congreso Nacional. Se habían producido 68 mil pedidos de certificación de prestación de servicios como conscriptos, solamente en el Ejército, fuerza que, como la Armada se hallaba abarrotada de esos pedidos.
En paralelo –afirmaba Clarín– hay una verdadera organización que está estafando a miles de personas. La preocupación por estas “estafas” a quienes aspiran a tener una “pensión de guerra” también llegó al Congreso. La diputada radical Vilma Baragiola denunció que “en Córdoba hay 3500 personas a las que les han cobrado. También conozco casos en Mar del Plata, Santiago del Estero y Jujuy”.
En este tema se sumaban demandas de interesados que partían de la participación en el Operativo Independencia contra la guerrilla del ERP y sobre todo lo que fueron movilizados hacia la Patagonia durante el conflicto de Malvinas pero no transportados hacia las islas. También se incluían quienes estaban bajo bandera a partir de la vigencia del estado de sitio el 1 de noviembre de 1974. Estas aspiraciones nacían de la real vigencia de las pensiones nacionales a los veteranos de Malvinas que también –en muchos casos– se habían extendido a otras, brindadas por las provincias y los municipios de donde eran originarios estos conscriptos.
En el Congreso de la Nación se consignaba la existencia de dos proyectos de ley en esta perspectiva. La diputada Susana Eladia Díaz (Frente para la Victoria – Tucumán) proponía en 2006 a través de un proyecto de ley extender los beneficios otorgados a los veteranos de Malvinas “para los conscriptos de las clases 1953, 1954, 1955, 1958, y 1959 (1956 y 1957 no fueron incorporados por el cambio de edad de 20 años a 18 años), afectados al Ejército de 1974 a 1978, destinados a Tucumán y a otros sitios donde hubo ‘lucha contra la subversión’”. Y en abril de 2007 el diputado peronista Eduardo Pastoriza (Bloque por la Verdad-Catamarca) presentó una iniciativa similar para otorgar una pensión de guerra pero acotada a aquellos que puedan demostrar que estuvieron en Tucumán. El legislador nacional afirmó que “coincido en que no fue una guerra sino una represión, pero los soldaditos no fueron represores, fueron usados y sin posibilidad de negarse. Nunca fueron reconocidos, hoy tienen 50 años y muchos están sin trabajo”.
Un vocero de la oficina de prensa del Ejército comentaba que “el pico fue en el verano. Hay gente que viene completamente desinformada y cree que aquí le vamos a pagar la pensión (…) nosotros sólo podemos extenderle el certificado de que han sido soldados”.
IAF rectificado
En torno de la reestructuración del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para el pago de pensiones y retiros militares, la caja previsional del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, Ámbito Financiero produjo una publicación no reconocida como rectificación respecto de la información publicada el 30 de marzo de 2007. El diario decía que
hace dos meses[xx] lo adelantó este diario hubo un intento frustrado de Garré para tomar el IAF. Ahora la novedad es que no lo hace por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), sino por un decreto común, exento de urgencias, con la seguridad que otorgan otros cambios del ministerio como la reciente creación de la Secretaría de Asuntos Militares Internacionales de la Defensa y el traspaso del Servicio de Hidrografía Naval a la órbita civil.[xxi]
No tenía nada que ver, sencillamente porque estaba en las competencias del Ejecutivo dictar el decreto común sin necesidad de concurrir a una medida extraordinaria. El nuevo directorio, en lugar de estar compuesto exclusivamente por oficiales superiores de las Fuerzas iba a ser compuesto por un representante del ministerio de Economía, otro de Trabajo y un tercero de Defensa que obraría como presidente del mismo, junto a la presencia de tres oficiales superiores –en actividad o retiro– de las tres Fuerzas propuestos al Ministerio por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El tema central que no mencionaba Ámbito Financiero, y en general no era oportuno mencionar ante los uniformados, era que dado el déficit del IAF para pagar los retiros y pensiones a quienes habían abandonado las filas debido a la baja cantidad de recursos aportados por los efectivos activos, la Tesorería del Estado Nacional debía concurrir en apoyo permanente de la caja del IAF y eso era la legitimación de la presencia de los tres ministerios en el nuevo directorio. Ámbito Financiero advertía que
los nuevos directores ministerial encontrarán recursos extras para financiar el gasto público. Juan Carlos Onganía fue el primero (el único) en utilizar fondos del IAF (decreto nro. 437/69, “S”) para cubrir el gasto público. Esa cifra es hoy una acreencia respecto del Tesoro nacional nada menos que 12.424.866.277 pesos.
Por lo menos, Ámbito Financiero recordaba que Onganía, al que no mencionaba por su grado de teniente general (R), era presidente en 1969 por la decisión del golpe de las tres Fuerzas contra Arturo Illía. Notable paradoja que la intervención –única y por un decreto “S”, (es decir “secreto”) a los fondos de la caja del IAF había sido realizada por una dictadura militar. También Ámbito Financiero señalaba oblicuamente que “la ley de creación del Instituto tiene atractivos para un gobierno en campaña electoral: permite financiar emprendimientos inmobiliarios”. Es lo que iba a ocurrir más adelante, cuando los recursos del Instituto fueran aplicados en parte a brindar créditos blandos para la compra de viviendas para oficiales en actividad.
Valores castrenses
El empuje a las cuestiones relativas a los derechos humanos, al derecho humanitario impulsó en las Fuerzas acciones relativas al tema. La Armada inauguró el 3 de julio las Segundas Jornadas para compartir reflexiones y principios de la profesión militar, organizadas conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y realizadas en la sede del Departamento de Estudios Históricos Navales, la Casa Amarilla (La Boca). La apertura estuvo presidida por jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Godoy, el secretario de Planeamiento, Cuattromo y la vicepresidenta del IIDH, Mónica Pinto.[xxii]
Godoy subrayó en su exposición la vigencia del modelo de “pluralidad democrática” y exaltó, de manera inédita para un jefe de la Armada, “América Latina unida en la búsqueda de su destino” que emparentó con el pensamiento del almirante Guillermo Brown. Del evento participaron el jurista venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el presidente de la organización judía B’ Nai B’rit Argentina, Pablo Grinstein; el sacerdote peruano Guillermo Oviedo Gambetta, integrante del Opus Dei; la guatemalteca Helen Chang, quien trabaja por los derechos humanos en su país y ganó el Premio Nobel Alternativo de la Paz, y el subsecretario de Derechos Humanos Rodolfo Matarollo. También intervinieron en las actividades, monseñor Pedro Candia, a cargo del obispado castrense, desde la renuncia del polémico obispo Baseotto; el politólogo Carlos Floria y el presidente de la Academia Argentina de Letras, Pedro Barcia.
Especulaciones sucesorias
Tras la afirmación de la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, las especulaciones sobre el tema se volvieron una ocupación permanente de periodistas políticos opositores convencidos del triunfo oficialista en octubre de 2007. La Nación afirmaba por vía de un columnista que
tan importantes como las participaciones pueden resultar las ausencias en el próximo gabinete. Ya hay un par de ministros con fecha de vencimiento casi segura. Aníbal Fernández (Interior) y Nilda Garré (Defensa) tienen dificultades serias para continuar al lado de Cristina, por distintas razones. [xxiii]
El periodista no enunciaba las razones del pronóstico finalmente fallido para los dos ministros que se hicieron presentes en el gabinete los cuatro años siguientes.
Política con el Irízar
“El Almirante Irízar surcará los mares antárticos para alegría y gloria de todo el pueblo argentino”, dijo con entusiasmo el capitán de navío Guillermo Tarapow, el ex comandante del buque rompehielos incendiado en abril al hablar en Mendoza. Fue en un acto encabezado por el vicegobernador radical de la provincia, Juan Carlos Jaliff, donde éste le entregó una escultura y una placa. “Las casi 200 personas que asistieron al encuentro tributaron un caluroso aplauso e interminables saludos personales de empresarios, profesionales, emprendedores y funcionarios de Mendoza y San Juan que estaban ávidos por satisfacer su curiosidad sobre las peripecias en alta mar”, acotaba con evidente entusiasmo el corresponsal del diario porteño La Nación.[xxiv] El marino, que en pocos meses ingresaría en la situación de retiro debido al incendio de su barco, estimaba que el barco volvería a la Antártida en 2010, un pronóstico que se revelaría como inexacto porque la discusión acerca del lugar de reparación y las modalidades de la misma llevarían su tiempo. Tarapow señalaba al describir al Almirante Irízar que éste “no es un buque que compramos por catálogo sino que se lo construyó sobre la base de 30 años de experiencia de la Armada Argentina con su anterior rompehielos el General San Martín”.
Mujer piloto
Un ingreso a la modernidad se producía cuando el 4 de julio recibía en Córdoba su grado la primera aviadora militar argentina, el alférez Débora Pontecorvo, una bonaerense nacida hacía 26 años en Ciudad Evita. Junto a ella recibieron sus alas otros 37 pilotos de la promoción nº70. El jefe del Grupo Aéreo de la Escuela de Aviación Militar, comodoro Gustavo Falavigna, indicó que “la integración de la mujer en la Fuerza Aérea con varias tareas administrativas, cumple hoy una etapa superadora con la incorporación de la primera piloto militar”.[xxv] La piloto afirmó que “la necesidad de volar la llevo en la sangre”. Su hermano es piloto de la Fuerza Aérea destinado en la base de Reconquista (Santa Fe) y su papá, contable de la institución. Las varias mujeres que consiguieron logros como pilotos e instructoras ilustraban acerca del retraso en la incorporación de la mujer en ésta y las otras Fuerzas Armadas, tanto como en otras actividades de la sociedad.[xxvi]
Para la fecha, los diarios también consignaban temas vinculados con decisiones judiciales, como la producida por el fiscal federal Fernando Gálvez quién pidió procesar a 12 marinos por el espionaje en la base naval de Trelew. Entre éstos los más notorios eran el vicealmirante Edmundo Luis Avilés, jefe del Comando de Operaciones Navales y el contralmirante Pablo Rossi, jefe de Inteligencia de la Armada. En cambio, la justicia declaró la falta de mérito de los cabos Carlos Alegre y Alberto Sánchez, ambos integrantes de la oficina de inteligencia en la base Almirante Zar de Trelew (Chubut), en especial el primero quien realizara la denuncia acerca del caso a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Un aumento de 16,5%
Con gesto adusto, como rezaba el epígrafe de la foto de Clarín, el presidente Kirchner se hacía presente en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y afirmaba ante el conjunto de oficiales superiores de las tres Fuerzas:
El combate contra la impunidad es frontal y definitivo. Son los jueces de la constitución los que juzgarán el terrorismo de Estado impulsado por la dictadura. Será la justicia la que ponga las cosas en su lugar (…) Nunca nos pareció justo que se identifiquen las aberrantes acciones de algunos con instituciones creadas para defender nuestro país.[xxvii]
Este fue el argumento conceptual central de su discurso que, si bien no sorprendió ni al auditorio ni a la opinión pública, ratificó que el gobierno iba a fondo en la temática de los juicios a los militares e integrantes de las Fuerzas de seguridad represores durante la última dictadura. Clarín había registrado en días previos a la ceremonia celebrada en el comedor de cadetes del Colegio Militar (donde las fotos de los egresados de las diversas promociones adornan las paredes) una afirmación anónima, probablemente de un general destinado en el Estado Mayor del Ejército: “Los militares sienten indiferencia y desprecio de parte del Presidente, y que todas las medidas para el área tienen tono de sanción y reproche. Los que se sienten con funcionarios civiles se dibujarán una sonrisa”.[xxviii] Con sonrisa forzada o sin ella, los militares recibieron de boca del comandante en jefe la noticia de que sueldos serían incrementados en un 16.5%.
