Crimen de Berta Cáceres: revelan que están involucrados militares entrenados por EEUU

Segun expediente en asesinato de Berta Cáceres están involucrados militares entrenados por EE.UU

El asesinato de la activista ambiental hondureña hace un año, tiene las características de una “operación bien planeada y diseñada por la inteligencia militar”, dice la fuente legal.

Los documentos de la corte detectaron que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos, reveló una investigación del periódico “The Guardian”.

Cáceres fue asesinada hace un año cuando supuestamente estaba bajo protección estatal tras recibir amenazas de muerte por su oposición a una represa hidroeléctrica. El asesinato de Cáceres, ganadora del prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, provocó protestas internacionales y pide que Estados Unidos revoque la ayuda militar a Honduras, un aliado clave en su guerra contra las drogas. Ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato, incluyendo dos militares retirados.

Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.

Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un ex-francotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.

Los documentos de la corte también incluyen los registros de mensajes de teléfonos móviles que los fiscales creen contienen referencias codificadas al asesinato.

Bustillo y Hernández visitaron el pueblo de La Esperanza, donde Cáceres vivió varias veces en las semanas previas a su muerte, según los registros telefónicos y el testimonio de Hernández.

Una fuente legal cercana a la investigación dijo al Guardian: “El asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contraer civiles como asesinos.

“Es inconcebible que alguien con su alto perfil, cuya campaña le haya convertido en un problema para el estado, pueda ser asesinado sin autorización al menos implícita del alto mando militar”.

El Ministerio de Defensa hondureño no hizo caso de las repetidas peticiones del Guardián para hacer comentarios, pero el jefe de las fuerzas armadas negó recientemente que los escuadrones de muertes militares estuvieran operando en el país.

Cinco civiles sin antecedentes militares conocidos también han sido arrestados. Entre ellos están Sergio Rodríguez, gerente de la presa hidroeléctrica Agua Zarca financiada internacionalmente, a la que Cáceres se había opuesto. El proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos SA, (Desa), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un ex oficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es ex ministro de Justicia. Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015. Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte vinculadas a su campaña contra la represa, incluyendo a varios de los empleados de Desa.

Desa niega cualquier participación en el asesinato. Cáceres fue asesinada alrededor de las 11.30 pm del 2 de marzo, cuando al menos cuatro asesinos entraron en la comunidad cerrada a la que se había mudado recientemente en las afueras de La Esperanza. Un puesto de control en la entrada de la ciudad – normalmente tripulado por policías o soldados – fue dejado desatendido la noche en que fue asesinada, dijeron testigos al Guardian. Inicialmente, los investigadores sugirieron que el asesino era un ex amante o compañero de trabajo descontento. Pero en medio de la creciente condena internacional, Díaz, Bustillo y otros dos fueron arrestados en mayo de 2016.

Hernández, que eventualmente fue arrestado en México, es el único sospechoso que ha dado un testimonio detallado en la corte. Él ha admitido su participación, pero dice que actuó bajo coacción.Los ocho han sido acusados ​​de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete sospechosos han negado la participación o no han dado testimonio ante el tribunal.Los fiscales dicen que los registros telefónicos presentados a los tribunales muestran una amplia comunicación entre los tres militares, incluyendo un mensaje de texto que era una discusión codificada de pago por un asesinato por contrato.

Expertos estadounidenses han estado involucrados en la investigación desde el principio, según la embajada estadounidense en Tegucigalpa. El senador Ben Cardin, miembro del comité de relaciones exteriores del Senado, dijo que el apoyo estadounidense no debe ser incondicional: “Es esencial que no sólo fortalezcamos nuestro compromiso de mejorar el Estado de derecho en Honduras, sino que también debemos exigir una mayor responsabilidad de los derechos humanos Violaciones de derechos humanos y ataques contra la sociedad civil”.

El año pasado, el Guardian informó que un ex soldado hondureño dijo que había visto el nombre de Cáceres en un “hitlist” que fue pasado a las unidades entrenadas por Estados Unidos. El sargento Rodrigo Cruz dijo que a dos unidades de élite se les dieron listas con los nombres y fotografías de los activistas – y ordenó eliminar cada objetivo.

