Argentina: el exvicepresidente Amado Boudou detenido por presunto enriquecimiento ilícito

Pasaron las elecciones pero la campaña sigue

Dos días después de ser denunciado por sectores de la Justicia alineados con el Gobierno de cajonear causas de corrupción, el juez Ariel Lijo ordenó la detención de Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito. El arresto se concretó esta misma mañana y el vicepresidente fue llevado a una sede de la Prefectura Naval para ser trasladado luego a los tribunales de Comodoro Py.

La causa en la que Lijo ordenó la detención de Boudou hoy viernes, en vísperas del fin de semana, lleva cinco años de trámite. La decisión del juez descolocó incluso a Alejandro Sánchez Kalbermatten, autor de la denuncia que dio origen el expediente. “Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a derecho y que me sorprendió a mí también la detención”, sostuvo apenas se conoció arresto y agregó: “No conozco los fundamentos. Debe ser por la gravedad del delito que se le imputa.”

Lijo acusa a Boudou de lavado de dinero y asociación ilícita, una figura penal cuestionada y difusa a la que suelen recurrir los jueces para ordenar detenciones. El ex vicepresidente ni siquiera fue indagado, pero el juez fundamentó su decisión de detenerlo en que puede “entorpecer la investigación”.

Además de la detención del ex vicepresidente, Lijo ordenó la de José María Núñez Carmona. En la causa también aparecen involucrados Agustina Kampfer, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López. El magistrado no mandó a detenerlos, pero sí decidió citarlos a indagatoria.

En su resolución, Lijo sostiene que el ex vicepresidente formó parte de una asociación ilícita “destinada a cometer delitos con miras a la obstrucción de beneficios económico derivados de la actuación al margen de la ley”.

Eduardo Durañona, el abogado de Boudou, advirtió que en ninguna de las causas en que se lo investiga se lo acusa de asociación ilícita. “Me sorprende la orden de detención por una causa de tantos años y en la cual hasta hubo una autorización para salir del país concedida por la Cámara porque dijo que no había posibilidad de entorpecimiento”, declaró también Durañona, quien además detalló que todos los martes el ex ministro de Economía se presentaba en Tribunales para cumplir con los requerimientos de la Justicia.

“El juez insistió en que hay ocultamiento de bienes, algo bastante curioso cuando hubo una pericia que duró más de dos años. Se está usando como maniobra hablar de asociación ilícita cuando en ninguna de las cusas que lo investigan está acusado de ese cargo”, remarcó Durañona, que diferenció lo que podría ser un requerimiento de justificación de la fiscalía a esta situación en donde “se están apurando todos los tiempos procesales”.

La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra “una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso”. El Colegio de Abogados de la calle Montevideo juega en sintonía con el Gobierno y fue el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.

Página 12


La resolución del juez: Por qué Lijo detuvo a Boudou

La orden que dispuso la detención del ex vicepresidente Amado Boudou le imputa los delitos de ser jefe de una “asociación ilícita” dedicada al “lavado de activos, cometido en tres oportunidades”, desde 2009 hasta 2015. Estos son los puntos sobresalientes del escrito en el que asoman generalidades en vez de especificaciones de la comisión de un delito que ameritara la privación de la libertad por un supuesto “riesgo procesal”, “entorpecimiento del proceso” judicial y supuesta intención de “fuga”.

* Lijo ordenó las detenciones a pesar de que “las personas sometidas a proceso penal deben permanecer en libertad” en “resguardo de la presunción de inocencia”.

* No obstante, el magistrado consideró que podría haber una “conducta evasiva” por parte de los imputados, así como también “la existencia de relaciones residuales” entre los imputados y otras personas, que podría hacer que aquellos configuraran “una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional”. Es decir que se los acusa de poder la “obstaculización” del proceso.

* Dice que la detención se concretó porque Boudou puede poseer “la información relevante, los contactos y la capacidad de acción” suficiente como “para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los que está imputado.

* Lijo justificó la privación de la libertad en su creencia de que existe “la voluntad” de “ocultar sus operaciones” y que con ello “se deriva el peligro concreto de que la investigación esté siendo obstaculizada”. Sin embargo, ni en el caso de Boudou ni en el de Núñez Carmona especifica mediante qué actos o contactos podrían obstaculizar el proceso que lleva 5 años.

* El juez federal reconoce que Boudou siempre estuvo a derecho y no desoyó los llamados a declarar. El dictamen dice que “los imputados han cumplido con las obligaciones formales del proceso”. No obstante, cita el fallo de la Cámara de Apelaciones que “establece nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales”. El fallo es el que avaló el encarcelamiento, también sin sentencia, del ex ministro Julio De Vido.

* Tanto a Boudou como a José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López se los acusa de “cometer delitos indeterminados” pero “con miras a la obtención de beneficios económicos”.

* La “organización criminal” mediante la que habrían cometido sus “designios criminales” habría funcionado entre 2009 y 2015, mientras Boudou era vicepresidente.

* A Núñez Carmona, Vandenbroele y López se los catalogó como presuntos “prestanombre” de Boudou, es decir, testaferros que “se distribuían los roles de actuación en razón de la calidad y posición que cada uno de ellos ostentaba”.

* Las sociedades anónimas a través de las que habrían operado fueron Habitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen, Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek, Action Media, Vail Investments, Embarcaciones Argentinas y The Old Fund.

* “La función principal” de Boudou dentro de esa supuesta asociación ilicita “se encontraba especialmente ceñida al ámbito público”, como ministro de Economía y luego vicepresidente, mientras que el rol de Núñez Carmona “se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou (…) no podía llevar a cabo”. “Vandenbroele y López resultaban ser la cara visible del negocio.”

