Detienen a documentalistas extranjeros en un foro ambientalista en Perú

Documentalistas extranjeros son detenidos tras foro ambientalista en Cusco

Este viernes en Cusco se llevó a cabo un foro sobre las acciones que lleva a cabo una empresa minera internacional en cuatro países del mundo incluyendo Perú.

El encuentro activista se extendió durante todo el día en la denominada Casa de La Cultura ubicada en el cercado de Cusco, y ya por la noche, luego de la proyección del documental ‘Desde Canadá al Sur Andino de Perú, el caso de HudBay Minerals’, dos comunicadores extranjeros fueron detenidos por la Policía.

Se trata del periodista y documentalista norteamericano John Dougherty y la ciudadana canadiense Jennifer Moore, quienes fueron alcanzados por agentes de la Oficina de Migraciones, quienes los trasladaron hacia las instalaciones de Seguridad del Estado.

Ambientalistas locales e inclusive congresistas como Marco Arana y Edgar Ochoa tildaron el hecho de premeditado y abusivo y que se pretendía callar a los activistas que llevan a cabo protestas contra el accionar de esta minera en territorio local.

Desde la Policía se supo que los extranjeros fueron detenidos a fin de conocerse su estatus legal en el Perú y asegurarse de que no realicen trabajos remunerados contraviniendo a la Ley de Extranjería.

Los detenidos fueron liberados aproximadamente a la media noche de ese día.

DiarioCorreo

“Yo mando en este territorio”: Acerca de las detenciones en Cusco de Jen Moore y John Dougherty

Escrito por Prensa Cooperaccion – José De Echave C.

La noticia ha comenzado a dar la vuelta al mundo. Jen Moore, representante de la institución Mining Watch Canadá y John Dougherty, periodista y documentalista estadounidense, fueron detenidos el viernes 22 de abril en la ciudad de Cusco.

Ambos habían retornado al Perú para presentar el resultado de una larga investigación periodística sobre la empresa minera Hudbay en Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú. Cuando John Dougherty había estado en Chumbivilcas recogiendo testimonios de las comunidades, se comprometió a devolver el producto de su investigación convertido en documental, que lleva por título “Fraude de Flin Flon”.

Por eso la semana pasada ambos llegaron a Perú y viajaron a Chumbivilcas para presentar el documental en varios de los distritos de esa provincia cusqueña. Ya en Chumbivilcas la delegación -que también estaba integrada por parte del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción- comenzó a sentir de presión de la Policía y eran constantemente filmados por extraños personajes. Incluso la Policía se presentó al lugar de alojamiento preguntando por los visitantes y recabando nombres y otros datos.

Pese a la buena recepción de parte de la población y la importante asistencia de las comunidades a presenciar el documental, aparentemente el mensaje de la Policía y todo indica que también de la empresa minera (el otro actor oculto pero que también estaba vigilante) era que se había entrado a un territorio vigilado donde nadie puede ingresar sin la autorización de los que se sienten dueños de todo y han instalado una suerte de control territorial; al viejo estilo de los antiguos gamonales.

Luego de las actividades en Chumbivilcas y de haber honrado el compromiso con la población, la delegación se trasladó a la ciudad del Cusco para presentar el documental. La actividad era totalmente pública y se realizó en pleno centro de la ciudad, en la Casa de la Cultura que pertenece a Municipalidad Provincial.

Al finalizar la presentación del documental la policía abordó a Jen Moore y a John Dougherty y en medio del desconcierto de todos los que los acompañaban, fueron detenidos. ¿Cuáles eran los cargos? Que al haber entrado al país como turistas no podían desarrollar otro tipo de actividades y por supuesto, las actividades que no correspondían con su estatus de turista eran precisamente pasar el documental y participar en conversatorios.

Al parecer, los extranjeros que entran al país como turistas solo pueden visitar Machu Picchu, museos, disfrutar de nuestra gastronomía y un muy limitado etcétera. Si hacen algo más pueden y hasta deben ser detenidos.

Ahora, uno se pregunta ¿cómo hacen los conferencistas que vienen al país con ese estatus y que hasta ahora habían desarrollado sus actividades sin dificultades? ¿Qué va a pasar con las decenas de investigadores sociales que vendrán a la conferencia de latinoamericanistas más importante del mundo que se desarrollará en los próximos días en Lima y que hablarán de política, economía, temas ambientales y, por supuesto, de política? ¿Corren el riesgo de ser detenidos?

Como señala Juan Carlos Ruíz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el argumento de la Policía es risible: “Pasar un vídeo es trabajar, y según su visa, es turista y no puede dedicarse a trabajar. Es evidente que se trata de justificar la sinrazón”. “La pregunta jurídica de fondo es si la condición de periodista extranjera, disminuye y limita su derecho fundamental a la libertad de opinión y difusión contenido en el artículo 2.4 de la Constitución”.

Continúa Ruíz: “Para comenzar, los únicos supuestos de detención legal son la orden judicial y la flagrancia. Ninguna de estos supuestos se ha verificado en este caso. De otro lado el único que puede limitar o restringir derechos es el juez. En este caso, estamos ante una detención arbitraria al margen de la ley, pues ni se cumplen con los supuestos de la Constitución, ni ha intervenido un juez”.

