Inicia en Miami cumbre entre presidentes centroamericanos y EEUU con el tema migratorio de fondo

Seguridad y prosperidad de Centroamérica a debate en Cumbre en Miami

La seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica es el gran eje que a partir de este jueves presidentes y autoridades de primer nivel abordarán en una cumbre de dos días que se celebrará en Miami.

La “Conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica” estará presidida por el Gobierno de México y de EE.UU., y contará con la presencia de los presidentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

El primer día, que se desarrollará en un campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por su sigla en inglés), se centrará en la mejora de condiciones económicas por medio de la creación de empleo y de negocios, y contará con un discurso del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

La segunda jornada, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), girará en torno a la seguridad, con debates sobre fronteras, narcotráfico, tráfico humano y fortalecimiento institucional.

A este evento, además del vicepresidente Pence, por el lado estadounidense asistirán los secretarios de Estado, Rex Tillerson; del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Seguridad Nacional, John Kelly.

La importante participación del gabinete refleja el “compromiso” de la actual Administración Donald Trump con este foro, según señaló ayer a Efe el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

“Es una gran demostración del interés por la suerte y el éxito que tenga el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, matizó Moreno, en medio de una reunión del organismo con empresarios como antesala del foro.

En los últimos dos años, Estados Unidos ha otorgado a Centroamérica 1.300 millones de dólares como parte del Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte, implementado desde 2014 por Honduras, Guatemala y El Salvador y respaldado por esos fondos estadounidenses.

La iniciativa busca crear oportunidades económicas, impulsar el capital humano y mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de desalentar la migración.

Precisamente, según se anunció ayer en Miami, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, y el sector privado, invertirán 2.500 millones de dólares en proyectos en energía, transporte, agua y turismo en esos países.

El canciller mexicano, Luis Videgaray; los presidentes Jimmy Morales, de Guatemala, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, son los otros protagonistas de esta cumbre, que tendrá como telón de fondo la inmigración desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

En el caso de Honduras, una de las prioridades de la delegación, integrada también por el ministro coordinador general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, será defender la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a partir de enero de 2018, a favor de 57.000 hondureños que viven bajo ese programa en Estados Unidos.

Son muchos los ministros que asistirán a esta cumbre, que incluirá la presencia del secretario español de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando García Casas; además del ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; su homólogo costarricense, Manuel González, así como el ministro de este país de Seguridad, Gustavo Mata.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada; el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas; así como el ministro panameño de Seguridad, Alexis Bethancourt, y el vicecanciller de este país, Luis Miguel Hincapié, serán otros de los asistentes a esta cumbre.

Asistirán, además, empresarios de diferentes países y altos representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Terra


El desarrollo de Centroamérica: una responsabilidad compartida – Por Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores de México

Este jueves y viernes se celebrará en Miami, Florida, la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, convocada conjuntamente por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Este encuentro de alto nivel es resultado del trabajo cercano entre ambas naciones durante los últimos meses.

En enero de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto definió los objetivos de política exterior que seguirá México durante los próximos dos años. Respecto a los países de Centroamérica, y particularmente con los que integran el Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras–, el mandatario mexicano indicó que debemos avanzar para atender retos comunes, como el desarrollo, la paz y la migración segura y ordenada, respetuosa de los derechos humanos.

Asimismo, indicó que uno de los objetivos de su gobierno en la negociación con Estados Unidos es que el desarrollo del hemisferio sea una responsabilidad compartida. En ese sentido, el presidente Peña Nieto señaló que los gobiernos de México y Estados Unidos debemos asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta en promover el desarrollo de los países de Centroamérica.

La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica demuestra este compromiso concreto y conjunto de los gobiernos mexicano y estadunidense para promover el desarrollo en la región, al que se sumarán los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como representantes gubernamentales de alto nivel del resto de los países de la región y de Canadá, Colombia, Chile, España y la Unión Europea.

En México se combinan todas las realidades de la migración internacional. Somos un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas, lo que nos ha permitido desarrollar una visión amplia de este fenómeno.

La migración es inherente al ser humano. Cada año millones de personas cruzan las fronteras y se establecen en países distintos al suyo. Las causas son múltiples. El reto de la comunidad internacional es lograr que estos flujos sucedan de manera ordenada, segura y regular, a través de políticas encaminadas al respeto de los derechos humanos de todas las personas. No podemos ignorar a quienes abandonan sus países en búsqueda de mejores oportunidades o que huyen de conflictos armados, violencia y crisis humanitarias.

