Argentina: fiscal denuncia que Macri le perdonó a su familia casi 4.500 millones de dólares por deudas al Estado

Un vuelto que quedó fuera del fideicomiso ciego

El gobierno de Mauricio Macri acordó con el Grupo Macri el pago de una deuda con el Estado por el Correo Argentino que implicó una quita del 98,87 por ciento en perjuicio del Estado, según indicó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. A valores actuales, esa quita implica cuatro mil millones de pesos. Proyectado a quince años –que es lo que tendrá el holding familiar para pagar–, asciende a 70 mil millones de pesos. Este es cálculo que hizo la fiscal Boquín para apelar ante la Cámara en lo Comercial. La fiscal advirtió que el Estado cambió su estrategia judicial con la llegada de Macri y aceptó una propuesta ruinosa que antes había rechazado. Desde el Gobierno argumentaron que es mejor cobrar algo que extender el pleito. La fiscal remarcó que se debe investigar si no se buscó beneficiar a la familia presidencial.

Esta historia comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino. La administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri conserva la mayoría accionaria. En 2009, siendo jefe gobierno, Macri le cedió sus accciones a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.

Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo y despidieron miles de trabajadores. En su momento, lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como “inversiones”. La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner poco después de su llegada al gobierno, en noviembre de 2003.

Ya en septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon (dejó de pagar en marzo de 2000), ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del primogénito.

En diciembre de 2003, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. y prohibió la salida del país de Franco Macri y del directorio de la empresa, que incluía a Angelo Calcaterra y a Néstor Grindetti. En ese momento, el Grupo Macri propuso a los acreedores un pago a 25 años con una tasa de interés del 1 por ciento anual. Implicaba una quita del 94 por ciento. No lo aceptaron.

La causa se extendió por largos años hasta que la jueza Marta Cirulli no homologó un acuerdo que presentó el Grupo Macri porque el Estado Nacional no lo aceptó. Argumentaron el perjuicio de no actualizar los montos por el paso del tiempo. El Grupo Macri apeló esa decisión y llegó a la Cámara.

El acuerdo final se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio del año pasado por los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Allí, el Grupo Macri hizo una propuesta de pago al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento.

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, rechazó la oferta, pero les dio a conocer las condiciones en las que podía aceptar. Hubo un cuarto intermedio y se presentó una nueva oferta, que fue aceptada de inmediato. El funcionario aseguró que la aceptaba porque “se ajustaba a las instrucciones impartidas”.

La oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033. El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.

Buitres al revés
La negociación con el Grupo Macri para que le pague al Estado sería la cara inversa del pago a los fondos buitres, según se puede leer en el dictamen que emitió la fiscal de cámara Gabriela Boquín emitió el 30 diciembre del año pasado. Allí advirtió que la “mejora” de la oferta que fue aceptada por el Estado no era tal: la primera propuesta implicaba una quita del 99,16 por ciento. La segunda, del 98,87 por ciento. “La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”, remarcó.

Anteayer presentó el cálculo que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Fue el siguiente: la deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en septiembre de 2001, antes de la devaluación. La propuesta del Grupo Macri fue pagar en 15 cuotas anuales del “100 por ciento del monto verificado”. Esto es, 296 millones de pesos, con un interés anual del 7 por ciento. Si se actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, la quita es de 4.656 millones de pesos. Es una quita real del 98,87 por ciento. Para proyectar ese monto a 2033, la DAFI tomó la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento), lo que le dio una quita cuando se termine de pagar la deuda de 70.163 millones de pesos.

“La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda”, señaló la fiscal Boquín, quien además advirtió que con el Gobierno de Macri se dio “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar– en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”. La fiscal advirtió, además, que el funcionario que aceptó la propuesta estaba designado en forma transitoria por 180 días y que, por lo tanto, no podría haber firmado el acuerdo.

En el Ministerio de Comunicación, el subsecretario de Regulación de la de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oscar González, afirmó a PáginaI12 que “se llegó a un acuerdo entre el conjunto de los acreedores y el Correo Argentino. No es una ocurrencia nuestra salir a pagar. No estamos haciendo regalos, ni manejándonos arbitrariamente”. “Entendemos que hemos cuidado los intereses del Estado, porque hemos logrado que nos paguen algo –no algo, el 100 por ciento–, en lugar de que continúe de manera indefinida y la empresa nunca nos pague. El interés nuestro ha sido poder cobrar”, indicó el funcionario. “Cuatro mil millones nos parece que es una suma exorbitante y fuera de lugar. Es una evaluación poco seria”, sostuvo González, quien indicó que el Estado terminará cobrando con los intereses cerca de 600 millones de pesos.

