Puerto Rico: impulsan sanción de enmiendas para controlar financiamiento de campañas políticas

La Junta de Contralores iniciará el año nuevo con una expresión contundente ante la Asamblea Legislativa y el Gobernador para exigir enmiendas que hagan más dificultoso el clientelismo político, que otorga supremacía en los contratos gubernamentales a los recaudadores y donantes políticos.

El contralor electoral, Manuel Torres Nieves, afirmó a este diario que su oficina estará emitiendo una declaración en enero, para fortalecer la transparencia del proceso de financiamiento de campañas políticas, a la vez que se disminuye la dependencia de los candidatos en el sector privado.

Adelantó que sugerirá un tope en la cantidad de donativos anónimos para que no sobrepase el 30% del ingreso total de campaña.

Esta enmienda alegó que fue incluida por el gobernador Alejandro García Padilla en las medidas que incluyó ante la consideración de la Asamblea Legislativa, pero fue dejada fuera en el proceso legislativo.

Indicó que es una limitación importante, ya que el cuatrienio pasado tuvieron un caso de un candidato a reelección por la alcaldía de Vega Baja, Iván Hernández, quien alegó que la totalidad de los $58,000 recaudados provinieron de fuentes anónimas, lo que equivaldría a que 290 personas dieron un donativo menor de $200, según exige la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas.

“Estos son parámetros que son necesarios para que no se utilicen los donativos sin identificar para dar paso al inversionismo político”, puntualizó.

Estas medidas trascienden luego de una acusación federal a Anaudi Hernández, recaudador del Partido Popular Democrático y allegado del gobernador, quien creó compañías a pocos meses de las elecciones, intervino para sugerir nombramientos de candidatos a puestos de confianza y obtuvo contratos gubernamentales con varias agencias.

Devolución de dinero

La Oficina está en proceso también de identificar la totalidad de los activos, incluyendo propiedades y contratos para el arrendamiento de vehículos, adquiridos por el comité de campaña del gobernador Alejandro García Padilla, de cara a las elecciones de 2016, previo a que determinara retirarse de la contienda a la reelección.

El Comité de García Padilla solicitó a la OCE extender el período de devolución de dinero, debido a varios gastos en los que debe incurrir como funcionario público y como parte de las exigencias de la Ley.

Preguntaron, por ejemplo, si se puede mantener la operación del comité hasta tanto no finalice la devolución de dinero, debido a la necesidad de alquilar oficinas para trabajar con la devolución, así como contratar personal para comunicarse con los donantes y evidenciar la devolución.

Torres Nieves reconoció que ese proceso no ocurre de un día para otro. “La Ley requiere la devolución del dinero, pero no podemos abstraernos de la realidad de que va a requerir una operación y no podemos dejar sin dinero el comité sin que pueda cumplir con esa función que exige la Ley”, analizó tentativamente, previo a conceder o denegar
cualquier pedido.

Otras dudas del Comité abarcaron los gastos que se le permiten hacer como funcionario electo hasta enero de 2017, en que juramenta el próximo gobernador. El Contralor expresó que se tratan de dudas válidas para asegurar cumplimiento con la Ley, más aclaró que “no se pueden utilizar recursos públicos para participar en actividades de carácter político, ni para asumir la responsabilidad de radicar informes”.

El gobernador tiene hasta el 30 de diciembre para radicar su candidatura a cualquier puesto electivo; y hasta el 14 de enero, para radicar el informe de ingresos y gastos del mes de diciembre.

El Vocero