El comandante de la unidad de Cruz desertó en lugar de cumplir con la orden. El resto de la unidad fue enviado en licencia. En una entrevista de seguimiento con el Guardian, Cruz dijo que el “hitlist” fue dado por los jefes de estado mayor del ejército hondureño al comandante del grupo de trabajo multi-agencias de Xatruch, al que pertenecía su unidad. Cruz -que pidió ser referido por un seudónimo por temor a la retribución- desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece escondido. Se desconoce el paradero de sus antiguos colegas.

Siguiendo el informe del Guardian, James Nealon, embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a investigar las acusaciones, y en una entrevista la semana pasada, dijo que no se había dejado ninguna piedra. “He hablado con todos los que puedo pensar en hablar, al igual que los miembros de mi equipo, y nadie puede producir la hitlist”, dijo Nealon. Pero la embajada no habló con el comandante de Xatruch, dijo Nealon. Los activistas, incluyendo aquellos con información sobre la supuesta lista de víctimas, han dicho al Guardián que no han sido entrevistados por funcionarios estadounidenses o hondureños.

Lauren Carasik, profesora clínica de derecho en la Universidad de Western, New England, dijo que el firme apoyo de Estados Unidos a Honduras sugiere que tolera la impunidad de los autores intelectuales de asesinatos selectivos de alto perfil. “Washington no puede, en buena conciencia, seguir ignorando la creciente evidencia de que el ejército hondureño fue cómplice del asesinato extrajudicial de Cáceres”.

Las ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad y la impunidad generalizada se encuentran entre las más graves violaciones de los derechos humanos en Honduras, según el departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es el principal proveedor de apoyo militar y policial a Honduras, y el año pasado aprobó 18 millones de dólares de ayuda.

En los últimos años, el apoyo estadounidense se ha centrado en las unidades de fuerzas especiales de Honduras, creadas originalmente como fuerza contrainsurgente durante la “guerra sucia” de los años ochenta. Las unidades de élite atacan al terrorismo, el crimen organizado y las pandillas, pero los activistas dicen que el aparato de inteligencia hondureño se utiliza para atacar a líderes comunitarios problemáticos. La violencia contra los activistas sociales ha aumentado desde que un golpe de Estado respaldado por militares expulsó al presidente populista Manuel Zelaya en 2009. Desde entonces, al menos 124 activistas de tierra y medio ambiente han sido asesinados.

Una investigación reciente del organismo de control de la corrupción Global Witness describió la amplia participación de las élites políticas, empresariales y militares en mega proyectos ambientalmente destructivos que han florecido desde el golpe. Una de las partes más problemáticas del país ha sido la región norte del Bajo Aguán, donde un conflicto de tierras entre compañías de aceite de palma y campesinos ha cobrado más de 130 vidas en los últimos seis años.

El Bajo Aguán es también el hogar del 15º batallón, una de las dos unidades de fuerzas especiales del ejército hondureño, y el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales. Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón; La unidad de élite de Cruz también estaba estacionada en el Bajo Aguán.

El embajador Nealon dijo que no había registros de Díaz, Hernández o Bustillo que asistieran a cursos de capacitación en Honduras. “Nuestros programas de entrenamiento para la policía o para el ejército no están diseñados para instruir a la gente en cómo cometer violaciones de derechos humanos o para crear un ambiente en el que creen que están facultados para cometer violaciones de derechos humanos, de hecho, todo lo contrario”, dijo Nealon.

Los registros militares hondureños muestran que Díaz asistió a varios cursos de contrainsurgencia en bases de fuerzas especiales en Tegucigalpa y en el Bajo Aguán. También asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort Benning, Georgia, en 1997, y un curso de lucha contra el terrorismo en la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005.

Los documentos judiciales también revelan que en el momento de su detención, Díaz, de 44 años, estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestros, mientras que también estaba estudiando para ascender. Los registros militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.

