Más tropas estadounidenses en América Latina: ¿señales de una invasión anunciada?

Más tropas estadounidenses en América Latina: ¿señales de una invasión anunciada?

Por Martín Pastor

Un nuevo ejercicio militar en la Amazonia da luz sobre el resurgimiento de la presencia estadounidense en Latinoamérica.

El ejército estadounidense acentuará su presencia militar en la Amazonia latinoamericana. Bajo la iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil, la Operación ‘América Unida’ juntará a los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia del 6 al 13 de noviembre del 2017 en la ciudad tri-fronteriza de Tabatinga. Este ejercicio es una señal de un sustancial incremento de militarización extranjera en la región.

La iniciativa es liderada por el Comando de Logística del Ejército Brasileño y está inspirada en el ejercicio logístico militar realizado por la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) en Hungría en 2015, que tuvo un despliegue de aproximadamente 1700 militares. Para esta versión latinoamericana, los objetivos, según la página oficial del Ejército brasileño, son crear una base logística multinacional temporal para realizar operaciones de control de migración ilegal, asistencia humanitaria, operaciones de paz, acciones contra narcotráfico y cuidados ambientales.

Sin embargo, como lo señaló el diario brasileño Gauchazh, enseñar a un ejército extranjero a combatir en territorio nacional debería ser considerado “alta traición”. Aunque para el Ministerio de Defensa brasileño esto no es traición sino una oportunidad que permitirá unir a los ejércitos de ambos países.

El problema de este ejercicio es la magnitud y apertura que se ha dado a los Estados Unidos en ingresar a la selva latinoamericana. Por lo que uno de los riesgos es que la base ‘temporal’ se convierta en permanente como sucedió en Hungría, tras los ejercicios de la OTAN. Aunque las autoridades brasileñas lo niegan.

Este interés de los Estados Unidos en la región debe ser medido con la historia del imperio del norte. El altruismo, cuidado a la naturaleza o lucha contra el narcotráfico estandartes para su presencia en la región hacen eco a inserciones en otras partes del mundo, especialmente Medio Oriente, y la realidad es que ahí estos no son ni fueron sus objetivos. Detrás de toda acción militar norteamericana siempre se encuentra el fin de apoderarse de recursos para lograr sus intereses nacionales.

En el caso de América Latina, la abundancia de recursos naturales da razón a la presencia norteamericana. Según el Banco Mundial, la región cumple un rol global en la problemática del cambio climático ya que posee “las reservas de agua dulce más grandes del mundo”.

Una noticia ‘agridulce’ para los latinoamericanos ya que para varios analistas, inclusive el ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, “las guerras del futuro serán por el agua”. Entre los diez países con mayores reservas se encuentran Brasil (1ro), Colombia (6to) y Perú (8vo), coincidentemente los tres involucrados en la Operación ‘América Unida’.

En la Oficina de Evaluación Neta (Office of Net Assesment) del Departamento de Defensa cuyo objetivo es analizar el futuro del ejército y sus amenazas. Andrew Marshall, ex director (1973-20015) comisionó en 2004 un reporte confidencial a Peter Schwartz, consejero de la CIA y ex Director de Planificación del grupo Royal Dutch/Shell; y Doug Randall, del Global Business Network.

En las conclusiones finales, los autores argumentan que el cambio climático y la escasez de agua son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y razones para futuras conflictos militares. Trece años más tarde de dicho reporte, Estados Unidos se prepara para asentar una base más en orilla del Amazonas.

Pero el agua no es el único interés de este país en la región. Telma Luzzani, periodista argentina, explica en su libro ‘Territorios Vigilados’, que “en el Amazonas se encuentra el 95% de las reservas de niobio, fundamental para el acero de las naves espaciales y de los misiles intercontinentales, y el 96% de las reservas de titanio y tungsteno, utilizados en la industria aeronáutica espacial y militar, además de ser rica en petróleo, gas, uranio, oro y diamantes”.

Es por esto que el próximo ejercicio militar es solo una pieza más dentro de un patrón creciente de militarización y amenazas regionales. Solo en lo que va del 2017 se han realizado otros dos ejercicios militares en el Pacífico y el Caribe: Teamwork South con Chile y Tradewinds frente a las costas de Venezuela con 18 países y más de 2500 militares.

La libertad de estas acciones militares demuestra un resurgimiento de la presencia estadounidense en la región, la cual se había reducido durante los distintos mandados de gobernantes progresistas neodesarrollistas en la América Latina. Aunque el asentamiento de bases en América Latina y el Caribe ha pasado por diferentes etapas desde la posguerra es a finales del siglo XX que toma su rumbo actual.

