Corrupción en El Salvador: la Corte ordena investigar a 43 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Sección de Probidad que abra sendas investigaciones sobre las cuentas y bienes de 43 ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes.

Lo anterior fue decidido ayer en la sesión de Corte Plena ordinaria.

El procedimiento comprende auditorías al patrimonio de los exfuncionarios desde el inicio de su gestión en 2009 y al final de la misma en 2014.
La investigación incluye a secretarios de Funes como Franzi Hato Hasbún y Francisco Cáceres, hasta ministros clave, como Manuel Melgar, de Justicia y Seguridad, el de Hacienda, Carlos Cáceres, y el de Defensa, David Munguía Payés, viceministros y titulares de instituciones autónomas.

El mismo Funes fue enviado a juicio por la Corte Suprema por un presunto enriquecimiento ilícito de 728 mil dólares, además de otros bienes que le fueron agregados por la Fiscalía General de la República.

Funes permanece asilado en Nicaragua, a donde corrió a mediados del año anterior cuando la Fiscalía comenzó a allanarle sus casas.
Las auditorías al exgabinete de Funes se ordenaron a instancias del Instituto de Acceso a la Información Púbica (IAIP), que requirió la documentación a solicitud del abogado Herbert Danilo Vega.

El IAIP ordenó al Órgano Judicial entregar dichos informes, pese a que se explicó que solo está hecha la auditoría a Vanda Pignato, exesposa de Funes, del listado que solicita.

El Instituto dio como plazo el próximo viernes 26 para entregar la documentación, pero la Corte lo consideró materialmente imposible, aunque dio inicio a la pesquisa de inmediato.

Según un informe enviado a la Corte Plena por la oficial de información de la Corte Suprema con fecha 18 de mayo pasado, se le explicó además al peticionario que en este momento se están analizando las declaraciones del viceministro de Transporte, Nelson García, y la de Jaime Rodríguez, quien presidió el Instituto Nacional de los Deportes (Indes) en la administración Funes. Ellos dos aparecen en el listado.

Ante dicha explicación, el abogado solicitante argumentó ante el IAIP que “la información entregada está incompleta, además que no se establece una fecha determinada para entregar la información restante”.

Apelación y respuesta

Pese a la explicación de que es inexistente el resto de documentación que solicita, porque las auditorías “no se han realizado”, la oficina de información de la Corte les dijo a los magistrados de la Corte que el IAIP ha admitido un recurso de apelación del solicitante y les da un plazo que culmina este viernes 26 para remitirles informe.

“En la apelación presentada se conoció sobre el examen a las declaraciones de probidad de los señores Nelson García y Jaime Rodríguez, razón por que no se admite en contra de tal examen, no obstante sí para el resto de miembros del gabinete”, expuso el oficial de información a los magistrados.

Además del plazo establecido, el IAIP ordena a la Corte Suprema que rinda informe del cumplimiento de la resolución y que “ofrezca medios probatorios”.

El jefe de la sección de Probidad, Carlos Pineda, ha señalado en reiteradas ocasiones que dicha instancia está en aprietos para cumplir con la demanda de peticiones y análisis de declaraciones patrimoniales, ya que cuentan con poco presupuesto y personal.

Ya existen antecedentes en los que el IAIP ordena al sección de Probidad entregar auditorías de exfuncionarios.

El 1 de septiembre de 2015, el Instituto le ordenó a la Corte Suprema entregar los exámenes de las declaraciones de bienes de tres expresidentes, pero no lo hizo a tiempo.

Luego de una audiencia en el IAIP, determinó dar un nuevo plazo de dos meses a la oficina de Probidad para que remita los informes de los bienes de los exmandatarios, que habían sido solicitados por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Una fuente del máximo tribunal explicó que representantes del mismo acudirán a una audiencia al IAIP el viernes para explicar que se hará la investigación que pide, pero por razones obvias no puede establecer fechas.

Otros investigados

Probidad tiene en la mira otros 76 casos, entre ellos al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes así como los expresidentes areneros Alfredo Cristiani y Armando Calderón y el actual gobernante, Salvador Sánchez Cerén, y su vicepresidente, Óscar Ortiz.

Además de Funes, su hijo Diego y la exprimera dama Vanda Pignato, Probidad ha propiciado el enjuiciamiento del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, así como del diputado Reynaldo Cardoza, el expresidente Antonio Saca y su exsecretario privado Élmer Charlaix.

Orden incluye a TSE, exjefes militares, diputados y Parlacen

La investigación de cuentas y bienes también abarca a extitulares de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el alto mando de la Fuerza Armada, diputados e integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El abogado Herbert Danilo Vega Cruz pidió las auditorías a las cuentas y bienes al inicio y al cese de funciones de los magistrados del TSE comprendidos entre 2009 y 2014. En el caso de la Fuerza Armada, la declaraciones patrimoniales solicitadas son, en otros, las de el exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; del exministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el exviceministro de Defensa, José Orlando Zepeda; el exdirector de la Policía de Hacienda, Roberto Pineda Guerra, y otros.

La sección de Probidad, no obstante, argumentó que las declaraciones patrimoniales de cuatro de los militares no pueden entregarse por “a la fecha no aparecen registradas”. Las demás, dijo, serán entregadas cuando vayan siendo procesadas y convertidas a versión pública, aunque señaló que existen dificultades debido a la antigüedad de las mismas.

En tanto, la solicitud también incluye las declaraciones patrimoniales de los legisladores de los períodos 2009-2012 y 2012-2015. En el caso del Parlacen, son los que estuvieron en el período 2011-2016. En ambos casos la petición incluye a los suplentes.

En la mayoría de los casos, la sección de Probidad de la Corte Suprema, por medio del oficial de información de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), señaló que la información sería trasladada al peticionario en la medida en que se fueran desarrollando los auditorías a las declaraciones de patrimonio, pero este último apeló estas respuestas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El Instituto, como en el caso de los funcionarios del gabinete de Funes, también ha dado hasta el viernes 26 como plazo para que la Corte Suprema informe si ha cumplido con las solicitudes.

En tanto, el abogado Vega Cruz ha sostenido en sus recursos de apelación que la información no se le ha dado un plazo específico para la entrega de la información y que “no se han desarrollado acciones con el fin de obtener o generar la información solicitada”.

El jefe de la sección de Probidad, Carlos Pineda, ha señalado que existe una alta cantidad de solicitudes de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. A finales de 2016, al funcionario sostuvo que había por lo menos casi 12,000 peticiones de ciudadanos.

El IAIP declaró en 2015 que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios son de carácter público aunque existan datos personales, debido a que la Constitución no establece ninguna negativa para que estas sean conocidas por los ciudadanos.

Hasta la fecha se han realizado análisis a las declaraciones de bienes y cuentas de diputados, alcaldes, expresidentes e incluso extitulares del Órgano Judicial. Algunos han pasado a juicio civil.

Los informes sobre las auditorías hechas a las declaraciones de bienes de funcionarios pasan a análisis de la Corte Plena de la CSJ, quien es la que decide si las mismas son llevadas a juicio civil por encontrar indicios de posible cometimiento de enriquecimiento ilícito por incongruencia entre ingresos y patrimonio.

El Salvador