Clarín subrayaba los aspectos depresivos de la noticia: “Se trata de un aumento que irá a los llamados suplementos salariales y no al sueldo básico. Esto significa que no irá a los retirados y que no tributa previsionalmente a las cajas de retiro”, es decir al IAF. En cambio no se señalaba que, a diferencia del largo período del menemismo, los militares recibían por fin incrementos salariales. En una fina diferenciación La Nación informaba que, “el Ministerio de Defensa intentó hasta último momento que se anunciase un aumento sobre el salario real, pero en la Casa Rosada se optó por la variante remunerativa”.[xxix] En la comida –la quinta a la que asistía Kirchner y su primer contacto público con el mundo castrense en el año– el Presidente asistió escoltado por la ministra Garré y acompañado por miembros de su gabinete y los más altos jefes militares[xxx] y expuso la posición básica sobre Malvinas de su gobierno: “En este 25º aniversario de las Malvinas, reivindicamos a los que lucharon con valor y honor; y repudiamos a aquellos aventureros que quisieron adueñarse de una causa nacional”.
Para Ámbito Financiero también el tema salarial era la noticia fundamental del evento y coincidía con Clarín en que “otra vez, a contrapelo de la ley, se excluyó a los retirados, que no percibirán el aumento ya que sólo se da al personal en actividad como suplemento remunerativo y no bonificable”.[xxxi] El diario conservador insistía en que el Presidente
nada dijo de cómo paliar la crítica situación de equipamiento militar ni del estado de indefensión de las Fuerzas por la carencia de munición de guerra. Eso sí, detalló con números exactos las erogaciones de emergencia que se asignaron a las tres Fuerzas como consecuencia de varios accidentes de aviones, incendio del rompehielos Irízar y la falta de blindados.
Para el diario progresista Página 12, hubo “aumento para los militares, pero recordando siempre a la justicia”.[xxxii] Y, a diferencia de sus otros tres colegas, el medio citaba a Kirchner cuando éste afirmaba que “el incremento salarial es idéntico al otorgado al sector público”
Página 12 era el único medio que recordaba el evento similar del año 2006 cuando
la tradicional cena de camaradería previa al Día de la Independencia se realizó en la Base de El Palomar. Por entonces arreciaban los actos de Cecilia Pando, pidiendo por la libertad de los represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Algunos llegaron a especular con la esposa del mayor Mercado se movilizaría para empañar la ceremonia. Ayer, Pando apareció dándole “fuerza espiritual” al ex capellán Christian von Wernich, quién está siendo juzgado por su participación en el terrorismo de Estado.
Era de toda evidencia que la ultra derecha castrense tenía otras urgentes ocupaciones en la medida en que los juicios por los crímenes dictatoriales se llevaban a cabo.
Espionaje en Trelew
Y otros juicios también avanzaban. El juez federal subrogante con sede en Rawson, Hugo Sastre, decidió procesar a nueve marinos por el caso del espionaje ilegal en la base aeronaval Almirante Zar de la ciudad de Trelew, ante el pedido del fiscal Fernando Gálvez de procesar a 12 imputados. Entre los principales acusados estaba el contralmirante Pablo Carlos Rossi, ex titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Naval quién fuera relevado de su cargo por decisión de Defensa cuando estalló el escándalo. El magistrado dictó la falta de mérito, entre otros, del cabo Carlos Alegre quién había realizado la denuncia sobre el espionaje ilegal al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo patrocinó ante la Justicia.[xxxiii]
Página 12 subrayaba la falta de mérito para cinco marinos entre los cuales destacaba al vicealmirante Eduardo Luis Avilés, el jefe del Comando de Operaciones Navales (COP), con sede en Puerto Belgrano, de hecho el jefe de la base y el superior inmediato de los comandantes de la Aviación Naval, la Infantería de Marina y la Flota de Mar. Sobre Avilés afirmaba Rodrigo Borda, coordinador de los abogados penalistas del CELS “que quedan cuestiones para profundizar en la investigación, que tienen que ver con los que operaban en Puerto Belgrano. Hay líneas para que se pueda avanzar en la responsabilidad de Avilés”.[xxxiv]
El costo de la reparación
Según La Nación, el ministerio de Defensa le había entregado una primicia a mediados de julio.
La reparación del rompehielos Almirante Irízar tiene un presupuesto: 113 millones de dólares. Esa es la cifra que se maneja desde la semana última en el Ministerio de Defensa, según confirmaron a La Nación importantes funcionarios de la cartera castrense. El elevado costo pone en evidencia la magnitud del siniestro que afectó el buque emblema de las campañas antárticas y que conmovió a la sociedad.[xxxv]
El diario indicaba que
al tasarse el monto de la reconstrucción se tuvo en cuenta que los daños fueron totales en los sistemas eléctricos y de comunicaciones, además de los motores, entre otros compartimientos que quedaron bajo el fuego. Incluso este presupuesto puede aumentar de acuerdo con el veredicto que darán los técnicos del astillero Oy Wartsila, los constructores del rompehielos en Finlandia. Ese trabajo dará el dictamen final sobre el estado del casco del buque.
La relación con el astillero no iba a darse finalmente porque, en primer lugar, la nacionalidad del astillero no la iba a favorecer dado que ese país era la sede de una de las papeleras incluidas en el conflicto ambiental de Gualeguaychú. Por otra parte, cuando se realizó la construcción del barco, los planos del mismo quedaron en poder de la empresa constructora lo que dejaba al país en situación de dependencia de aquella. Por otra parte, el presupuesto final llegó a ser de tal magnitud para que se eligiera, por último, una solución nacional.
La Nación recordaba que
estaba prevista una reforma de equipos antes de que el incendio sorprendiese al Irízar en su viaje de regreso de la campaña antártica. Se había establecido una partida de 40 millones de pesos para trabajos de “media vida” entre este año y 2009. El siniestro elevó más de 8 veces el dinero previsto para invertir en el rompehielos. Las estimaciones en el Ministerio de Defensa indican que el rompehielos Irízar no estará en servicio antes de 2011.
También se ocupaba de informar acerca de un tema de interés de la Armada. Según el diario porteño “el alquiler de un rompehielos ruso, de menor porte que el Irízar, es la variante más aceptada en estos días” para suplir al accidentado. Pero también señalaba que la aceptación de la oferta del buque antártico Endurance que realizó Gran Bretaña interesó a la Armada –de muy buena relación con la marina británica–
pero ella depende de una decisión de la diplomacia argentina, ya que ese navío tiene amarra habitual en la islas Malvinas. El ofrecimiento británico fue realizado como gesto de agradecimiento por las reparaciones que se permitió hacer la Endurance en la base naval de Puerto Belgrano donde en estos días se encuentra el Irízar.
La Nación decía una verdad: la mirada benévola de la marina argentina hacia la británica no estaba deteriorada ni siquiera por la guerra de Malvinas, por lo menos en una parte sustancial de sus cuadros que observaba como peligroso el enfrentamiento estratégico progresivo con el mundo noratlántico. Sin embargo, no era comparable la reparación del Endurance con el ofrecimiento de un barco de reemplazo temporal al Irízar para la Antártida. La nueva política frente a Malvinas diplomáticamente no se compadecía ni con barcos ingleses ni astilleros finlandeses.
Reacciones hidrográficas corporativas.
El diario El Cronista (11/07/07) iba a transmitir la reacción corporativa de algunos sectores a quienes se les erizó la piel con la transferencia de la dependencia del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) desde la Armada hacia el Ministerio de Defensa, a través de su Secretaría de Planeamiento. El medio del grupo controlado por el empresario y político Francisco de Narváez afirmaba que “en sectores de la Armada, se hizo patente la preocupación ante el avance ministerial, sobre todo por las dudas que genera la continuidad de un servicio tan específico”.[xxxvi]
El SHN no padeció ninguna de las posibles calamidades profetizadas y bajo control civil, ejercido por personal especializado de la Armada –en situación de retiro– continuó prestando sus servicios que se brindan, sobre todo, a la navegación comercial y civil, aunque lógicamente a la militar. Lo que había ocurrido era un nuevo golpe a los sutiles –y no tanto– lazos entre lógicas empresariales y orgánicas corporativas.
Diálogo con el Uruguay
La titular de Defensa recibió el 11 de julio al teniente general Washington Rosales Sosa, comandante en jefe del Ejército del Uruguay. En la reunión el tema de conversación fueron las actividades de ambos países en relación a las actividades de las Fuerzas de Paz de ambos países en el marco de las Naciones Unidas.
En especial el repaso de la situación se centró en la misión que se desarrolla en Haití donde participan ambos países. Garré y Rosales Sosa coincidieron en manifestar el buen funcionamiento de los Cascos Azules en Haití y en la necesidad de incluir, cada vez más, aspectos relativos a la reconstrucción del país caribeño. Los funcionarios rioplatenses coincidieron en la mejora de la situación a partir del desarrollo de las elecciones y de la constitución de un gobierno civil legítimo.[xxxvii]
El jefe militar uruguayo informó a la ministra argentina acerca de la conversión de la Escuela de Paz del Ejército uruguayo en una Escuela Nacional de Paz y coincidieron en que militares de los dos participen tanto en ésta como en las del CAECOPAZ (Centro Argentino de Educación para Misiones de Paz). Las Fuerzas Armadas uruguayas tienen una muy amplia participación porcentual de sus efectivos en misiones internacionales de paz.
