Condenas de 8 y 6 años a dos exsecretarios de Transporte por la mayor tragedia ferroviaria

Por la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas y una por nacer, los ex Secretarios de Transporte, Schiavi y Jaime, recibieron una pena de 8 y 6 años respectivamente. Cirigliano, ex titular de TBA, fue condenado a 9 años de prisión. El maquinista Córdoba, 3 años y medio. De los 28 imputados, siete fueron absueltos. Todos están en libertad.

Primero fueron a la estación, después recorrieron los hospitales, pasaron por los móviles de televisión, luego tuvieron que ir a la morgue, más tarde a la sede velatoria, y finalmente al cementerio. Regresaron a sus hogares, el cuarto vacío, la mesa incompleta. Se metieron en el laberinto judicial, sufrieron los ataques del poder político y se cruzaron con los abogados mediáticos. Conocieron a otros familiares, conversaron, charlaron por teléfono. A partir de ahí armaron carteles, consignas, estrategias, reuniones, documentos. Visitaron algunos canales, dieron notas a radios y revistas. Se formaron en derecho, estamparon remeras, crearon calcos, marcharon y tallaron en la memoria colectiva el #22F. Hicieron silencio, aplaudieron, gritaron, nunca lastimaron. Estuvieron cada lunes y cada martes en las audiencias de Comodoro Py, donde descubrieron las miserias de los corruptos que se llevaron a sus seres queridos. Se reunieron cada 22, a las 8.32, y siempre le pusieron el cuerpo a la lucha.

Por el impacto ante la opinión pública, por el número de muertos de una tragedia no natural, por los negociados de los empresarios, por la responsabilidad del Estado y por la cantidad de imputados en el banquillo de los acusados, el mensaje de la justicia, inevitablemente, debía ser una lección global. Por eso mismo, toda la sociedad exigía una sentencia ejemplar. Después de 137 audiencias, 216 testigos y un expediente de varios cuerpos, los miembros del Tribunal Oral Federal N° 2 cerraron el juicio por la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas y una por nacer, además de 789 lesionados.

Este juicio pudo romper con la lógica de la impunidad y la absolución que beneficia a los exponentes de las clases dominante. Esta vez hubo condena para los responsables del entramado de corrupción que detonó una mañana de verano y de repente fulminó a los pasajeros de un tren. Si bien es cierto que de los 28 imputados, siete fueron absueltos, y no todos recibieron las penas que habían solicitado las querellas, se entiende que si todo transita su cauce normal, a la brevedad a los acusados los subirán a un carro celular para depositarlos en una cárcel común. Eso ocurrirá cuando la sentencia quede firme, algo que aún no sucedió y por eso todos todavía se encuentran en libertad. De todas formas, el castigo resulta inédito porque no solo fue para quienes manejaban la explotación ferroviaria desde la era de la privatización, sino también para dos funcionarios públicos de alto rango del saliente gobierno.

En concreto

En la tarde el martes 29 de diciembre de 2015, el TOF 2 condenó en un veredicto unánime a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime a 8 y 6 años de prisión respectivamente, por el delito de defraudación contra la administración pública, aunque en el caso de Schiavi le agregaron el estrago culposo agravado. A los dos se les impuso la “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. “Quiero dejar absolutamente en claro que no tuve absolutamente ninguna responsabilidad”, había dicho Jaime.

Además, para el empresario Claudio Cirigliano se dispuso 9 años de prisión, y para Roque Cirigliano 5, por defraudación pública en concurso real con estrago culposo. El maquinista Marcos Córdoba fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para conducir transportes públicos por otros 7.

El tribunal integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, -jueza sustituta- también solicitó abrir una causa que investigue las eventuales responsabilidades del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ahora diputado, entre 2003 y 2012, tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles.

También recibieron condenas de entre 5 y 7 años de prisión empleados de alto rango de TBA. El otro dueño de esa empresa, Mario Cirigliano, fue absuelto, igual que los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero.

Antes de que se de a conocer el veredicto, bajo un sol sofocante, una multitud se volcó sobre la Avenida Comodoro Py, para seguir la audiencia desde la puerta de los tribunales de Retiro. Hubo sentimientos encontrados y broncas cruzadas con el pronunciamiento de los jueces que leyeron en poco más de media hora los más de cincuenta puntos de la parte resolutiva. Algunos pedían penas más duras, otros querían verlos tras las rejas de inmediato. Todos compartían el sentimiento común de haber cumplido una etapa. Así lo comunicaron desde el escenario que se montó en la vereda. “La lucha todavía no terminó” -coincidieron Paolo Menghini y María Luján Rey, los padres de Lucas-. Lo hará el día en que los condenados queden tras las rejas”.

María Lujan Rey pidió a la justicia “nunca más tardar 20 años en resolver una causa. No pueden dejarse influenciar más por el poder político de los funcionarios”.

Ante el malestar de otros familiares por la baja condena de Jaime, Paolo Menghini advirtió que “Más temprano que tarde Jaime va a terminar en un penal”. Y agregó: “Más adelante será el momento para luchar y que las sentencias queden firmes”.

Marcha

Las penas y los cargos

– Claudio Cirigliano, dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA): 9 años de prisión. Considerado coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de estrago culposo agravado.

– Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte: 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Considerado partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Ricardo Raúl Jaime, ex secretario de Transporte: 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Considerado partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta, absuelto por el de estrago culposo. El tribunal unificó esta pena con la dictada en otra causa por “aceptación de dádivas”, por lo que quedó condenado a seis años e inhabilitación.