El número de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos ha disminuido. Sin embargo, en los últimos tres años la cantidad de personas que atraviesan México de forma irregular rumbo a ese país, creció en más de 100 por ciento.

La migración irregular no es un tema que se resolverá aplicando controles migratorios. Sólo políticas integrales que impulsen el desarrollo sostenible, en entornos adecuados y que aseguren el respeto de los derechos humanos de las personas, nos permitirán ordenar dichos flujos de manera paulatina, mediante una visión de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Ese es el enfoque con el que México se relaciona con las naciones centroamericanas.

La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica será también un espacio para sumar al sector privado como socio en el esfuerzo por catalizar el desarrollo sustentable de la región. La participación de importantes empresas mexicanas presentes en Centroamérica es un activo que aportará elementos significativos a las discusiones que se tendrán en Miami.

Confiamos en que la suma de voluntades permitirá fortalecer también una iniciativa de los propios países del Triángulo Norte: la Alianza para la Prosperidad. Este plan promueve la coordinación y articulación de acciones y busca generar el arraigo de la población con sus países, mediante un cambio estructural que brinde oportunidades económicas por medio de cuatro líneas estratégicas: desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, dinamizar el sector productivo y fortalecer las instituciones.

La conferencia será una oportunidad para identificar y ubicar áreas de convergencia entre ésta y otras agendas de desarrollo e inversión, las cuales deberán buscar crear economías incluyentes, que mejoren la calidad de vida de la población, con estrategias claras para reducir la violencia y mejorar los sistemas de impartición de justicia y la protección de los derechos humanos en Centroamérica.

El gobierno mexicano está convencido que el desarrollo y la prosperidad de los países hermanos de Centroamérica repercute en el nuestro. México asume su responsabilidad compartida.

La Jornada


No se tratará TPS en cumbre de Miami

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibirá hoy a los gobernantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, con quienes prevé tratar temas de seguridad, migración y desarrollo.

Pero lo más seguro es que el tema se trate en las reuniones bilaterales que los miembros de la administración Trump mantendrán esta semana en Miami con los mandatarios del Triángulo Norte.

“—El TPS— no está en la agenda de la conferencia”, aseguró el martes durante una llamada telefónica con periodistas John Creamer, subsecretario de Estado adjunto para Cuba, México y Centroamérica.

“Evidentemente es importante para los países en el Triángulo Norte. Esperaría que saliera en las bilaterales”, añadió el subsecretario.

Miami acogerá del 15 al 16 de junio la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, con la que la administración Trump espera enviar una señal de apoyo a los países del Triángulo Norte.

Washington DC concedió el TPS a Honduras y Nicaragua en 1998, debido a los efectos devastadores del huracán Mitch, y a El Salvador se lo otorgó después de los terremotos ocurridos en el 2001. Estados Unidos también dio TPS a Haití, por el terremoto que asoló ese país en enero del 2010.

Ese país del norte puede otorgar el TPS a extranjeros que temporalmente no pueden regresar a su hogar debido a riesgos por un conflicto armado, una catástrofe ambiental u otras condiciones extraordinarias.

Otorga o quita

El presidente de Estados Unidos puede otorgar o retirar el TPS sin necesidad de autorización del Congreso.

Ese estatus frena temporalmente las órdenes de deportación de territorio estadounidense y durante ese período los beneficiarios pueden obtener un permiso de trabajo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, no les otorga la residencia permanente.

Creamer aseguró que el gobierno de Donald Trump está en proceso de revisión y que todavía no ha tomado una decisión sobre si ampliar o no el TPS a partir de enero de 2018 para hondureños y nicaragüenses, y a partir de marzo de 2018, para los salvadoreños.

“No hemos tomado una decisión todavía sobre el TPS”, dijo el subsecretario, quien aseguró que espera que la decisión se tome “más tarde este año”.

La conferencia, coorganizada por los gobiernos de México y Estados Unidos, reunirá a líderes gubernamentales y empresariales de ambos países y de Centroamérica, para abordar “los retos y oportunidades en materia económica y de seguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras”, según la Casa Blanca.