En 1999, como parte del acuerdo Torrijos-Carter, la base militar Howard en Panamá que albergaba al Comando del Sur, rama del ejército encargada en operaciones para la región, se desmanteló. Esto llevó al que Departamento de Defensa de Estados Unidos replantee su estrategia de defensa y política exterior. Bajo el estandarte del Plan Colombia, la ‘Guerra contra la Droga’ y operaciones humanitarias, se aplicó dos modelos de bases militares en Latinoamérica.

La primera, Main Operating Base (MOB), una base militar con infraestructura y acuerdos aprobados por los gobiernos: Guantánamo Cuba, Soto Cano en Honduras y varias en Puerto Rico. A pesar de que estas siguen activas, el modelo fue desechado por que genera rechazo por parte de los habitantes nacionales y un costo elevado en infraestructura y logística.

Es por esto que se aplicó un segundo modelo llamado Foward Operating Locations (FOL) o Bases de Operaciones de Avanzada, que se caracterizan por mantener poco personal militar pero la capacidad de “escalar” su presencia si fuera necesario. Las cuatro reconocidas y oficiales en la región, iniciaron sus actividades en 1999 y son: Aruba, Curazao, El Salvador, y Manta (que no renovó el contrato en 2009).

Como lo explica Robert Kaplan, ex asesor del Pentágono (2009-2011), “a menudo, el papel clave en la gestión de un FOL es desempeñado por un contratista privado. Él alquila las instalaciones en la base del ejército del país anfitrión, y luego cobra una tarifa a los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transitan por la base. Oficialmente es un negocio privado, lo que le gusta al país anfitrión porque puede afirmar que no está realmente trabajando con el ejército estadounidense. Por supuesto, nadie, incluidos los medios locales, cree esto. Pero el mismo hecho de que una relación con las fuerzas armadas de los Estados Unidos sea indirecta en lugar de directa facilita las tensiones”.

Pero el nombre nuevo tampoco convenció a los locales, quienes comenzaron a sospechar y rechazar estas intervenciones en territorio. Por lo que la denominación FOL cambió a Cooperative Security Location (CLS), Puesto de Seguridad Cooperativa. Sin embargo, son lo mismo y en la región las bases siguen aumentando.

En la actualidad y ante la falta de cifras oficiales se conocen 75 bases aproximadamente, algunas son MOBs, FOL/CLS, y otras llevan nombres como Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en el caso peruano. Los países que encabezan la lista Panamá (12), Puerto Rico (12), Colombia (9) y Perú (8).

A su vez, Colombia suscribió un acuerdo de cooperación en 2016 con la OTAN para el intercambio de información, estrategias y protocolos del ejército colombiano con los miembros de esta organización, entre los que se encuentra los Estados Unidos. Mauricio Macri, presidente argentino, anunció que volverá a permitir la instalación de bases militares permanentes en Argentina, una en la triple frontera con Paraguay y Brasil y otra en Tierra del Fuego en Ushuaia. En Brasil, el gobierno de Temer incrementó un 36% al presupuesto militar, meses después de aprobarse el PEC 55 que congeló el presupuesto de salud y educación pública durante 20 años.

Estas acciones legitiman la presencia militar extranjera una vez a niveles gubernamentales. Además con estos nuevos enfoques en Defensa, se afianzará las alianzas militares con Estados Unidos, algo que abrirá la puerta para una nueva fase de adoctrinamiento en las fuerzas armadas latinoamericanas, donde Brasil cumple un rol crítico.

Según Héctor Luis Saint Pierre, coordinador de Seguridad Internacional, Defensa y Estrategia de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales, “hay un respeto en Sudamérica por la escuela militar brasileña. Entonces, Brasil es un socio estratégico para la formación doctrinaria de los militares del continente. Si Estados Unidos tiene buena relación con la armada brasileña, es más fácil difundir su mensaje entre los militares de la región”.

Un escalofriante recuerdo que remonta al funcionamiento de la Escuela de las Américas, institución de adoctrinamiento militar e ideológico de los Estados Unidos, encargada de formar a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90. Volver a modelos de defensa de corte colonial solo representa un retroceso y peligro para el proceso de integración regional y la paz.

Inclusive iniciativas como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado por UNASUR en 2008 para encargarse en implementar políticas en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología de la defensa; será observador oficial de la Operación América Unida. “De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana”, comenta Raúl Zibechi, periodista uruguayo.

Con la presencia estadounidense socavando las soberanías nacionales, apoyados por el retorno de líderes de ‘derecha’ y la deslegitimación sistémica de los proyectos progresistas de la región, la idea de Latinoamérica unida sin imposiciones imperialistas se convierte nuevamente en un sueño. De forma alarmante la región se sigue llenando de bases estratégicas de los Estados Unidos para controlar recursos, personas y operaciones militares, y entonces ¿si eso no es colonialismo qué es?