– Marcos Antonio Córdoba, maquinista del “Chapa 16”: 3 años y 6 meses de prisión e “inhabilitación especial para desempeñarse como conductor de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 7 años”. Considerado autor de estrago culposo agravado.

– Daniel Guido Lodola, gerente de la línea Sarmiento: 3 años de prisión pero de ejecución condicional. Autor del delito de estrago culposo agravado, absuelto por el de administración fraudulenta.

– Jorge Alvarez, funcionario de TBA: 8 años, por coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Sergio Daniel Tempone, gerente de operaciones de TBA: 7 años, como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA: 6 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Jorge Alberto De Los Reyes, vicepresidente de TBA: 6 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Carlos Esteban Pont Verges, funcionario de TBA: 6 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Víctor Eduardo Astrella, Laura Aída Ballesteros, Guillermo Alberto D’Abenigno, Francisco Adalberto Pafumi y Antonio Marcelo Ricardo Suárez, funcionarios de TBA: 5 años, coautores del delito de administración fraudulenta y autores de estrago culposo agravado.

– Roque Angel Cirigliano, jefe de Material Rodante y Nuevos Servicios de TBA: 5 años, partícipe secundario del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado. No tiene vínculo familiar con los otros dos imputados del mismo apellido.

– Pedro Roque Raineri, director de TBA: 4 años, autor delito de estrago culposo agravado.

– José Doce Portas, director de la firma Cometrans (empresa dueña de TBA): 4 años, considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

– Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans: 8 años, coautor del delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado.

– Oscar Alberto Gariboglio, vicepresidente de Cometrans: 4 años, partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

– Alejandro Rubén Lopardo, director de Cometrans: 4 años, partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

Además, todos los condenados deberán comparecer ante el tribunal los primeros 5 días hábiles de cada mes y pesa sobre ellos la prohibición de salir del país.

Página 12

Desahogo y alivio entre los familiares de las víctimas

Durmieron poco. Y muchos llegaron a los tribunales de Comodoro Py 2002 con dolor de panza. Durante casi cuatro años, los familiares de los muertos por la Tragedia de Once procuraron que se mantuviera viva la memoria y llegara el momento de una sentencia.

Ayer a las cuatro de la tarde se supo: hay condenados por las 51 víctimas fatales y los 789 heridos que causó el choque del tren Sarmiento ocurrido el 22 de febrero de 2012. Y ellos, aunque más adelante harán sus críticas, ayer lo sintieron como un  triunfo.

Desde temprano, las rejas ubicadas frente a la entrada de los tribunales de Retiro quedaron cubiertas de carteles y pancartas en reclamo de justicia. “Madera noble, roble es mi corazón”, se leía en uno de ellos, al costado, con la imagen de Lucas Menghini Rey, dueño del último cuerpo encontrado en el Chapa 16, 58 horas después del choque. “Queremos descansar en paz”, rezaba un banner, haciendo de voz de María Scidone, otra de las personas fallecidas. “La avaricia de unos pocos es la desgracia de muchos”, resumía el afiche central.

Las nubes no ayudaron a mitigar el calor de los más de 30 grados que aquejaron la espera; aunque amainaba por momentos, cuando algunos familiares de las víctimas hablaban ante las cámaras de televisión, apostadas en la vereda; o cerca de las 15, cuando se acercaron muestras de solidaridad de políticos y agrupaciones sociales, además de un camión para que ahí  también se pudiera seguir en vivo la lectura del fallo, que empezó puntual a las 16.

Con una breve ceremonia religiosa de varios credos en un escenario improvisado, con decenas de familiares de víctimas cortando la calle, algunos se dispusieron a entrar al subsuelo, a lo que se conoce como “Sala AMIA”, para escuchar el veredicto detrás del blíndex. “Llegamos, loco”, dijo antes de ingresar Paolo Menghini, papá de Lucas, al tiempo que se desplegaba una bandera por justicia desde una ventana de los tribunales.

Fue en ese mismo escenario donde, al terminar de escuchar el veredicto, volvieron a reunirse todos para explicar por qué lo vivieron como un logro. “Suban los otros familiares, así no estoy tan solo”, invitó Paolo, antes de agradecer a la prensa y a todos los que los acompañaron durante estos años.

“La justicia le ha dado una lección a la corrupción y a quienes no creían en la justicia. Se celebra el sueño de la Argentina sin corruptos. Y hay que seguir. Hoy es un paso más, pero mañana hay que seguir hasta que esta sentencia quede firme”, resumió el papá de Lucas.

A su lado lloraba María Luján Rey, otra de las caras más visibles de este reclamo, quien minutos antes se había fundido en un profundo abrazo con Lara, su hija menor, que prefirió escuchar el fallo en la calle. “Entiendo que se ha hecho justicia –dijo Luján al tomar el micrófono-. Por primera vez en este país, a menos de cuatro años de una tragedia de tal magnitud, se condena a quienes estaban amparados por el gobierno de turno”.
Se veían abrazos intensos. Con un gesto se preguntaban “¿cómo estás?” y la respuesta era siempre la misma: “‘Bien’ no se puede decir. Pero que haya condenas es un paso”.

Ninguno de los familiares de las víctimas fatales, integrantes de la querella que más ruido público hizo desde febrero de 2012, estaba dispuesto a sonreir. Algunos sí pudieron llorar y otros se contuvieron.

En lo que sin duda coincidían todos era en una mezcla de alivio y dolor, por un fallo que, por un lado, les despierta críticas, preguntas, y es probable que apelaciones, y que ya analizarán en profundidad, pero que también los deja con la sensación de que se está haciendo justicia.

Tiempo Argentino