Puerto Rico: tras declarar la quiebra, el gobierno aclara que seguirá pagando a los empleados públicos

Gobierno reitera que seguirá pagando a los empleados públicos

El gobernador Ricardo Rosselló reiteró hoy que el gobierno seguirá pagando la nómina de los empleados y a los suplidores.

Aceptó, tras reunirse con su equipo económico en la mañana, que surgen consideraciones “de que uno no tiene la capacidad de seguir pagando, de seguir trabajando… desembolsando” y no es lo correcto.

Para demostrar que el Gobierno sigue funcionando anunció que continúan haciendo pagos de reintegros a los contribuyentes semanalmente.

Rosselló, acompañado del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, informó que hoy se emitirán reintegros por un total de $11.2 millones correspondientes a 35,350 contribuyentes.

“Hoy estamos demostrando con una simple acción, que es parte de nuestros compromisos, que esto continúa”, dijo.

Reiteró que el que el gobierno se haya acogido al Título III es “simplemente un proceso para tener la protección de la corte sobre lo que serían demandas (frívolas) que pudieran afectar significativamente al pueblo de Puerto Rico”.

Mencionó que próximamente determinarán qué otras corporaciones públicas se ampararían en el Título III.

“Pido un espacio porque hay un análisis que va en todo esto. Los distintos créditos son diferentes pero en algunos hemos llegado a unas conversaciones bastante adelantadas… en algunos solicitaremos la misma protección”, adelanto.

En cuanto al plan fiscal del gobierno, el ejecutivo reiteró que ya está certificado y que “ no está sujeto a que lo cambien o que sea retado en la corte. Eso es parte del proyecto de PROMESA y por lo tanto nosotros estamos confiados que, bajo las iniciativas que hemos establecido, vamos a poder continuar pagando los reintegros, a los proveedores”.

Primera Hora


Los exgobernadores están resignados con la quiebra

Para algunos, como el exgobernador del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal Acevedo Vilá, la solicitud de quiebra que presentó este miércoles la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el Tribunal Federal, en Hato Rey, llega demasiado tarde, y en un momento de incertidumbre luego que los principales abogados litigantes del gobierno, de la firma Kirkland & Ellis, se retiraran de los casos incoados por acreedores.

“No hay nada que celebrar. Es el proceso que tenemos disponible para tratar de parar la hemorragia, y de ahí, entonces, es un proceso largo para iniciar la recuperación”, indicó a El Nuevo Día Acevedo Vilá, bajo cuyo mandato, en 2006, comenzó la actual depresión económica.

Acevedo Vilá, además, catalogó como un paso “positivo” el que la JSF radique la solicitud de quiebra en la corte federal para el Distrito de Puerto Rico, y no en Nueva York, y advirtió que uno de los principales “riesgos” que enfrentará ahora el gobierno es que se asigne al proceso un juez “que no sea sensible a la necesidad de Puerto Rico”.

Mientras, el exgobernador Alejandro García Padilla, quien fue criticado por Rosselló Nevares por plantear el escenario de la quiebra para el gobierno, dijo sentirse “reivindicado” por la acción de su sucesor.

“Es momento de enfocarnos en el resultado, como pasó en Nueva York y en Washington D.C. luego que reestructuraron su deuda. Pasaron de ser jurisdicciones obscuras con mucho crimen, con poco desarrollo económico, a ciudades de avanzada con alta calidad de vida. Eso es lo que tenemos que lograr ahora”, dijo por separado a este medio.

En tanto, el exgobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Romero Barceló favoreció el proceder del gobierno por entender, entre otras cosas, que la quiebra supone una protección adecuada y evitaría gastos en “pleitos innecesarios”. “El gobierno tiene que tomar acción para protegerse contra las demandas de los acreedores y así evitar acciones irrazonables y perjudiciales a nuestro pueblo”, dijo.

Al reaccionar a la petición de quiebra, el exgobernador popular Rafael Hernández Colón defendió el Estado Libre Asociado, y reiteró que la situación financiera del País no obedece al actual status territorial, sino a la pobre gestión pública y a determinaciones del gobierno estadounidense, como la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

“La condición en que se encuentra el País hoy día no proviene de nuestra Constitución o de la Ley de Relaciones Federales. El poder es el mismo. La quiebra proviene del desvarío ideológico y del mal gobierno”, indicó.

El Nuevo Día