Colombia: Corte Constitucional da luz verde a la Justicia Especial para la Paz y a la participación política de exguerrilleros

Luz verde de la Corte a la JEP y a participación en política de Farc

Tras más de 10 horas de debate y en una decisión unánime, la Corte Constitucional decidió ayer avalar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –nacida con el Acto Legislativo 01 del 2017–, aunque hizo ajustes fundamentales.

Considerando que este sistema de justicia es la base para consolidar el proceso de paz, el alto tribunal mantuvo la mayoría de artículos de la norma que estableció el nuevo sistema para juzgar a los guerrilleros de las Farc, así como a los terceros y a los agentes del Estado involucrados en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“El acto legislativo cumplió en general con los requisitos de la ley (…) Esta norma va en una transición hacia la paz, por lo que se exigía ver el acto legislativo a la luz de construir un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte.

Tras cuatro sesiones de debate, los magistrados llegaron a un consenso de 7 votos contra 0 a favor de la exequibilidad. En la decisión no participaron Carlos Bernal ni Cristina Pardo por estar impedidos, ya que antes de llegar al alto tribunal habían participado en los procesos del acuerdo de paz que ayudaron a construir este sistema de justicia.

Tras discutir la ponencia del magistrado Guerrero, la Sala Plena mantuvo la dosificación de penas dependiendo del grado de colaboración con la JEP, pero estableció que el Congreso debe definirlas claramente en la ley estatutaria que reglamenta esa jurisdicción y que está en trámite. Esto porque el Acto Legislativo 01 del 2017 señala que se aplicarán las penas establecidas en el acuerdo final, pero no establece explícitamente las sanciones, que van desde la no aplicación de la cárcel para los que cumplan cabalmente hasta penas restrictivas de la libertad de 5, 8 o 20 años para quienes no acepten desde un primer momento su responsabilidad, confiesen plenamente y reparen a las víctimas de sus delitos.

La Corte hizo también un ajuste clave para el cumplimiento del proceso de paz. Dejó intacto el artículo 20 del acto legislativo, lo que implica que las condenas contra los guerrilleros quedan suspendidas para que puedan participar en política. Pero, además, declaró expresamente que al suspenderse la pena se levanta también la inhabilidad. El tema era clave porque con las normas actuales se abría espacio para interpretar que la condena se suspendía, pero no sus efectos.

“(Para) quienes ya tienen condena en la justicia ordinaria, las penas quedan suspendidas. Esa suspensión de las penas suspende las inhabilidades, y por consiguiente pueden participar en política”, resaltó el magistrado Guerrero.
El alto tribunal estableció que para poder aspirar, los ex- Farc deben acreditar su sometimiento y comparecencia ante la justicia especial, así como garantizar el cumplimiento de los compromisos de la paz. Esto se entiende cumplido, por ahora, con la suscripción del acta de compromiso ante la secretaría de la nueva jurisdicción.

La Corte también advirtió que si los desmovilizados faltan al compromiso de la verdad o la reparación podrían perder el cargo para el que fueron elegidos. Esto porque, según los magistrados, para quienes no contribuyan a la verdad y no admitan responsabilidad mientras cumplen las sanciones “no hay justificación para que tengan beneficios políticos”.

Una vez la JEP juzgue a los exguerrilleros, ese tribunal puede establecer si por la gravedad del delito quedan suspendidos sus derechos a ser elegidos. “La JEP deberá determinar las condiciones en las que se debe cumplir la condena y si (los desmovilizados) pierden o no las condiciones políticas. Será la JEP la que determinará si por la gravedad de la conducta se permite la participación en política o si resulta incompatible”, dijo el magistrado Guerrero.

Atendiendo la ponencia, la decisión final mantuvo lo relacionado con la responsabilidad de mando, pese a las críticas de la Corte Penal Internacional. El artículo 24 transitorio del acto legislativo establece que la sola cadena de mando no implica responsabilidad penal, sino que además se debe demostrar que el oficial tenía “un control sobre la conducta de sus subordinados” e información antes, durante o después de los hechos criminales cometidos por los subalternos sin que tratara de impedirlos o ponerlos en conocimiento de la justicia.

Otro ajuste clave en el fallo es el de los terceros civilmente responsables. La Corte determinó que su sometimiento a la JEP debe ser voluntario, contrario a lo que decía la ley. “Los terceros no pueden ser forzosamente vinculados a esta jurisdicción”, dijo Guerrero. Tampoco podrán ser obligados a comparecer ni el Presidente (tal y como ya lo decía la ley) ni los aforados constitucionales como ministros, gobernadores, fiscal, etc.

