Colombia: Santos anuncia medidas ante los asesinatos de líderes sociales y la masacre policial de Tumaco

Contexto Nodal
El 5 de octubre campesinos que protestaban por la erradicación forzada de los cultivos ilícitos de coca en Tumaco, departamento de Nariño (sureste colombiano), fueron atacados por fuerzas de seguridad. El gobierno sostiene que murieron seis campesinos pero los pobladores aseguran que son al menos nueve. En tanto, el domingo 8, una comisión humanitaria de la ONU y la OEA que se dirigía a la zona también fue atacada por las fuerzas policiales.

Gobierno anuncia medidas para contrarrestar violencia contra líderes

El Gobierno informó este jueves que no hay un patrón sistemático de conducta que permita explicar el aumento de los índices de violencia (entre ellos, muchos asesinatos de líderes sociales) en el litoral Pacífico.

Luego de reunirse por espacio de cuatro horas con los miembros de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada en el marco del posconflicto, Santos dijo que en esa región confluyen diversos actores y muchas causas generadoras de violencia.

En ese contexto, la Fiscalía reportó que ha identificado 12 bandas criminales, con sus respectivos jefes, que se disputan el control del narcotráfico en la zona.

Como medida prioritaria para retomar el control de ese territorio, el jefe de Estado anunció la creación de un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas que van a copar la zona.

“Ese comando deberá tener el control de los ríos por donde se transportan y el urbano. Es importante que este grupo especial construya una acción integral con las comunidades”, explicó Santos.

Para facilitar la detección del riesgo al que están sometidos los líderes sociales, el Presidente anunció que en los próximos días el Gobierno emitirá un decreto para hacer más eficaz el sistema de alertas tempranas.

Con este cambio se busca acelerar la llegada de medidas de protección a las poblaciones que están bajo amenaza de las bandas criminales.

Santos anunció igualmente que el próximo martes el Gobierno va a radicar un proyecto de ley para dar más herramientas al Estado en la lucha contra las bandas criminales y, al mismo tiempo, permitir el sometimiento colectivo de esas organizaciones ilegales.

Tumaco

La preocupación en el Gobierno frente al asesinato de líderes sociales es creciente, especialmente por la compleja situación de orden público que vive Tumaco.

Hace 15 días, en este municipio fueron asesinados seis campesinos, en confusas circunstancias, en la vereda El Tandil, y esta semana se conoció el asesinato de dos indígenas awás y de José Jaír Cortés, un líder afro, atacado en zona rural del municipio.

El mandatario reveló que, a pesar de que se sigue avanzando en las investigaciones, aún no se ha podido saber quienes fueron los autores de esos asesinatos, pero todas las entidades encargadas “se comprometieron a esclarecer la verdad de lo que sucedió”.

Tampoco, según Santos, se ha podido establecer la verdad sobre el asesinato de 6 personas en la zona de El Charco (Nariño), denunciado por líderes cercanos a las Farc. “No se han visto los cadáveres”, enfatizó el mandatario.

Tumaco es hoy el más crudo escenario de los desafíos que enfrenta el posconflicto. En el municipio, cultivadores de hoja de coca y Fuerza Pública mantienen una alta tensión desde abril, cuando un agente antimotines murió y 12 policías fueron retenidos temporalmente por los campesinos que protestaban por la erradicación de sus plantíos.

El hueco que dejaron las Farc no ha sido copado por la institucionalidad, sino por actores armados que se pelean las 20.000 hectáreas de coca que hay en Tumaco y las rutas del narcotráfico privilegiadas por la ubicación geográfica: junto al Pacífico, en medio de la selva y en la frontera con Ecuador.

En el país se han reportado 190 asesinatos de líderes sociales desde enero de 2016 hasta la fecha, según informes de la Defensoría del Pueblo.

El presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Óscar Naranjo viajarán este sábado a Tumaco, epicentro de la ola de violencia desatada en la región los últimos meses.

Algunos puntos centrales

Se creará un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas para asumir el control del territorio.

Se modificará el sistema de alertas tempranas, para hacerlo más eficaz.

El próximo martes se radicará el proyecto de ley que permite el sometimiento de las bandas criminales a la justicia.

Habrá un decreto que crea nuevas condiciones para la protección colectiva de las comunidades.

POLÍTICA

Líderes exigen soluciones y más seguridad

Al menos 47 líderes de Tumaco le pidieron este jueves al Gobierno sentarse en una mesa de trabajo para analizar los verdaderos alcances de la erradicación de cultivos ilícitos en esta región, considerada la del mayor número de sembrados de coca en el país, y exigir alternativas reales para la sustitución de los mismos.

