Honduras: investigación revela que el asesinato de la activista Berta Cáceres involucra a funcionarios del gobierno

Contexto NODAL
El 3 de marzo de 2016 fue asesinada la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres. Ella fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambiente oponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de su país por considerar que atentaban contra los recursos naturales. Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres había sido galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Durante el reconocimiento dijo: “Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos” y contaba con seguridad permanente, según había afirmado el ministro de seguridad del país Julián Pacheco.

Acusan a red criminal empresarial y estatal de asesinar a activista hondureña

Una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), agentes estatales de Honduras y sicarios de esa nación, conspiró desde 2015 para asesinar en marzo de 2016 a la hondureña Berta Cáceres, una ambientalista, feminista, defensora indígena, activista de los derechos humanos y opositora gubernamental cuyo homicidio se convirtió en uno de los más emblemáticos casos de represión en ese país centroamericano.

La conclusión está contenida en un informe sobre el asesinato que el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) difundió hoy en Tegucigalpa, distribuyó en el exterior y del que EL UNIVERSAL tiene copia. El GAIPE es una instancia independiente creada por la familia de Cáceres, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, para investigar el asesinato de la activista hondureña, ocurrido en la madrugada del 3 de marzo de 2016 en Honduras.

La hondureña, lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, murió a balazos en su casa del suroccidental departamento hondureño de Intibucá. En esa época, Cáceres encabezó un movimiento popular para oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de DESA en el occidente de Honduras, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas.

De manera reiterada ante los frecuentes cuestionamientos en su contra, la compañía DESA rechazó estar involucrada en la muerte de la activista. El gobierno de Honduras también desmintió tener responsabilidad en ese hecho.

Sin embargo, GAIPE aseguró en un documento que entregó a este diario que analizó más de 50 gigabytes de información sobre el crimen de Cáceres que están en poder del Ministerio Público de Honduras, así como numerosos testimonios y prueba documental, y que determinó que la Fiscalía General de ese país “cuenta con información conclusiva para llegar a los responsables intelectuales” del asesinato.

Entre otros hallazgos, el informe reveló que “se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato”.

“A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato”, subrayó.

“Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, el Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación. El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión”, denunció.

El reporte “evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”, aseguró. La prueba, añadió, es parte del documento “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de 40 mil páginas de registros telefónicos, chats, mensajes de texto, estudios de sistemas de posicionamiento global y correos extraídos de algunos teléfonos celulares incautados en la investigación penal.

El plan para asesinar a la mujer se inició en noviembre del 2015 pero la información obtenida con los registros telefónicos “permite asegurar” que hubo un fallido intento de asesinato durante a inicios de febrero del 2016, aseveró.

El Universal


Altas autoridades de Honduras involucradas en asesinato de Berta Cáceres

El último reporte publicado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista, Berta Cáceres, según transmisión en directo de una sesión de denuncia en Tegucigalpa, Honduras.

La prueba es parte de su informe, titulado, “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS, y correos extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal.

Asimismo, el informe revela que el plan implementado para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.

Inmediatamente después del asesinato de la defensora de derechos humanos, el 2 de marzo del 2016, su familia exigió al Estado que conformara un grupo internacional para monitorear la investigación conducida hasta entonces por el Ministerio Público. Como respuesta a la negativa de parte de las autoridades hondureñas, la familia y el COPINH reunieron apoyos de organizaciones nacionales e internacionales y formaron el GAIPE.

El mandato del grupo tuvo como prioridad apoyar la realización de una investigación exhaustiva e independiente de quienes impulsan la persecución penal en Honduras, que incluyera el análisis del contexto en el que ocurrieron los múltiples ataques a Berta Cáceres, a los integrantes del COPINH y las comunidades lencas de la zona de influencia de la Represa Agua Zarca. y entregará recomendaciones.

Como parte de su informe de cierre, que incluye el análisis del contexto, del operativo que condujo al asesinato, las conexiones detrás del crimen, las responsabilidades de quienes están siendo procesados y de otros que se ha omitido investigar; el grupo elaboró conclusiones y recomendaciones para el Estado de Honduras. Entre ellas, se encuentra:

– Se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
– Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, El Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación.
– El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión.

Hasta antes de su muerte, Berta Cáceres lideraba la lucha de las comunidades indígenas lencas para frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una de las más de 140 concesiones que el gobierno hondureño autorizó desde su golpe de Estado en el 2009.

Como resultado de su campaña de alcance global, Berta Cáceres ganó reconocimiento y notoriedad internacional y se convirtió así en un blanco de persecución legal, ataques físicos y amenizas de muerte.

El País.Cr