En ese contexto, desde el oficialismo parlamentario se decidió suspender la sesión que se pensaba realizar este miércoles para tratar el proyecto de Ley de Acceso a la Información, como una forma de evitar un escenario propicio para que la oposición intente dar el debate sobre el proyecto de emergencia ocupacional.

Sergio Massa, llamado a jugar un papel clave en la sanción de la ley, se presentó esta noche en TV, pero no disipó el misterio sobre el comportamiento que tendrán los miembros de su bloque: insistió en que los despidos debían frenarse, aunque reiteró que la iniciativa debía incluir medidas de incentivación a las pequeñas y medianas empresas.

Si se impusiera el criterio del ex intendente de Tigre, y se incluyeran las modificaciones que él reclama, la ley de la doble indemnización debería volver al Senado para su consideración.

La oposición más dura a Macri reclama en cambio que el proyecto antidespidos sea votado en Diputados tal como vino del Senado y así convertirlo en ley sin más.

Igualmente, en el interbloque Cambiemos confían en el fracaso de la sesión especial convocada para el jueves por el FpV-PJ, basándose en la negativa a acompañar esa jugada, anticipada en las últimas horas, por parte del massismo y del bloque Justicialista.

Todas estas posibilidades quedan en abstracto si se considera que el pedido de la bancada presidida por Héctor Recalde no deja de ser una simple expresión de voluntad, ya que las autoridades del Senado aún no remitieron el proyecto aprobado hace seis días.

Así, la solicitud que hicieron el FpV-PJ, la Izquierda, el Socialismo, Libres del Sur, Proyecto Sur y el monobloque de Omar Plaini, no tiene valor concreto porque piden el tratamiento de un proyecto que no ingresó a la Cámara de Diputados.

Además, como el pedido de sesión especial no cuenta con el acompañamiento de otros bloques opositores de importancia, como el Frente Renovador (con 23 integrantes), o el Justicialista (con 17) se le dificultaría la posibilidad de reunir el quórum necesario para iniciar la sesión.

Es que el FpV-PJ y las otras cinco bancadas que pidieron la sesión especial reunirían, con asistencia perfecta, no más de 90 diputados; por lo que la presencia de massistas y justicialistas en decisiva.

Si bien no dieron explicaciones públicas, desde los bloques liderados por Sergio Massa y Diego Bossio no quieren aparecer avalando una estrategia impulsada por los diputados del FpV-PJ, donde sus enemigos políticos de ‘La Cámpora’ aún imponen la agenda.

Al seguro fracaso de la sesión del jueves se suma otro factor: en el supuesto caso que finalmente la oposición se aglutine y reúna los 129 diputados; al oficialismo le bastaría con hacer bajar al recinto a sus 90 diputados para impedir que quienes quieren tratar el proyecto puedan reunir los dos tercios de los presentes para ponerlo a consideración.

Con sus 90 diputados, Cambiemos tiene asegurada la presencia de más de un tercio de la Cámara (86 sobre 257) y la posibilidad de impedir que el arco opositor pueda reunir los dos tercios (172).

Todas estas posibilidades no podrán ocurrir hasta que el proyecto, aprobado el miércoles pasado por el Senado, no ingrese formalmente a la Cámara baja.

Si bien desde la Presidencia del Senado, fuentes cercanas a Gabriela Michetti aseguraron hoy que el proyecto «ya fue girado», en la Cámara de Diputados aún no se produjo el ingreso del texto.

A última hora de hoy, asesores de la Presidencia Provisional del Senado, que encabeza Federico Pinedo, confiaron que, finalmente, «el proyecto se enviará mañana».

En caso de que la iniciativa ingrese mañana, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti (Justicialista) tiene pensado convocar a un plenario con Presupuesto para las primeras horas de la tarde, o, a más tardar para el jueves.

Desde Cambiemos analizan la posibilidad de dilatar el debate convocando a una larga lista de invitados que incluiría a ministros, gobernadores y economistas.

Para comenzar a delinear esa estrategia, en el interbloque que preside el radical Mario Negri recibieron esta noche al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que expuso sobre las implicancias del proyecto.