Los campesinos, agrupados en la Red de Consejos Comunitarios de Tumaco (Recompás), consideran que en su municipio no hay una salida a la sustitución de la coca como fuente de sustento diario y es por eso que la población se enfrenta al dilema de aceptar la erradicación, pero bajo la presión de los grupos armados ilegales. Los labriegos criticaron que “la mayor parte” de los recursos del Gobierno se destinen a erradicación.

“El pueblo tiene un año pidiéndole al Gobierno Nacional avanzar en el tema de cultivos ilícitos, pero no tenemos la respuesta efectiva”, aseguró Célimo Cortés, representante legal de Recompás.

Además de que esperan una solución pronta para la sustitución de la coca, Cortés indicó que los 47 integrantes de la organización han sido amenazados por desconocidos, por lo que claman seguridad, pues se encuentran “en peligro”. Según el líder social, quienes están amenazando a las personas de las organizaciones en Tumaco son “grupos que están en defensa de la mata de coca y en defensa de algunos residuos del narcotráfico en este sector”, indicó. “Nosotros nos hemos cansado en decirle al Gobierno que la erradicación ha sido un completo fracaso”, expresó.

El Tiempo


ONU pidió celeridad en las investigaciones por crímenes en Tumaco

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a la Fiscalía General de la Nación a que adelante de forma imparcial, eficaz y con estricto apego al principio de legalidad, las investigaciones por los delitos cometidos recientemente en el municipio nariñense.

“La Oficina también urge al ente investigador a designar a funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos como apoyo a los fiscales que adelantan las investigaciones en la Dirección Seccional, a fin de garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos en el análisis contextual de los hechos”, indicó Naciones Unidas a través de un comunicado de prensa.

Además le pidió a la Procuraduría que tome las acciones disciplinarias del por la falta de la implementación de los programas gubernamentales en Tumaco. “La Oficina hace un mayor énfasis en el llamado a las instituciones nacionales, departamentales y locales sobre la necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas, articuladas y estratégicas, que respeten todos los derechos de los pueblos étnicos y de las comunidades, que impulsen la implementación inmediata de todos los puntos contenidos en el Acuerdo de Paz”, señaló.

Caracol


Violencia contra líderes sociales y defensores, el mayor obstáculo para la paz

De acuerdo con el más reciente informe de las organizaciones Indepaz, CINEP, Programa por la Paz, IEPRI y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el año 2016, en Colombia se registraron 101 violaciones al derecho a la vida, 98 homicidios y tres desapariciones forzadas, todas contra defensores y líderes sociales y mayoritariamente en regiones que están priorizadas para la implementación del acuerdo con las FARC.

¿A QUIÉNES ASESINAN EN COLOMBIA?

El informe titulado “Panorama de violaciones del derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y el primer semestre del 2017”, expone que, de las 101 violaciones al derecho de la vida, 86 actos fueron contra hombres, mientras 15 hacia mujeres.

A su vez estableció que las comunidades más afectadas son las indígenas con 23 líderes asesinados, seguida de las comunidades campesinas, con 20 líderes, los integrantes de las Juntas de Acción, con 17 asesinatos y los consejos comunitarios con 7 homicidios.

De igual forma el documento señala que las organizaciones sociales y populares más afectadas por actos de violencia son Marcha Patriótica, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule, del Chocó.

EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

El informe permitió establecer los tiempos en los que el país ha registrado aumentos en los actos de violencia, el primero de ellos se registró en marzo con 13 asesinatos, luego se dio en agosto con 12 líderes y defensores de DD.HH, asesinados y hubo un aumento en noviembre y diciembre en donde por cada mes se presentaron 10 asesinatos.

A su vez, los aumentos en los asesinatos coinciden con dos momentos trascendentales en el proceso de paz el primero es el 24 de agosto, cuando se firmó el Acuerdo Final en La Habana y se acordó el cese bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC-EP, a partir de esa fecha se produjo un aumento de los asesinatos con un total de 41, posteriormente el 24 de noviembre con la firma del Teatro Colón 12 asesinatos.

Los departamentos en donde persiste la violencia, con mayor intensidad, de acuerdo con el informé son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño y Chocó.

LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS CONTRA LÍDERES

El informe evidenció que en el 57% de los casos de asesinatos se desconoce los autores de los hechos, el 24% de los casos corresponde a los narco-paramilitares, el 5% a grupos armados sin identificar, 4% corresponden al ELN y a las FARC, mientras que el Escuadrón Móvil Antidisturbios es el presunto autor del 4% de los asesinatos.

LA ESTIGMATIZACIÓN HACIA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES

Camilo Bonilla, sociólogo de la Comisión Colombiana de Jurista y quien participó en la elaboración del documento, expresó que en el informe se muestran 5 casos en donde hubo un manejo tendencioso de la información y de estigmatización por parte de funcionarios públicos y con el respaldo de medios de información.

