Asesinan a otro líder social y denuncian el abandono del Estado
Piden protección para familia de líder asesinado en Belén de Bajirá
Tener esquema de seguridad no fue suficiente para preservar la vida del reclamante de tierras Mario Castaño, quien en la noche del domingo fue asesinado frente a su familia. El crimen tuvo lugar en el caserío de Santa María, entre Belén de Bajirá y Riosucio, Chocó.
“El esquema de seguridad lo había dejado en la casa, como siempre lo hacía, pero eso lo aprovecharon quienes lo asesinaron. Ya había tenido reiteradas amenazas y hay temor e impotencia por lo que nos pueda pasar a todos nosotros”, dijo Pablo Antonio López, representante legal del consejo comunitario de la zona y quien también cuenta con un esquema de seguridad.
Añadió que en el último año van cuatro líderes sociales de la zona que han sido asesinados. Otros más tuvieron que salir desplazados.
Castaño, al igual que otros líderes sociales, venía adelantando un proceso de restitución de tierras. “Hay 107.064 hectáreas de tierra que están en proceso de restitución por la Ley 1448 del 2011, proceso del que ya evacuamos la etapa administrativa y entra en la etapa judicial, que es más peligrosa, por lo que necesitamos más veeduría por parte del Estado”, contó.
Según López, esta etapa genera inconvenientes e “inmensas dificultades” porque quienes en este momento tienen las tierras de estas comunidades “no quieren perderlas”. En la zona no hay presencia de guerrilla, pero sí del ‘clan del Golfo’ y de grupos paramilitares.
Con la muerte de Castaño, la familia tomó la decisión de desplazarse por temor a que los ataques ahora se dirijan hacia ellos. Por eso, desde el colectivo piden que se pueda activar la ruta de protección a la familia.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, lamentó el homicidio y explicó que por su liderazgo, Castaño fue víctima de desplazamiento forzado en dos ocasiones y de múltiples amenazas. En la actualidad era uno de los principales referentes de los procesos de reclamación de tierras despojadas. “Las entidades competentes le habían asignado un esquema de protección que resultó insuficiente para la preservación del derecho a la vida”.
Líderes comunales denunciaron abandono del Estado
El evento se desarrolló en el marco de la celebración del cumpleaños número 59 del movimiento comunal en Colombia, que actualmente agrupa más de 60.000 Juntas en el país. “Los comunales siguen siendo víctimas tanto del conflicto armado como de la delincuencia: En estos 59 años de existencia comunal han asesinado más de 8.700 dirigentes”, reveló Alejandro Rivera, miembro de la Federación de Acción Comunal de Bogotá, organización que agrupa las 1.773 Juntas de Acción Comunal de la capital.
De acuerdo con Luisa Fernanda León, joven Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Consolación, en Bogotá, con el evento que se realizó a nivel nacional, se denunció que de 2011 a 2017 se han asesinado más de 700 líderes comunales.
Para Johan Pinzón, joven Presidente de Junta de Acción Comunal en Engativá, el paramilitarismo es un actor vigente que acaba con cualquier escenario de participación en las regiones.
Según la Confederación Comunal Nacional, en lo corrido del año van más de 200 líderes asesinados en todo el país. Las regiones donde más se presentan estos crímenes son Cauca, Antioquia, Santander, Chocó y Arauca.
La situación de riesgo en materia de seguridad por la que atraviesan los líderes comunales en el país es crítica y ha arreciado en los últimos días, pues tan sólo en los inicios de octubre fueron asesinados Cuatro líderes sociales y comunitarios en menos de 48 horas: José Jair Cortés (Tumaco, Nariño); Liliana Astrid Ramírez Martínez (Coyaima, Tolima); Eliécer Carvajal (Puerto Guzmán, Putumayo); y Liliana Patricia Cataño Montoya (Medellín, Antioquia).
“La acción comunal en Colombia ha jugado un papel estratégico en el desarrollo de las comunidades. Para nadie es un secreto que alrededor del 40% de la infraestructura de barrios y veredas, ha sido construida de la mano de la organización comunal. De esta manera se han realizado acueductos y alcantarillados, carreteras, colegios y jardines infantiles, parroquias, salones comunales, parques y vías, en los últimos 50 años”, aseguró Rivera.
Historia de las Juntas de Acción Comunal en Colombia
El origen de las Juntas de Acción Comunal en el país se remonta a finales de la década de los cincuenta en la Universidad Nacional de Colombia y fue en la vereda de Saucito, en el municipio de Chocontá, donde tuvo su aparición la primera. Allí, en la pequeña vereda de minifundistas, los vecinos decidieron organizarse para construir una escuela comunal que hoy es un monumento nacional porque fue el laboratorio donde se determinaron algunas de las primeras reglas en lo concerniente a la conformación de juntas de acción comunal.