La realización de la reunión subrayaba la colaboración en materia de defensa entre ambos países que tenía el efecto supletorio, amén del específico, de subrayar la voluntad de colaboración pacífica entre los dos países más allá de las polémicas vigentes por la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay.[xxxviii] En ese mismo momento ambos países desarrollaban el Operativo Ceibo a ejecutarse en jornadas que se efectuarían desde el 20 al 24 de agosto en Argentina. El jefe del Ejército argentino, teniente general Bendini y el subsecretario de Asuntos Militares, Montenegro, acompañaron a la ministra a la reunión con Rosales Sosa.[xxxix]
Convenios y guardería
Defensa anunció la creación de un jardín maternal para hijos de empleados del Ministerio de Defensa, acción que inauguraría una política consecuente en este rubro para facilitar el trabajo de las mujeres del área y ayudar a los padres con la educación de sus hijos. Habilitado en Balcarce 677, en el edificio donde funciona el Archivo Histórico del Ejército, el mismo también se abrió para niños de familias del barrio y quedó habilitado en conjunto con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.[xl]
Dialogo con las Fuerzas Armadas de Paraguay
Garré recibió el 13 de julio al comandante de las Fuerzas Armadas del Paraguay, general de ejército, Bernardino Soto Estigarribia, quien visitaba la Argentina para acordar con el organismo similar argentino, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Acompañada por el secretario de Asuntos Militares Forti, el subsecretario Montenegro y el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Chevalier, la ministra celebró la firma de un acuerdo entre los dos Estados Mayores. Chevalier elogió la participación de los efectivos paraguayos en contingentes de paz argentinos como los catorce que están destinados en la isla de Chipre. Defensa invitó al jefe paraguayo a que efectivos de su país se instruyan en el CAECOPAZ, oferta que fue aceptada por aquél.[xli]
Corte al indulto
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de anular los indultos otorgados por el presidente Menem a los altos jefes militares de la dictadura, produjo amplias repercusiones sociales. La ministra de Defensa dijo respecto del fallo emitido en la causa Riveros:
Es un paso ineludible e indispensable para la remoción de todos los obstáculos que durante años se intentaron poner a la búsqueda de la verdad y de la justicia en nuestro país. Desde el punto de vista republicano, la concurrencia de votos con distintas opiniones robustece el carácter independiente de la Corte, cualidad de la que como todos sabemos carecía el máximo tribunal en su integración anterior. Es también una reafirmación del Estado de Derecho, pues pone a la Argentina a tono con las obligaciones internacionalmente asumidas en materia de derechos humanos.
En el espacio militar acotaba Clarín que la salida de Garré contrastó con el silencio de las Fuerzas Armadas. Voceros de las tres Fuerzas consultadas por Clarín declinaron hacer comentario. Sin embargo, estas fuentes castrenses que pidieron no ser identificadas coincidieron en señalar a Clarín que la decisión de la Corte no causó sorpresa y sostuvieron que no tuvo mayor impacto en el personal en actividad. “El tema pasó casi inadvertido, se sabía de antemano lo que iba a pasar y hay saturación del tema de derechos humanos, con mensaje y discursos ya conocidos por parte del Gobierno, que hacen que no sorprenda, contó un alto oficial”.[xlii] En cambio, para La Nación
en el ámbito militar, todos los consultados por La Nación para conocer su opinión sobre el fallo dictado por la Corte sugirieron remitirse a las declaraciones de la ministra Garré. En las tres Fuerzas Armadas, fuentes cercanas a las cúpulas coincidieron en dejar trascender que la anulación de los indultos no había sido tema de análisis. “No hay ningún comentario para hacer, quizá porque casi el 90 por ciento de los oficiales en actividad no ha tenido participación en aquella época” se concluyó.[xliii]
En el contexto de las reacciones producidas por el fallo de la Corte se destacó una expresión de la decadencia periodística de Bernardo Neustadt en su columna de Ámbito Financiero al intentar describir relaciones de los Montoneros con Garré:
Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Rodolfo Galimberti entran a un departamento de la calle Montevideo y Santa Fe. Secuestran al general Pedro Eugenio Aramburu. Lo martirizan varias semanas y lo fusilan. Describen en su diario “Montoneros” cómo lo ejecutaron. Para estos “Jóvenes Idealistas” el indulto vale y llegan a ser funcionarios públicos (…) Nilda Garré, militante, era entonces esposa de un asesino de Aramburu. ¿En qué país del mundo, sino en la Argentina, esta señora podría ser ministra de Defensa, 30 años después?[xliv]
Los errores informativos de Neustadt eran enormes. De los Montoneros mencionados solo los tres primeros habían realizado el secuestro y muerte de Aramburu; los otros tres no integraban siquiera entonces aquella organización, un dato de público y difundido conocimiento informativo, amén de lo que se desprendía de la respectiva causa judicial. Las otras referencias al episodio son también imprecisas. Pero donde cae más fuertemente la operación periodística de Neustadt es la de señalar que Garré era entonces esposa de un asesino de Aramburu. La equivocada referencia era hacia Fernando Abal Medina jefe del mencionado operativo, a quién Garré no conoció porque fue abatido por la policía bonaerense el 7 de septiembre de 1970. En cambio, la relación de pareja de Garré fue con Juan Manuel Abal Medina, hermano mayor de Fernando pero recién en 1973/74. La confusión adrede o, solamente fruto de la torpeza, fue efectuada por muchos periodistas de la derecha como Bernardo Neustadt lo que precisaba el nivel de su capacidad informativa.
Otra reunión con Wayne
A solicitud de Earl Wayne, la ministra de Defensa se reunió con el embajador de los Estados Unidos. El interés del diplomático de los Estados Unidos era “el deseo de cooperar con Argentina en temas como perfeccionamiento de personal civil, planificación de operaciones de paz y ejercicios de toma de decisiones entre agencias, entre otros”, según Defensa comunicaba[xlv]. Wayne elogió
el comportamiento de las Fuerzas argentinas en Haití, y Garré replicó que la situación mejoró mucho en Haití luego de la realización de elecciones democráticas, pero es necesario que exista un apoyo mayor hacia tareas de las Fuerzas militares en la reconstrucción de la infraestructura y la economía del país.
La Prensa, en soledad mediática, recogía esta reunión.[xlvi]
Interés por el Ombudsman
La mirada atenta del diario La Nación se posaba sobre el tema del defensor de los derechos de los uniformados y aseguraba que el Ministerio de Defensa
creará un ombudsman para las Fuerzas Armadas. La figura de un relator especial que tome denuncias de los militares interesó mucho a las autoridades de la cartera castrense y fue uno de los ejes de la gira de la ministra Nilda Garré por Alemania.[xlvii]
También La Nación, que había estudiado el tema indicaba que
si bien en Alemania el ombudsman para las Fuerzas Armadas es designado por el Congreso, la experiencia de otros países indica que ese papel puede ser cumplido por representantes asignados por los ministros de Defensa, como en los casos de Israel, Canadá o Australia. Esa variante interesaría más a las autoridades argentinas.
En realidad, la idea primigenia de Defensa era que se dictara una ley específica para el tema. Otra variante era la presentada en un proyecto legislativo por el que se eliminaba la prohibición establecida para que el Defensor General de la Nación interviniera en temas de Fuerzas de defensa y de seguridad. Con el tiempo, esta variable terminaría por imponerse.
La Nación explicaba que
la teoría de base de la figura del ombudsman militar es que éste puede investigar denuncias realizadas por militares de cualquier grado, que cuentan con permiso de dirigirse al defensor asignado sin previo aviso a sus superiores y sin riesgo de sanciones posteriores. En el Ministerio de Defensa aseguran que actualmente llegan a sus despachos quejas de militares.
Presos militares a Campo De Mayo
En una resolución tomada con la correspondiente autorización judicial el Ministerio de Defensa envió al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, situado en la guarnición militar de Campo de Mayo, a diversos oficiales procesados por graves violaciones a los derechos humanos que estaban detenidos en unidades militares. En la presentación realizada por el Ministerio al juzgado federal encabezado por Sergio Torres se afirmaba que “la distribución actual de los detenidos dispersos en diversas guarniciones militares, afecta el normal desempeño de las funciones legalmente asignadas a las Fuerzas Armadas y sus tareas cotidianas”.[xlviii]
Por su parte el magistrado respondía, en comunicación al ministerio, que “para este Tribunal no obran impedimentos para el alojamiento en el Instituto Penal de Campo de Mayo”. Esta dependencia, cuyo control estaba a cargo de la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad, constaba con una capacidad de alojamientos de 70 internos distribuidos en celdas con capacidad para dos personas.
Los enviados a Campo de Mayo eran, en su mayor parte, oficiales de la Armada –retirados o dados de baja– entre los que se contaban: Alfredo Astiz, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velasco, Jorge Eduardo Acosta, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Enrique Perren, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Hugo Enrique Damario, Carlos Guillermo Suárez Mason, Rogelio José Martínez Pizarro, Carlos José Pazo y Miguel Benazzi Berisso.
En el escrito Garré afirmó que al cumplir funciones carcelarias se producía
la asunción de tareas impropias para las Fuerzas Armadas las que se ven agravadas por el hecho de que los militares de hoy deben desenvolverse en el mismo ámbito en que se encuentran detenidas disposición de la Justicia personas que, durante su actuación como miembros de la Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado, han desplegado prácticas absolutamente contrarias a la ética, el honor y la lealtad que deben profesar hacia el pueblo de la República aquellos que opten por la profesión militar.
De los medios gráficos solamente el progresista Página 12 celebraba la medida y comentaba que
el traslado de los militares que están presos en establecimientos de las Fuerzas Armadas es una demanda de los organismos de derechos humanos (…) “Es un avance e implica reconocer que hasta hoy esta gente hacía lo que quería. Pero es una medida incompleta, ya que tienen que estar custodiados por Servicio Penitenciario”, señaló a Página 12 Rodolfo Yanzón, abogado querellante en la causa de la ESMA, quién hizo varias denuncias acerca del régimen benigno de que gozaban los represores. [xlix]
En realidad, la custodia interna era del Servicio Penitenciario Federal, dado que la unidad de detención se convirtió en dependiente de ese organismo del Ministerio de Justicia y la externa, esa sí, de la Gendarmería, una fuerza de seguridad y no de defensa como estaba difundido erróneamente en la opinión pública.
Defender el proyecto de reforma
En Clarín, que todavía albergaba expresiones favorables al gobierno, se publicaba un artículo de opinión de Garré sobre el propuesto sistema de justicia militar.[l] Así afirmaba que “la situación actual del sistema de Justicia militar está en las antípodas de lo que el desarrollo jurídico de nuestro pueblo ha consolidado” e indicaba que “para dar respuesta a estos problemas, la reforma avanza en la derogación del fuero militar, colocando la investigación y el juzgamiento de los delitos en manos de jueces comunes, independientes e imparciales que integran el Poder Judicial”. Y subrayaba que “forma parte de este desafío la reingeniería de toda la estructura jurídica de las Fuerzas y de la Auditoria General de las Fuerzas Armadas, cuya readecuación es condición para la eficaz implementación de los cambios que se proponen”.
En la misma jornada, Ámbito Financiero entregaba a través de un artículo firmado con un evidente seudónimo un reconocimiento de mala gana a la actuación de “la Garré por haber superado la crisis de los radares y otras peripecias con los uniformados”, juicio matizado con una de las habituales observaciones cuasi misteriosas: “aunque en el gobierno hubieran preferido que no hubiera tenido esa fortuna”.
