Colombia: Senado debate reforma que otorgaría 10 bancas a guerrilleros de las Farc en 2018

El Congreso da hoy el último debate al acto legislativo que permitirá otorgar diez curules a guerrilleros a partir del año entrante. Así está la discusión.

Si las Farc advierten que el cronograma para la dejación de armas se va a dilatar por “incumplimiento del Gobierno”, eso significa que el 1° de junio de este año el país no va a amanecer –como tanto se ha dicho– con una guerrilla menos. Y eso implica, además, que la campaña política que harán las Farc como movimiento político de cara a las elecciones del año entrante también se retrasará. Sobre lo primero se han hecho múltiples denuncias acerca del estado en el que se encuentran las zonas de ubicación donde se completa la entrega de municiones de guerra, supervisada por la Misión de la ONU. Situación que, según los jefes de la guerrilla, obliga a demorar el plan pactado para hacer su tránsito hacia la vida civil.

Sobre lo segundo, que básicamente es el cambio de las balas por los votos, la realidad demuestra que la voluntad política de quienes deben reglamentar la reinserción de la guerrilla no dista mucho de lo que ocurre con las zonas veredales. El paso lento con el que avanza el Congreso obligará a prorrogar el mecanismo especial legislativo o fast track por seis meses más y así lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

No es para menos. La semana pasada, el Senado tenía en el orden del día darle el último debate al acto legislativo que permitirá a las Farc debatir sus ideas en las urnas, pero se aplazó por falta de quórum. El ausentismo legislativo se debió, entre otras, al rumor que circuló por los pasillos del Capitolio que indicaban que el CTI llegaría en cualquier momento a capturar a algunos legisladores. Episodio que, finalmente, no ocurrió. Y ayer, la Comisión Primera del Senado adelantó un debate de control político al Gobierno por los retrasos en el cumplimiento de los textos de paz.

“La agenda legislativa ha estado muy lenta. Esperábamos del Gobierno la radicación de todos los proyectos y aunque está previsto que se prorrogue el fast track, no debería ser por lentitud en la aprobación de los textos de implementación”, explicó el senador de la U Roy Barreras. Pero la condición necesaria para el fin del conflicto es abrir los escenarios para que las Farc participen en política y, por eso, hoy será crucial para uno de los proyectos más polémicos y que ha suscitado todo tipo de críticas entre quienes se oponen al Acuerdo de Paz.

La participación en política de las Farc es un hecho, así como su presencia a partir del próximo año en el Congreso. Así lo establece el texto que debatirá la plenaria del Senado y que reglamenta la posibilidad de que los excombatientes presenten listas a corporaciones públicas bajo las mismas condiciones que tienen los otros partidos. Eso quiere decir que tendrán que salir a la plaza pública a hacer campaña y buscar votos. Sin embargo, como se les garantizará una transición durante dos períodos legislativos –es decir, ocho años–, se les otorgarán diez curules a pesar de que no tengan el apoyo suficiente en las urnas. Por ejemplo, si logran sacar tres senadores y dos representantes a la Cámara en los comicios de marzo, el Consejo Nacional electoral asignará las que hagan falta para completar las restantes.

“El propósito fundamental del Acuerdo de Paz, finalmente, es que las Farc dejen las armas y que se transformen en partido político. Para ello hay que tener un régimen de transición. Y estoy seguro de que el Congreso, que ha estado comprometido con el acuerdo con las Farc, dará este último paso que garantice ese propósito final”, le dijo a El Espectador el jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo. Y el objetivo, en principio, es que el primer día después de que se complete la dejación de armas, comience ese tránsito hacia la reinserción política que incluirá, entre otras posibilidades, hacer coaliciones con otras colectividades. Para eso es que también se necesita la reforma política y electoral que será llevada al Congreso en la primera semana de mayo.

En esa etapa de transición, otra de las realidades que surgirán hoy al término del debate legislativo tiene que ver con la designación de uno de los miembros de las Farc en el CNE. La persona que delegue la guerrilla, no obstante, sólo tendrá voz, pero no derecho al voto. Sin embargo, si el Gobierno y el Congreso acogen las recomendaciones de la Misión Electoral Especial y eliminan esta entidad, las Farc no perderán su derecho de tener asiento en el organismo que se conforme para reemplazarlo.

¿Qué otros derechos tendrá el partido que surja de las Farc? Una suma equivalente al 7 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Esos recursos servirán para financiar el centro de pensamiento y formación política del partido, así como la difusión de sus ideas. Además, contarán con financiación preponderantemente estatal para las campañas de sus candidatos a la Presidencia y al Congreso. Y, finalmente, contarán con garantías de seguridad para sus militantes.

“La Unidad Nacional de Protección tiene la responsabilidad de asegurar la integridad de los integrantes del nuevo partido que surja de la guerrilla, que se hará a través de la Subdirección Especial de Protección. Estamos cumpliendo desde ya y tenemos alrededor de 13 esquemas en funcionamiento. Pero a medida que vayan entrando miembros del partido y de acuerdo con su nivel de guerra, se prestará la seguridad”, explicó el director de la entidad, Diego Mora.

El 19 de julio de 2026 cesará la etapa de transición de la guerrilla y sólo en ese momento se sabrá qué tan lista está Colombia para recibir a exintegrantes de grupos armados ilegales a la vida civil. Lo cierto es que la construcción de la paz tal y como se escribió en Cuba exige una ampliación democrática con nuevas fuerzas en el escenario político. Para el Centro Democrático, sin embargo, la respuesta es clara, en palabras del senador Alfredo Rangel: “Vamos a seguir criticando la presencia en el Congreso de personas que no han saldado cuentas con la justicia. Las escucharemos, pero seguiremos denunciando que es una presencia ilegítima e inconveniente, que será un mal ejemplo para demostrar que el crimen sí paga”.

El Espectador