Colombia: tras histórico acuerdo sobre víctimas, Santos asegura que el conflicto con las Farc “se acabará en menos de cuatro meses”
El presidente Juan Manuel Santos explicó el histórico acuerdo con las FARC en el punto de víctimas. Se mostró confiado en que en cuatro meses se pondrá fin al conflicto más antiguo del hemisferio.
Para el presidente Juan Manuel Santos, este 15 de octubre, en La Habana, los negociadores del gobierno y de la guerrilla de las FARC, dieron “otro paso fundamental” para poner fin al conflicto armado, que ha desangrado al país durante más de medio siglo.
Santos se refería al acuerdo sobre el punto “más complejo” de la agenda de negociaciones, el de las víctimas, que a su vez incluye todo el capítulo de justicia, uno de los que más inquieta a los colombianos.
Con este acuerdo, ya son cuatro de los cinco puntos de la agenda resueltos, circunstancia que para el presidente colombiano demuestra que “es posible terminar el conflicto, como lo pactamos, a más tardar el 23 de marzo del próximo año. En menos de cuatro meses”.
Santos, en alocución presidencial, dijo que el proceso de paz, durante estos tres años, ha sido “serio, digno, realista y eficaz” y que no se ha puesto en juego ni en negociación el sistema democrático, el sistema político, el modelo económico, el futuro de las Fuerzas Militares, ni los derechos de los colombianos a la propiedad privada y a la libertad.
Por el contrario, recordó el mandatario, lo que ha buscado el gobierno es que las FARC cambien las balas por los votos, que el conflicto termine de una vez y para siempre, para que no haya más víctimas en el futuro.
Para el presidente, el gobierno y las FARC definieron los compromisos y mecanismos para satisfacer de la mejor manera posible los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.
Santos subrayó que las FARC, por primera vez en su historia, se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas.
Sobre la Comisión de la Verdad, dijo que será un organismo temporal y no judicial que se encargará de esclarecer todo cuanto ocurrió en el conflicto armado. “Las víctimas quieren justicia, pero lo que más quieren saber es la verdad”.
Esta Comisión, dijo el presidente Santos, será el escenario propicio para que los actores del conflicto reconozcan lo sucedido, respondan las dudas de las víctimas y enfrenten su responsabilidad. «Dentro de la verdad lo que más preocupa son las desapariciones para lo cual habrá una comisión de búsqueda e identificación», dijo el mandatario.
El mandatario también se refirió al capítulo de justicia, cuyas bases se pactaron el pasado 23 de septiembre, día de su apretón de manos con ‘Timochenko’, jefe de las FARC, pero que solo hasta hoy se reveló en su totalidad el contenido.
Ese acuerdo en materia de justicia crea un sistema especial, denominado Jurisdicción Especial para la Paz, que fue diseñado para lograr “el máximo de justicia que nos permita la paz”, según describió el mandatario.
En esta nueva alocución reiteró que aunque habrá amnistías e indultos, estos no cobijarán crímenes tan graves “que ni la ley ni nuestra conciencia permiten amnistiarlos”.
Santos hizo referencia a los crímenes de lesa humanidad y de guerra, como el genocidio, y a las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento forzados, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores.
El presidente Santos explicó que los miembros de las FARC que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones, impuestas por el Tribunal de Paz, que significará una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas.
El jefe de Estado también aprovechó para referirse a uno de los asuntos más controvertidos del acuerdo, y es la posibilidad de que agentes estatales también se acojan a la justicia transicional.
Según el mandatario la jurisdicción especial para la paz se podrá aplicar de manera simultánea a los agentes del Estado no pueden ser equiparados a la guerrilla. A los militares, dijo, se les va a aplicar el Derecho Internacional Humanitario que rige los conflictos armados. “No se volverá a cometer la injusticia de ver a los guerrilleros libres y a los militares presos”, garantizó Santos.
También advirtió que habrá algunos civiles que se han visto involucrados en delitos relacionados con el conflicto, por relación con algunas organizaciones ilegales. Sin embargo, aclaró que solo podrían ser juzgados desde que esa relación no haya sido resultado de coacción, es decir bajo amenazas o extorsiones.
El mandatario explicó que ahora lo que viene es alcanzar, lo más pronto posible, un cese al fuego bilateral y definitivo. Reiteró que las condiciones están dadas para ello, y que los negociadores se dediquen exclusivamente a culminar los acuerdos.
Santos también aprovechó para invitar a los colombianos a refrendar los acuerdos. Al recordar que el Congreso aprobó el plebiscito para la paz, reiteró su compromiso de que la última palabra la tendrán los colombianos.
“Quiero convocarlos a una amplia conversación de todos los sectores sociales. A que hablemos de paz en las ciudades y en los campos. Queremos hacer una paz amplia, una paz sin odios, una paz sin rencores, la paz de todos y con todos”, dijo en la alocución.
Por eso, aprovechó para enviarle un mensaje a los “amigos de la paz” y a sus “detractores”, para darle una oportunidad a la paz. “El año 2016 será el año en que Colombia vea un nuevo amanecer: el amanecer de un país sin guerra, sin conflicto, en el que Colombia, ojalá unida, avance hacia su máximo potencial”.
Proceso de paz: ¿en qué va y qué hace falta?
Ya se conquistó el ‘corazón’ del acuerdo, el quinto punto que hace referencia a las víctimas. Esta es la antesala para la firma del acuerdo final en las negociaciones con las FARC.
Reparar a las víctimas es el gran desafío que tiene el país. Son más de siete millones de personas que han sufrido los vejámenes de la guerra: tortura, violencia sexual, homicidio, desplazamiento forzado, masacre o minas antipersonales; y que después de más de 50 años esperan que tanto daño sea enmendado.
Por fin, después de un año y medio de discusiones, las FARC y el Gobierno conquistaron un acuerdo que había sacado a flote las tensiones más profundas de esta compleja negociación: el punto de víctimas.
Desde que se instaló la mesa en La Habana con insistencia el presidente Juan Manuel Santos le había dicho al país que el éxito del proceso de paz pasa, en buena medida, por ese fino lugar donde se trace la línea entre la justicia y la paz. Un delgado trazo que define cuánto se debe sacrificar en justicia a cambio de alcanzar la paz.
En ese debate probablemente las víctimas era las más autorizadas para definir el trazo. Y por eso, el asunto de justicia se discutió precisamente dentro del quinto punto de la agenda, el relacionado con las víctimas, que, según el propio presidente, son el corazón de la negociación.
Todo lo que a ellas concierne, en el marco del acuerdo, quedó consignado en lo que las partes denominaron como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición que se acordó en la Mesa para satisfacer no sólo sus derechos, sino también parar terminar el conflicto y de una vez por todas abonar el camino para alcanzar la paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición, son los cinco componentes claves que formalizaron los negociadores y que contribuirán a garantizar no sólo el derecho a la justicia que tienen las víctimas por los crímenes atroces que se cometieron en su contra, sino la oportunidad de abrirles el camino para la reparación.
En ese sentido, de acuerdo con el documento que suscribieron las partes, se dice que las FARC no pagarán una sanción privativa de la libertad en condiciones carcelarias normales. Es decir, tal como señala el documento, las sanciones (no se habla de condenas) que imponga el Tribunal para la Paz tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. En ese sentido, se advierte que las sanciones tendrán carácter retributivo.
De esa forma, para quienes reconozcan verdad y responsabilidad se les impondrán sanciones con una función restaurativa y reparadora del daño causado, e irán entre cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. (Ver: Ni extradición, ni cárcel, alcances del acuerdo de víctimas)
Esta disposición que han expresado las partes es un componente importante para el proceso. Por un lado, es un indicador de que ambos reconocen su papel como victimarios. Es decir, aunque no se acuña el término, con el anuncio tanto guerrilla como Gobierno admiten que son responsables de las consecuencias y el desarrollo del conflicto.
No cabe duda de que el trascendental anuncio que hicieron los negociadores desde La Habana este 15 de diciembre es más que un respiro para el proceso, que había transcurrido durante un año sin que arrojara resultados contundentes en el grueso de la agenda.
Con el acuerdo sobre víctimas, ya van cuatro de los seis puntos pactados en la agenda del acuerdo general que a la fecha han sido aprobados: desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas.
En ese sentido, hay dos puntos que quedan en cola. Uno es el del fin del conflicto que se discutía en paralelo a la agenda central y en el que trabaja el general Javier Flórez, como jefe de los representantes del Gobierno; y los comandantes guerrilleros Joaquín Gómez y Carlos Lozada, como representantes de la guerrilla.
Se dice que es una de las subcomisiones que ha mostrado más resultados tangibles, pese a que no se ha concluido y sigue en discusión. A raíz de los encuentros entres los militares y los guerrilleros se ha acordado que las FARC dejarían de reclutar menores de edad, y que ambas partes pondrían en marcha un plan piloto de desminado humanitario que ya tiene a la vereda El Orejón (Antioquia), prácticamente libre de la presencia de minas antipersona.
Pero a la subcomisión del fin del conflicto le falta una discusión que en Colombia no ha sido fácil de librar, y es las condiciones que acompañarán el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de la organización subversiva a la vida civil, política, social y económica.
Entre otras cosas, allí se está definiendo cuáles son los términos que acompañarán y que marcarán el ritmo de un eventual cese al fuego bilateral.
Una vez se definan las condiciones que marcarán la transición de los miembros de la guerrilla a la vida civil, los negociadores del Gobierno y las FARC encararán un trámite que desde hace varios meses vienen haciendo carrera en el Congreso de la mano de la Unidad Nacional: la Implementación, Verificación y Refrendación de los acuerdos.
Desde hace un tiempo el plebiscito es un término con el que los colombianos han tenido que familiarizarse. Se trata del mecanismo de participación ciudadana (de los tres que contempla la Constitución) por el que se ha jugado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para refrendar los acuerdos de paz que se alcancen con la guerrilla de las FARC en la isla.
El anuncio de este martes, probablemente, no deje contentos a algunos, como lo anticipó en la víspera el presidente Santos. Lo cierto es que se resolvió el mayor nudo del proceso y el más representativo. Si bien el camino que queda es largo, ya puede hablarse de que el proceso con las FARC está llegando a la antesala de la firma de un acuerdo final, que deberá ser refrendado por los colombianos.
Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto
Alocución del Presidente Santos sobre el acuerdo en materia de víctimas con las FARC – 15/12