Criterio

Lea la nota original en The Guardian 


COMUNICADO DE COPINH: A 1 Año de la Siembra de Nuestra Coordinadora General: Berta Vive, COPINH Sigue!

Berta Cáceres, hermana, compañera y Coordinadora General, nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos, nos enseñó que el pueblo Lenca ha sufrido por mucho tiempo debido a la discriminación y dominación de siglos en nuestros territorios. Berta nos enseñó que la dignidad no se compra ni se vende y que las batallas justas le dan sentido a la vida de los pueblos, nos enseñó que entregar la vida a la lucha por la construcción de una nueva sociedad inclusiva vale la pena, y que no hay que tener miedo en defender lo que nos corresponde.

Hace un año asesinaron a la compañera Berta Cáceres, le quitaron la vida, porque no soportaron que una mujer, una indígena, se opusiera valientemente con su pueblo a la explotación de nuestros territorios y saliera victoriosa.

La asesinaron porque en este país se prefiere asesinar que dialogar y se piensa que matando personas se matan las ideas.

El COPINH exige que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, a quien no solamente desprotegió, sino a quien persiguió y criminalizó por su labor comunitaria. Que el Estado hondureño se responsabilice por la concesión de los territorios indígenas de manera inconsulta, que significa las muertes de las comunidades.

El congreso es culpable del asesinato de Berta Cáceres por otorgar de manera inconsulta, los territorios Lenca a la empresa privada.

El gobierno de JOH es responsable del asesinato de Berta Cáceres por desprotegerla y mantener en dictadura al pueblo hondureño, por proteger la impunidad y favorecer los intereses de quienes representa a costa del pueblo hondureño.

Responsabilizamos a estructuras criminales dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras que son caldo de cultivo para el desarrollo del sicariato. La vinculación de los asesinos detenidos en el caso de nuestra compañera así lo demuestran.

Las Fuerzas armadas son responsables del asesinato de Berta Cáceres por formar asesinos y escuadroneros de la muerte, que por migajas acaban con la vida de pueblos y comunidades.

Demandamos ante todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta, quienes ordenaron su asesinato siguen en la impunidad y seguramente planeando más asesinatos contra las organizaciones sociales.

DESA es la empresa asesina la que con el terror quiere despojar al pueblo Lenca de sus riquezas y matar a quienes nos oponemos.

Asesino es el Banco Centroamericano de Integración Económica, asesino es el Banco FMO, asesino es el fondo Finnfund, quienes solapados en el supuesto desarrollo invierten en la muerte de los pueblos indígenas.

Asesinos son los gobiernos de EEUU que arman a un pueblo para que se mate por sí mismo.

Asesino es un pueblo intolerante y racista que discrimina a su misma esencia cultural e histórica.

Sabemos de la precariedad de las acusaciones en contra de los imputados en el caso de Berta Cáceres, un juicio verdadero no podrá sentenciar a los detenidos, en especial a los intermediarios entre la empresa y los sicarios y todo se dirige a la total impunidad. El Estado no quiere una comisión internacional de expertos para investigar porque teme que se demuestren sus responsabilidades.

A un año de su muerte Berta nos sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la injusticia.

El COPINH se declara en rebeldía, en insurrección contra la injusticia, contra la tragedia a la que ha sido conducida el pueblo hondureño y los pueblos indígenas. Y en la que nuestros compañeros y compañeras han caído asesinados en la defensa de la vida y por el futuro de la humanidad. A ellas y ellos les recordamos y abrazamos como ancestros y ancestras, que nos acompañan desde el plano espiritual.

Sin embargo, exigimos justicia, exigimos que los responsables sean castigados y sobre todo que se termine con la práctica de asesinar a quienes pensamos diferente.