Está claro que estamos frente a un acto abusivo que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país. Ahora que miramos, con razón e indignación lo que pasa en otros países de la región, no podemos sino mostrar la misma indignación con lo ocurrido en la ciudad del Cusco.

Hay varias interrogantes que deben ser absueltas, tanto en el plano legal como en relación a temas de seguridad y el libre ejercicio de la libertad de expresión, que debe ser irrestricta en todo el país. Cabe preguntar: ¿quién dio la orden para que Jen Moore y John Dougherty sean arbitrariamente detenidos? ¿Bajo qué justificación fueron permanentemente seguidos y hostigados durante su estadía en la provincia de Chumbivilcas?

¿Este tipo de decisiones se toman como parte de los convenios que tiene la Policía con empresas mineras como Hudbay? ¿La empresa minera tiene que ver con este hostigamiento? Esperamos respuestas de nuestras autoridades.

CooperAcción

Expulsión arbitraria de cineastas extranjeros en el Perú

La Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del Perú ACRIP, expresa su protesta y condena por la arbitraria detención y expulsión del Perú de los cineastas Jennifer Moore y Edward Dougherty de Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

El comunicado del Ministerio del Interior sobre este reciente hecho pretende justificar lo injustificable con argumentos absurdos.

1.- ¿Desde cuándo presentar una película propia para fines de difusión en un auditorio se puede considerar un trabajo remunerado como señalan las autoridades? Con semejante lógica ya no podrían seguir viniendo a nuestro país cineastas, técnicos ni artistas extranjeros, incluso a festivales o muestras, porque se consideraría que violan una interpretación antojadiza de las normas de extranjería.

2.- ¿Cómo presentar una película puede considerarse un acto que altera el orden interno? Aceptar eso significaría dejar que los funcionarios decidan cuando se considera o no “alteración del orden interno”, lo que se prestaría a la censura más descarad

3.- ¿Por qué el Ministerio del interior puede decidir que está permitido o no presentarse, incluso como dicen ellos “independientemente de la veracidad de lo sostenido por ellos”? ¿Los extranjeros estarían impedidos de presentar sus opiniones y cuestionamientos a una empresa que además es extranjera y opera en el país? De ser esto último cierto, habría que preguntarse porque gente de otro signo ideológico o planteamientos que recientemente ha visitado al país, no es tratada de la misma manera.

En suma, todo parece indicar que esta acción apelando a argumentos xenofóbicos que ya han sido usados contra miembros de nuestro gremio, es una abierta violación de la libertad de expresión en el país con el propósito de defender los intereses de una cuestionada empresa canadiense, demostrando que la labor del Estado en estos asuntos se encuentra lejos de comportarse como árbitro que es lo que le correspondería.

Por tal razón demandamos la rectificación inmediata de la medida y que se permita la presencia de estos cineastas y de todos los creadores que propongan su punto de vista sobre problemas de nuestro país. Asimismo, exigimos del Ministerio de Cultura, como órgano rector en la materia, un pronunciamiento claro en este punto, como lo tuvo en su momento en relación a la obra de teatro “La cautiva”. Ya que de nada servirá que se hable de una nueva ley y cambios para el sector, si lo más sagrado, que es la libertad de expresión, no se defiende y cautela primero.

Perú, Abril del 2017

ACRIP

Extranjeros intervenidos en Cusco por actividades contra la minería serán expulsados

El Ministerio del Interior precisó que los dos ciudadanos extranjeros intervenidos en el Cusco por actividades que promueven la oposición a la minería, serían expulsados del país, dado que su conducta representa una vulneración del orden público.

Indican que ayer fueron intervenidos en el Cusco la ciudadana Jennifer Moore (42), de nacionalidad canadiense, y John Edward Dougherty (61), de nacionalidad norteamericana, para verificar su condición migratoria.
Ambos ingresaron al Perú el 15 de abril de 2017 en calidad de turistas, condición que, de acuerdo a ley, les permite realizar únicamente actividades turísticas, de ocio, de salud o similares, más no trabajar ni realizar actividades remuneradas ni lucrativas.
“Las autoridades tienen abundante información que documenta que esta condición no ha sido cumplida, dedicándose a incitar a los pobladores de diversas localidades y comunidades campesinas en contra de la actividad minera canadiense en el Perú”, refiere Interior.
En particular, añaden, contra la mina Constancia de la empresa Hubday, que tiene los permisos del Estado peruano para realizar sus operaciones en el país.
A ambos extranjeros, según el Ministerio del Interior, no les está permitido realizar esas actividades en su condición es turistas.
“La conducta de los ciudadanos extranjeros implica la alteración del orden público o el orden interno, por lo que cabría la aplicación de la medida de expulsión, que se impone cuando se realizan actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad nacional”, señalan.
Precisan que en las zonas donde ambos ciudadanos realizaban activismo opositor a la minería fue escenario, en agosto y noviembre del 2016, de protestas violentas que incluyeron el bloque de carreteras, la destrucción de locales públicos y la toma de la mina Constancia en el sector “Tajo Abierto-San José”, que puso en riesgo el polvorín.
Los ciudadanos extranjeros fueron convocados para el día lunes 24 de abril, a fin de continuar con los procedimientos administrativos referidos a su situación migratoria.
Andina
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