* Lijo sostiene que los imputados habrían llevado a cabo “un número indeterminado de maniobras ilícitas” en las que “subyacen graves actos de corrupción”. Pero no dio precisiones de ellas.

* El monto del supuesto lavado por el que se acusa a Boudou y Núñez Carmona es de 4.238.900 pesos y 795 mil dólares. El blanqueo de ese dinero habría sido entre 2009 y 2010.

* A Agustina Kämpfer se la acusa de comprar un departamento por 120 mil dólares que no podría probar su capacidad económica para esa operación.

Página 12


El abogado de Boudou, “sorprendido” por la detención

Eduardo Durañona, el abogado del exvicepresidente Amado Boudou, detenido esta mañana por orden del juez federal Ariel Lijo, se mostró “sorprendido” por la decisión judicial.

“Me sorprende la orden de detención en una causa de tantos años de proceso. Lleva cinco años de trámite y siempre estuvimos a Derecho”, sostuvo en declaraciones a la señal de noticias C5N.

El letrado describió que “se están llevando a cabo maniobras” y “apurando todos los tiempos procesales” en los tribunales de Comodoro Py y adelantó que “seguremos batallando como desde hace años”.

Según el juez Lijo, quien investiga a Boudou en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, estando en la libertad podría entorpecer la investigación de la causa.

También fue detenido el empresario José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, quien esta semana se negó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Boudou fue detenido minutos antes de las 7 por personal de la Prefectura Naval Argentina, que lo fue a buscar al barrio porteño de Puerto Madero.

Tanto Boudou como Nuñez Carmona fue alojados en la Dirección de Investigación Penal Investigativa de la Prefectura Naval y se espera que durante la mañana sean trasladados a los tribunales de Comodoro PY.

La detención de Boudou y de Nuñez Carmona se estableció a partir de los presuntos delitos de asociación ilícita, en carácter de jefe, y lavado de activos, cometido en tres oportunidades, señaló Lijo en un escrito.

Al exvicepresidente Boudou, Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López, se les atribuye haber “formado parte en una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley, con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido”.

El juez le reprochó a Boudou y a Núñez Carmona “haber puesto en circulación en el mercado legal la suma no declarada y de origen ilícito de cuatro 4.238.900 pesos y 795.000 dólares a través del procedimiento de blanqueo a los fines de disimular la fuente real de los fondos, y posteriormente ingresarla, entre otros, al grupo societario que compartían”.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Boudou comenzó en 2009.

Ámbito Financiero


Comunicado de Unidad Ciudadana, partido que lidera la expresidenta Cristina Fernández

Está en riesgo la democracia Argentina

En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar.

En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.

Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional.
Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata.

Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.
En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible entorpecimiento a la Justicia.

Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse.
Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.

En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente.

Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares.

Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.

Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho.
Buenos Aires, 3 de noviembre.

Unidad Ciudadana


Zaffaroni: “La detención de Boudou no está dentro de las normas procesales”

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni cuestionó la detención del ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou en el marco de la causa de enriquecimiento ilícito, por considerar que “no está dentro de las normas procesales”.

“La prisión preventiva o detención efectiva de exfuncionarios que tienen más de dos años de toda función pública, con el argumento de que pueden perturbar la investigación, como se está usando con Milagro Sala, De Vido, o ahora Boudou, independientemente de que se investigue si cometieron delitos, no tiene sentido”, sentenció.

“La prueba es documental, se secuestra la prueba documental y listo. ¿Quién va a interferir?”, se preguntó en diálogo por radio Del Plata.

“Son fundamentos falsos en todos estos casos. Se maneja la prisión preventiva como pena anticipada. La detención de Boudou no está dentro de las normas procesales”, afirmó.

Para el exjuez del máximo tribunal, la incidencia del Poder Ejecutivo en el Judicial es notoria y acaba con la imparcialidad, a la vez que deteriora el estado de derecho.

“Vemos que hay presiones por todos lados. Esta incidencia sobre el Poder Judicial va dando un contexto mafioso. No es una dictadura, pero es un momento de grave deterioro del Estado de Derecho. Todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda, nos alejamos del modelo ideal del estado de derecho y nos acercamos al del estado policía”, sentenció.

Y añadió: “Nuestro estado de derecho se derrumba. Ya podemos decir que en amplios sectores de nuestra justicia no tenemos imparcialidad. Ya no estamos hablando de democracia, sino de la república”.

Para Zaffaroni, “se terminó la separación de poderes”.

“Dudo mucho de la sinceridad de los políticos cuando dicen que quieren una justicia independiente. Están buscando disciplinar, verticalizar todo el poder judicial a la decisión del Ejecutivo”, sostuvo.

El exmagistrado opinó además que este tipo de mecanismos judiciales no solo se pueden volver en contra para los actuales gobernantes en el futuro, sino que además “deterioran nuestra cultura política”.

“Todo poder pasa. Este poder va a pasar como pasaron todos. Lo preocupante es lo que viene después. Esto nos acostumbra al no estado de derecho. Cuando le digan a otro que no puede hacer lo mismo contra Macri u otro funcionario en el futuro lo van a acusar de tibio por no comerse al caníbal. Esto tiene consecuencias que deforman nuestra cultura política”, indicó.

Por último, se refirió a la política de “endeudamiento acelerado” y la comparó a la aplicada por gobiernos anteriores a través de José Martínez de Hoz o Domingo Cavallo.

“Lamentablemente el peor enemigo de este gobierno es su propio plan económico. Eso va a hacer que la opinión pública se dé cuenta de la naturaleza colonialista, entreguista y con impronta totalitaria. Un día vamos a llegar al desastre si no lo paramos antes por la vía política. Está faltando un clarísimo tono de resistencia en la oposición”, concluyó.

Iprofesional