Este proceso se forjó en el seno de la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad, de la cual era Decano el sociólogo Orlando Fals Borda (1925-2008). En aquel momento, el Ministro de Educación, Abel Naranjo Villegas, pidió a la institución que plasmara por escrito la experiencia vivida en esta vereda. Tiempo después se convirtió en un capítulo de la Ley 19 de 1958, la primera norma que se expidió en Colombia sobre la acción comunal, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, sancionada el 25 de noviembre de ese año, la cual autoriza a los concejos municipales las asambleas departamentales y al gobierno nacional, encomendar a las juntas de acción comunal conformadas por vecinos organizados, para ejercer funciones de control y vigilancia de ciertos servicios públicos.
Actualmente la organización comuna a nivel nacional cuenta con más de 60.000 Juntas de Acción Comunal y más de 8 millones de afiliados. Las juntas de acción comunal se rigen por la Ley 743 de 2002 y el Decreto Reglamentario 2350 del 2003. Ley 743, fijó el segundo domingo de noviembre de cada año para la celebración del Día Nacional de la Acción Comunal.
CAMPESINOS E INDÍGENAS ESTÁN EN RIESGO PERMANENTE: MISIÓN INTERNACIONAL VÍA CAMPESINA
Habiendo culminado la segunda Misión Internacional de verificación de la implementación de los Acuerdos de Paz, que realizó la Vía Campesina en diferentes territorios del país, los integrantes de la misión pudieron constatar las preocupaciones que tiene en general la comunidad internacional; hay retrasos que ponen en riesgo a las comunidades.
De acuerdo con Fausto Torres, integrante de la Vía Campesina de Nicaragua, pudieron evidenciar el riesgo en el que viven las comunidades campesinas y los indígenas teniendo en cuenta que no se ha avanzado en lo que tiene que ver con la implementación de la Reforma Rural Integral que se pactó en la Habana. Dijo que “hay inseguridad ciudadana y amenazas en donde los campesinos demandan atención”.
Adicionalmente, las comunidades pudieron manifestarle a la misión las diferentes preocupaciones en torno a temas vitales como la falta de agua potable en los territorios, las carencias en la atención en salud y las amenazas a los líderes sociales. Afirmó que a los ex combatientes de las FARC no se le ha otorgado las garantías de seguridad que requieren por lo que, al igual que los campesinos, continúan en condiciones precarias.
Para la misión internacional, fue extraño conocer de primera mano que “los campesinos se sentían más seguros cuando las FARC andaban por el territorio”. Torres confirmó que esto indica que “la Policía y el ejército tienen que hacer una labor muy fuerte para garantizar la seguridad ciudadana”.
TUMACO CONTINÚA BAJO LA INCERTIDUMBRE
En la visita a Tumaco en Nariño, la misión internacional constató que aún hay mucha incertidumbre a raíz de los hechos sucedidos en el mes de octubre donde fueron asesinados 6 campesinos que buscaban impedir la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca. “La gente no quería salir ni de día ni de noche por la preocupación, el Gobierno debe crear una comisión para estar pendiente de las comunidades, que exigen respuestas y atención”, indicó el integrante de la Misión.
Frente a este panorama, aseguró que el Gobierno debe generar acciones donde se le garantice a las poblaciones la satisfacción de sus derechos básicos y donde la sustitución se haga de manera gradual “en el marco de un proceso que busque que el productor, que va a dejar los cultivos ilícitos, tenga la posibilidad de cultivar un producto que le ayude con sus necesidades básicas”. (Le puede interesar: «La paz territorial no se siente en los territorios»)
RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN INTERNACIONAL
Esta misión, tras haber realizado las observaciones en terreno, realizarán un observatorio permanente con la Vía Campesina en Colombia “en donde queremos que haya una mayor presencia de las autoridades del Gobierno en los territorios”. Además, buscarán que se resuelvan las necesidades prioritarias como la falta de agua y las garantías de seguridad para las poblaciones.
Finalmente, Torres indicó que harán un acompañamiento al movimiento campesino colombiano. Sugirió que es necesario que se fortalezcan las organizaciones campesinas para que se pueda crear un comité de veeduría por comunidad y así intentar que las instituciones que están encargadas de implementar los acuerdos de paz, cumplan con esto.
