El Ministerio Público detalla cómo Odebrecht sobornó a políticos y empresarios

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Contexto Nodal
El 29 de mayo fueron detenidos 10 de los 14 implicados en el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La mayoría de los imputados son funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a los dos principales partidos políticos del país, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana y el opositor Partido Revolucionario Moderno.

Odebrecht ayudó a acusados a incrementar sus patrimonios

Incrementos exorbitantes de patrimonios, modificaciones irregulares a presupuestos de obras y violaciones a la Ley de Compras son solo una parte de las acusaciones que tiene el Ministerio Público en contra de los imputados por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht.

Los hechos están contenidos en la solicitud de la medida de coerción depositada ante el juez Francisco Ortega, en la que se detallan montos millonarios transferidos por la empresa a Ángel Rondón para sobornar a los imputados.

El entramado

En el expediente presentado por las autoridades se señala a Ángel Rondón como el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada por Odebrecht.

De acuerdo a la acusación, este imputado recibía transferencias bancarias millonarias de la constructora desde Antigua, por medio de la empresa Klienfeld Services LTD, que llegaban a la sociedad comercial Lashan Corp vinculada a Rondón.

Solo entre agosto de 2007 y diciembre de 2010 entre estas empresas hubo un movimiento de US$4.2 millones (unos 159 millones de pesos al cambio de la fecha) “con la finalidad de sobornar a funcionarios del Estado dominicano”, se indica en la acusación.

Las transacciones envolvían montos desde US$9,000 hasta superar los US$400 mil.

Sin embargo, las transferencias más altas se registran en 2012, año en que una sola transacción alcanza los US$2.2 millones (suma superior a los RD$87 millones al cambio de la fecha).

Por cada obra contratada Rondón obtenía entre un 2 y un 3 % de su valor, según los ejecutivos de Odebrecht Marco Cruz y Ernesto Sá Viera Baiardi, quienes develaron el esquema.

Este porcentaje le permitía ganar hasta US$6 millones por una sola obra y parte de ese dinero era empleado en obtener voluntades, afirman las autoridades.

“En cada una de las obras construidas por la constructora Norberto Odebrecht, el imputado Ángel Rondón Rijo tuvo una participación activa, realizando actos ilícitos que involucraron sobornos a funcionarios y legisladores”, se detalla en la acusación.

Según las autoridades, Rondón utilizó 40 empresas para tratar de ocultar sus operaciones irregulares y realizar algunos pagos.

Las acusaciones

Aunque no se especifican montos comunes, tanto a Roberto Rodríguez, Temístocles Montás, Andrés Bautista, César Sánchez, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Máximo de Óleo, Tommy Galán, Bernardo Castellanos y Ruddy González, el Ministerio Público los acusa de recibir sobornos de mano de Rondón para garantizar en tiempo récord la aprobación de las obras. Así mismo, se les señala como estrechos colaboradores del “hombre del maletín”.

En tanto que al abogado Conrado Pitaluga se le acusa de lavado de activos en favor del imputado Víctor Díaz Rúa, para lo que presuntamente utilizaba diversas empresas.

“El imputado realizó una transacción en efectivo en el mercado de valores a través de Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa en fecha 6 de junio de 2016, dicha operación fue por valor de US$2,504,147.62”, indica el documento.

Según las autoridades en estos montos hay dinero proveniente de sobornos obtenidos por Díaz Rúa de la construcción la autopista del Cora,l entre otras obras.

Ministerio Público ubica aumentos ingresos en un 100%

Según la Procuraduría los implicados en el caso lograron aumentar sus ingresos de forma sustancial a base de los sobornos.

En ese sentido, indican que el expresidente del Senado Andrés Bautista pasó de tener inmuebles por valor de RD$3.2 millones en 1994 a RD$43.6 millones en 2008.

Las autoridades establecen que este incremento coincide con las fechas de la aprobación de las obras del acueducto de la Línea Noroeste y su , y la hidroeléctrica Pinalito.

En el caso del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz , en tan solo cuatro años su patrimonio pasó de RD$63.5 millones en 2004 a RD$414 millones en 2008, sin embargo en esas fechas su sueldo solo tuvo un incremento de RD$3 mil pesos.

Aunque en menor proporción lo mismo ocurrió con los bienes de Julio César Valentín, Ruddy González, m Galán, Temístocles Montás, Radhamés y Alfredo Pa, entre otros de los imputados.