Los radares funcionan
Al coincidir con la realidad, se hacían veraces las afirmaciones del diario conservador. Porque en esa jornada un aviador podía proclamar: “se solucionó el problema de los radares”. Clarín encabezaba una nota con la afirmación de que
ayer se hizo cargo de esta frase el comodoro mayor Marcelo Ayerdi, jefe de la Región Aérea Centro, en su oficina de Ezeiza. “El radar primario y secundario viejo, el Thompson, dañado por el rayo, fue reparado, estamos operando con control radar desde el 9 de julio (…) Estuvo preoperacional desde el 15 de mayo, pero no queríamos apurarnos hasta no estar seguros de que los controladores volvieran al timing en la operatoria”.[liii]
Ayerdi prevenía que “eso no significa que el día de mañana no pueda haber una cuasi-colisión, porque puede haber una falla humana de controladores o pilotos. Pero no se podrá culpar ya a la falta de radares”. En la visita convocada por el Ministerio de Defensa a Ezeiza se podía comprobar que en
el Centro de Control de Área (ACC), puesto de trabajo de los ahora famosos controladores, otro grupo comprueba el funcionamiento del nuevo centro de control de tránsito aéreo. “Habrá 13 puestos nuevos, con 13 posiciones duplicadas”, explica José Sanz, jefe de Programadores de Indra (la empresa española que provee los nuevos equipos). (…) el sistema de consolas (las pantallas de seguimiento del radar) tendrá un duplicado, que está montado ya, en el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE). Los nuevos controladores practicarán en ese lugar. No festejan en Ezeiza, pero se salen de la vaina por contar que también están probando el radar militar prestado por España, instalado en el aeropuerto de Morón, y que a fin de año el INVAP debería estar entregando un radar que se montará en Quilmes. Todo irá a reforzar el sistema de control, y los lleva a decir que la crisis fue superada.
Defensa coronaba esta acción al emitir un documento titulado “Los radares funcionan”. En él se informaba que
los radares primario y secundario ubicados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveen información sobre el tránsito aéreo al Centro de Control de Área Buenos Aires (ACC-Buenos Aires) que se encarga de dirigir el tráfico en el espacio aéreo en ruta, brindando servicio de control radar (…) Con relación a las demoras que se hacen sentir en el despacho de vuelos de Aeroparque, esto se debe principalmente a la falta de disponibilidad de aeronaves por parte de las empresas privadas de aeronavegación. A ello, se han sumado la sobreventa de pasaje y el alto crecimiento coyuntural de temporada de vuelos comerciales y de charters en algunos aeropuertos de menor tamaño y de alto interés turístico. Todos estos problemas son de política aerocomercial y de responsabilidad de las empresas aéreas prestatarias. [liv]
Defensa agregaba en su explicación que
el radar de Ezeiza (marca Thompson) es el que sirve tanto para el propio aeropuerto de Ezeiza como para Aeroparque, dado que el sistema instalado allí sirve a toda el área metropolitana de Buenos Aires. Se reitera que se está completando en Ezeiza el ajuste del radar español Indra, que funciona como reaseguro del equipamiento que volvió a funcionar. El equipo fue instalado en una sólida torre y junto a él están los equipos electrónicos para su funcionamiento. Por su parte, en el aeropuerto de Morón se instaló el radar militar prestado por el Ejército del Aire de España. Como el Indra de Ezeiza, se ajusta en estos momentos para reforzar el sistema de vigilancia aérea civil. Al mismo tiempo, se están instalando los sistemas de consolas (pantallas) en donde se recibe la información del radar. Al finalizar este proceso, todo el ACC-Ezeiza quedará plenamente modernizado.
Con el documento Defensa contestaba a las acusaciones de la empresa Aerolíneas-Austral que delegaba en la Fuerza Aérea –y en Defensa– los problemas vigentes en los vuelos de las vacaciones de invierno. Además del documento de Defensa, el jefe del Comando de Regiones Aéreas, brigadier José Antonio Álvarez, se jugaba con un rotundo: “el radar de Ezeiza funciona a pleno”.[lv]
Tiscornia, contra las cuerdas, imputa
El 18 de julio, el juez Guillermo Tiscornia realizó su máximo gesto desesperado por ponerse a salvo de la destitución por juicio político e imputó a la ministra de Defensa de “contrabando agravado en una causa judicial en la que se investigan supuestas irregularidades en la exportación de material bélico por parte de Fabricaciones Militares”. [lvi]
La Nación recordaba que la investigación se había iniciado en febrero y apuntaba que “la resolución se conoce la misma semana en la que Felisa Miceli tuvo que dejar el Ministerio de Economía complicada por el pedido de un fiscal para que declarara en la causa sobre la bolsa de dinero hallado en su despacho”.
Tiscornia, como juez penal económico, también imputó por el
mismo delito al ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Marcelo Bellisi, el funcionario de la DGFM Arturo Huergo, la despachante de Aduana Laura Andolfi e integrantes de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivos y de Material Bélico (cuyas identidades deben verificar).
Tiscornia decía que “todos los indicios emergentes de la marcha de la presente investigación remiten a un claro caso de subfacturación”. También el diario señalaba que “la ministra Garré va a proceder a Derecho. Desde el Ministerio de Defensa siempre hubo colaboración con el juzgado”, explicaron fuentes del ministerio.
Pero La Nación también dejaba sus marcas en la piel de Tiscornia de quien decía que
atraviesa una situación delicada en el Consejo de la Magistratura. Está acusado de un pedido de coimas, que maneja los bingos y tragamonedas bonaerenses, a cambio de favorecerla en un expediente por presunto contrabando. Según denunciaron los directivos de la empresa, el que reclamó los sobornos fue Agustín Tiscornia, padre del magistrado. Ese expediente es el único que hay abierto en contra del juez, que supo sortear varios embates en su contra y mantenerse al frente del Juzgado en lo Penal Económico nº7. Hoy, Tiscornia busca ocupar un lugar vacante en un tribunal oral del mismo fuero.
Y recordaba un dato significativo: “Durante los años 90, el juez logró sobreponerse a las acusaciones que le hizo el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, por su actuación en la causa de la aduana privada”.
El gobierno nacional defendía a Garré según La Nación que decía que aquél
volvió a reforzar sus cuestionamientos contra el magistrado que imputó a la ministra de Defensa (…) “Es increíble que siga siendo juez”, dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La opinión de uno de los hombres más cercanos al presidente Kirchner surgió apenas dos días después de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al plenario del cuerpo suspender al juez y someterlo a juicio político. De todas maneras, el jefe de Gabinete negó que la decisión tomada por la Magistratura tuviera alguna relación con la imputación a la ministra y puso en duda la fecha elegida por Tiscornia para imputarla. “Es llamativo que la cite a Garré el mismo día en el que sabe que la Cámara Acusadora va a firmar el dictamen”, dijo Fernández a Radio La Red. “Es tan claro que en su lógica piensa que el llamado puede servir de manera de intercambio para parar el tema de intercambio para parar el tema de su enjuiciamiento. Se equivocó, porque nunca nosotros entramos en esa lógica”.[lvii]
En cambio, el candidato presidencial José Antonio Romero Feris afirmó que
cada vez que una investigación judicial afecta los deseos e intereses del Gobierno, aparecen mágicamente las carpetas contra los magistrados en el ahora reducido Consejo de la Magistratura, en lo que parece un método para desalentar ese tipo de acciones. Primero fue con los miembros de la Cámara de Casación Penal ante la demora en los juicios contra militares y ahora contra el juez Guillermo Tiscornia.
Romero Feris, titular del conservador partido Autonomista correntino, era un permanente vocero consultado como figura política para responder en defensa de los medios comunicacionales hegemónicos.
También se sumaba a las críticas del oficialismo la diputada del Frente para la Victoria (FPV), Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura quién auguró que Tiscornia “no será juez, ni camarista ni nada y que la ministra de Defensa no podrá ser imputada por contrabando porque esa acusación es un disparate, una maniobra desesperada y extorsiva del magistrado”.[lviii] La legisladora
negó que el oficialismo persiga a los jueces que investigan a funcionarios del Gobierno. El pedido de juicio político al juez López Biscayart (uno de los dos magistrados del Caso Skanska) formulado por el ministro Aníbal Fernández fue desestimado en tres horas porque no correspondía.
En un análisis de la decisión judicial contra Garré, Página 12 señalaba que
la subfacturación del embarque de piezas de armas no fue descubierta por el juez Tiscornia, sino por la Aduana en ocasión del procedimiento normal de verificación instituido por Kirchner en el decreto 657/05 (…) La Aduana es el organismo obligado a inspeccionar la carga y verificar el material. Al hacerlo descubrió la diferencia de valores que dio lugar a la aparatosa intervención del juez Tiscornia, quién imaginó que esos 6.739 kilos de fierro, podían ser el salvavidas que lo rescatara de las aguas del juicio político y gritó ¡Bingo![lix]
en una humorística alusión a la denuncia contra él –ya mencionada– en el intento de soborno a Codere, la empresaria bonaerense de juego. Tiscornia, por su parte, “deslizó hoy la posibilidad de renunciar a su cargo para evitar un juicio político: quizás le haga un buen regalo a mi señora esposa, pero no sé si lo voy a hacer en lo inmediato”.[lx]
El día 23 de julio, en la primera manifestación de un grupo de izquierda en el área de Defensa, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), integrante de la Izquierda Unida, protagonizó una módica manifestación frente al edificio Libertador “con fusiles de juguete y un pingüino gigante (…) Nosotros denunciamos que el Gobierno quiere tapar un hecho de corrupción culpando a un juez corrupto’, dijo Vilma Ripoll”.[lxi] Esa era la única movilización realizada por la izquierda radicalizada en relación a la política reformista del gobierno kirchnerista sobre cuyos acciones de cambio su único comentario había sido el silencio.
En cambio, Garré recibía un explícito respaldo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner en gira por España en el marco de la campaña electoral por las presidenciales de octubre. Según La Nación y Página 12, la aspirante había dicho en el programa Cara a Cara emitido por el canal CNN Plus la televisión española que la causa contra Garré “no tiene nada que ver con la realidad” y es sólo “una maniobra de defensa de un magistrado que cobra coimas y que nadie se explica cómo puede ser juez en la Argentina”.[lxii]
Por último, Garré respondía a la citación de Tiscornia través de una carta en la estratégica sección de cartas de lectores de La Nación. En ella manifestaba que
la arbitraria decisión originada en una denuncia de la Aduana argentina por subfacturación en una exportación de Fabricaciones Militares, tomada por un juez en lo Penal Económico pareció mostrar un gran desconocimiento respecto a las funciones del Ministerio de Defensa en su carácter de integrante de la Comisión de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico.[lxiii]
Garré explicaba que la comisión
está constituida por Defensa, Cancillería y Economía y según corresponda, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Su función es evaluar las solicitudes de licencia previa de exportación y expedirse teniendo en cuenta el firme compromiso argentino con la no proliferación de armas de destrucción en masa.
Y criticando la decisión de Tiscornia indicaba que por eso no se puede justificar la “decisión del juez interviniente de ‘invitar’ a un ministro del Poder ejecutivo a aclarar hecho o indicar pruebas en la sede del tribunal sobre todo cuando podía hacerlo nuevamente por oficio, como lo hizo en ocasiones anteriores”. Y al describir la decisión del juez indicó que el magistrado
se propuso un doble objetivo: presionar para evitar la acusación en la idea de que las instituciones son “apretables” y que sus integrantes negociarían un cambio de favores y en caso de que esta posibilidad no prosperara y el juicio político siguiera adelante, presentarse ante la sociedad como una víctima que fue sancionada por investigar a un funcionario del Poder Ejecutivo.
