Gobierno denuncia que Chile apela a normativa pinochetista para agraviar a periodistas

El Gobierno cuestionó ayer el sistema democrático que vive Chile y denunció que el país vecino apela a una normativa pinochetista para agraviar a periodistas bolivianos. Además, demandó a la CIDH un urgente pronunciamiento sobre los casos ocurridos entre el 24 y 28 de este mes en aeropuertos chilenos, cuando periodistas bolivianos fueron obstaculizados para realizar su labor.

La ministra de Comunicación, Gísela López, se refirió este miércoles al trato hostil que un grupo de nueve periodistas bolivianos recibió ayer en el aeropuerto de Santiago, durante una cobertura a la inauguración de una ruta de línea aérea chileno brasileña LaTAM.

“Nos parece indignante el trato que se le está dando al periodismo boliviano. Compañeros periodistas, esta norma data de 1975, cuando el vecino país estaba viviendo una dictadura”, sostuvo López, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Recordó que los periodistas fueron obligados a firmar un documento para renunciar a ejercer libramente su oficio en suelo chileno, idéntico tratamiento al que fueron sometidos periodistas del canal estatal Bolivia Tv el 24 de marzo en el aeropuerto de Iquique, a donde viajaron para la cobertura informativa de los nueve detenidos bolivianos en la cárcel de Alto Hospicio.

Según la Ministra, el documento firmado está amparado en el artículo 15 del Decreto Ley 1.904 (Ley de Extranjería) vigente desde julio de 1975, que señala que se permitirá “propagar doctrinas que tiendan a destruir el orden social o el sistema de Gobierno”, o que se “afecte a la seguridad y la soberanía chilena” o “actos contrarios a los interés de Chile que constituyan un peligro para el Estado”.

“Estamos hablando de un vecino país que se supone que vive en democracia, que tiene una Constitución que data de los tiempos de (Augusto) Pinochet. Estamos hablando de este tipo de normas que ahora son desempolvadas, de la dictadura, se la pone en vigencia para coartar un derecho que tiene amparo internacional”, afirmó.

El director del programa No Mentiras de la red PAT, José Pomacusi, uno de los nueve periodistas retenidos, relató esta mañana en una entrevista que radio Patria Nueva reprodujo, que en Chile se lo interrogó sobre la función que cumpliría y que se le exigió una orden de trabajo.

“Me empezaron a cuestionar, interrogar, a preguntar quién soy, qué hago en Chile, si tengo autorización para trabajar en Chile (…) Me comencé a sentir mal… entonces me dice no se puede retirar (…) Llega un jefe y me piden que firme un documento en el que me hacían comprometerme a no generar malestar, disturbios o atentar a la seguridad interna del país. Me pareció humillante en grado extremo”, dijo.

López sostuvo que urge que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronuncie sobre los dos casos y advirtió que hoy se tomó declaraciones a los periodistas retenidos en Santiago para incluirlas en la denuncia que Bolivia presentará ante ese organismo.

La relación entre Bolivia y Chile se tensionó después de la detención de nueve bolivianos por carabineros del vecino país en la frontera el pasado 19 de marzo, durante un operativo de lucha contra el contrabando. Incluso la Cancillería chilena negó una visa de ingreso al ministro de Defensa boliviano Reymi Ferreira, que tenía previsto visitar a los aprehendidos en la cárcel de Alto Hospicio, en Iquique.

La Razón


En 13 días, 5 incidentes pusieron al rojo vivo relación Bolivia-Chile

En 13 días se registraron cinco “agresiones” protagonizadas por autoridades y carabineros chilenos contra ciudadanos bolivianos. Esas acciones incrementaron la tensión y los roces diplomáticos entre Bolivia y Chile.

El primer hecho se registró el 17 de marzo, cuando carabineros de Chile exigieron el retiro de los símbolos patrios que flameaban en predios del consulado boliviano en Antofagasta, con el argumento de que no había autorización municipal para la exposición de las banderas.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1964 garantiza que un Estado pueda enarbolar su bandera y poner su escudo en el edificio que ocupa una oficina consular.

La segunda acción polémica dirigida por carabineros fue el 19 de marzo, cuando detuvieron a nueve ciudadanos bolivianos (dos militares y siete funcionarios de Aduana) que realizaban tareas de lucha contra el contrabando.

Ese hecho generó una ola de controversias entre autoridades. La presidenta chilena Michel Bachelet aseguró que los bolivianos querían “robar” nueve camiones con mercadería.

A eso, el Gobierno boliviano lamentó que Chile defienda el contrabando y reprochó el “secuestro” de los nueve bolivianos, detenidos preventivamente en la cárcel de Alto Auspicio.

Cinco días después se registró un nuevo capítulo de agresión. El 24 de marzo, Migración de Chile detuvo a la periodista Sandra Mariscal y al camarógrafo Érick Condorena, de Bolivia Tv, en el aeropuerto de Iquique cuando intentaban ingresar a ese país para realizar un trabajo periodístico sobre los bolivianos detenidos.

Posterior a ello, el 28 de marzo, la tensión entre Chile y Bolivia se agudizó luego de que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, informara que el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, “no pisa suelo chileno” por presuntamente ofender a Bachelet y pedir que no se consuman productos chilenos de contrabando.

Muñoz exigió disculpas para reconsiderar su decisión. A eso Ferreira le respondió: “Que le vaya a pedir disculpas a su abuela”.

Este martes se registró una nueva arremetida. Nueve periodistas bolivianos que participaban en el vuelo inaugural de la aerolínea chileno-brasileña LATAM fueron retenidos en el aeropuerto de Santiago de Chile.

Algunos fueron obligados a firmar un compromiso de buena conducta, denunció el director de la revista Poder y Placer, José Pomacusi.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, lamentó todas las agresiones que sufre Bolivia y afirmó que Chile no logrará nada con esas actitudes que son mal vistas en el contexto internacional.

“Esperemos que esta situación no continúe, pero hacemos un llamado respetuoso, enérgico a Chile porque no va a ganar nada con este tipo de actitudes, sólo va a ganar descrédito a nivel internacional, eso no conviene a ningún país”, manifestó.

Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció la falta de “reciprocidad” de Chile para combatir la delincuencia, en el marco de la colaboración entre Estados en la lucha contra delitos transnacionales.

Recordó a las autoridades de Chile que el 28 de agosto de 2016 en inmediaciones de la localidad fronteriza de Pisiga fueron detenidos dos carabineros chilenos, que ingresaron 200 metros de suelo boliviano, y los mismos fueron devueltos en el marco de la colaboración entre Estados en la lucha contra delitos transnacionales.

Romero explicó que esa misma fecha envió una nota escrita a Mario Fernández, ministro de Interior de Chile, explicando a detalle sobre la detención de los carabineros.

En respuesta -dijo Romero- Fernández destacó la devolución de los dos carabineros. “Este ministro valora el que dos policías chilenos que fortuitamente ingresaron a territorio boliviano con ocasión de un procedimiento policial desarrollado en el marco de una investigación criminal en materia de narcotráfico hayan sido devueltos prontamente a Chile. Asimismo, me permito destacar la comprensión de su país frente a la situación antes indicada”, señala la nota que envió Fernández.

Leyes de Pinochet

Detenidos El martes, nueve periodistas que viajaron a Santiago invitados por una línea aérea chilena sufrieron maltratos. Incluso les hicieron firmar un acta de compromiso que se basa en una ley de 1975, de la época dictatorial de Augusto Pinochet.
Compromiso El documento que firmaron los periodistas bolivianos se basa en el Decreto Ley 1094 de julio de 1975 sobre extranjeros en Chile. La norma dice, según la Ministra: “No se permite propagar o fomentar de palabra, por escrito o por cualquier otro medio (contenidos) que tiendan a destruir o alterar el orden social del país o su sistema de gobierno. Los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas…”.

Página Siete