“Estamos frente a un ejercicio asimétrico de poder en donde el medio de información únicamente tiene en cuenta la versión de la fuente más poderosa” afirmó Bonilla y agregó que en el ejercicio periodístico debe hacer una consulta de todas las fuentes e “ir más allá de los hechos” para develar lo que hay detrás del asesinato.

QUE LA PAZ NO CUESTE LA VIDA

El documento afirmó que si bien es cierto que hay informes de instituciones gubernamentales que alertan sobre la crítica situación del país, el Estado sigue sin tomar medidas concretas frente a estas situaciones, mientras que en diferentes departamentos del país las condiciones siguen siendo críticas.

Además se evidencia una cercanía espacial de las violaciones al derecho a la vida de líderes y defensores con las regiones priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz. De igual forma manifestó que las zonas en donde hay más amenazas de estructuras narco-paramilitares coinciden con los territorios en donde más han asesinado personas.

Lo que de acuerdo con el informe traduce que “a mayor apertura de posibilidades de participación política, de reforma agraria y de transformación social, aumentan las violaciones de derechos humanos”.

Contagio Radio


Un grito de indignación que seguirá retumbando

Por Equipo Periódico Periferia

La semana que culmina nos dejó una nueva jornada de indignación en el país; miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un mecanismo para saciar sus propios privilegios.

La exigencia de mejores condiciones de salud y educación, del cumplimiento de los acuerdos una y otra vez firmados por los distintos gobiernos con las comunidades que de manera permanente son incumplidos y pisoteados por las élites gobernantes, la lucha por garantías para la participación, la denuncia y visibilización del asesinato de líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo al modelo económico extractivista, la exigencia de la implementación de los acuerdos del Gobierno y las FARC y de la participación social en la mesa del ELN y el Gobierno estuvieron entre las fuertes razones que enarbolaron campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras estatales, maestros y pobladores urbanos para levantar en un solo tono su grito de Indignación.

La Indignación se mantiene y avizora mayores luchas.

Esta nueva jornada evidencia que el descontento de amplios sectores sociales se mantiene; si bien esta semana de la indignación no tuvo la fuerza quizás que la Minga del 2016 ni de los paros agrarios, mineros y de transportadores que le precedieron de 2013 al 20015, es bastante significativo que pese a la criminalización de la protesta social con la entrada en vigencia del nuevo código de policía, más la represión ilegal ejercida por el neoparamilitarismo sembrando el terror, la incertidumbre y el desconsuelo entre las comunidades organizadas, aún persista la dignidad popular y se manifieste en las calles expresando que no se dejará amedrentar en su lucha por la paz con justicia social.

En esta ocasión, ante el evidente esfuerzo de los medios masivos de comunicación alinderados al poder de las élites, se movilizó la comunicación alternativa y popular para visibilizar las acciones de las comunidades en los territorios; la voz de campesinos, indígenas y mestizos se hizo escuchar por los diferentes medios que las mismas comunidades y organizaciones sociales impulsan para expresar sus problemáticas, sus luchas y sus propuestas. También surgieron creativas y alegres maneras de movilizarse, con batucadas, comparsas, danzas, cantos cargados de indignación pero que aun así no renuncian a la alegría como un acto de rebeldía contra quienes quieren seguir sembrando de guerra los territorios.

Más importante aún es que esta jornada que tuvo su momento cúspide en la movilización del 12 de octubre, permitió que múltiples sectores que de una u otra manera han actuado solos durante estos años, se juntaran para hacer más fuerte su grito. De allí que las centrales obreras, los indígenas, campesinas, movimientos sociales y políticos agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, La Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comando Nacional Unitarios tuvieran la osadía de ponerse de acuerdo para lanzarse juntos a esta jornada que deja en proyección nuevos escenarios de lucha, organización y movilización para el campo popular.

Por tanto, aunque numéricamente esta jornada no tuviese la espectacularidad de otras, el balance es positivo en cuanto permitió juntar más sectores, pero también más luchas y propósitos y dejar sobre la mesa los anhelos y proyecciones comunes de los sectores movilizados.

Que el descontento se transforme en Indignación y Rebeldía.

Son varios los retos que tiene ahora la movilización popular. En primer lugar, es indispensable dar continuidad a los esfuerzos de movilización y organización de cada sector, a la vez que se confluye con quienes en esta jornada no estuvieron en calles y carreteras pese a tener razones para haberlo estado. Esto demanda mayor dialogo, capacidad de escucharnos, encontrar propósitos y caminos comunes; en tal sentido mantener y nutrir los espacios de confluencia, coordinación y articulación será indispensable para elevar los niveles de movilización y acción de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la clase popular.