Un rompehielos ruso
Informaba Clarín
El Gobierno tomó la decisión política de rentar un rompehielos ruso para abastecer las bases antárticas en la próxima campaña de verano (…) se trató del “Vasilly Golovnin”, un rompehielos operado por la Far-Eastern Shipping Company (Fesco), una empresa naviera privada con sede en Vladivostok, el puerto más importante que tiene Rusia sobre el mar del Japón y al lado de China, a nueve horas de avión de Moscú.[lxiv]
El costo del alquiler rondará los 4 millones de dólares según informó Marino Mémoli, Director Nacional del Antártico.
No preguntar religión
Por la resolución MD 587/2007, Defensa dejó sin efecto el requisito por el cual “el personal militar y quienes aspiren a integrar las instituciones militares deben declarar su religión”.[lxv] La resolución daba un plazo de 30 días para que los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea dejaran sin efecto las normativas vigentes en esa materia. En los considerandos de la MD se cita laye 25326 de Protección de Datos Personales que establece que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles” y que se entiende por ellos “los datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.
La Nación brindaba un espacio destacado a la decisión de Defensa en la que veía
como antecedente inmediato, en la cartera castrense también se ocuparon de detallar en la reforma del Código de Justicia Militar un nuevo régimen de sanciones para las discriminaciones religiosas. Consignaba que “en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se tomó la decisión del Ministerio de Defensa como un hecho positivo”.[lxvi]
La agrupación judía B’nai B’rith elogió la decisión de Defensa. En una carta dirigida a Garré la manifestaron su “beneplácito por la decisión que implica el reconocimiento de la diversidad cultural de la población argentina”.[lxvii]
Un destacado elogio a la medida de Defensa y a su titular provino del filósofo Santiago Kovadloff, una figura situada habitualmente en el campo de los opositores liberales al gobierno kirchnerista. En un artículo publicado en un suplemento de La Nación sostenía que
en los progresos indispensables en el orden ético en la Argentina se incluía la reciente resolución del Ministerio de Defensa que busca desalentar posibles discriminaciones en las Fuerzas Armadas al eliminar las solicitudes de ingreso, preguntas a referencias de cualquier tipo de identidad religiosa de los postulantes. [lxviii]
Para Kovadloff, la resolución constituía un hecho doblemente elocuente. En primerísimo término por lo que literalmente implica, dado que el filósofo entendía que “mandos militares han advertido hasta qué punto la discriminación religiosa atenta, en el presente, contra un mejor despliegue de la identidad profesional”. Y en segundo lugar subrayaba lo
significativo que la resolución contra la discriminación esté firmada por una ministra y no por un ministro. Quiero decir, por una mujer y no por un hombre. Y de conjurar prejuicios se trata, lejos está de resultar irrelevante el hecho de que la más alta investidura del Ministerio de Defensa recaiga, en la Argentina actual, sobre una mujer.
Y coincidiendo con las posiciones de Defensa, Kovadloff subrayaba que
lo medular de ese proceso, me parece, es la idea de que el soldado, debe ser concebido, de aquí en más y ante todo, como un ciudadano uniformado. Ello implica entenderlo como alguien que, sin dejar de desempeñarse en un área laboral específica, comparte con el resto de la ciudadanía ideales democráticos y republicanos.
Innovacion tecnológica
En el marco de la modernización político-administrativa, el gobierno kirchnerista creó la subsecretaría de Innovación Científico-Tecnológica en el Ministerio de Defensa (dec. 788/2007)[lxix] y designó a Andrés Carrasco como su titular (dec. 962/2007). El nuevo organismo supervisaría las acciones del CITEFA y de los Institutos de Investigación de las Fuerzas Armadas. Carrasco había sido presidente del directorio del CONCIET entre 2000 y 2001, es decir en el gobierno de la alianza encabezado por Fernando de la Rúa y había integrado el Frepaso desde el partido Frente Grande.[lxx] Al presentarlo a diversos jefes de las Fuerzas, Garré expresó que “contar con esta área es un viejo anhelo del Ministerio desde donde se podrá articular y potenciar toda la actividad científico-técnica de la Defensa” y Carrasco dijo que “hay un desafío con la ciencia y la tecnología en el país y en el mundo, por lo cual es importante articular toda el área tecnológica de los centros de investigación de las Fuerzas Armadas”.[lxxi]
Los “continentales” se mueven
Trescientos ex soldados conscriptos movilizados a la Patagonia durante la guerra de Malvinas, pero que no llegaron a las islas reclamaron el 1 de agosto la sanción de un proyecto de ley que los reconociera como veteranos y les otorgara una pensión de guerra.
Los ex soldados, llegados especialmente desde varias provincias, se concentraron en el Congreso y, por la tarde, marcharon a la Plaza de Mayo. Los ex conscriptos piden la sanción del proyecto 563 presentado por los senadores oficiales Miguel Pichetto y Jorge Capitanich –entre otros– que propone otorgar una pensión a quienes estuvieron bajo bandera entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y a quienes fueron convocados a participar en la guerra “en tanto hayan sido destinados al sur del paralelo 36º, 45’, latitud Sur”, es decir, al sur de Bahía Blanca.[lxxii]
El diario Clarín indicaba que “se calcula que unos 10 mil ex conscriptos serían alcanzados por el proyecto, que establece una pensión del 80% de la que perciben los veteranos y el 100% de la cobertura de salud y otros beneficios sociales”.
Garre recusa a Tiscornia
El 1 de agosto el conjunto de los medios daba cuenta de la recusación planteada por Garré contra el juez Tiscornia. Clarín recogía los dichos de la ministra, quien recordó que participó de “la Comisión de Juicio Político del Congreso que en 2000 acusó a Tiscornia por mal desempeño y afirmó que la imputación del magistrado es “una prueba inequívoca de la animosidad del magistrado hacia su persona”.[lxxiii]
Por su parte, Página 12 citaba a los abogados de Garré quienes señalaban que
de la comparación entre la cédula de notificación que recibida por Garré en el Ministerio de Defensa y una nota publicada en el diario La Nación al día siguiente, se desprende que “distintos medios de comunicación tuvieron acceso a todo el contenido del auto que ordenara la citación y no así la ministra”.[lxxiv]
Según el diario
el futuro de Tiscornia parece lleno de sombras tras el pedido de suspensión pendiente en el Consejo de la Magistratura. El plenario del cuerpo tratará el caso el 9 de agosto. Es probable que Tiscornia sea suspendido y que se le inicie un juicio por mal desempeño. A Tiscornia le tocó actuar en varios casos resonantes y su nombre supo estar envuelto en polémicas. En su momento, del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo lo incluyó en la famosa “servilleta” que le había mostrado Carlos Corach.
Clarín indicaba que
lo infrecuente fue que Tiscornia no llamó a Garré a declaración indagatoria como manda el Código Procesal, sino que le envió una cédula notificándola de la existencia de la causa, sin ningún pedido de la fiscal, Carolina Robiglio, pero en coincidencia con el día en que el Consejo de la Magistratura debía tratar un pedido de destitución de Tiscornia por un supuesto intento de soborno a una empresa española.[lxxv]
Por su parte, Garré replicó a las nuevas acciones de Tiscornia calificando a la misma como “una nueva provocación a la que ya nos tiene acostumbrados este juez que nunca debió serlo. Fue juez porque el menemismo inicialmente así les pagó favores recibidos”.
El mismo día, ante reiteradas menciones de medios gráficos y radiales acerca de la ubicación de Fabricaciones Militares en el organigrama del Estado, Defensa señalaba que esa Dirección General
pasó a depender del Ministerio de Economía el 29 de abril de 1996 (decreto nro. 464/2996) hasta que fue transferida al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 17 de agosto de 2006 (decreto nro. 1079/2006). Es decir que, desde hace 11 años y poco más de tres meses ha dejado de depender de este Ministerio.[lxxvi]
Radares en el noroeste
El tema de la radarización en el norte argentino fue abordado por Ámbito Financiero al observar el desarrollo del operativo Fortín por el que habían sido desplegados radares Cardion Alert Mk II del Ejército y equipos móviles Westinghouse TPS-40 que están ubicados en Resistencia y Posadas. Para el diario los radares del Ejército quedaron depositados en los cuarteles del Regimiento 29 de Infantería de Monte, situado en la capital formoseña. Como toda la información nacional de radares, ésta se concentraba en el Grupo de Vigilancia y Control Aéreo, instalado en un cuartel subterráneo en la localidad de Merlo, en el conurbano bonaerense.[lxxvii]
Ámbito Financiero explicaba la compleja operación vigente hasta la actualidad por la cual si un avión, con presunción o confirmación de volar ilegalmente era percibido por radares o aviones de la Fuerza Aérea, se iniciaba un burocrático procedimiento por el que un juez federal era informado por escrito, con lo cual el apresamiento de la aeronave se volvía una tarea ideal. Pero el diario mencionaba que “Garré había entregado a su colega de Interior la letra de un convenio”. Por ese texto, el pacto entre las jurisdicciones conducidas entonces por Garré y Aníbal Fernández –en esto último caso, el Ministerio del Interior, responsable entonces de la Seguridad– debían trabajar conjuntamente en el marco de las disposiciones complementarias y concordantes de las leyes de Defensa y Seguridad Interior. El concepto central era que las Fuerzas de Seguridad debían recibir en una mesa electrónica de trabajo a instalarse en Merlo, la información en tiempo real de los vuelos irregulares para poder ordenar respuestas a sus Fuerzas terrestres, navales (Prefectura) o aéreas (helicópteros de cualquiera de las cuatro Fuerzas federales de seguridad) y de las policías de las 23 provincias para poder allanar las aeronaves en el momento de sus aterrizaje en pistas clandestinas.
Claro que esto implicaba transmitir la información desde Merlo a un centro de comunicación conjunta de las Fuerzas Federales de Seguridad (FFS) y proceder a un despliegue en el las Fuerzas estuvieran dispuestas a una alerta temprana, con su alta capacidad de maniobra. También a que las Fuerzas provinciales acordaran, superando dificultades legales y operativas una acción conjunta de apoyo a las FFS dado que la competencia en los principales delitos enfrentados correspondía a la jurisdicción judicial federal.
La consideración de Ámbito Financiero era claramente representativa de la orientación en la materia de las Fuerzas conservadoras nacionales e internacionales, en especial, la preceptiva norteamericana en la materia. El diario observaba con ironía que “estas amenazas transnacionales (en referencia a contrabandistas y traficantes de drogas) no saben de la división del trabajo ente el área castrense y la de seguridad”. En realidad, más se traba de la vieja lucha de la derecha militar y civil en contra de la división de tareas entre las Fuerzas de defensa y las de seguridad.
¿Retiro o jubilación?