Entre las normas que tumbó la sentencia está la que limitaba la acción de tutela contra decisiones de la JEP y que delegaba la revisión de esos recursos en el mismo Tribunal de Paz. En este tema los magistrados consideraron que se vulneraba la supremacía de la Constitución, por lo que la competencia exclusiva de revisar las tutelas contra los fallos permanece en la misma Corte Constitucional.

Sobre la participación de juristas extranjeros en el sistema (amicus curiae), la decisión es que si bien pueden aportar sus conocimientos, no podrán en ningún caso participar en los fallos jurisdiccionales. Y, en materia disciplinaria, la Corte consideró que el régimen que cobija a los nuevos magistrados debe ser el ordinario. Esto es que no debe crearse un sistema exclusivo para la jurisdicción.

Aunque la decisión fue unánime, hubo salvamentos parciales de voto de los magistrados Guerrero y Gloria Ortiz. Pero la esencia del segundo experimento de justicia transicional en Colombia quedó plenamente habilitada para empezar a operar.

El Tiempo


La paz de Colombia ahora está en la cancha del Congreso: Santos

El presidente Juan Manuel Santos celebró en la noche de este martes que la Corte Constitucional declarara exequible, con pequeños cambios, la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia. Ahora nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental”.

De esa manera el mandatario dejó la responsabilidad en manos del Congreso de lo que calificó como la columna vertebral del acuerdo al ser el mecanismo escogido para garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición para que los crímenes más graves no queden en la impunidad:
“La justicia especial que se acordó cumple con las normas internacionales de justicia transicional y con nuestra propia constitución como se ratificó hace unas horas; ha sido elogiada por académicos y expertos del mundo entero, y señalada por la comunidad internacional como un precedente para la resolución de futuros conflictos”.

Santos resaltó además que ahora las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la responsabilidad de dar los últimos debates a la ley estatutaria para que la JEP pueda arrancar.

Además el mandatario reconoció que, al igual que muchos colombianos, no le gusta que miembros del otrora secretariado de Farc sean ahora candidatos, pero aseguró que así se negoció y hay que cumplir e instó a los compatriotas a derrotar a a la guerrilla en las urnas porque siempre será mejor “Tener a las Farc echando discursos que echando bala”

Discurso completo de Juan Manuel Santos:

“El fin del conflicto armado con las Farc –sin duda– ha generado una esperanza de mejoría de las condiciones de vida en el campo colombiano, y estamos trabajando para responder a esa esperanza.

Los cambios no se producen de un día para otro, pero podrán alcanzarse mucho más rápido ahora que esta guerrilla entregó sus armas y se ha convertido en un movimiento político.

El logro del acuerdo de paz no es un logro exclusivo de este gobierno sino de todos los colombianos, y por eso debemos cuidarlo y protegerlo todos los colombianos.

Cuidar la paz, construir la paz, consolidar la paz, es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones. La historia se encargará de demostrarlo.

Por eso, hoy quiero hacer un llamado vehemente al Congreso de la República.

Este ha sido el Congreso de la Paz, un Congreso que ha asumido –hasta ahora– la responsabilidad histórica de ayudarnos a acabar una guerra interna de más de medio siglo.

El Congreso refrendó en diciembre pasado, por una abrumadora mayoría, el nuevo acuerdo de terminación del conflicto que se firmó en el Teatro Colón.

Desde entonces, el Congreso ha estudiado, debatido y aprobado importantes leyes y reformas para implementar el acuerdo de paz, incluido el acto legislativo que creó el Sistema de Justicia Transicional, el primero bajo los estándares del Estatuto de Roma, y que incluye la Justicia Especial para la Paz.

Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia.

Ahora nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental.

En particular, me refiero a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, que es la columna vertebral del acuerdo.

La llamada JEP es la forma de garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Es la forma de garantizar la no impunidad de los crímenes más graves cometidos con ocasión del conflicto.

Por eso, aprobarla es una responsabilidad, primero que todo, con las víctimas.

La JEP fue producto de una negociación entre las dos partes en conflicto, y es la primera vez en la historia que dos partes se ponen de acuerdo en un sistema de justicia transicional y se someten a ella.

Es también la primera vez que una guerrilla acepta entregar sus armas para luego someterse a la justicia, en un acto de confianza en el Estado y sus instituciones.

