Asesinato de líderes sociales en Colombia: Amnistía Internacional llama la atención al gobierno por el conflicto en Chocó

Luego de un año de firmado el acuerdo de paz, son muchas las dudas que aún hay sobre los reales efectos que ha tenido el texto pactado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. A pesar de que la implementación avanza en el Congreso, con algunas trabas y largos debates, lo cierto es que mucho de lo convenido, y de lo que le puso fin a un conflicto de más de 50 años, todavía no se materializa efectivamente en las zonas que más sufrieron la guerra. Es así como persiste la presencia de grupos armados ilegales que se disputan los territorios que las Farc dejaron atrás y la institucionalidad todavía no da señales de presencia.

Una situación, sin dudas, preocupante, pues tiene consecuencias nefastas para miles de colombianos que guardaban la esperanza de que con la firma del acuerdo con las Farc también llegara la tranquilidad a sus casas. Por supuesto, desde muchos sectores entendidos se señala que los efectos de lo pactado no serán inmediatos, sin embargo, es evidente la intensificación de problemas sociales graves, como el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en los territorios. Las cifras preocupan y motivaron a que la organización Amnistía Internacional (AI) desplegara un grupo de investigadores en el Chocó que dejó conclusiones alarmantes, como la necesidad de medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas y afrodescendientes, tanto para individuos como para colectivos.

El informe, que fue entregado al Gobierno Nacional este miércoles, también hace un llamado urgente a la implementación territorial del acuerdo de paz en cuanto a la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto y la diferenciación étnica de las vulneraciones de los derechos humanos de estas poblaciones. De acuerdo con la organización, la implementación territorial en el Chocó no ha avanzado lo suficiente, “lo que ha generado un contexto proclive a la repetición de la historia de muerte y desolación que describen las víctimas del conflicto armado”. Como consecuencia de esta lenta implementación, ha habido un recrudecimiento del conflicto con la reconfiguración de los actores armados que también ha conllevado a la revictimización y a las violaciones de derechos humanos.

Desplazamiento

El documento destaca una preocupante situación de desplazamiento forzado colectivo de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el departamento, como una de las más graves violaciones de derechos humanos desde que se firmó el acuerdo de paz. Lo referido, señala AI, es la consecuencia de combates entre grupos paramilitares, la Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), “productos del proceso de reacomodo de estos actores en el territorio tras la salida de las Farc”. Se estima que unas 550 personas (200 familias) de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan y de comunidades afros de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

Agregan que estos desplazamientos también obedecen a las explosiones de minas antipersonal dentro de los territorios que son ocupados por estas comunidades, las cuales han denunciado que tras el retiro de las Farc ha sido el ELN el que ha plantado nuevos artefactos explosivos para contener la avanzada de los grupos paramilitares. “Estos hechos han puesto en riesgo la vida e integridad de la población civil, en especial niños, niñas y adolescentes, y han producido, además, confinamiento de comunidades que se ven compelidas a permanecer aisladas y en graves condiciones alimentarias y de salud en zonas de confrontación”, se escribe en el documento. Se suman denuncias de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes por parte de la guerrilla del ELN y estructuras paramilitares, un hecho que quedó evidenciado, según denuncia AI, con la incursión de más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ocurrido en agosto de 2017 al resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería, en Novita, y en Bojayá. Luego de esa incursión se reportó el reclutamiento forzados de niños entre los 12 y 14 años.

Asesinato de líderes y defensores de DD. HH.

No se dejó de lado la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, recogiendo las denuncias hechas por las organizaciones sociales entrevistadas por AI, actos que “tienen como objetivo quebrar procesos de organización colectiva”. El informe referencia nuevos casos de violencia de género, en particular, violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas y afrodescendientes, y anota que las cifras oficiales no dan cuenta de la situación real que se vive en el terreno en este asunto por el temor de las víctimas a denunciar.