Un reto mayor está en tener la capacidad de traducir el descontento generalizado de la población tanto con el gobierno nacional como con la clase política dirigente que históricamente ha gobernado; transformar el descontento en indignación popular y rebeldía. Para nadie es un secreto que en las esquinas, en los buses, en las cafeterías, en el cultivo, en la obra y hasta en la casa, la voz de cada hombre, mujer, joven y viejo expresa su inconformismo, su queja permanente por el costo de vida, por los precios de los alimentos, por el pésimo servicio de salud, por la nefasta movilidad de las ciudades, por la mala y costosa calidad de la educación pública, por las altas tarifas de los servicios públicos, por la inseguridad generalizada producto de las desigualdades sociales. Pero todo ese descontento no necesariamente se ha traducido en acción transformadora por parte de la gente de a pie. Al contrario, tal molestia generalmente se ha traducido en conformismo que lleva a la quietud; claro está que ello es producto también de los hábiles mecanismos que las mismas clases dominantes desarrollan para mantener adormecida a la gente, pero no libra de responsabilidad a los sectores organizados que luchamos por la transformación social, de nuestra incapacidad para seducir, enamorar y acercar a las mayorías descontentas pero inactivas.

De allí que un tercer reto esté en la capacidad de generar nuevas y variadas formas organizativas, que trasciendan las que comúnmente conocemos y que en muchos casos no resultan atractivas para la gente trabajadora de este país. No se trata solo de cualificar la organización específica de cada sector, sino de ser capaces que esos millones de colombianos y colombianas que solo se sientan al frente de un televisor, un celular o un computador y que solo gritan ante un gol, sientan que su voz no solo puede ser escuchada sino que sus problemas cotidianos, esos que son causados por el modelo político y económico al que estamos sometidos, pueden ser discutidos, trabajados y superados colectivamente y para ello el gran reto está en desatar la participación como acción transformadora.

Desatar la Paticipa-Acción para que la indignación dé sus frutos.

Si bien los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y las FARC no son todo lo que esperaríamos para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, allí existen muchos elementos que es necesario defender y luchar por su implementación, porque también allí están expresadas demandas históricas de los sectores sociales. Muchas de las cosas allí plasmadas van en la dirección de garantizar unos derechos mínimos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener y que en nuestro caso ni siquiera se aplica y pese a haberlo firmado, el Gobierno se la juega por desconocerlo e incumplirlo; por ello, exigir que se cumpla lo pactado, que el gobierno no le haga más trampas a la implementación, ni le tuerza el cuello a lo firmado es una obligación para el conjunto del movimiento popular.

Y es también una oportunidad y una tarea del campo popular disputarse el escenario de participación que abren los diálogos del ELN y el Gobierno Nacional. Allí tendremos que meternos, desatar la participación no solo de quienes ya están organizados en sindicatos, asociaciones, colectivos, movimientos políticos y sociales, sino de todos y cada uno de los colombianos que tienen algo para decir, exigir y proponer para hacer que hayan cambios que posibiliten la construcción de la paz con justicia social. Se trata entonces de darle continuidad a lo ya acordado en la Habana, defender su implementación, pero profundizar en la lucha para que los futuros acuerdos en la mesa de Quito puedan arrojar mucho más.

Sin embargo, la participación no puede detenerse allí, ni limitarse a los escenarios de implementación y negociación con las insurgencias. Es necesario que la participación trascienda el mero debate, la discusión, el diagnóstico de problemáticas y la lluvia de propuestas. La participación tiene que desatar a su vez la acción transformadora, que lo que la gente dice que tienen que ser los cambios para construir la paz, sea a su vez la acción que realicemos colectivamente para lograrla; no bastará con decir que nos oponemos al modelo minero energético, sino ser capaces de frenar su implementación en los territorios, no bastará que digamos que la salud y la educación están mal, si a la vez no nos organizamos y movilizamos para que se garanticen como bien social con plenas condiciones, no bastará que digamos que nuestros gobernantes son pésimos, sino somos capaces de elegir a otros que salgan de nuestros procesos y sean garantía de luchar por lo que siempre hemos defendido; no bastará con indignarnos, será necesario transformar.

Si, parece difícil que desde estas recientes jornadas de indignación se asuman estos retos, pero el momento del país no nos exige menos. Cada jornada, cada mitin, cada bloqueo, cada marcha, cada paro, cada minga debe estar encaminada a hacernos más fuertes, a sumar más voluntades, a lograr que el descontento se traduzca en rebeldía y que la rebeldía nos permita, desde abajo, abrir los caminos del país que nos merecemos.

Congreso de los Pueblos