El vicepresidente Pence, quien estará acompañado de otros miembros del gabinete, sostendrá posteriormente una serie de encuentros bilaterales con los mandatarios Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Juan Orlando Hernández, de Honduras; y Jimmy Morales, de Guatemala.

Defenderán prórroga

Honduras y El Salvador defenderán la prórroga del TPS, que permite a miles de sus ciudadanos trabajar en suelo estadounidense, y buscarán más inversión como antídoto a la migración. Los guatemaltecos no cuentan con dicho estado.

El gobernante de Honduras adelantó que abogará en Miami por la ampliación del TPS para los hondureños en Estados Unidos.

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, fue más allá y dijo el lunes último que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén no piensa solo en la prórroga del TPS, sino también en “ascender a otros estatus, como el de residente”.

Ambos gobiernos también hablarán de su apertura económica y las oportunidades de inversión que ofrecen, los puntos que quiere destacar especialmente el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

“La propuesta que lleva Guatemala es que se invierta en desarrollo para generar más empleo y tratar de disminuir la migración”, dijo recientemente el canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales.

“Hay temor de militarización de la frontera”

La exclusión del tema del TPS en la reunión de países del Triángulo Norte con Estados Unidos va en la línea de lo que declaró el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, John Kelly, hace pocos días: “El TPS no es indefinido”, comentó Pedro Pablo Solares, experto en migración y consultor en la iniciativa Puente Norte.

Solares dijo este martes que la reunión de hoy y el viernes en Miami estará más enfocada en la seguridad y que hay temor de que ese gobierno pretenda militarizar las fronteras de Guatemala con México, por lo que el país debe saber que no es el momento propicio para esperar el beneficio del TPS.

Guatemala debería centrarse en replantear la visión que sobre la migración ha tenido el presidente estadounidense, Donald Trump, la cual busca criminalizar la migración. Se sabe que esta reunión se centrará en dos sentidos, expresó Rosales: el objetivo de desarrollo, un proyecto de largo plazo, y la agenda de seguridad, que busca evitar los flujos migratorios y más deportaciones.

Prensa Libre


The Militarization of U.S. Policy on Latin America Is Deepening Under Trump

By Jake Johnston

In a high-level meeting Friday, the presidents of Honduras, Guatemala and El Salvador will discuss the region’s security with American and Mexican officials.

Innocuous enough, you may think. But part of the meeting will be held on a U.S. military base in Miami, Florida — the headquarters of the U.S. Southern Command, the Pentagon’s regional subsidiary that oversees American military operations throughout Central and South America as well as the Caribbean. Under President Donald Trump, the militarization of U.S. foreign policy is about to stretch more deeply into Central America.

Central America policy-making, hardly an open book to begin with, is set to become more secretive.  With the Conference on Prosperity and Security in Central America just days away, there is no official agenda of speakers or publicly listed events and no involvement of civil society organizations — even press access is extremely limited. What we do know is U.S. Secretary of State Rex Tillerson will be there, as will Vice President Mike Pence — and of course, General John F. Kelly, the director of Homeland Security and the previous head of SOUTHCOM.

These high-level government officials will be joined by a coterie of elite Central American businessmen, invited to the conference by its hosts, the U.S. and Mexico. Trump’s budget envisions a massive cut in U.S. economic assistance to Central America, so officials will apparently be asking the country’s most rapacious and corrupt economic actors to fill the void.

“We must secure the nation. We must protect our people,” Secretary of State Tillerson told his staff last month in a discussion around Washington’s new “America First” foreign policy. “And we can only do that with economic prosperity. So it’s foreign policy projected with a strong ability to enforce the protection of our freedoms with a strong military.” By linking economic success with military operations, Tillerson telegraphed which way the foreign aid dollars will be blowing.

While much has been made of the reduction in the budgets of the State Department and USAID, don’t expect the U.S. to simply retreat. Rather, expect the U.S. military to deepen its involvement in the region. There may be no new official policy announcements, but the shift appears inevitable.

The turf battle between the State Department and the Pentagon over control of foreign assistance — and more specifically “security cooperation” — goes back to the Obama administration. Throughout 2016, the diplomats and the generals fought over control of the billions of dollars of U.S. security assistance allocated each and every year. Surprising few, the Pentagon came out on top and with Trump’s election has been bolstered further.