“Preocupa a Amnistía Internacional que en los contextos de movimientos de actores armados por territorios donde habitan pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, se presente un aumento de casos de violencia de género, especialmente la violencia sexual (…) Las mujeres y las niñas indígenas y afrodescendientes están en una situación de vulnerabilidad acentuada, lo cual amerita una respuesta institucional integral, que garantice la prevención de estos hechos, así como el acceso a la justicia, la verdad y la reparación de daños de las sobrevivientes en igualdad de condiciones”, señala la organización.

Además de recalcar el abandono histórico del Chocó por parte del Estado, se hizo un llamado para que se cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Puntualiza el informe que es evidente la ausencia de la respuesta integral y efectiva a necesidades básicas y que aún persisten en el territorio “violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libre movilidad, a la tierra, y a la identidad cultural”. Asimismo, lamentó que aún haya denuncias por las relaciones que existen entre los grupos paramilitares y los agentes del Estado.

“A pesar de ser uno de los departamentos con mayores cifras de desplazamiento forzado en 2017, la realidad ha superado todos los esfuerzos de la institucionalidad local para responder de manera adecuada a las necesidades en terreno (…) Amnistía Internacional reitera la necesidad de contar con entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (regional Chocó), fortalecidas y que cuenten con apoyo del nivel departamental y nacional, para tomar medidas pertinentes de atención, prevención, protección, restablecimiento de derechos, acceso a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, anota el documento de la organización internacional.

Bojaya, todavía en la zozobra

En un aparte especial sobre Bojayá, municipio víctima de una masacre perpetrada por las Farc el 2 de mayo de 2002 en la que murieron 119 personas, se menciona que, luego de quince años de los hechos, “la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio (…) Comunidades de Bojayá y zonas cercanas denunciaron ante Amnistía Internacional que, si bien el Acuerdo de Paz significó la salida de las Farc de sus territorios, el Estado no ha llegado a este departamento a garantizar los derechos fundamentales de la población. Por el contrario, aseguran que estas lagunas de poder han permitido que otros actores entren a la región y que esto ha agravado la situación de derechos humanos”.

El informe culmina con una serie de recomendaciones al Gobierno y al Estado en general, en las que se sugiere la urgencia de desmantelar a los grupos paramilitares e investigar los vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado con estos. Al mismo tiempo, se pide la implementación de medidas efectivas de protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes y que los pueblos que han sido desplazados cuenten con medidas integrales de atención, asistencia y reparación integral que determina la ley. Por otra parte, sugiere el cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos internacionales pactados para garantizar asuntos como la reparación integral, que debe incluir garantías de no repetición a todas las víctimas del conflicto armado, y prevenir el desplazamiento de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

En cuanto a los grupos armados y las fuerzas de seguridad del Estado, la organización pide el cumplimiento de las normas “del derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario” y que se respete el principio de distinción entre combatientes durante los enfrentamientos y la legislación concerniente el uso de minas antipersonal.

En entrevista con El Espectador, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que había preocupación por la rapidez con la que grupos armados al margen de la ley se estaban disputando los territorios que las Farc habían abandonado con el proceso de paz y criticó que no haya un intento evidente por fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y la institucionalidad. “Se ha abandonado lo más urgente y primordial que es empezar a atender las necesidades de las comunidades abandonadas. Hoy más que nunca las estructuras paramilitares fortalecen su presencia y toman control territorial y ni siquiera hay un reconocimiento público sobre esa realidad”, señaló Guevara. Por otra parte, hizo un llamado al gobierno de Santos a reconocer la sistematicidad del asesinato de los líderes sociales, situación que el mismo presidente ha negado en otras ocasiones.

Amnistía Internacional aseguró que, aunque en este primer informe se concentraron en Chocó, se desarrollan otras investigaciones en regiones sensibles para la implementación y en las que históricamente el conflicto armado marcó a sus habitantes con mayor fuerza, como Nariño, Antioquia, Cauca o Valle del Cauca.

El Espectador


Mapa de Chocó, Colombia: