Argentina: detallan ante la ONU las irregularidades cometidas por el Estado en la búsqueda de Maldonado
Entre la negación y las pistas falsas
“El Comité de Desaparición Forzada la ONU fue claro en sus indicaciones cuando dictó la acción urgente, sin embargo el Estado argentino no ha orientado adecuadamente su tiempo y recursos para contribuir genuinamente a su aparición con vida. De hecho, desatendiendo la importancia crítica que tienen los primeros momentos de una desaparición, en los 35 días posteriores a que Santiago desapareciera en el contexto del operativo de la Gendarmería, el actuar del Poder Ejecutivo estuvo principalmente abocado a negar toda participación de esa fuerza federal, a instalar hipótesis falsas que desviaron la investigación, a maltratar a la familia de Santiago y a estigmatizar y desacreditar a la Comunidad mapuche Pu Lof.” Así resumió el Centro de Estudios Legales y Sociales la actuación del gobierno que encabeza Mauricio Macri en un informe presentado ayer ante ese comité de Naciones Unidas, donde analizó la respuesta del Estado argentino a la desaparición de Santiago Maldonado.
“Tampoco aportó en tiempo y forma la totalidad de la información con la que contaba en relación con los hechos del 1 de agosto de 2017”, reza el extenso documento firmado por el abogado Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. Tras realizar consideraciones “sobre el muy preocupante desarrollo de las investigaciones judiciales en relación con la desaparición de Maldonado”, el CELS concluyó que hubo una “falta de efectiva preservación y aporte oportuno de la prueba, además de la presentación de evidencia parcial e incompleta”. Para el organismo, “es claro que el Estado argentino no ha acatado los términos de la acción urgente”, por lo cual consideró que es imprescindible que el Comité contra la Desaparición Forzada los reitere y, en concreto, requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona, en particular cuando aquello sucede, como en este caso, en el contexto de un operativo de fuerzas de seguridad. El CELS enfatizó que “es fundamental que todos los esfuerzos se orienten a la aparición con vida de Santiago Maldonado”, y para eso “el Estado argentino debe por fin encauzar una ‘estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y localización’, tal como le fuera oportunamente requerido por esta instancia internacional”.
Con especial cuidado, el organismo de derechos humanos indicó que aguarda la definición sobre la recusación del juez federal Guido Otranto, y mencionó que en el escrito con que pidió su apartamiento se detallan “graves problemas que hemos identificado en el proceder judicial hasta la fecha y el prejuzgamiento” del magistrado sobre los hechos y actores de la causa. También recordó que la familia de Santiago Maldonado coincidió en la solicitud de apartamiento del juez.
En el capítulo asignado al incumplimiento de las medidas de protección por parte del gobierno de Cambiemos, el CELS destacó que también “se verifica respecto de los miembros de la comunidad Pu Lof que en todos estos días han sido estigmatizados y desacreditados por diversos funcionarios de gobierno, como informamos oportunamente, en 2015 el gobierno provincial de Chubut comenzó a criminalizar y reprimir a la comunidad mapuche Pu Lof, a partir de la disputa que la comunidad sostiene con el empresario italiano Luciano Benetton por la propiedad de las tierras”. En ese contexto, “se sucedieron varios hechos graves de represión, con heridos, y se denunciaron prácticas de espionaje ilegal; el Poder Judicial de la provincia intentó aplicar la ley antiterrorista contra los mapuches, pero esta estrategia fue entonces desestimada por la Justicia Federal”.
El CELS fue lapidario al afirmar que “el gobierno nacional que asumió en diciembre de 2015 se sumó a la criminalización de los mapuches e intensificó los mensajes tendientes a presentarlos como una amenaza al Estado”. De hecho, en un documento de circulación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, titulado “Resultados de gestión” y fechado el 30 de agosto de 2016, se afirma que grupos mapuches “están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”; que “se arman comunidades y se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos”, actividades que “afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”. En tal sentido, recordó que a fines de julio y principios de agosto de 2017, “el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, se desplazó hacia Esquel. En esa ocasión a firmó que los mapuches quieren ‘generar caos y desorden y temor en la población’ y que ‘tenemos algunas noticias de que se han juntado con extremistas kurdos’”. Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, y al tiempo que negaba la participación de Gendarmería en el hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siguió refiriéndose a una supuesta amenaza mapuche, afirmando por ejemplo que “nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”.
Comunidad mapuche tehuelche tomó el Juzgado de Esquel y reclamó la renuncia de Otranto
Integrantes de la comunidad mapuche tehuelche Vuelta de Río tomaron este miércoles durante cuatro horas el Juzgado Federal de Esquel y reclamaron la renuncia del magistrado Guido Otrando, tras denunciar maltrato de las fuerzas de seguridad durante los operativos en las tierras que habitan, en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.
En medio de un clima de tensión, la medida de fuerza finalizó pasadas las 13, luego de que el grupo fuera recibido por Otranto.
«Venimos a ocupar el Juzgado por el mal desempeño que hace el juez y no nos vamos a ir hasta no renuncie a su cargo», sostuvo Marcelo Calfupán, miembro del grupo, en declaraciones a C5N al iniciar la protesta.
El grupo del pueblo originario patagónico, cuyas tierras lindan con la comunidad Pu Lof, repudió el modo en el que se llevó a cabo el operativo del pasado lunes que realizaron fuerzas de seguridad en busca de rastros del joven artesano de 28 años.
«A las 7 llegó un helicóptero, maniataron a cuatro miembros de nuestra comunidad, a uno le rompieron la cabeza, y los tuvieron tirados tres horas fuera de su casa, sin abrigo», relató Calfupán.
Y remarcó: «El juez quiere desviar la causa. Si como juez dio orden de reprimir a nuestra comunidad, se tiene que hacer cargo tanto él como la policía. Ellos son los culpables y se tienen que hacer cargo: no pueden involucrar a gente humilde, trabajadora que no tiene nada que ver con ese tema».
La comunidad mapuche tehuelche Vuelta de Río, vecina a la de Pu Lof, está integrada por unas 34 familias que se dedican a la crianza de chivos, ovejas y algunos vacunos.
Según declararon testigos ante la Justicia, en las tierras de Pu Lof fue visto por última vez el joven Santiago Maldonado el 1 de agosto pasado, durante un operativo realizado por efectivos de la Gendarmería para desalojar un corte de la Ruta Nacional 40.
En tanto, la referente de Pu Lof Soraya Maicoño instó a los integrantes de otras comunidades originarias a acercarse al lugar para apoyar el reclamo: «Estamos llamando a las comunidades y a las personas conscientes, porque acá se está mostrando la persecución constante que sufrimos».
Tras cuatro horas de toma, los manifestantes fueron recibidos por Otranto: «Logramos hablar con el juez y le expresamos nuestra disconformidad y malestar por haber sufrido esta persecución producto de la desaparición forzada de una persona. Se lo está buscando en nuestra comunidad, se está siguiendo a nuestra gente», contó el referente de la comunidad Vuelta de Río Rogelio Fermín.
En declaraciones a la prensa, agregó: «Le vinimos a decir que no vamos a permitir que nos vuelvan a atropellar».
Ante la medida de fuerza que se llevó a cabo, un grupo de uniformados de la Policía Federal permaneció apostado frente a la sede del Juzgado Federal de Esquel.
Los rastrillajes en la zona de la Estancia Leleque podrían continuar en los próximos días, en momentos en que la investigación maneja como una de las hipótesis «más razonables» que el joven artesano murió ahogado ese 1 de agosto, tal cual señaló el propio Otranto días atrás.