El 3 de agosto La Nación volvía a producir información acerca de la disposición del gobierno respecto de las remuneraciones de los retirados militares (el mundo civil tarda entender el rechazo del militar para considerar “jubilados” a los retirados dado que la legislación acerca de la condición del personal militar, considera disponibles y “convocables” al servicio activo en cualquier momento a los que están fuera de la actividad, mediante la aplicación del artículo 62 de la ley del personal castrense). Para el diario liberal-conservador
el Gobierno tomó la decisión de equiparar a los militares retirados con los jubilados civiles. El primer paso fue separar los salarios de los efectivos en actividad de aquellos que están en situación de retiro, así lo hizo saber el presidente Néstor Kirchner a los jefes de las Fuerzas Armadas. “Los retirados recibirán un aumento sólo cuando también los consigan los jubilados”, fue la explicación presidencial, según relataron importantes oficiales y confirmaron en el Ministerio de Defensa.[lxxviii]
Pese al anuncio, el tema de las remuneraciones de los retirados sería objeto de un tratamiento complicado, dado que los cerca de 170 mil militares y efectivos de seguridad (que en esta perspectiva estaban todavía siendo considerados juntos, “enganchados”) carecían de una fuente sustentable de proveniencia de los fondos para sus pagos y debían recurrir al Tesoro Nacional para completarlo. Según La Nación, “en 1984 los retirados cobraban el 80% del salario del personal activo, mientras que en 1991 bajó el 72% y hoy está establecido en el 35%”.[lxxix] El tema del monto de los retiros militares constituía un terreno fértil para la oposición derechista en el campo castrense.
Un cohete por el regreso
El 5 de agosto La Nación manejaba una primicia:
Catorce años después de haber desactivado el misil Cóndor II, la Argentina probó nuevamente un cohete. A comienzos de julio, en un campo de pruebas de Bahía Blanca fue lanzado el Tronador, según revelaron a La Nación fuentes que trabajan en ese proyecto. Sólo en el segundo intento puedo conseguirse el despegue del prototipo, que forma parte de un ambicioso plan para colocar al país en la carrera espacial. [lxxx]
El cohete lanzado tenía una longitud de menos de 4 metros, pero su desarrollo permite construir el Tronador II, un vector proyectado para transportar una carga de más de 200 kilogramos, con un motor de combustible líquido, cuya realización fue promovida por el Gobierno por varios decretos firmados en los últimos meses. La Nación señalaba:
En 1983 terminó el proyecto del misil Cóndor II por las presiones públicas de los Estados Unidos, que en ese momento se manifestó muy preocupado por el desarrollo del cohete ideado por la Fuerza Aérea en las entonces secretas instalaciones de Falda del Carmen.
Las instalaciones de Falda del Carmen están hoy bajo el control de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Es la CONAE la que coordina el proyecto en el que participan especialistas del Instituto Balseiro, el Instituto Aeronáutico Argentino, CITEFA y universidades nacionales. Según La Nación, el proyectado diseño del Tronador II
se enmarca en los límites justos de las convenciones internacionales. Los militares argentinos prefieren quedar al margen de este cohete, tal como lo expresaron varios importantes oficiales consultados. En el ministerio de Defensa tampoco quieren oír hablar del proyecto Tronador.
La Argentina, luego de la cancelación del proyecto Cóndor II forma parte del Régimen de Control de Misiles, un organismo internacional que
pone énfasis en evitar la proliferación de cohetes que puedan transportar cargas de 500 kilogramos a más de 300 kilómetros, por la posibilidad de ser usados como inyectores satelitales o armas, dependiendo sólo de la buena voluntad del país que construye ese aparato.
La repercusión internacional del suceso estaba dada por una nota editorial de El Mercurio. El diario de la derecha chilena recordaba con intención que “el plan recuerda al Cóndor, sistema balístico que quería desarrollar un misil para transportar 500 kilos a una distancia de entre 800 y 1000 km. El proyecto fue cancelado en 1993 por la presión internacional”.[lxxxi] La presión internacional genéricamente mencionada por el diario momio había sido, claramente, la de los Estados Unidos.
Una rural sin retreta
En el cierre de la Exposición de la Sociedad Rural el 8 de agosto se comenzó a verificar parte del conflicto del gobierno con los sectores agrarios. Un episodio secundario, pero de valor simbólico, lo subrayaba la tradicional Retreta del Desierto, un concierto de bandas militares que habitualmente se realizaba al finalizar la muestra realizada en el predio de Palermo. El evento implica la evocación de la junta de cuatro grupos de soldados dispersos que comienzan a reunirse en torno a un fogón a partir de los sones de un clarín. El concierto militar representa la finalización de la Campaña del Desierto, la operación militar ejecutada por el general Julio Roca en 1880, mediante la cual fueron expulsados de sus tierras en la pampa húmeda y la Patagonia, los pueblos originarios que las habitaban y fueron sometidos a la matanza, la dispersión y el reparto esclavista.
Clarín señalaba que “una asociación de los derechos de los aborígenes presentó un recurso de amparo en contra del Ejército argumentando que la representación contiene elementos xenófobos”.[lxxxii] Pero también el diario liberal-desarrollista, componente ideológico político central del complejo agrario, señalaba que
fuentes de la organización confiaron que, tras tomar nota del recurso judicial, el Ejército primero comprometió la presencia de los cuatro grupos musicales involucrados (Regimiento de Patricios, Granaderos a Caballo, Colegio Militar y Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”) aunque simplemente con un “carrousel de bandas”. Eso era lo planeado hasta el incidente del sábado, cuando el titular de la Rural, pronunció un crítico discurso y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, abandonó abruptamente el acto.
El diario señalaba luego que autoridades militares les había comunicado a los directivos de la Rural que solamente la banda de la Escuela de Suboficiales podría asistir dado que las otras tres estarían abocadas a la ceremonia de recepción del presidente venezolano Hugo Chávez. Por ello, los organizadores estimaron que la Retreta no podía realizarse y buscaron otro espectáculo. Por otra parte, el elemento de las bandas, altamente simbólico de la presencia militar, se hacía presente en otra de las evocaciones de una “guerra interior” que comenzaba a ser fuertemente cuestionada por el debate historiográfico, la militancia de los movimientos indigenistas y la discusión por el pasado militar.
La Nación preocupada por el Irízar
El mismo 8 de agosto, La Nación exhibía editorialmente una fuerte preocupación por la reparación inmediata del Irízar. En la nota se insistía voluntaristamente en que “la reparación del rompehielos no puede ni debe demorarse más allá de lo estrictamente necesario”; que “la inmediata ejecución de las obras debería ser una prioridad dentro de las necesidades y requerimientos del Ministerio de Defensa y, por último, que la totalidad de los fondos para materializarla debería estar disponible sin mayores dificultades”.[lxxxiii] La última de estas demandas parecía chocar contra la lógica presupuestaria porque demandaría anticipar los fondos para un proyecto que, una vez, diseñado, tendría –lógicamente– incrementos en su presupuesto. El punto de vista del diario mitrista afirmaba que un retraso eventual “atentará contra la soberanía argentina en las aguas australes” y culminaba en tono amenazante contra “quienes permitan esa censurable irregularidad deberán hacerse responsables por ella”.
En realidad, la preocupación de La Nación presionaba por una reparación inmediata que no parecía ser posible en un equipo de estas características, un buque muy poco común y parecía estar encaminada a emplazar al gobierno para responsabilizarlo de cualquier posible retraso o situación que pudiera ser considerada como un retraso culpable.
A punto de contrato
“Es cuestión de días. Quedan cuestiones de menor peso para darle un cierre a esta negociación”, afirmó a comienzos de agosto el secretario de Planeamiento, Cuattromo al diario cordobés La Voz del Interior al referirse a la renegociación del acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Lockheed Martin, por la concesión del funcionamiento de la planta del Área Material Córdoba, la antigua Fábrica Militar de Aviones.
El nuevo texto legal se firmaría por un espacio de dos años. “El contrato ya está, pero en un instrumento de estas características que contiene aspectos legales, técnicos y económicos, la negociación concluye cuando concluye, es decir, no podríamos dar una fecha, pero es cuestión de días”, explicó el secretario.[lxxxiv]
Las denuncias del PRO
Alineándose al clima político denuncista, los diputados del PRO, Nora Guinzburg y Esteban Bullrich desarrollaron acciones en contra de Garré. La primera a partir de otra denuncia en la Justicia por el tema del presunto contrabando de armas, y el segundo con un pedido de informes sobre el mismo tema. Guinzburg, ex funcionaria de la gestión del secretario de Interior, Mathov durante el gobierno de Fernando de la Rúa, había abandonado al centenario partido para sumarse a la nueva formación de derecha. Allí, a través de su presencia en el Congreso impulsó una activa defensa de la política de los sectores más rancios del establishment militar.[lxxxv]
La educación militar
A comienzos de agosto Clarín se entusiasmaba con la reforma educativa en las Fuerzas Armadas. “Comenzará a aplicarse este semestre en las escuelas militares con la inclusión de siete nuevas materias de orientación humanística que apuntan a formar a los futuros oficiales en áreas como derechos humanos y relaciones internacionales”, explicaba el diario liberal-desarrollista.[lxxxvi]
Clarín anotaba las materias que se introducirían como:
Nuevos escenarios de las relaciones internacionales, Sociología de las organizaciones, Derecho constitucional, Derecho administrativo, Derecho militar, Código de Justicia Militar y Derecho aplicado a cada Fuerza; por último, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los conflictos armados.
También el diario se refería a las líneas orientadoras. Así citaba un documento de la Unidad de Coordinación de Educación del Ministerio de Defensa: “La educación para la Defensa y la formación ciudadana del militar constituyen conceptos primarios del nuevo sistema educativo” y atribuía su responsabilidad al abogado Martín Gras y al arquitecto Jorge (en realidad Enrique) Bellagio. Del primero decía que “es un ex desaparecido que pasó casi dos años secuestrado en la ESMA durante la última dictadura”. Aunque no señalaba atributos de Bellagio, éste era un docente universitario que se desempeñaba también como asesor de la senadora nacional kirchnerista por Mendoza, Marita Perceval, en ese momento presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara alta.
El diario precisaba que de los planes iniciales de Garré, no prosperó el año pasado una iniciativa para ‘desmilitarizar’ los liceos militares –adonde concurren 7 mil alumnos y transferirlos a la órbita civil. El gobernador mendocino y compañero de fórmula de Cristina Kirchner, Julio Cobos, como ex liceísta intercedió ante el Presidente para que la idea fuera desechada.
Clarín anticipaba
la preparación de un “curso de formación de instructores militares”. La figura del instructor militar –un oficial con rango de teniente primero o equivalente– es, según Defensa, de “mucha importancia” en la formación de los cadetes y un destino militar de “alto prestigio”. El curso empezaría el año próximo, y duraría de 60 a 90 días con el fin de “mejorar y homogeneizar” la formación de los instructores.
