Colombia: tras reunión conjunta, las Farc y el ELN advierten que “el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz”

“El paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz”: Farc y Eln

Después de reunirse durante dos días en Montecristi, Ecuador, las delegaciones de las Farc y del Eln publicaron un comunicado conjunto en el que expusieron los temas que trataron en este encuentro. Ambos grupos hablaron de paramilitarismo, de las dificultades en los programas de sustitución voluntaria y de erradicación de cultivos de uso ilícito, de los recientes asesinatos a líderes sociales, de corrupción y de la necesidad de “armonizar” los acuerdos: tanto el alcanzado con las Farc, como al que se podría llegar con el Eln.

Este lunes, además de las delegaciones de las Farc y el Eln, estuvieron presentes, como representantes del Gobierno, la canciller, María Ángela Holguín; el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y el jefe negociador de los diálogos con el Eln, Juan Camilo Restrepo, quienes se encargarán de presentar las conclusiones de este encuentro al presidente Juan Manuel Santos.

Lo primero que aseguraron es que, ante su compromiso de “llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhelan la mayoría de los colombianos”, es necesario que se conforme un mecanismo que permita “armonizar los dos procesos”. La intención, explicaron, es hacerle seguimiento tanto a la implementación de los acuerdos de las Farc, como al avance de la agenda establecida en Quito, Ecuador, entre el Gobierno y el Eln.

A esto se sumó la preocupación por el aumento de asesinatos a líderes sociales en Colombia cifra en la que no hay acuerdo, pues, mientras que algunos dicen que hay alrededor de 50 asesinados, otros, como Marcha Patriótica, aseguran que ya son cerca de 130, siendo el más reciente el homicidio de Miguel Pérez este domingo en Tarazá, Antioquia. Sobre este tema, ambas delegaciones manifestaron “nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y el asesinato de 30 excombatientes de las Farc”.

En consecuencia con lo anterior se refirieron al aumento de grupos paramilitares, aseverando que “es la mayor amenaza para la paz en Colombia, la sociedad y la democracia”. Por eso, pidieron que se tomen “medidas efectivas” para acabar con estos grupos. En agosto pasado, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó, con una votación de 96 representantes a favor y diez en contra, un acto legislativo que prohíbe la creación y financiación de estos grupos en Colombia, proyecto que fue uno de los puntos acordados entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

Después de esto, se refirieron al que se ha convertido en uno de los puntos más complejos de resolver en la implementación de los acuerdos: el de la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito en el país. En repetidas ocasiones, y más desde la masacre de seis campesinos el pasado 5 de octubre en Tumaco (Nariño), distintos sectores sociales, incluyendo a las Farc y al Eln, han manifestado sus críticas al programa de erradicación.

Sobre este punto, las delegaciones de ambos grupos concluyeron que “la solución a este complejo problema no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones, para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con Estados Unidos. Es necesario (…) implementar planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia”.

También manifestaron su “preocupación” de que la corrupción se convierta en un factor que ponga en “peligro la posibilidad de la paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos”. “Consideramos necesario el diseño de políticas y acciones concertadas que pongan fin a esta alarmante situación de corrupción generalizada”, añadieron.

El Espectador


Comunicado conjunto de las FARC y el ELN sobre el encuentro en Montecristi

Las delegaciones del ELN, y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, afirmamos, desde la Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador, que ninguna dificultad, por grande que sea, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia.

En la fecha, nos hemos reunido en Montecristi, Ecuador, cuna del prócer Eloy Alfaro, las delegaciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, con el propósito de evaluar el desarrollo de los procesos de paz que se vienen adelantando con el Gobierno Nacional.

Después de deliberar durante dos días, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1- Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas, de realizar la defensa conjunta del Proceso de Paz y de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, avance la Agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el ELN, así como armonizar los dos procesos. Para esta finalidad, hemos decidido la creación de un mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al país y a la comunidad internacional.

2- Al reconocer avances en los últimos años en la solución política, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las FARC. Hechos que en su mayoría permanecen en la impunidad a tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexidad en los mismos.

Hacemos un llamado a las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democráticos y alternativos a la organización, a la denuncia, la resistencia, la movilización, defensa de la vida, del territorio, las garantías y los Derechos Humanos de los colombianos.

3-Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia, por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo.

4-La verdad que habrá de conocerse para alcanzar la Paz, pondrá de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de Nunca Más.

5- La solución al complejo problema de los cultivos de uso ilícito, no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones; para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los Estados Unidos. Es necesario actuar con sensatez, con soberanía y que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades, implementar Planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia.

6-Ponemos de presente nuestra preocupación por la corrupción desbordada que ha invadido la estructura social del país y en general las instituciones públicas y privadas de la Nación: las cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscalía, los organismos del Estado a nivel regional, así como las empresas públicas y privadas.

El escandaloso comportamiento delictual de personalidades incrustadas al más alto nivel de la función pública y del sector privado, pone en peligro la posibilidad de la paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos.

Consideramos necesario el diseño de políticas y acciones concertadas que pongan fin a esta alarmante situación de corrupción generalizada.

7-Este momento histórico, excepcional exige la más plural alianza de los sectores que defendemos la paz y las transformaciones en el plano político y social.

Llamamos al cumplimiento de los Acuerdo de La Habana y al desarrollo de la participación acordada en la Mesa de Quito, de fortalecer la implementación integral de la participación social y ciudadana en desarrollo del primer punto de la agenda convenida entre el Gobierno y el ELN.