En su apelación a la Cámara, la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones. “Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, indicó. La fiscal indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema.

Página 12


Macri se autoperdonó 70 mil millones

Por Ari Lijalad

El presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita del 98,82 por ciento de la deuda y podrán terminar de pagar recién en 2033.

Este desfalco para el Estado Argentino tiene un momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. Mal negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo.

En esa audiencia, que tuvo lugar ante la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Estado Nacional aceptó de forma irregular una propuesta de pago de deuda que, para la fiscal Boquín, “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. De hecho, según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente: un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.

La causa llegó a la Cámara ya que la jueza de primera instancia Marta Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el Estado Nacional, principal acreedor de Correo Argentino, no aceptó las condiciones. Con esto, no se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522 de Concursos y Quiebras, que en su artículo 45 determina que para obtener la aprobación de una propuesta deben aceptarla “la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría”. Al ser el Estado a quien Correo Argentino le debe el 32,65 por ciento de su deuda y siendo el único integrante de una categoría especial, si éste no dio acuerdo claramente no se cumplía el requisito legal. Correo Argentino apeló esta decisión y llegó a la Cámara. En esta segunda instancia, la fiscal Boquín rechazó el recurso de apelación pero la Cámara dio lugar a esa audiencia donde el Estado aceptó lo inaceptable.

Casi un chiste

A esa audiencia asistieron obviamente los representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del Estado Nacional: el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación Juan Carlos Mocoroa y María Alejandra Gottardi. Fue Mocoroa quien se presentó en nombre del Estado. Pero lo notable es que Mocoroa fue designado de forma transitoria por 180 días por la Decisión Administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de 2016 por Marcos Peña y Oscar Aguad. Así, en palabras de la fiscal Boquín, no tenía las facultades para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del Estado ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para aceptar o rechazar algo tan importante. Y esa autorización nunca la presentó. Más aún: para la fiscal debe investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario (lo cual no le quita responsabilidad) o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri. Aquí la cuestión.

Lo que sucedió fue, según consta en el expediente, digno de un sketch televisivo si no estuviera en juego el patrimonio público. Correo Argentino propuso pagar el 100 por ciento de la deuda en 19 cuotas anuales más una cuota de intereses del 6 por ciento, arrancando desde el año siguiente a que cierren el acuerdo. Según el análisis que realizó la DAFI, cuya titular es Judith König, esta propuesta significaba una quita real del 99,16 por ciento de la deuda. ¿Como llegan a ese número? Tomando en cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino databa del 19 de septiembre de 2001 y utilizando la tasa activa mensual del Banco Nación a esa fecha da esa quita real.

Según consta en la causa, esa propuesta de quita del 99,16% “fue rechazada de viva voz por el representante del Estado Nacional”, es decir, bien rechazada por Mocoroa. Pero el mismo Estado, hoy controlado por Macri y representado de forma irregular por Mocoroa, sólo retrucó con el pago del 100 por ciento del monto, una tasa de interés del 7 por ciento y menores plazos. La empresa pidió un cuarto intermedio e hizo su contraoferta: 100 por ciento de la deuda en 15 cuotas anuales empezando desde el año siguiente que cierren el acuerdo (o sea, 2018), donde va creciendo el monto que se paga en cada cuota más una cuota de intereses del 7 por ciento. Quedaba así: de la cuota 1 a la 4 el 1 por ciento de la deuda; de la 5 a la 9 el 2 por ciento; la 12 y 13 el 15 por ciento; la 14 el 20 por ciento y la 15 el 30 por ciento. Y sumaban una cuota 16 para los intereses. Es decir, en la propuesta que aceptó el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Todo esto, vale recordar, con la quita de los 70.163 millones de pesos. O sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda.