Podía leerse en el medio que en los exámenes de ingreso a los institutos militares se incorporarían exámenes de Historia Argentina en los que se incluirán autores de diversas corrientes historiográficas, entre los que se incluyen Carlos Floria, César García Belsunce, Ernesto Palacio, Jorge Ramallo y Torcuato Di Tella. Un secretario de redacción del diario opinaba en una columna que el gobierno avanza en la reforma educativa con el monitoreo de un consejo consultivo
en búsqueda de una mayor sintonía entre los militares y la sociedad civil (…) porque el divorcio entre ambos encierra la clave del drama argentino del siglo XX, con un país arrasado en su legalidad por los sucesivos golpes militares (…) en Defensa cien que “no queremos hacer kirchnerismo en las Fuerzas Armadas” sino formar militares idóneos y respetuosos de la civilidad. Aprobar esos exámenes es todo un desafío, también para el Gobierno.[lxxxvii]
Rio Tercero siempre vuelve
El 8 de agosto, la Cámara Federal de Córdoba anuló la polémica resolución “en la que el conjuez de la causa de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, Diego Estévez, había cerrado la investigación y sobreseído a seis oficiales del Ejército acusados”.[lxxxviii] En esa resolución, según Clarín el magistrado había puesto en estado de inocencia a
Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edelberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva, todos imputados por “estrago doloso en estado de tentativa”. Todos ocupaban cargos en Fabricaciones Militares, en Buenos Aires y en la planta industrial de Río Tercero. En diciembre pasado, el conjuez Estévez había utilizado como recursos para justificar los sobreseimientos información obtenida de la página de Internet, El Rincón del Lago.[lxxxix]
La suspensión de Tiscornia
El jueves 9 de agosto llegaba a su fin la carrera judicial del juez Guillermo Tiscornia cuando el Consejo de la Magistratura, por el voto unánime de sus integrantes, lo suspendió de sus funciones para enjuiciarlo por mal desempeño de las mismas. Un destacado integrante de la oposición, el diputado nacional radical Federico Storani lo fundamentó así:
Durante el año pasado me desempeñé como presidente de la Comisión de Acusación del Concejo y en razón de ello tuve oportunidad de participar en todas las audiencias que se suscitaron con motivo de la acusación a Tiscornia y las diligencias para elaborar un dictamen definitivo. Por la participación e intervención referida tengo la firme convicción de que correspondía la acusación y suspensión del magistrado para su posterior acusación ante el jurado de enjuiciamiento, donde tendrá una nueva oportunidad para ejercer su defensa.[xc]
La política de defensa
En el día de Fuerza Aérea, 10 de agosto, Garré realizó un resumen de su política para la Fuerza Aérea que fue leída en el acto central de celebración realizado en Córdoba. Garré que no asistió al acto por un ligero problema de salud, realizó un extenso resumen de las acciones políticas emprendidas por su gestión. La titular de Defensa informó, en la Escuela de Aviación Militar acerca de 14 acciones desarrolladas:
1) la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional; 2) la elaboración de un “Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas”; 3) se convocó al consejo de Defensa Nacional; 4) se confeccionó un nuevo “Ciclo de planeamiento de la Defensa Nacional”; 5) se puso en funciones al Comandante Operacional del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas; 6) fue creado el ‘Comité de Política Presupuestaria, para la elaboración en el Ministerio y, por cada fuerza por separado, el presupuesto militar; 7) se creó el Sistema Integral de Gestión para las inversiones para la Defensa (SIGID); 8) se estableció el Programa de Abastecimiento conjunto de Insumos Comunes (PACIC); 9) se instituyó el Sistema de Capacitación de Mantenimiento (SICAMAN); 10) se elaboró el proyecto de “Reforma del Sistema de Justicia Militar”, que se encuentra en tratamiento en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados de la Nación; 11) se reordenó integralmente el ”Sistema de Inteligencia para la Defensa”, subordinando las áreas respectivas de las Fuerzas a la conducción del Ministerio de Defensa y para servir a su propósito específico y no para la llamada “inteligencia interior”; 12) se creó un “Consejo de Políticas de Género”, para desarrollar los derechos de la mujer en las Fuerzas Armadas; 13) se ejecutó el “Plan de Fortalecimiento de las Capacidades de Vigilancia y Control del Aeroespacio; 14) Se avanzó en la creación de un nuevo sistema de Educación para las Fuerzas Armadas. Entre los primeros avances se deben destacar la creación de la “Escuela Superior de Guerra Conjunta” para oficiales de las tres Fuerzas que, el pasado 30 de marzo inició sus actividades académicas; la implementación de una reforma curricular de las escuelas de oficiales y suboficiales; la articulación de los institutos de las Fuerzas Armadas con el sistema universitario nacional; y la federalización de los sistemas de ingreso a las Fuerzas Armadas.[xci]
Garré daba cuenta también de las acciones específicas desarrolladas en relación con la Fuerza Aérea y mencionaba:
1) La confección del Plan de Acción Progresiva para alcanzar y mantener la aeronavegabilidad en tres etapas: I) Aviones de Transporte; II) Entrenamiento/Enlace y A las Rotativas (helicópteros). 2) Contratos con la empresa Lockheed: los mismos se encuentran en un proceso de renegociación con miras a una extensión mínima de algo más de un año. 3) En relación a la política de mejora de los niveles de radarización se efectuaron acciones como las siguientes: I) Alquilar un radar para el control del tránsito aéreo; 2) Modernizar el Centro de Control de Área Ezeiza; 3) Incorporar el equipamiento en materia de Comunicaciones acorde con la nueva tecnología; 4) Instalar un ACC (Centro de Control Aéreo) de emergencia. 5) Incorporar nuevo equipamiento en materia de comunicaciones asociado al simulador del Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE); 6) Instalar en la Región de Información de Vuelo (FIR) Córdoba un nuevo Centro de Control de Área Unificado. 7) Incorporar el equipamiento de comunicaciones en el nuevo Centro de Control de Área Unificado de Córdoba. 8) La gestión de la OACI en el proceso de contrataciones de todo el equipamiento nuevo que hemos reseñado requirió $ 2.761.762. 9) Atender las reparaciones y reemplazos de elementos en los Radares Primarios y Secundario instalados en el Área Terminal Buenos Aires, demandó un gasto de $ 1.029.940. 10) Encarar una revisión del cronograma de entregas de los Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA).[xcii]
Garré también habló de Malvinas:
Esta institución –señaló– tuvo su bautismo de fuego el 1 de mayo de 1982, con motivo del conflicto bélico del Atlántico Sur, ocasión en la que 36 oficiales, 14 suboficiales y 5 de sus soldados ofrendaron con generosidad y heroísmo su vida por la patria. En aquella oportunidad tan cercana a los sentimientos de todos los argentinos la institución fue convocada para la defensa de la integridad territorial de nuestra Nación y debió hacer frente a la superioridad de un poderoso adversario. Esa circunstancia, sin embargo no fue un obstáculo para que la Fuerza Aérea Argentina pusiera de manifiesto el valor y la destreza de sus pilotos y combatientes, virtudes que son hoy conocidas en el mundo entero.[xciii]
NOTAS
[i] LA NACIÓN, “Contrabando de armas”, Buenos Aires, 14 de junio de 2007.
[ii] ÁMBITO FINANCIERO, “Otra aventura oficial: relanzan LADE”, Buenos Aires, 22 de junio de 2007.
[iii] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 151/2007, wdf, Buenos Aires, 26 de junio de 2007.
[iv] La Información de Prensa consignaba que “Vásquez era licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador) y Master en Relaciones Internacionales (FLACSO-Buenos Aires). Se desempeñó como subsecretario de Asuntos Militares desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2005, cuando asumió la Secretaría de ese mismo ámbito. Es autor de diversas publicaciones en materia de política internacional argentina y realizó diversas tareas de investigación en Argentina y México. Fue condecorado por el gobierno de Bolivia”.
[v] La Información de Prensa decía de Forti que “ha representado a la Argentina como embajador ante el gobierno de Honduras desde abril de 2004 hasta la fecha. Forti es licenciado en Relaciones Internacionales (The American University-School of International Service, Washington D.C.) y es Master en Administración Pública por Harvard University (John F. Kennedy, School of Governement, Cambridge, Massachusets, EEUU). Posee una amplia experiencia internacional como consultor de gobiernos y dirigentes latinoamericanos. Se ha desempeñado también en Estados Unidos y en la Organización de Estados Americanos. Ha pronunciado numerosas conferencias y participado de seminarios internacionales y es autor de artículos y publicaciones en materias de especialidad. Forti ha sido condecorado con las órdenes del Quetzal (presidencia de República de Guatemala), la de Morazán (Presidencia de la República de Honduras) y la Gran Cruz de Plata de las Fuerzas Armadas (Ministerio de la Defensa, Presidencia de Honduras)”.
[vi] BRASLAVSKY, Guido, “Una víctima de la dictadura será viceministro de Defensa”, Clarín, Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
[vii] ÁMBITO FINANCIERO, “Asado para una asunción”, Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
[viii] CRÓNICA, “Juntos, chileno y argentinos”, Buenos Aires, 27 de junio de 2007; LA PRENSA, “Ejército de los Andes”, Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
[ix] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 153/2007, wdf, Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
[x] CLARÍN, “El dato”, Buenos Aires, 29 de junio de 2007.
[xi] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa, nro. 155/2007, wdf, Buenos Aires, 28 de junio de 2007.
[xii] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de prensa nro. 156/2007, Buenos Aires, 29 de junio de 2007.
[xiii] Estuvo integrada, junto a la titular de la cartera, por el sub-secretario de Asuntos Militares, Montenegro, la directora de Derechos Humanos, Arduino, dos asesores y el director de Comunicación Social.
[xiv] LA NACIÓN, “Garré, en Alemania”, Buenos Aires, 3 de julio de 2007; LA PRENSA, “Garré en Alemania”, Buenos Aires, 3 de julio de 2007; PÁGINA 12, “Educación de los militares”, Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
[xv] LA NACIÓN, “Río Tercero: rechazan un planteo de Defensa”, Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
[xvi] MOLINA, Gustavo, “Río Tercero: rechazaron al Gobierno como querellante”, Buenos Aires, 4 de julio de 2007.
[xvii] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de prensa nro. 167/2007, wdf, Buenos Aires, 16 de julio de 2007.
[xviii] AGUILERA, Edgardo, “Estado de indefensión: FF.AA. sin municiones”, Ámbito Financiero, Buenos Aires, 2 de julio de 2007
[xix] BRASLAVSKY, Guido, “Estafan a ex soldados con rumores de pensiones: cobran $ 500 por trámite”, Clarín, Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
[xx] En realidad, fueron tres meses.
[xxi] AGUILERA, Edgardo, “Regalo patrio: quitan a militares control de caja de jubilaciones”, Ámbito Financiero, Buenos Aires, 4 de julio de 2007.
[xxii] LA PRENSA, “Jornadas sobre los valores castrenses”, Buenos Aires, 4 de julio de 2007.
[xxiii] PAGNI, Carlos, “La silenciosa elección de ‘los hombres de Cristina’”, La Nación, Buenos Aires, 4 de julio de 2007.
