Hay que poner fin a paro minero – Diario El Colombiano

585

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El paro minero del Nordeste de Antioquia, que ayer cumplió su primer mes, con graves consecuencias para los 61.000 habitantes de los municipios de Segovia, Remedios y sus corregimientos, no puede continuar en su etapa de sordos y exige la reanudación de las conversaciones, en la Mesa Minera, con propuestas reales que acerquen a las partes y pongan fin al conflicto social, económico y laboral que desató.

La movilización tiene múltiples componentes. Allí no solo concurren mineros ancestrales, artesanales y otros miembros de la cadena minera, que buscan mantener sus espacios y condiciones dignas de trabajo para continuar con su actividad, también cobran protagonismo fuerzas oscuras y violentas, que pescan en río revuelto y degradan la protesta social.

Con el paso de los días, la tensión en la región se ha hecho cada vez más compleja debido al desabastecimiento de alimentos, falta de transporte, cierre obligado de negocios, que incluye hasta las ventas callejeras; escuelas, colegios y demás actividades claves, como lo comprobó EL COLOMBIANO, que desplazó un equipo periodístico a la zona.

Si bien los organizadores del paro y sus representantes ante la Mesa de Soluciones Mineras, hoy estancada, afirman que el movimiento es pacífico y rechazan las vías de hecho, el balance es catastrófico desde el punto de vista de la seguridad y su impacto sobre pobladores que nada tienen que ver con el mismo.

En las confrontaciones con la fuerza pública, en las que se han utilizado explosivos y granadas, según las denuncias de la Gobernación, una persona murió, mientras que 15 agentes del Esmad y 17 personas han sufrido heridas.

A esto se le suman bloqueos en calles, algunos carros quemados y tachuelas, ataques contra el transporte, viviendas e instalaciones de la empresa minera Gran Colombia Gold y una campaña de intimidación y amenazas de muerte, como la que se difundió en un video, en el que un grupo de encapuchados sentenció al alcalde de Segovia, Gustavo Alonso Tobón Vélez, directivos de la multinacional minera y a la misma policía.

La minería mediana y ancestral e informal en Colombia tiene un componente social complejo porque jamás se ha formalizado y su actividad se ha convertido en una agresión al medio ambiente, con total desdén de parte del establecimiento, y combustible económico para los grupos armados ilegales.

Compartimos la preocupación del Gobierno Nacional por tratar de poner orden a esta situación con procesos de formalización de la minería ancestral, controles al uso del mercurio, degradación del medio ambiente y la infiltración de ilegales en este sector de la economía, con decretos como el 1102, del pasado 27 de junio, pero consideramos que no todo se puede hacer desde el nivel central y es válido escuchar y atender a los representantes de los mineros, en busca de proyectos concertados.

En el Nordeste antioqueño, por décadas y siglos, han confluido y desarrollado en sus distintos procesos (extracción, procesamiento y comercialización del metal), la minería ancestral, industrial y la gran minería, por ello, todo dentro del más estricto orden debe mantenerse para el bien de la región y sus habitantes.

Insistimos que con propuestas inteligentes, sin radicalismos y cada uno aportando parte de lo suyo, es posible un acuerdo del que todos se beneficien.

El Colombiano

Más notas sobre el tema