Por el bien de Colombia, afirmamos desde la Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador, que ninguna dificultad – por grande que sea-, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia, tal como lo recordó en su reciente visita el Papa cuando dijo al país: “La inequidad es la raíz de los males sociales”.

Delegaciones ELN y FARC.

FARC


Crece la protesta social por incumplimientos en el acuerdo de paz

En mayo de 2013, las Farc y el Gobierno acordaron una reforma rural integral que modernizara el campo y enfrentara los problemas estructurales que le han dado paso a la violencia en Colombia. Han pasado cuatro años desde ese día y es el capítulo que más lento va en la implementación de lo pactado en La Habana. Por eso no sorprende que ayer las organizaciones sociales y campesinas se hayan lanzado a un paro nacional indefinido. Reclaman, básicamente, el cumplimiento de lo acordado en Cuba y, en particular, que se materialice aquella promesa de que lo incluido en los textos de paz tendría un enfoque territorial. Y a eso, por supuesto, se le suman las demandas frente a los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que, por el momento, han sido más un problema que una solución.

El domingo, precisamente, hubo una reunión entre los representantes de dichas organizaciones y el Gobierno. El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, los recibió en su oficina, pero las horas de diálogo no sirvieron para detener la intención de miles de personas que, desde hace varias horas, se movilizan por todo el país para exigir una reforma política seria, un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Nuestro diálogo con el Gobierno en nada va a paralizar la gran movilización nacional a la que estamos convocando”, dijo a El Espectador David Flórez, vocero de Marcha Patriótica.

Guaviare, Nariño, Meta y Cauca fueron los primeros departamentos en comenzar con esta gran manifestación. A lo largo de la semana se sumará una decena más que no está conforme con el paso parsimonioso con el que avanza la implementación de la paz. Y cada organización tiene una exigencia distinta. Por ejemplo, en el caso del Cauca, la comunidad indígena protesta por la tardanza en actualizar el Decreto 982 de 1999 que permite a la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Indígena de ese departamento proponer la asignación de recursos en el presupuesto nacional, tanto para los acuerdos con estas comunidades como para la atención integral de las mismas y llevar al Gobierno propuestas de proyectos de ley para radicar en el Congreso, en aras de cumplir con dichos objetivos.

A eso se le suma, inevitablemente, el grave problema de seguridad que afrontan estas comunidades, pues, junto con su vecino, Nariño, y más arriba, en Antioquia, han visto caer en las últimas semanas a líderes de los programas de sustitución de cultivos ilícitos en crímenes aparentemente selectivos. Es el caso, por ejemplo, de José Jair Cortés (en Tumaco, Nariño), quien fue asesinado poco tiempo después de denunciar presiones por parte de las bandas criminales que se oponen a los problemas de sustitución voluntaria. O Miguel Pérez un campesino cocalero, quien adelantaba procesos de sustitución en el Bajo Cauca Antioqueño y también fue asesinado.

Mientras tanto, en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, una de las zonas priorizadas en el marco del Acuerdo de Paz, protestan por la construcción de una hidroeléctrica que afecta, según sus pobladores, a la represa de Salvajina, en donde se registra, además, incremento de la minería ilegal del oro y concentración de cultivos de coca. “Denunciamos el incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz. Ni los planes en torno a la sustitución de cultivos se han activado ni tampoco hay participación social ni reconocimiento de las autoridades étnicas en la construcción de los PDET, y no definen nada sobre la circunscripción especial de paz. Exigimos, además, que se lleve a cabo la consulta previa del Plan de Operación de la represa de la Salvajina, que debió hacerse antes de su construcción”, dijo una de las voces de la comunidad.

En últimas, es un rosario de demandas el que aqueja a las personas que están en paro desde este domingo, entre ellas 11 comunidades agrarias de distintos departamentos del país: Anzorc, la Coccam, Fensuagro, Marcha Patriótica, Proceso de Comunidades Negras, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, el Movimiento Ríos Vivos, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos. Y, esta vez, el presidente Juan Manuel Santos no tendrá motivo para repetir aquella lamentable frase que, cuatro años después, aún le cobra cuenta de cobro: “El tal paro nacional agrario no existe”.

De hecho, la semana pasada, el jefe de Estado estuvo en Popayán y, para sorpresa de quienes lo siguieron, advirtió de una realidad que no conocía, según dijo, desde que comenzaron los diálogos de paz de La Habana y desde que arrancó su Gobierno, hace siete años: “Nunca nos imaginamos las dificultades logísticas de llegar a las zonas veredales cuando se escogieron en dónde se iban a hacer. Llegamos a ‘gatas’ porque no había medios de comunicación, no había vías”. Es decir, se enteró de que todavía hay un país que reclama por las más mínimas condiciones vitales apenas después de firmado un Acuerdo de Paz. Pero, según su concepto, las necesidades de la gente siempre serán superiores a las capacidades de los Estados para suplirlas.

En ese sentido, el único llamado que hizo a quienes pretenden continuar protestando es el de no acudir a las vías de hecho o, de otro modo, “el Gobierno no puede ser imparcial, tiene unas obligaciones y nuestra obligación para quien se ponga por fuera de la ley, es hacerla respetar. Las vías de hecho no conducen a nada”, dijo Santos. Aunque, eso sí, aclaró que los reclamos ante las promesas incumplidas deben venir con la certeza de que muchas se van a quedar así: inconclusas.

El Espectador


Comunicado de Marcha Patriótica: avanza la movilización por la paz

Estamos en las calles cumpliendo nuestra palabra, no hay bloqueos, priorizamos el dialogo, aun asi, Gobierno no atiende nuestras exigencias!!!

Marcha Patriótica