El Día


Texto completo de acusación del Ministerio Público por sobornos Odebrecht en RD

El Día


El escándalo de Odebrecht golpea a PLD y PRM los dos principales partidos de la República Dominicana

El escándalo del caso Odebrecht golpea a los dos principales partidos políticos de República Dominicana, después de que varios de sus dirigentes hayan sido imputados por su presunta implicación en los sobornos que la empresa brasileña pagó para lograr obras públicas.

La acusación contra cinco dirigentes de la máxima dirección del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el portavoz de la bancada de diputados de esa formación y otros dirigentes coloca a estas agrupaciones ante una difícil tesitura.

Cinco meses después de que estallará el escándalo de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD, la Procuraduría ordenó esta semana el arresto de 14 personas.

Del total de 14 involucrados, una decena de políticos y empresarios fueron detenidos el lunes, y en el caso de los tres legisladores, dos del PLD y uno del PRM, se ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria.

Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como “Marcha Verde”, consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.

Entre los imputados figura el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en una carta dirigida ayer al presidente Danilo Medina puso su cargo a disposición y defendió su inocencia, y posteriormente, en otra misiva, solicitó su suspensión temporal del principal organismo de dirección del oficialista PLD.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni el PLD se han pronunciado sobre las peticiones de Montás, un veterano político dominicano que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la citada organización política, entre ellos ministro de Economía (2007-2016).

Todos los políticos imputados han defendido su inocencia y desde sus respectivos partidos políticos han puesto a su disposición sus equipos de abogados.

Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.

El principal partido opositor dominicano ha condenado el arresto de su presidente, Andrés Bautista, y de otros de sus dirigentes, y ha acusado al presidente del país, Danilo Medina, de encubrir a los verdaderos culpables de recibir los sobornos que pagó Odebrecht.

En una nota, el PRM denunció que “al grupo en el poder lo mueve la malsana intención de destruir a la principal fuerza política de la oposición y a la vez enlodar a los distintos sectores de la nación”, para luego propiciar que permanezca igual el manto de impunidad que cubre a los grandes desfalcadores del erario.

Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como “Marcha Verde”, consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.

No obstante, creen que no habrá justicia plena hasta que no sean condenados todos los responsables de los delitos de sobornos, sobreevaluaciones de obras, lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales, así como devuelto el dinero robado y cancelados los contratos vigentes con Odebrecht.

Mientras la justicia dominicana decide si aplica prisión preventiva a los imputados, grupos como “Marcha Verde” ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones al considerar que es el único camino que podrá garantizar que éste sea verdaderamente el inicio del fin de la impunidad en República Dominicana.

Acento


EE.UU sobre Odebrecht-RD: “Que todos los corruptos involucrados en este caso sean sometidos ante la justicia”

La embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana dijo que “todos los corruptos involucrados en este caso sean sometidos a la justicia”, en relación con los procesos que lleva a cabo la Procuraduría General de la República contra los imputados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

A petición de Acento.com.do, y tomando en cuenta la declaración del Procurador General de la República, Jean Alain Rodriguez, en el sentido de que Estados Unidos ha colaborado con la investigación, la embajada de los Estados Unidos entregó por escrito a este medio la siguiente respuesta:

“Respecto al caso Odebrecht en la República Dominicana y el inicio de acción del Ministerio Publico, es un buen primer paso. Los Estados Unidos queremos ver, en acuerdo con el debido proceso, que todos los corruptos involucrados en este caso sean sometidos ante la justicia.”

La declaración está firmada por Chase A. Beamer, consejero de Asuntos Públicos, quien refirió también que respecto de las visas y otros datos de los imputados, vinculados con los Estados Unidos, se abstienen de ofrecer informaciones.

Dijo que es política de la embajada de los Estados Unidos, en correspondencia con el Departamento de Estado, no ofrecer este tipo de datos, salvo que los mismos involucrados los ofrezcan, como ocurrió con el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien divulgó el dato de que fue despojado de sus dos visas para entrar a los Estados Unidos.

Por escrito, Chase A. Beamer entregó una declaración sobre los visados, y dice lo siguiente:

El Departamento tiene amplia autoridad, bajo la sección 221 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para revocar visa basada en la información que pudiera salir a la luz en cualquier momento indicando que el poseedor de la visa podría ser inadmisible para los Estados Unidos o inelegible para visa.

Acento

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