La justicia especial que se acordó cumple con las normas internacionales de justicia transicional y con nuestra propia constitución como se ratificó hace unas horas; ha sido elogiada por académicos y expertos del mundo entero, y señalada por la comunidad internacional como un precedente para la resolución de futuros conflictos.

Las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la enorme responsabilidad de dar los últimos debates a la ley estatutaria que le da vida a la justicia especial de paz.

No debería de ser problema por cuanto ya aprobaron la reforma constitucional que creó la JEP, y ahora solo se trata de reglamentarla.

Además, se están teniendo en cuenta en el trámite legislativo varias de las observaciones realizadas por diferentes sectores y por los mismos congresistas, que han ayudado a mejorar y hacer más preciso el texto.
Ha quedado totalmente claro, por ejemplo, que los disidentes, reincidentes y desertores serán juzgados por la justicia ordinaria y pagarán cárcel efectiva.

También se define que no decir toda la verdad, por ejemplo en materia de ocultación de bienes a través de testaferros o sobre crímenes graves, se considerará un incumplimiento que hace perder los beneficios.

Por otro lado –como siempre lo he dicho–, y como lo prometí, los militares y policías que se acojan a la JEP tendrán los mismos beneficios dentro de un régimen especial y diferenciado. Ya hay cerca de 1800 soldados y policías que se han acogido a la Justicia Especial de Paz y casi la mitad de ellos ya están libres.

Y ningún civil que haya sido extorsionado por los grupos armados ilegales tiene absolutamente nada que temer. ¡Ellos son víctimas y no victimarios!

Solo comparecerán ante la JEP los civiles que hayan sido determinadores activos de los crímenes más graves y atroces y podrán escoger si prefieren quedarse en la justicia ordinaria.

La paz de Colombia –así de sencillo– está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que el Congreso no les falle a los colombianos ni a las víctimas.

El procedimiento rápido se agota y cualquier demora injustificada sería fatal.

Algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohíba a las FARC hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó.

En este caso, como en todos los procesos de paz que se han negociado hasta ahora, los alzados entregaron sus armas, pero a cambio de que los dejen participar en política.

¡No en veinte años, sino ya! Como sucedió con el M-19, en Irlanda del Norte, en El Salvador, en Guatemala, en Suráfrica y en todos los conflictos que se han resuelto en una mesa de negociación.

En todos los casos, y en este también, cambiaron la violencia por los argumentos, las botas por los votos.
Su participación en política –que la corte también avaló—no implica que no tengan que cumplir con sus obligaciones de decir la verdad y reparar las víctimas.

De eso –precisamente– se trata un proceso de paz. Siempre ha sido así. Eso fue lo que se acordó. Y hay que cumplir.

El mundo entero está pendiente de que el Estado colombiano cumpla con su palabra empeñada.

Después de semejante respaldo que recibimos –inclusive del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con cinco resoluciones que se aprobaron por unanimidad, algo nunca visto –, no podemos permitir que coloquen a Colombia de nuevo en el muro de la infamia por incumplir con sus compromisos.

Yo entiendo que muchos colombianos no les guste que miembros del antiguo secretariado de las Farc, responsables de crímenes atroces, sean ahora candidatos.

A mí tampoco me gusta. Nunca he comulgado con lo que piensan y representan. Por eso los he combatido toda mi vida. Nunca nadie les dio más duro cuando estábamos en guerra. Y, si pudiera, los combatiría en las plazas públicas con la misma contundencia con la que los combatí en el plano militar.

Esa es la fuerza y el vigor de la democracia. Los colombianos, con nuestro voto, decidiremos si aceptamos sus ideas y propuestas o las rechazamos. Y sin duda, sin duda es mejor tener a las Farc echando discursos que echando bala.

Como le dije a Timochenko la primera vez que lo vi: posiblemente nunca estaré de acuerdo con su manera de pensar pero –si dejan las armas y se comprometen con la verdad y con las víctimas– me haría matar para que puedan expresar sus opiniones libremente en los foros de la democracia.

¡No le tengamos miedo a la democracia! ¡Y no le tengamos miedo a la paz!

Señores congresistas: las víctimas, el país y el mundo están pendientes de su trabajo, y esperamos que estén a la altura de su responsabilidad.

Que los intereses políticos o electoreros NO empañen el trabajo que han cumplido hasta ahora.

La patria y la paz están por encima de la política.

La justicia y la verdad están por encima de la política.

El futuro de las nuevas generaciones –que miran esperanzadas una vida sin conflicto armado– está por encima de la política.

Han sido el Congreso de la Paz. ¡Culminen su trabajo con broche de oro”.

El Colombiano