Ecuador: organizaciones indígenas se posicionan a favor y en contra de la Ley de Tierras que tramita el Congreso
El Pleno de la Asamblea escuchó a 11 representantes de organizaciones de campesinos, indígenas, afroecuatorianos y montubios, quienes se expresaron en comisión general, antes del inicio del segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Destacaron que garantiza la redistribución de la tierra; el acceso a crédito para producción; y, que el suelo cumpla con las funciones social y ambiental. También resaltaron que se haya consultado y socializado el tema en territorio.
Santos Villamar, de la FENOCIN, afirmó que estamos viviendo un hecho histórico porque este cuerpo legal es una esperanza para que el campesinado pueda acceder a un pedazo de tierra para producirla y garantizar la soberanía alimentaria. Esta ley salda la deuda con este sector. Necesitamos la Reforma Agraria para el campo. Apoyamos la Ley de Aguas, hoy lo hacemos con la de Tierras y lo haremos con los proyectos que vengan, seguiremos aportando con propuestas. Permítannos avanzar y quedarnos a vivir en el campo con dignidad, enfatizó.
Por la CEDOC se expresó Héctor Calvas. Sostuvo que el proyecto se trabajó con responsabilidad porque ha sido ampliamente socializado y, sobre todo, se ha tomado en cuenta a las organizaciones de primer grado, que son el soporte del sector campesino. Esta ley permite que la tierra cumpla una función social y ambiental, además beneficia no solo al que produce, sino también al que comercializa los productos. Despójense de la camiseta política y apoyen esta iniciativa, dijo.
El delegado de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), Ricardo Izurieta hizo observaciones a tres artículos. Se refirió a los artículos 100, 103 y 105 que contienen las causales para la expropiación, quién lo determinará y el procedimiento para hacerlo. Explicó que no están acorde con los principios constitucionales. Pidió que se supriman o se modifiquen para que quede claro qué predios serán los expropiados y se establezca un procedimiento que no deje en la indefensión a los afectados.
El Coordinador de Movimientos y Organizaciones Sociales por la Democracia y el Socialismo (CMS-DS), Miguel Carlosama, aseveró que es necesario dotarnos de una nueva mentalidad acerca de la propiedad de la tierra y reorganizar su uso y aprovechamiento en función de los retos del Ecuador hacia el futuro. Consideramos muy importante la inclusión de la agricultura familiar; el límite de la frontera agrícola; el reconocimiento de la posesión ancestral, pero entendiéndola como ocupación actual de un territorio de manera pacífica; y, que se asegure el registro y administración de todas las forma de propiedad de la tierra rural, indicó.
En cambio, José Agualsaca, de la Federación Ecuatoriana Indígena (FEI) sostuvo que los campesinos están pendiente de esta ley que permite la redistribución de la tierra. La miramos de manera positiva, porque busca garantizar la soberanía alimentaria; regula el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra; crea el Fondo Nacional de la Tierra; garantiza la redistribución de la tierra productiva a los campesinos sin o poca tierra; garantiza crédito e incentivos para producir; se simplifican los trámites administrativos; y, se reconoce el derecho a la propiedad comunitaria, expuso, tras insistir que la Asamblea tiene la inmensa responsabilidad de aprobar esta nueva ley y saldar la deuda social con el campo.
La participación del pueblo afro ecuatoriano en la consulta prelegislativa y la socialización del proyecto la destacó Eliseo Lastra, de la Confederación de Comunidades Negras del Alto San Lorenzo. Participamos desde el primer momento, la Comisión estuvo en nuestros territorios. Apoyamos un proyecto que marca un hito importante para los afroecuatorianos: nos brinda la posibilidad de tener acceso al crédito, nos garantiza la propiedad colectiva. También tenemos derecho a generar riqueza en nuestro país, manifestó.
El reconocimiento del uso y usufructo de las tierras comunitarias permitiendo que estén exentas del pago de tasas e intereses y aplicar al crédito productivo o de vivienda familiar en la banca pública; el reconocimiento de las modalidades de transmisión hereditaria de los derechos de uso y usufructo sobre las tierras comunales; de la agricultura familiar; de los asentamientos humanos y las actividades agrarias existentes en zonas de páramo, cumpliendo los planes de manejo ambiental; la redistribución de tierras para organizaciones de campesinos, fueron los temas que realzaron los otros participantes.
Entre los exponentes que apoyaron el proyecto bajo esos términos se encontraron Felipe Tsenkush, presidente de la CONFENIAE; Héctor Silva, dirigente de las Comunidades Altas del Cantón Guano-Chimborazo; Pedro Panchana, de la CONFEUNASC-CNC; Daniel Cañola, de la Asociación de Negros del Ecuador; y, Vicente Párraga, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Montubias del Ecuador (CORCYMOE).
Comuneros de algunas provincias de la sierra centro del país acompañaron estos discursos y el debate en el Pleno, desde las barras altas.
Asamblea Nacional de Ecuador
Los indígenas se declaran en resistencia contra la Ley de Tierras que tramita la Asamblea
La Ley de Tierras llegó finalmente al pleno de la Asamblea. Los legisladores iniciaron ayer el segundo y definitivo debate de la norma. Los indígenas ya anunciaron su rechazo.
El oficialismo, promotor de la propuesta, está convencido de los beneficios. Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, los enumera: garantiza la soberanía alimentaria, regula el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria y regula el cumplimiento de la función ambiental.
Y explica que tras la ley, «quien posea tierra rural con aptitud productiva estará en la obligación de hacerla producir eficientemente y no mantenerla sin cultivar para especular con su valor.
Según él, el incumplimiento de la función social y ambiental será causal «para afectar la propiedad de la tierra rural». Es decir, expropiación.
Los indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no ven todas esas ventajas.
Jorge Herrera, presidente de la organización, asegura que la ley viola los derechos de los pequeños agricultores que son los que trabajan la tierra.
«No garantiza la redistribución de la tierra, asegura ese gran agronegocio en favor de quienes acaparan la tierra», dijo. Él también estuvo en la sede del Legislativo, en Quito.
Y anunció medidas: no acatarán la ley. Además, llamó a sus bases y al pueblo a la resistencia. El próximo año continuarán con las movilizaciones para exigir que estas leyes sean derogadas.