Alainet


La exportación del Plan Colombia al Triángulo Norte y la Triple Frontera – Por Álvaro Verzi Rangel

El llamado Plan Colombia, supuestamente de combate a las drogas, fue diseñado y dirigido por Estados Unidos, pero financiado por los impuestos colombianos: EEUU invirtió 10 mil millones de dólares, y Colombia 120 mil millones de dólares, y hoy amenaza en ser exportado para dirigir operaciones especiales en otras zonas de la región, con bandera sudamericana.

Los planes de la “inteligencia” estadounidense es que las Fuerzas Armadas colombianas suplanten a las de EEUU en el entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales, tanto para operar en México (en el marco de la Iniciativa Mérida), como en Paraguay, Honduras, El Salvador, Barhein, Yemen y en Afganistán y la Triple Frontera del Acuífero Guaraní.

Quizá, también, para ir creando una fuerza multinacional latinoamericana lista para intervenir en países que lleven adelante políticas soberanas, enfrentadas a las de Washington y el club de gobernantes neoliberales piloteados desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sería la unificación de Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, ya mostrado en los documentos del Comando Sur de EEUU “Plan 2018”, y el “Operation Freedom II”. No hay quiebres entre las administraciones de Obama y Trump: por encima de ellos, el poder fáctico lo comparten el Pentágono y el complejo industrial militar, que pueden garantiza r a las corporaciones trasnacionales el acceso a los recursos de la región.

¿Qué es realmente?

El Plan Colombia le ha permitido a Estados Unidos arraigar su intervencionismo político, económico y militar en América Latina.

Es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton con tres objetivos específicos declarados: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos, aunque destaca su contenido geopolítico.

Pero realmente resultó ser una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia. Las operaciones militares fueron dirigidas desde Washington por el general Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur, y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996. Éste implementó el uso de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP. El Plan Colombia se supone que es un plan de acciones concretas entre el gobierno de Estados Unidos y de Colombia para erradicar el problema de la droga, sin embargo, destaca su alto contenido geopolítico.

La prioridad que se le otorgó a la modernización del Ejército colombiano con el pretexto del combate a la drogas muestra su inconsistencia con el aumento de efectivos civiles y militares estadounidenses (además de siete bases militares) en territorio colombiano quienes participaron cada vez más en el combate a la insurgencia.

Con presencia de tropas propias EEUU lograba proteger la extracción de petróleo, carbón, oro y minerales estratégicos, garantizándose la adquisición de materias primas a bajo costo y asegurando, además la inversión de capitales extranjeros, las siete bases militares y el cambio de correlación de fuerzas con unos diálogos de paz que pusieran fin al conflicto armado.

La inútil guerra contra las drogas seguirá siendo la excusa “legal” para que EEUU, el principal consumidor, garantice su presencia en su alianza con las derechas latinoamericanas. Nada ha cambiado en este aspecto, apenas los improperios de Trump, a los que uno también se acostumbra.

Cabe recordar que en este año fueron asesinados en Colombia decenas de líderes sociales, continuó el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la existencia de grupos armados paramilitares, gracias, en parte, a la asistencia militar de Estados Unidos que en 2017 llega a los 203,9 millones de dólares. Buena parte de ese presupuesto va a EEUU, abastecedor de las armas y el “servicio de entrenamiento”.

El Estado colombiano destinó el 13.1% del presupuesto nacional (unos 10 mil millones de dólares) a gestos en defensa este año y sólo 9% a salud y protección social (unos 7.200 millones de dólares). En 2017, la Agencia de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley-INCLE (por sus siglas en inglés) destinó 143 millones de dólares en asistencia para la seguridad dentro del Plan, a sumarse a los 135 millones del año anterior. El Plan antidrogas militar y represivo, sigue vigente.

El presupuesto 2018 -administración Trump- plantea fondos de apoyo económico y fondo de desarrollo; control internacional de narcóticos; no proliferación, antiterrorismo, desminados; educación y formación militar internacional, minimizando los compromisos de reformas sociales de los Acuerdos de Paz.

A la par, sectores políticos de ambos países presionan para inhabilitar el acuerdo de sustitución manual de cultivos de uso ilícito acordado con Barack Obama, con el argumento de que ha habido aumento de las áreas cultivadas. La sustitución del Plan Colombia por el de Paz Colombia, anunciado por Santos y Obama, fue apenas una jugada retórica y publicitaria, porque en realidad la presencia de marines en las bases militares sigue tan campante, así como la pol´pitica punitiva que impulsa Estados Unidos, y con la que concuerda Santos.