[xxiv] DIMARÍA, Sergio, “El Irízar volverá en 2010 a la Antártida”, La Nación, Buenos Aires, 5 de julio de 2007
[xxv] MOLINA, Gustavo, “Egresó en Córdoba la primera aviadora en la historia de la Fuerza Aérea”, Clarín, Buenos Aires, 5 de julio de 2007. PÁGINA 12, “La Fuerza Aérea tiene su primera aviadora”, Buenos Aires, 5 de julio de 2007
[xxvi] Varias mujeres se desarrollaron como pilotos civiles: Amalia Figueredo, la primera argentina que voló sola en un avión, en 1914; Carola Lorenzini, fue la primera mujer en volar sola el Río de la Plata y en obtener el título de instructor de vuelo en América del Sur y murió en un accidente aéreo cuando realizaba una maniobra acrobática y Susana Ferrari Billinghurst que en 1937se convirtió en la primera mujer en obtener licencia comercial en América y también la primera piloto de hidroaviones de pasajeros.
[xxvii] BRASLAVSKY, Guido, “Kirchner anunció un aumento del 16,5% en los sueldos militares”, Clarín, Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
[xxviii] BRASLAVSKY, Guido, “Kirchner hablaría de los sueldos militares”, Clarín, Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
[xxix] GALLO, Daniel, “Kirchner anunció un aumento del 16,5 % para los militares”, La Nación, Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
[xxx] Alberto Fernández, jefe de gabinete; el ministro del Interior, Aníbal Fernández; el canciller Jorge Taiana; el gobernador bonaerense Daniel Scioli; el presidente provisional del Senado y ex titular de Defensa, José Pampuro; el titular de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini ; los intendentes de Morón (Martín Sabatella) y Tres de Febrero (Hugo Curto) en cuyas jurisdicciones se asienta el Colegio Militar, y los 4 jefes de los Estados Mayores, brigadier general Chevalier (Conjunto); teniente general Bendini (Ejército); almirante Jorge Godoy (Armada) y brigadier general Costantino (Fuerza Aérea) .
[xxxi] AGUILERA, Edgardo, “Aumentaron 16,5 % a militares activos”, Ámbito Financiero, Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
[xxxii] VEIRAS, Nora, “Aumento para los militares, pero recordando siempre la justicia”, Página 12, Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
[xxxiii] Los otros procesados eran tres ex comandantes de la Fuerza Aeronaval 3 : Gustavo Leopoldo Ottogalli, Félix Médici y Jorge Alberto Janiot; los integrantes de la Oficina de Inteligencia de la base “Almirante Zar”, los ex jefes Eduardo Omar Merlo y Gustavo René Monzani y los sub oficiales Claudio Rossi, Daniel Guante y Alfredo Luis Andrade.
[xxxiv] PERTOT, Werner, “Nueve marinos procesados por el espionaje ilegal en Trelew”, Página 12, Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
[xxxv] GALLO, Daniel, “Reparar el rompehielos costará US $ 113 millones”, La Nación, Buenos Aires, 10 de julio de 2007.
[xxxvi] BARLETTI, Agustín, “Hay inquietud por el pase a Defensa del Servicio de Hidrografía Naval”, El Cronista, Buenos Aires, 11 de julio de 2007.
[xxxvii] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 163/2007, wdf, Buenos Aires, 11 de julio de 2007.
[xxxviii] CLARÍN, “Ni hablar de las papeleras”, Buenos Aires, 14 de julio de 2007.
[xxxix] Jefe del Ejército uruguayo desde octubre de 2006, Rosales Sosa era Oficial de Estado Mayor, del arma de infantería y de la especialidad paracaidista y había sido condecorado por su contribución a la Infantería del Ejército de los Estados Unidos.
[xl] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa, nro. 164/2007, wdf, Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
[xli] LA PRENSA, “Reunión”, Buenos Aires, 15 de julio de 2007. LA NACIÓN, “Garré recibió al jefe del ejército de Paraguay”, Buenos Aires, 15 de julio de 2007
[xlii] BRASLAVSKY, Guido, “Garré celebró y hubo poco impacto entre los militares”, Clarín, Buenos Aires, 14 de julio de 2007.
[xliii] LA NACIÓN, “Para Garré, la sentencia pone fin a la impunidad”, Buenos Aires, 14 de julio de 2007.
[xliv] NEUSTADT, Bernardo, “Apuntes de Bernardo Neustadt”, Ámbito Financiero, Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
[xlv] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 168/2007, Buenos Aires, 17 de julio de 2007.
[xlvi] LA PRENSA, “Garré agradeció a Wayne el apoyo en temas de Defensa”, Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
[xlvii] GALLO, Daniel, “Un ombudsman para los militares”, La Nación, Buenos Aires, 16 de julio de 2007.
[xlviii] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa, nro. 169/2007, wdf, Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
[xlix] GINZBERG, Victoria, “Las unidades de la Armada dejarán de ser cárceles VIP”, Buenos Aires, 19 de julio de 2007.
[l] GARRÉ, Nilda, “¿Por qué reformar la Justicia militar?”, Clarín, Buenos Aires, 17 de julio de 2007.
[lii] ÁMBITO FINANCIERO, “Planeta Cristina: los nombres satélite de la primera dama”, Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
[liii] GIUBELLINO, Gabriel, “Ya funcionan los radares de Ezeiza y alquilaron otro para mayor seguridad”, Clarín, Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
[liv] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 172/2007, wdf, Buenos Aires, 172/2007.
[lv] DOWNES, Patricio, “Por las demoras en Aeroparque se cruzan el Gobierno y Aerolíneas”, Clarín, Buenos Aires, 24 de julio de 2007.
[lvi] DI NICOLA, Gabriel, “Imputaron a Garré por un contrabando de armas”, La Nación, Buenos Aires, 19 de julio de 2007.
[lvii] LA NACIÓN, “El Gobierno volvió a apuntar a Tiscornia”, La Nación, Buenos Aires, 22 de julio de 2007
[lviii] PERFIL, “Tiscornia no será juez, ni camarista ni nada”, dice la diputada Diana Conti”, Buenos Aires, 22 de julio de 2007.
[lix] VERBITSKY, Horacio, “Menem y Kirchner”, Página 12, Buenos Aires, domingo 22 de julio de 2007; VERBITSKY, Horacio, “Cherchez la femme”, Página 12, Buenos Aires, domingo 22 de julio de 2007.
[lx] CLARÍN, “Armas: el juez que busca involucrar a Garré amenaza con renunciar”, Buenos Aires, 21 de julio de 2007.
[lxi] PÁGINA 12, “Me quiere de rehén”, Buenos Aires, 21 de julio de 2007.
[lxii] LA NACIÓN, “Defendió a Garré, pero no dijo nada de Miceli”, Buenos Aires, 25 de julio de 2007; PÁGINA 12, “No tiene nada que ver”, Buenos Aires, 25 de julio de 2007.
[lxiii] GARRÉ, Nilda, “Funciones de Defensa”, La Nación, Buenos Aires, 27 de julio de 2007.
[lxiv] BRASLAVSKY, Guido, “El Gobierno alquilará un rompehielos en Rusia para reemplazar al Irízar”, Clarín, Buenos Aires, 25 de julio de 2007.
[lxv] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 175/2007, wdf, Buenos Aires, 26 de julio de 2007.
[lxvi] GALLO, Daniel, “No podrán preguntar a militares su religión”, La Nación, Buenos Aires, 26 de julio de 2007.
[lxvii] PÁGINA 12, “Los militares y la religión”, Buenos Aires, 27 de julio de 2007; LA PRENSA, “Elogio”, Buenos Aires, 27 de julio de 2007.
[lxviii] KOVADLOFF, Santiago, “Indicios de un cambio alentador”, Suplemento “Enfoques”, La Nación, Buenos Aires, 5 de agosto de 2007.
[lxix] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 177/2007, wdf, Buenos Aires, 26 de julio de 2007.
[lxx] Médico por la UBA, Carrasco era profesor regular adjunto con dedicación exclusiva del Depto. De Histología, Embriología, Biología Celular e investigador principal del CONICET en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia (UBA). Era miembro de las sociedades argentinas de Neuroquímica, de Investigación Bioquímica, de Biología del Desarrollo y la Society of Development Biology (SDB-USA) y había premiado con la beca Guggenheim en 2005.
[lxxi] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 179/2007, wdf, Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
[lxxii]CLARÍN, “Malvinas: reclamo de ex soldados”, Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
[lxxiii] CLARÍN, “Garré recusó al juez Tiscornia”, Buenos Aires, 1 de agosto de 2007.
[lxxiv] PÁGINA 12, “Garré recusó al polémico Tiscornia en el caso del supuesto contrabando”, Buenos Aires, 1 de agosto de 2007.
[lxxv] ABIAD, Pablo, “Nueva acusación de Tiscornia a Garré, por fraude en contra del Estado”, Clarín, Buenos Aires, 3 de agosto de 2007.
[lxxvi] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 181/2007, Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
[lxxvii] AGUILERA, Edgardo, “Se extiende al norte del país crisis de los radares”, Ámbito Financiero, Buenos Aires, 3 de agosto de 2007.
[lxxviii] GALLO, Daniel, “Los militares retirados serán equiparados con los jubilados”, La Nación, Buenos Aires, 3 de agosto de 2007.
[lxxix] ALEMANZOR, Augusto, “Deterioro en aumento”, La Nación, Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
[lxxx] GALLO, Daniel, “Probaron en secreto un cohete argentino”, La Nación, Buenos Aires, 5 de agosto de 2007.
[lxxxi] EL MERCURIO, “Argentina prueba el cohete Tronador”, Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 2007.
[lxxxii] LONGONI, Matías, “En el cierre, los jinetes reemplazaron a las tradicionales bandas del Ejército”, Clarín, Buenos aires, 9 de agosto de 2007.
[lxxxiii] LA NACIÓN, “Es urgente reparar el Irízar”, Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
[lxxxiv] BAE, “La Lockheed está a punto de firmar un nuevo contrato para fabricar aviones”, Buenos aires, 6 de agosto de 2007.
[lxxxv] AGUILERA, Edgardo, “Garré, víctima de otra denuncia por armas”, Ámbito Financiero, Buenos Aires, 6 de agosto de 2007
[lxxxvi] CLARÍN, “Avanza una reforma educativa humanística en las Fuerzas Armadas”, Buenos Aires, 6 de agosto de 2007
[lxxxvii]PEPE, Osvaldo, “La educación en los cuarteles”, Clarín, Buenos Aires, 6 de agosto de 2007.
[lxxxviii] URIEN BERRI, Jorge, “Reabren la causa por la explosión de Río Tercero”, La Nación, Buenos Aires, 9 de agosto de 2007.
[lxxxix] CLARÍN, “Río Tercero: anulan fallo polémico”, Buenos Aires, 9 de agosto de 2007.
[xc] STORANI, Federico, “Las dos caras de una medida correcta”, BAE, Buenos Aires, 10 de agosto de 2007.
[xci] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 183/2007,wdf, Buenos Aires, 10 de agosto de 2007.
[xcii] MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 184/ 2007, wdf, Buenos Aires, 10 de agosto de 2007.
[xciii]MINISTERIO DE DEFENSA, Información de Prensa nro. 185/2007, wdf, 10 de agosto de 2007.
