Continúa la audiencia contra 10 políticos detenidos por corrupción en el caso Odebrecht

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Sigue hoy audiencia preliminar contra dominicanos sobornados

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, recesó hasta hoy a las 17:00 horas la audiencia preliminar iniciada anoche contra los 10 dominicanos arrestados por los sobornos de Odebrecht.

La audiencia arrancó después de las 20:30 horas del martes en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y en ella Ortega escuchó las posiciones de la defensa y del Ministerio Público tras lo cual tomó un receso para deliberar.

La defensa había alegado que sus representados estaban indefensos porque no se les notificó el auto de audiencia por lo que exigían que se suspendiera la audiencia y ordenaran la libertad de sus defendidos para que acudan a otra en libertad.

El Ministerio Público expresó que no tenía objeción de que el juez establezca el tiempo necesario para poner en conocimiento de la medida a los imputados a través de sus abogados.

Pero al mismo tiempo, durante la audiencia citó los artículos del Código Penal, Ley de Lavado, Ley de Soborno y Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio que alegadamente han sido violados.

Fue entonces que, después de un receso, el juez Ortega decidió recesar la audiencia hasta las 17:00 horas del miércoles para decidir medidas de coerción contra los 10 arrestados por los sobornos de Odebrecht.

El proceso es conocido en la Suprema Corte de Justicia por tratarse de un caso con jurisdicción privilegiada, ya que están involucrados legisladores, ex legisladores, ministros y ex ministros del Gobierno. Asisten como detenidos Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; y Víctor Díaz Rúa, ex titular de Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cceee) y Andrés Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Además figuran el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón, quien supuestamente fue la persona que manejó los 92 millones entregados por la empresa brasileña para sobornar a quienes le adjudicaran obras estatales en este país.

Otros procesados son Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y César Sánchez, otro ex vicepresidente ejecutivo de la Cdeee y dirigente del PRM.

En el expediente están el abogado Conrado Pittaluga y el ingeniero Máximo Leonardo Ramírez D´Oleo.

Encartados están además el diputado del PRM Alfredo Pacheco y los senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Tommy Galán y Julio César Valentín, quienes se encuentran en libertad amparados por la inmunidad parlamentaria, pero aun así fueron citados y decidieron asistir ante el juez Ortega.

El único ausente fue el ingeniero consultor Bernardo Antonio Castellanos, quien no estuvo presente en la sesión por encontrarse atendiendo negocios privados en Panamá, desde donde escribió al conocer que hay una orden de arresto internacional emitida en su contra y aseguró que se presentará y espera no ser objeto de atropellos.

El juez Ortega decidió nombrar un abogado de oficio para que defienda a Castellanos.

La Procuraduría solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para cada uno de los señalados en lo que se prepara y avanza el juicio de fondo, y pidió que el proceso sea declarado complejo para dar más tiempo y profundidad a las investigaciones.

Prensa Latina


El escándalo de Odebrecht golpea a los dos principales partidos dominicanos

El escándalo del caso Odebrecht golpea a los dos principales partidos políticos de República Dominicana, después de que varios de sus dirigentes hayan sido imputados por su presunta implicación en los sobornos que la empresa brasileña pagó para lograr obras públicas.

La acusación contra cinco dirigentes de la máxima dirección del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el portavoz de la bancada de diputados de esa formación y otros dirigentes coloca a estas agrupaciones ante una difícil tesitura.

Cinco meses después de que estallará el escándalo de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD, la Procuraduría ordenó esta semana el arresto de 14 personas.

Del total de 14 involucrados, una decena de políticos y empresarios fueron detenidos el lunes, y en el caso de los tres legisladores, dos del PLD y uno del PRM, se ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria.

Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Entre los imputados figura el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en una carta dirigida este lunes al presidente Danilo Medina puso su cargo a disposición y defendió su inocencia, y posteriormente, en otra misiva, solicitó su suspensión temporal del principal organismo de dirección del oficialista PLD.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni el PLD se han pronunciado sobre las peticiones de Montás, un veterano político dominicano que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la citada organización política, entre ellos ministro de Economía (2007-2016).

Todos los políticos imputados han defendido su inocencia y desde sus respectivos partidos políticos han puesto a su disposición sus equipos de abogados.

Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.

El principal partido opositor dominicano ha condenado el arresto de su presidente, Andrés Bautista, y de otros de sus dirigentes, y ha acusado al presidente del país, Danilo Medina, de encubrir a los verdaderos culpables de recibir los sobornos que pagó Odebrecht.

En una nota, el PRM denunció que “al grupo en el poder lo mueve la malsana intención de destruir a la principal fuerza política de la oposición y a la vez enlodar a los distintos sectores de la nación”, para luego propiciar que permanezca igual el manto de impunidad que cubre a los grandes desfalcadores del erario.

Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como “Marcha Verde”, consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.

No obstante, creen que no habrá justicia plena hasta que no sean condenados todos los responsables de los delitos de sobornos, sobreevaluaciones de obras, lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales, así como devuelto el dinero robado y cancelados los contratos vigentes con Odebrecht.

