Negociación salarial en Uruguay: sindicatos insisten con correctivos anuales por inflación
Prevén que el mayor avance en la ronda se de en la segunda mitad de setiembre y octubre
Aunque el gobierno flexibilizó en cierta medida las pautas de negociación y la inflación se moderó por tercer mes consecutivo, en el inicio de un nuevo tramo de la ronda de Consejos de Salarios no está claro que sindicatos y empresas se vayan a volcar mayoritariamente por acuerdos tripartitos.
A fin de agosto el Poder Ejecutivo accedió a modificar parte de las pautas salariales y a mantener los lineamientos de 2015 atendiendo a reivindicaciones del PIT-CNT. Eso implicó flexibilizar el criterio para los aumentos nominales previstos, lo que dio luz verde a ajustes de entre 1 punto y 1,5 puntos porcentuales por arriba de los porcentajes que estaban previstos para este año, según la clasificación de cada sector.
Con esa señal, el gobierno buscó aplacar en algo el descontento de la central sindical –que amenazaba con incrementar la conflictividad–, aunque como contrapartida desató fuertes críticas desde el sector empresarial.
En el fondo, también se quiere allanar el terreno para que la renovación de los convenios salariales que involucran a más de 100 mesas se pueda alinearse lo más posible a las pautas oficiales, y no vuelvan a apartarse en un alto porcentaje como ya ocurrió en la primera parte del año,
En teoría, la desaceleración de la inflación –se ubicó en 9,4% en los 12 meses a agosto– también debería jugar a favor de los intereses del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en los corrillos del PIT-CNT sigue viva la postura de que los acuerdos incorporen los correctivos por inflación observada cada 12 meses, en lugar de 18 y 24 meses como sugiere el gobierno.
En diálogo con El Observador, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, indicó que se seguirá insistiendo en ese punto. Aunque la mayoría de las mesas solo ha realizado una primera reunión –o dos, en el mejor de los casos–, en el Ministerio de Trabajo (MTSS) también ya se percibe que los sindicatos volverán a la carga por asegurarse correctivos anuales.
Esta semana, el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, comentó a El Observador que en aquellos grupos donde ya hubo dos encuentros, donde cada una de las partes (trabajadores y empresarios) llevó sus reivindicaciones, en los gremios sigue predominando por amplia mayoría la intención de aplicar correctivos por inflación cada 12 meses.
De un universo de 27 grupos que cerró su convenio durante el primer semestre de este año, en 10 se votó entre trabajadores y empresarios aplicar correctivos anuales, mientras que en 11 se pactaron a 18 meses. Eso se dio en un escenario de inflación alcista. En el caso de los convenios con correctivos por inflación observada a 12 meses, el Ejecutivo se abstuvo o votó en contra.
Para Castellano, «la cresta de la negociaciones» tendrá lugar en la segunda quincena de setiembre y durante octubre, cuando las reuniones empiecen a ser más periódicas. A su juicio, una fecha lógica para terminar la ronda sería noviembre.
Según su experiencia, el promedio de negociación para un grupo de actividad es de alrededor de cinco reuniones formales en el MTSS, más allá de las que suelen hacerse fuera de ese ámbito.
Por otro lado, el dirigente reconoció que las señales de desaceleración que muestra el Índice de Precios del Consumo (IPC) favorecen el clima global de la negociación. «Teníamos una situación de luces amarillas, casi naranjas, con 11% de inflación en abril. Estar en una cifra mucho más baja le saca presión, le da más tranquilidad», afirmó. El PIT-CNT prevé realizar un primer encuentro de evaluación con delegados de todas las mesas sobre el 20 de setiembre.
Las negociaciones del último trimestre del año involucran a 107 mesas de sectores intensivos en el uso de mano de obra, en su gran mayoría del comercio minorista y servicios, y también de actividades como la construcción, industria y el agro (ver aparte).
La banca privada va a otro acuerdo bipartito
Al igual que ocurrió el año pasado, la banca privada se encamina a firmar un nuevo acuerdo bipartito por un plazo de 12 meses que no tendría el visto bueno del Poder Ejecutivo. Este fue uno de los primeros convenios salariales que en 2015 se apartó de las pautas oficiales que fijó el Poder Ejecutivo.
El presidente del Consejo de Sector Financiero Privado de AEBU, Elbio Monegal, dijo que si bien el grupo apenas mantuvo una reunión tripartita, todo está encaminado para que se mantenga el convenio que está vigente. Es decir, un alza salarial lo más cercano posible a la inflación con ajustes semestrales y un correctivo por inflación al final del convenio. El año pasado el convenio establecía un aumento por inflación futura de 9%, más un correctivo en caso de ser necesario, sin incremento real.
La Asociación de Bancos Privados «está de acuerdo con la posición del sindicato», aseguró una fuente de esa gremial a El Observador. Monegal justificó la necesidad de mantener el convenio porque en caso que la actividad mejore a partir del próximo año, el gremio «perdería la posibilidad de negociar un incremento real de salario» si firma un convenio a dos años como establecen las pautas del gobierno.
Trabajadores rurales piden elevar partida por alimentación
El gremio de trabajadores rurales sabe que el agro no atraviesa por su mejor momento, pero también está al tanto de que comienzan a emerger algunas señales de recuperación. Por ello, la plataforma que pondrá este gremio hará foco en una mejora adicional para los salarios más sumergidos y en intentar duplicar la partida para alimentación y vivienda que reciben los más de 60 mil cotizantes del agro que hoy están registrados ante el BPS.
En diálogo con El Observador, la dirigente del área rural del PIT-CNT e integrante del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Afines (Sutta), María Flores, dijo que parece «irrisorio» que el sector cuente con una partida para alimentación y vivienda de
$ 2.780, unos $ 70 por día. «Ojalá se lograra duplicar esa partida», afirmó. También se pretende alguna mejora adicional en los porcentajes de ajustes nominales que están establecidas en las pautas para los salarios más sumergidos. En la ganadería el laudo mínimo ronda los $ 13 mil nominales.
Por otro lado, Flores se mostró preocupada por el «incumplimiento» de la ley de ocho horas para el trabajador rural, sobre todo en los departamentos «del interior profundo». También el canje que ofrecen «algunos patrones» de dar complementos salariales –»como pago con carne, para no pagar horas extras»–. La sindicalista indicó que se está de acuerdo en que el horario del campo tiene que ser «flexible» en función de la estación, pero siempre «respetando las 8 horas».
Las gremiales del agro aún no tienen definido cómo se posicionarán en la ronda. La asesora laboral de la Federación Rural, Fernanda Maldonado, informó que en las próximas horas habrá una reunión con la Asociación Rural, las gremiales lecheras y del arroz para intentar fijar una «posición común» para la ronda. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Néstor Cabrera, recordó que apenas hubo una reunión donde el gobierno presentó los lineamientos.
De todas formas, recordó que la lechería «atraviesa una crisis» y que la mejora que se está notando en los precios internacionales de los lácteos aún no está llegando en su totalidad a los productores, que arrastran desde hace bastante tiempo una coyuntura de iliquidez y endeudamiento. «Hoy el objetivo debería apunta a mantener las fuentes de trabajo, y no tanto por recuperación (salarial) o beneficios extras. Eso requiere un esfuerzo de todas las partes», dijo Cabrera.