El sketch de la audiencia del 26 de junio de 2016 terminó con la aceptación del Estado de esta propuesta in situ. Al parecer, la propuesta mejoraba la anterior: de 19 a 15 meses, de 6 a 7 por ciento de interés. Pero, según detalla la fiscal Boquín, “la propuesta no implica mejora alguna”. Utilizando la misma metodología de la DAFI, muestra que la quita real de la propuesta supuestamente mejorada es del 98,82 por ciento contra el 99,16 por ciento de la anterior. O sea, un 0,34 por ciento de diferencia, por lo que no hay diferencia y ambas son abusivas. En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia presidencial. Sobre el funcionario que aceptó, se abren dos hipótesis: o no hizo las cuentas o sabía las cuentas finales y aceptó igual. Hacer las cuentas en el momento resulta inviable, por lo que cobra relevancia la segunda hipótesis. A todo esto, la fiscal Boquín plantea que ni siquiera esta aceptación del Estado Nacional tiene validez ya que la decisión la tomó un funcionario que no tenía facultades para tomarla. Y no mueve un centímetro la cuestión central: Macri es Presidente y los Macri son los dueños de Correo Argentino. Condonarles de hecho la deuda es beneficiarse a sí mismo.

Esta situación llegó al despacho de la fiscal Boquín, que lo analizó en detalle y lo rechazó el 30 de diciembre de 2016 con varios argumentos. Entre ellos, que “la propuesta rechazada y su mejora, en términos económicos, no difieren sustancialmente”; que “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”; que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de validez”; que este acuerdo viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no hay un sólo elemento que lleve a que el Poder Judicial homologue este acuerdo.

Que nos paguen y pagamos

Pero la cosa no terminó ahí, sino que la propuesta de los Macri tuvo un caballo de Troya. Según figura en el expediente, Correo Argentino, o sea, la familia Macri, mantuvo “su propuesta de pago acelerado en virtud del cual en caso de recibir cualquier tipo de pago por sus activos en poder del Estado Nacional, adelantará los pagos aún pendientes en ese momento dentro de los 30 días de recibido por la concursada el pago de dichos activos y en la misma especie recibida”. ¿Que significa esto? Que la familia Macri especula no sólo con pagar la deuda con el Estado para el 2033, sino con ganarle juicios al Estado por la estatización de Correo Argentino y con la misma plata que cobre de ese juicio pagarle al Estado su deuda. Eso sí: aclaran que en la misma especie, o sea, que si en su juicio contra el Estado le arrancan un edificio, pagan con un edificio y no con dinero. Vale recordar que Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones ordenadas por Néstor Kirchner y una de las razones fue la deuda acumulada por el canon que los Macri no pagaron. Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la deuda, van también por una indemnización por esa decisión de Kirchner.

Para más pruebas de esta estrategia, en el último balance de Sideco (la empresa controlante de Correo Argentino), que presentó el 10 de marzo de 2016 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), informaron que en forma paralela a esta maniobra con la deuda con el Estado, presentaron un reclamo ante el entonces Ministerio de Planificación Federal donde pidieron “el pago de una suma de dinero por el desapoderamiento de las inversiones realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta la fecha a favor del Estado Nacional en razón de la rescisión del Contrato de Concesión”. Clarito.

Cambiemos de estrategia

La deuda original del Correo Argentino con el Estado era de 296.205.376 pesos. Eso era en 2003. Según las actualizaciones que hizo la DAFI, esa deuda al 2017 supera los 4.000 millones de pesos. Y proyectada al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar, es que da 71.001.731.324 pesos. La propuesta que aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895 pesos, el 98,82 por ciento. Para dar una idea, según el presupuesto 2017, es más de la mitad de lo que se va a destinar a Educación y supera ampliamente el gasto en Salud del Estado Nacional.

En los años que llevaba la causa, Correo Argentino hizo distintas propuestas de pago rechazadas por el Estado Nacional. Pero, como en otras áreas, el cambio en la postura del gobierno nacional viró 180 grados. Un ejemplo fue en el caso de Papel Prensa, donde un acuerdo entre Clarín, La Nación y la administración macrista puso fin a la disputa judicial por la que el Estado Nacional denunció desde 2009 irregularidades financieras. Pero ahora, con el caso de Correo Argentino, hay un agregado que hace más grave la situación: el acuerdo es entre el Estado Nacional y la familia presidencial. Más concreto: entre el Gobierno de Macri y la familia Macri.

Este viraje se verifica en números que constan en el expediente. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7 por ciento y 5,73 por ciento de la deuda, o sea, quitas del 92,3 por ciento y 94,27 por ciento respectivamente. La fiscal Boquín, en su presentación, reitera que la propuesta de 2016 “resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”.