There are currently more than 80 unique authorizations that allow the Pentagon — with minimal consultation with the State Department — to deliver security assistance to foreign nations’ military, police, and paramilitary forces. With development assistance slashed, the face of U.S. diplomacy in the region will more often be wearing a uniform.

In 2016, the Pentagon distributed nearly $60 million in counter-drug assistance to Central America. Compared to the at least marginally transparent State Department budget, the labyrinthine nature of the Pentagon budget makes it next to impossible to determine precisely how much is spent in Central America — let alone what it may look like next year. But with Secretary Kelly, the former SOUTHCOM commander, in charge, it appears that an increased Pentagon focus on Latin America is likely.

The State Department has been marginalized under president Trump, and many top posts remain vacant. With the Pentagon empowered, and with top generals populating Trump’s inner-circle, it is likely the military will be leading U.S. policy in Central America. This will be on full display at SOUTHCOM’s headquarters outside Miami.

With increasing security assistance coming from the opaque Pentagon budget, congressional and public oversight of U.S. security programs becomes next to impossible. Ahead of the conference, hundreds of Central American and international organizations wrote an open letter to express their concern over the lack of transparency and consultation associated with this apparently increasing militarization. Holding the meeting at SOUTHCOM will “send a dangerous signal” to the hemisphere, many dozens of organizations warned Secretary Tillerson in a separate letter.

Viewing development through a security prism will likely mean less focus on working with the grassroots, on community-led development, or focusing on human rights. The security forces of all three Northern Triangle countries have been implicated in corruption and human rights violations, but unlike State Department funding that is conditioned — even if officials routinely certify state compliance with said conditions ― the Pentagon faces far fewer restrictions.

In 2016, the State Department ― at Congress’ request ― withheld $5.1 million in Foreign Military Financing until there had been a certification that Colombia was respecting human rights. But whatever leverage State may have had was immediately undercut. The same year, the Pentagon gave their Colombian counterparts 15 times more assistance than State could have withheld, with no conditions. (State ended up certifying compliance.)

With fewer resources channeled through traditional means, within U.S. embassies in the region it will be the intelligence liaisons, defense attaches, military group colonels, DEA agents, and other security officials that are empowered to lead U.S. foreign policy. They will be the ones holding and administering the carrots.

In turn, the militarization of U.S. foreign policy can be expected to further shift the balance of political power in Central America towards those nation’s militaries. Civilian governments are weak and fragile and, as the 2009 coup in Honduras showed, still threatened by economic and military elite.

This will likely only exacerbate the root causes of increased violence, devastation and migration that has plagued a region where what is needed are stronger civilian governments, not ever more powerful militaries.

Nor is the presence of Mexico necessarily helpful. The U.S. has enlisted Mexico to act on its behalf, clamping down on migrants coming from the southern border with Guatemala to block them well before they reach the Rio Grande. At a previous security conference in April, the Guatemalan Defense Minister announced that SOUTHCOM would begin joint operations with Mexican and Guatemalan forces on its northern border in the coming months.

The Colombian government will also be present. As with Mexico, the Pentagon is increasingly relying on Colombian military forces to train allied military and police forces throughout the region. In effect, the U.S. is outsourcing its security cooperation to Colombia and Mexico, two countries whose militaries have been implicated in more human rights abuses than any other country’s in the hemisphere.

The militarization of U.S. policy in Central America is more than just a dangerous signal. It is, as we’ve seen with the killing of Berta Caceres in Honduras, a real threat to environmental activists, civil society groups, peasant organizations, and others fighting for a more just and humane development model in the region.

As has been the case in Central America for decades, the economic and security interests the respective militaries will be protecting are not those of the poor and vulnerable, but rather those of the elites. On Wednesday, a who’s who of Central American businessmen was feted by the U.S. Chamber of Commerce and the Inter-American Development Bank; on Thursday, top officials paid lip service to “development” and announced new private sector investments. Next, behind the gates of a U.S. military barracks, political and military leaders were all set to strategize on a plan to protect those investments.

It may be good for a few big corporations’ bottom lines, for the Pentagon’s relevance in the region, and for local security forces and their political patrons, but don’t expect this militarized approach to development to solve the ongoing crises in Central America.

FPIF