Perú: emiten nueva orden de prisión y captura internacional contra el expresidente Toledo

Contexto Nodal
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta una orden de captura internacional (reside en EEUU) tras ser acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. La investigación fue abierta por el fiscal Hamilton Castro el 6 de febrero por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Luego, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva por 18 meses y el jueves pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho oficializó la orden de detención junto al pedido de captura internacional.

Caso Ecoteva: ordenan prisión preventiva contra Toledo y Karp

Después de tres audiencias suspendidas, el juez Mario Guerra Bonifacio, del Juzgado Penal 16 de Lima, dictó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On por el Caso Ecoteva.

Con su pedido de prisión preventiva, Guerra ordenó también que se emita una orden de búsqueda y captura nacional e internacional para los antes mencionados.

El juez, al admitir la solicitud de la fiscalía, dicta un segundo pedido de prisión preventiva contra el ex presidente. El requerimiento fue hecho por Manuela Villar, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, varias semanas después de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva para Toledo por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht.

En la investigación del Caso Ecoteva, a Toledo se le imputa el delito de lavado de activos por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra Eva Fernenbug con dinero que provendría de presuntos actos de corrupción cuando fue presidente de la República (2001-2006). En el Caso Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro acusa al ex presidente de los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.

—Problemas—

Fuentes del Ministerio Público informaron a este Diario que existe un conflicto entre los fiscales Castro y Villar por la situación de Alejandro Toledo, quien aún no tiene orden de captura en Estados Unidos.

Castro pidió la prisión preventiva en febrero pasado con la información que entregó Odebrecht y las declaraciones de Jorge Barata. Sin embargo, explicaron estas fuentes, no entregó la documentación a la fiscal Villar para reforzar la investigación por Ecoteva.

Los fiscales adjuntos Marcial Páucar y Sergio Jiménez, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato que lidera el fiscal Castro, viajaron a Israel con un médico legista entre el 23 y 28 de febrero, según la resolución publicada por el diario “El Peruano”.

Este viaje tampoco fue informado a la fiscalía de lavado de activos que investiga el Caso Ecoteva y, por lo tanto, a Maiman. Las mismas fuentes indicaron que el objetivo del viaje fue negociar con el empresario israelí una colaboración eficaz en la investigación a Alejandro Toledo. Este objetivo no fue logrado, precisaron a este Diario.

Semanas después del viaje de los fiscales, Maiman solicitó al Poder Judicial la acumulación de los casos Ecoteva y Odebrecht. El pedido se ventilaró ayer en una audiencia en la Sala Penal Nacional. La procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato ya lo ha rechazado.

Actualmente, dos meses después de enviarse la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición para Toledo, no existe un pronunciamiento de un juez federal del estado de California (EE.UU.).

La percepción

Para el analista político Luis Benavente, se justifica que la ciudadanía crea que no hay persecución política contra el ex presidente Alejandro Toledo porque ha entendido los casos Ecoteva y Odebrecht como una “historieta inverosímil”.

El Comercio


Odebrecht admite que pagó en Perú y Colombia por rescate de secuestrados

Además de pagar sobornos y financiar campañas presidenciales a cambio de contratos de obra pública y leyes favorecedoras, Odebrecht pagó a grupos paramilitares y abonó por rescates a secuestradores en Brasil, Colombia y Perú, según declaró a la justicia brasileña el ex presidente de esa empresa Marcelo Odebrecht.

“Uno no entra en países con guerrilla y en las favelas de Río sin pagar a las milicias. Entonces, hay mucho dinero que corre, incluso uno paga el rescate de secuestros”, explicó Odebrecht, quien recordó haber negociado, “junto con el Gobierno brasileño e italiano”, el “rescate del cuerpo de un ingeniero de la compañía en Irak y por el cual pagó cinco millones de dólares.

En ese aspecto, reconoció que también “pagó (rescate de) secuestros” en Colombia y Perú.

“Usted va para esos lugares y el subcontratado quiere dinero, no funciona con factura”, apuntó el empresario, quien está preso desde 2015 con una condena de 19 años y 4 meses de cárcel por los astronómicos desvíos destapados en la indagación a Petrobras.

Muy grave

Para el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, la confesión de Odebrecht, si es comprobada, sería un hecho sumamente grave.

Indicó que en el Perú existen grupos terroristas y si la empresa brasileña pagó a estos por rescates de sus trabajadores deberá atenerse a las consecuencias, pues habría incurrido en financiamiento al terrorismo, que tiene penas muy severas.

En ese contexto se preguntó si las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial podrían negociar una colaboración eficaz con los ex directivos de Odebrecht.

El investigador en narcoterrorismo Jaime Antezana coincidió con Vargas en que si se llega a comprobar lo dicho por Marcelo Odebrecht, la situación de la constructora se complicaría aún más.

El secuestro y el terrorismo son dos de las actividades más graves y, por tanto, con penas muy severas, destacó.

Claves

Jaime Antezana recordó que en el 2003 senderistas secuestraron a 71 trabajadores de Techint, vinculada a Odebrecht. Indicó que se dijo que se pagó la mitad del dinero que pidieron los secuestradores. ¿Quién pagó el resto?, se preguntó. En el 2012, senderistas secuestraron a 23 trabajadores del Consorcio Camisea y los secuestradores habrían pedido US$ 10 millones.

La República