El COPINH no está en contra de la vida digna y una sociedad justa en Honduras. El COPINH se opone a la mentira que llaman desarrollo por la cual quieren justificar tanta muerte y despojo en nuestros territorios. Que una empresa destruya un río y una comunidad no saca de la pobreza al país, por el contrario, la hunde en más desigualdad, cuando los únicos beneficiados son unos pocos que se llenan los bolsillos a costa del país entero. Queriendo ganar 500 millones dando 5mil a las comunidades, como sucede en la represa Agua Zarca.

Nunca va a existir una Honduras mejor si no se entiende y se respeta la autonomía de las comunidades indígenas, si no se toman en cuenta nuestras cosmovisiones y formas de ver el mundo. Pero no con una reglamentación de la consulta previa, manoseada y perversa, o con leyes terroristas que buscan criminalizar la protesta, sino con muestras de voluntad política de dialogar y debatir.

El COPINH sigue y seguirá luchando por esa inclusión y por ese respeto, en la búsqueda de una sociedad justa en la que la vida sea respetada.

La muerte de Berta Cáceres es una derrota, una pérdida invaluable para nuestra organización y para el pueblo hondureño. Pero es una victoria que sigamos aquí, presentes, denunciando la injusticia y proclamando nuestra lucha por el respeto de las comunidades, los territorios y la identidad del pueblo Lenca.

A un año de la pérdida de nuestra coordinadora general, el COPINH se compromete con su legado y sigue de pie construyendo vida y siendo alternativa. Porque Berta Vive, el COPINH sigue.

Exigimos que se establezca una comisión independiente de investigación en el caso de Berta Cáceres que devele las estructuras de toda índole que planearon su muerte.

Demandamos la salida inmediata de la empresa DESA y toda su muerte del río Gualcarque, así como cualquier proyecto que intente afectarlo.

Los dueños y gerente de DESA deben ser condenados por sus acciones.

Exigimos la derogación de todas las concesiones que existen en los territorios del pueblo Lenca, realizados sin consulta a las comunidades.

Llamamos a la terminación de la persecución contra el COPINH y las demás organizaciones que defendemos los territorios.

Los ataques contra nuestra organización continúan y responsabilizamos de más muertes y agresiones a las autoridades hondureñas.

¡Berta Cáceres vive!
¡Berta Vive, el COPINH sigue!
¡Berta no murió, se multiplicó!
¡Fuera proyectos de muerte de nuestros territorios!
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 27 días del mes febrero del 2017

Copinhonduras


Amnistía Internacional conoce avances en investigación del asesinato de Berta Cáceres

Altos ejecutivos de Amnistía Internacional (AI) se reunieron ayer en Tegucigalpa con autoridades de Honduras para conocer los avances en la investigación sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016.

La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, trató en una reunión con el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) de Honduras, Ricardo Castro, “los avances” en la investigación que realizan las autoridades hondureñas para aclarar el crimen de Cáceres, afirmó a Efe el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

AI denunció este lunes en México una “vergonzosa” investigación y “lagunas judiciales” en torno al asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, lo que da un mensaje “aterrador” a cientos de activistas.

“La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, detalló AI en un comunicado.

Con motivo del primer aniversario de la muerte de la activista, el 3 de marzo del 2016, Guevara-Rosas dijo en México que “el trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras”.

En la reunión de hoy también estuvieron presentes fiscales de Delitos contra la Vida de Honduras, quienes junto a Castro informaron a la directora de AI sobre los resultados de la investigación, añadió, sin precisar más detalles de la agenda.

Pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las amenazas constantes que recibía, la activista medioambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa, en la ciudad hondureña de La Esperanza, el 3 de marzo de 2016.

Cáceres, de la etnia lenca, era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y por su crimen hay ocho personas detenidas.

El portavoz del Ministerio Público hondureño indicó que AI entregó a las autoridades del país centroamericano 80,000 firmas que ha recogido para pedir justicia para Berta Cáceres, quien se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, alegando que causaba daños al
ambiente.

El proyecto, con capacidad para generar 21 megavatios, que estaba siendo financiado por un banco holandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está paralizado tras el asesinato de Cáceres, mientras que pobladores de unas diez comunidades favorecidas exigen que se reanude.

La Prensa