La famiglia

Correo Argentino es controlada por Sideco Americana que a su vez es controlada por Socma Americana. O sea, desde Socma, Sociedades Macri, se controla a Correo Argentino por medio de Sideco. En 2001, Sideco tenía el 69,23 por ciento de Correo Argentino y Socma tenía el 95,5 por ciento de Sideco. Así de simple, y no tanto. Para 2015, Socma aún tenía el 59,61 por ciento de Sideco. Y, según el último balance presentado por Sideco a la CNV, para fin de 2014 tenía el 74,23 por ciento de Correo Argentino. Por lo tanto, la cadena seguía intacta.

En 2003, cuando Correo Argentino se presentó a concurso de quiebra, Franco Macri le dijo al juez Eduardo Favier Dubois (el primero que intervino en la causa) que ya no era directivo de la empresa ni ocupaba ningún cargo gerencial, pero que todas las acciones estaban en manos de la famlia Macri. Ambas cosas eran ciertas. Lo que no dijo Franco es que tenía el usufructo vitalicio de casi todas las acciones de Socma y, por ende, de la controlante madre de Sideco y Correo Argentino. Si bien no figuraba en esta última, la controlaba desde arriba. Respecto a la familia, Franco que cedió las acciones a sus hijos y uno de ellos, Mauricio, las cedió a su vez en 2009 a sus propios hijos. Todo en famiglia.

El juez Favier Dubois decretó entonces la quiebra de Correo Argentino y le impidió salir del país a toda la familia Macri así como a quienes figuraban en el directorio de Sideco: el presidente Angelo Calcaterra, el vicepresidente Roberto Leonardo Maffioli, y los directores titulares Jorge Rubén Aguado, Justo Jorge Solsona, Manuel Sobrado, Giorgio Aldo Nocella, Juan Garrones y Néstor Grindetti, que siguió luego a Mauricio en la gestión pública. Obviamente, los Macri apelaron la decisión del juez.

En 2009 Macri se desprendió de su participación accionaria en Correo Argentino y se la transfirió a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan. Pero, si bien esto es cierto, no es menos real que la empresa sigue en manos de su familia y, por ende, la decisión de aceptar la propuesta de Correo Argentino y perdonarle 70.163 millones de pesos beneficia directamente a la familia presidencial. Así, la fiscal Boquín destaca: “pudiendo resultar que familiares del Presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursara y/o de sus controlantes o integrantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente lo beneficie”. En este caso, sucedió lo contrario. El director de Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Mocoroa, depende indirectamente de Macri. Pero, a su vez, “la composición accionaria y la titularidad que se verifica en el expediente del concurso respecto de la familia del Presidente de la Nación -insiste Boquín- haría inviable cualquier transacción por parte del Estado Nacional que implicara un beneficio para la concursada y sus controlantes y un perjuicio para las arcas de la Nación”.

Justicia PRO

Todo queda en manos ahora de los camaristas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Gomez Alonso, es actualmente presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo que ganó como candidata de la lista Bordó, donde se nuclea a lo más conservador de la familia judicial y a buena parte de jueces y fiscales antikirchneristas. Cuando ganó las elecciones, contó: “Me llamó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para felicitarme y yo le manifesté que vamos a trabajar juntos pero que también nos vamos a pelear”. Tuvieron un pequeño cruce respecto a la propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial. ¿Será igual con este intento de perdonarles la deuda a los Macri?

Tanto Gomez Alonso como Piaggi ya intervinieron en esta causa en 2003, junto el entonces juez Enrique Butty, cuando en el último día de plazo le permitieron a la familia Macri prorrogar los plazos para la negociación de esta deuda, todo lo contrario a la decisión del juez Favier Dubois. O sea, esta sala ya salvó al grupo Macri en 2003. En el caso de Piaggi, que integra la Cámara desde 1988, hay otro dato por el cual en ese momento se pidió su excusación en esta causa: era la esposa de Jorge Vanossi, hombre que encabezaba por entonces la lista de diputados del PRO. En ese momento la Fundación de Defensa de Usuarios y Contribuyentes (FEDUCON) la denunció ante el Consejo de la Magistratura, pero la cosa no prosperó. Si por entones no se excusó, difícil que lo haga ahora. Si por entonces falló a favor de los Macri, complejo que cambie su propia postura. Sólo que ahora la cuestión es más completa: es condonarle la deuda con el Estado a la familia presidencial.

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