Allanan a empresa brasileña en el país por presuntos aportes a campaña de Bachelet

Por orden de Fiscalía, la Policía de Investigaciones ordenó allanar este martes las oficinas en Chile de la empresa brasileña OAS, en el marco de la investigación por supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

El viernes pasado, a las 10.20, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, llamó por teléfono al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Ponciano Salles, y le pidió autorización para allanar tres oficinas de OAS en Santiago e incautar sus registros contables desde 2012 a 2015, según consginaLa Tercera. 

El operativo concretado la tarde de ese día se habría realizado en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios, fraude de subvenciones electorales e infracción a la Ley de Donaciones, que estarían ligados al uso de un avión privado en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, en 2013.

El mismo día en que un reportaje de la última edición de la revista Veja de Brasil señaló que la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet habría recibido financiamiento de la constructora OAS, investigada por corrupción y financiamiento irregular de campañas políticas en el marco del caso Lava-Jato en Brasil, en Chile la fiscal Chong pidió al abogado de OAS en Chile, Francisco Cox, que entregara voluntariamente los registros contables.

Así quedó consignado en el escrito en el que el juez autorizó la orden de entrada, registro e incautación. En ese texto se indica que “se señaló que desde las 13.11 horas del martes 31 de enero se solicitaron formalmente los antecedentes contables de la empresa OAS Chile Ltda. al señor Bruno Hartkoff, gerente legal de OAS (matriz Brasil), quien el miércoles 1 de febrero respondió que están providenciando con urgencia la entrega a través de su abogado en Chile Francisco Cox, sin que hasta la fecha se materialice”.

El escrito continúa con que “la última comunicación se produjo ayer (jueves) al mediodía, oportunidad en que el referido profesional chileno (Cox) señaló que la entrega se materializaría dentro de dos semanas, por razones de recopilación, las que, dadas las diligencias referidas precedentemente, no parecen atendibles”.

De acuerdo al magistrado, la justificación para no entregar todavía la información solicitada por la fiscalía “lleva a este sentenciador a estimar que existen antecedentes suficientes de una dilación injustificada de los antecedentes requeridos, que pudieran traer como consecuencia la alteración de datos o el ocultamiento de información relevante”.

Por estas razones, el juez resolvió entregar la orden de allanamiento de los “registros contables físicos y su documentación de respaldo digital, con relación a tres domicilios donde existen antecedentes contables, correspondiente a OAS Chile entre los años 2014 y 2015”.

Según otro documento firmado por el mismo juez esa jornada, se autorizó la ampliación de la incautación. El escrito dice que “siendo las 16.40 horas (del viernes 3 de febrero) me comuniqué telefónicamente con la fiscal Ximena Chong, quien me expuso que durante la diligencia de incautación autorizada se presentó la necesidad de incautar otros objetos, cuya existencia se desconocía al solicitar la primera autorización”.

Así, el magistrado agregó que “respecto al domicilio de Monjitas 527 (…), además de la documentación indicada en la resolución: evidencia informática consistente en un CPU, un servidor y un notebook de propiedad de OAS Chile, respaldo digital de la contabilidad correspondiente a los años 2012 y 2013, carpetas con comprobantes de compras 2012 y 2013, carpetas con documentos legales, arriendo de inmuebles, servicios y misceláneos, y en general todo antecedente o documento de la empresa vinculado a los hechos investigados”.

En el caso de la oficina ubicada en Ciudad Empresarial, el juez autorizó incautar “los respaldos que mantenga la empresa Pro Redes, referido a los años 2012 y 2013”.

Y desde la oficina ubicada en Lampa, determinó que también la PDI se podía llevar “documentos contables, facturas y contratos correspondientes a los años 2012 y 2013, y en general todo antecedente o documento de la empresa vinculado a los hechos investigados”.

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