Mientras la justicia dominicana decide si aplica prisión preventiva a los imputados, grupos como “Marcha Verde” ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones al considerar que es el único camino que podrá garantizar que éste sea verdaderamente el inicio del fin de la impunidad en República Dominicana.

7 Días


Los seis grandes casos de corrupción que han estremecido al país

El sometimiento de 14 personas ligadas a supuestos actos de corrupción en el caso de la constructora Odebrecht y que ha estremecido la cúpula de los principales partidos políticos del país, trae a la memoria que los escándalos de corrupción han perseguido a los políticos dominicanos de manera casi constante en los últimos 30 años. En siete periodos de gobierno que ha tenido el país entre el 1986 y el 2017, todos han salido salpicados por los escándalos de actos dolosos.

Desde el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el 1986 cuando el fallecido presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, (1982-86) fue condenado a 20 años de prisión pasando por los gobiernos de Joaquín Balaguer (1986-1996), Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), Hipólito Mejía (2000-2004) y Danilo Medina desde el 2012 hasta la fecha, los escándalos de corrupción han perseguido a la clase política. También hubo importantes casos de corrupción en el sector privado, como la quiebra bancaria en el 2003 que terminó en una condena de por lo menos cinco ejecutivos de bancos.

1 El caso de Odebrecht es un escándalo de corrupción internacional que estalló en Brasil y ha tocado unos 12 países de América Latina. En la República Dominicana llegó a su punto máximo el pasado lunes con el arresto de 14 personas entre políticos, empresarios y legisladores, que son acusados por la Procuraduría de distintos delitos relacionados con el caso.

2 El caso contra el fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco fue bautizado como juicio del siglo. Fue condenado en el 1988 a 20 años de prisión y una multa de cien millones de pesos. En el 1989 la sentencia fue anulada, pero la batalla legal continuó y en el 1991 fue condenado de nuevo a 20 años de cárcel, fue arrestado y solo permaneció dos meses en la cárcel.

La acusación contra el fallecido gobernante fue la de supuestamente haber patrocinado compras irregulares en las Fuerzas Armadas. Por el mismo caso fueron condenados por desfalco y prevaricación Leonel Almonte, Manuel Antonio Cuervo Gómez y Juan Thomás Peña. José Michelén, que fue director de Inespre y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional, huyeron del país también por acusaciones de corrupción.

3 Dos sonados escándalos de corrupción durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer fueron el desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec. En el 1995, fue sometida la directora de Aduanas, Anisia Rissi y otras 21 personas acusadas de desfalco por mil millones de pesos contra el Estado en el periodo 1990-1994. En el 2008 el grupo fue descargado luego de que Aduanas retirara la acusación contra la exfuncionaria.

En el 1991 el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato para la concesión, rehabilitación y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hidro-Quebec, luego de denuncias de sobrevaluación del proyecto superior a los 25 millones de dólares.

La empresa retiró 20 millones de dólares que el Gobierno había depositado como garantía en un Banco de Nueva York.

Sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia.

4 El caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme) involucró a cuatro dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron funcionarios en el primer gobierno de esa organización 1996-2000. Fueron acusados supuestamente de estafar al Estado por más de mil millones de pesos. Por el caso fueron acusados Diandino Peña, hasta hace poco director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); Simón Lizardo, actual administrador del Banco de Reservas, Haivanjoe Ng Cortiñas y Luis Inchausti, También fueron acusados en el mismo expediente Noe Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, acusados de estafar al Estado.

5 El Plan Renove fue uno de los grandes escándalos de corrupción que involucró un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. La acusación fue de estafa contra el Estado. Los involucrados en el caso fueron Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson), Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William, Alfredo Pulinario y Ángel Rondón, pero fue el primero en ser descargado.

6 La crisis bancaria y la corrupción privada. El caso de la quiebra del Banco Intercontinental Baninter fue de corrupción privada, pero generó una crisis económica en el país. La crisis estalló en el 2003 y por el caso fueron condenados Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lubrano y Luis Alvarez Renta, acusados de desfalco por 55 mil millones de pesos y lavado de activos. La crisis bancaria alcanzó otras entidades financieras como el banco Mercantil y Nacional de Crédito (Bancrédito), por el último caso fueron condenados Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, y por el segundo Andrés Aybar.

Suicidio de ingeniero y caso CEA

Más recientemente, figura la acusación del Ministerio Público contra el senador de San Juan, Félix Bautista, que lo acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). También el escándalo en la OISOE por el suicidio de un ingeniero en las instalaciones de esa institución supuestamente agobiado por las deudas. El caso de los Tucanos por el que fueron sometidas cuatro personas y guarda prisión el coronel Carlos Piccini. Otro escándalo reciente es el relacionado con el CEA que una venta irregular de terrenos en San Pedro de Macorís provocó la muerte violenta de tres personas, entre ellos los locutores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina.

El Caribe

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