Ejército y experiencia de exportación

Según los analistas colombianos, la intención no es sólo la de mantener el Plan Colombia, sino exportarlo a Centroamérica, y pinzarla con la extensión del Plan Mérida desde México, para garantizar el control del tránsito de la droga desde Sudamérica a Estados Unidos.

En 2015, John Kelly, entonces Jefe del Comando Sur y hoy Jefe de Gabinete de Trump, decía que “hace años todos creían que rescatar a Colombia de la violencia era imposible, tal como muchos creen ahora con respecto al caso del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador), pero la misión imposible fue posible”.

Hoy Kelly planea que esos “esfuerzos” de inteligencia e información se apliquen para militarizar el Triángulo Norte y trasladar la inestabilidad a la triple frontera en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay), centrando operaciones en Paraguay, donde ya existe una fuerte presencia de asistencia militar y policial colombiana.

Socio de la OTAN

Cabe recordar que el 30 de abril de 2009, siendo ministro de la Defensa de Uribe, hizo este resumen de su poderío militar durante una conferencia: “Pasamos de 313 mil hombres a cuatrocientos treinta mil en el año 2008, un incremento de 40%. Se han comprado, entre otros equipos, 44 helicópteros, 52 aviones y 502 automotores de todo tipo para darle movilidad, efectividad de reacción y capacidad de reacción a nuestra fuerza pública”.

“También compramos 161 unidades navales y fluviales como lanchas patrulleras y botes de apoyo fluvial y de combate, e iniciamos la repotenciación de cuatro fragatas y 3 submarinos…”, añadió entonces, , recuerda el director del diario venezolano Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

En esos años, por vía del Plan Colombia, ese país se convirtió en el quinto en el mundo en recibir mayor ayuda militar de Estados Unidos, solo superado por Israel, Egipto, Corea del Sur e Irak. Simultáneamente, facilitó seis de sus bases militares para que fueran asiento de unidades de EEUU, y les cedió la base de Palanquero, la más próxima a Venezuela, que tiene capacidad para llegar hasta el sur de América del Sur

Tampoco hay que olvidar su afiliación a la Otan, lo que supone un impacto para la seguridad y defensa integral de Venezuela y la región. Santos señaló entonces que “Colombia tiene derecho a pensar en grande”, y que él buscaría ya no solo ser los mejores de la región, sino del mundo entero, (…) nuestro Ejército estará en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional…”.

Logrados los acuerdos de paz, el Ejército colombiano quedó liberado de su enfrentamiento con las guerrillas. No ha sido nada casual que senadores en Washington le ofrecieron al presidente Santos su cooperación para conseguir ayuda militar para enfrentar la amenaza venezolana, y, sin ninguna duda, en la larga entrevista con el presidente de EEUU, el mismo Trump anunció que había conversado para “ayudar a Venezuela”.

El acuerdo Colombia-OTAN de 2013 tenía como uno de sus objetivos estratégicos que el país sudamericano se constituyera en un aliado para combatir “la delincuencia trasnacional y otras amenazas” a la seguridad hemisférica.

Esto es, un territorio para el control geoestratégico de un continente que durante la última década había puesto en cuestión la capacidad hegemónica de los EEUU. De ahí, el amplio rechazo que generó el acuerdo en los gobiernos boliviano, venezolano, ecuatoriano y brasileño, que señalaron que este acuerdo ponía en cuestión la integración regional y los acuerdos establecidos en el marco de la CELAC y Unasur a través de los cuales se reconoció a América Latina y el Caribe como zona de paz.

Así, la condición de “aliado extra-OTAN” fue catalogada como una amenaza a los equilibrios geopolíticos alcanzados en la región, para tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar en la región; debilitar a la Unasur y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN.

Recientemente, el director de la CIA, Mike Pompeo aseguró que Venezuela se encuentra influenciada por Hezbollah e Irán, dos de los actores geopolíticos que Washington ubica dentro del “Eje del Mal,” y que por ello “puede convertirse en un riesgo para los EEUU”. Pompeo habló también sobre el uso de Colombia como principal punto de avanzada, junto a México, en una política coordinada contra Venezuela, que va desde lo militar hasta lo económico y diplomático.

Esta maniobra de “inteligencia” busca fortalecer el relato de que Venezuela es un país promotor del “terrorismo islámico”, por más que Irán y Hezbollah, junto a Rusia y Siria, sean los principales responsables de su inminente derrota en Medio Oriente, en los últimos años.

Esta es la “narración clara” recomendada por el Consejo del Atlántico (un think tank de los varios aliados a Washington) al gobierno estadounidense, que permitiría escalar las agresiones contra el país, debido a que EEUU ve en Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” a sus intereses, basado en el Decreto Obama de 2015, base jurídica e institucional de todo su accionar injerencista y con el que establece un estado de emergencia con relación a Venezuela.

(*) Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Nodal


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