Uruguay: el gobierno hará públicos los archivos secretos de la dictadura

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La decisión fue trabajar con perfil bajo. Los lunes y los jueves, lejos de las cámaras de televisión, el grupo de trabajo por Verdad y Justicia sobre la última dictadura que creó el presidente Tabaré Vázquez ha mantenido largas reuniones en el tercer piso de un edificio ubicado en Convención y 18 de Julio, la exgalería Caubarrere.

«Nuestro trabajo no se conoce, pero de a poco está comenzando a dar resultados», dijo a El Observador Mario Cayota, quien hasta hace pocos días formaba parte del equipo. Cayota debió renunciar debido a que está a punto de viajar a Roma para asumir como embajador uruguayo ante el Vaticano.

Luego de realizar un balance íntimo de las acciones que el grupo ha llevado adelante desde su creación en mayo de 2015, Cayota anunció que los documentos de la dictadura que están en poder del organismo serán abiertos al público.

«Fue un trabajo arduo, callado e importantísimo. Esto va a estar a disposición de quien, con causas justificadas, quiera consultarlo. No hay nada secreto», sostuvo el historiador.

Se trata de documentos que fueron hallados en el Ministerio de Defensa durante el primer gobierno del Frente Amplio, bajo la gestión de Azucena Berrutti. La cartera los entregó formalmente al grupo de trabajo por Verdad y Justicia hace algunos meses.

«Son cientos de rollos de la época de la represión y ahora se están analizando. Hay un grupo integrado por técnicos y voluntarios que están revisando todos los documentos», dijo Cayota.

Quien solicite la información tendrá que firmar un formulario en el que deberá indicar cuáles son las motivaciones de la búsqueda.

Luego de firmar esos papeles, la persona queda obligada a realizar un uso «responsable» de los datos. «Los formularios ya están prontos», dijo Cayota. Los rollos están custodiados bajo fuertes medidas de seguridad en la sede del organismo. «Hoy tenemos un conjunto de archivos para analizar en forma científica y pormenorizada. Eso es muy importante», dijo Cayota.

Los archivos serán digitalizados e incluirán un índice temático para facilitar la búsqueda. «Como historiador, puedo decir que sin esa herramienta, es como buscar una aguja en un pajar», dijo.

Al mismo tiempo, un equipo de historiadores y estudiantes trabajan en líneas de investigación para reconstruir algunos hechos poco abordados del pasado reciente.

La valiosa información con la que cuenta el grupo ha ayudado, por ejemplo, a algunos abogados que están con causas abiertas contra algunos militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Ignacio Errandonea, integrante de la organización de Familiares de Desaparecidos, se mostró conforme con los datos obtenidos, aunque prefirió no hacer declaraciones. La próxima etapa que tiene en mente del grupo por Verdad y Justicia es rastrear los archivos de la Fuera Aérea. Ya han tenido contactos para tramitar el acceso.

Búsqueda de desaparecidos

Además del rastreo de información, la otra prioridad del equipo de trabajo es la búsqueda de los restos de desaparecidos. En ese sentido, Cayota informó que hay dos nuevos lugares en los que está previsto trabajar, aunque, por razones de confidencialidad, prefirió no dar a conocer cuáles son.

«Nosotros no hemos relegado la búsqueda de los desaparecidos. En absoluto. Estamos trabajando en el batallón 13 y se va a avanzar mucho», dijo Cayota.

Una de las dificultades que habían enfrentado era la falta de infraestructura para realizar las tareas. Pero ahora lograron incorporar retroexcavadoras para avanzar en la búsqueda a cargo del equipo de antropólogos.

Polémica tras decisión de la SCJ

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió una sentencia en la que, por el voto de la mayoría de sus miembros, declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, según informó la diaria en su edición de 25 de octubre pasado. El organismo tomó esa decisión respecto a un caso en el que se investiga la denuncia de torturas, privación de libertad y detención ilegítima en el Regimiento de Caballería N° 5. El fallo generó cuestionamientos.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, dijo a La Diaria que hay decisiones de actores judiciales que son «esencialmente políticas». A su juicio, lo que hacen es «bloquear» el avance de las causas sobre los delitos de lesa humanidad.

El equipo

El equipo completo de trabajo por Verdad y Justicia está integrado por Susana Andrade, Mario Cayota, Ignacio Errandonea (por Familiares), Macarena Gelman, Felipe Michelini, Ademar Olivera y Pedro Sclosfky.

El Observador

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