Argentina: Los indios y el deterioro de un problema histórico no resuelto – Por Juan Guahán

El asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche, no es un problema policial o político que apareció repentinamente o de fácil solución. Es un fenómenos de vieja data y de fuerte impacto público, que ahora vuelve a instalarse en la sociedad y del modo en que se encamine su planteo y resolución marcará el futuro argentino de largo tiempo.

El caso del joven mapuche asesinado simboliza un hecho por demás grave. Es parte de un problema irresuelto que se vincula con el origen mismo de la Argentina como estado-nación. Ello se hizo visible en los debates de su propia Declaración de la Independencia hace dos siglos atrás. Ahora el gobierno macrista, buscando ratificar su identidad histórico-cultural, procura garantizar el extractivismo de los bienes comunes del área patagónica. Para ello trata de restaurar la tradicional política de “limpiar” la zona de toda presencia “molesta” que pueda interferir en ese objetivo.

En función de ello pretende, 130 años después, una nueva “Conquista del Desierto” sobre un territorio donde habitan los descendientes de los pobladores que el Gral. Julio Argentino Roca dispersó, aisló, esclavizó y mató en su campaña que tenía por objetivo integrar aquellas tierras a la expansión de nuestras fronteras agropecuarias, promoviendo su incorporación al sistema mundial del incipiente capitalismo promovido por los países occidentales. Toda esa realidad, durante varias décadas, permaneció sin mayores cambios, con los pueblos originarios despreciados e invisibilizados.

Escribió Manuel de Olazábal, asistente de San Martín y quien fuera padrino de su casamiento y de sus hijos: “Dos mil mapuches ayudaron con caballería, ganado y baqueanos al General José de San Martín en el Cruce de los Andes. El Parlamento al que citó a los caciques tenía por objetivo además de pedirles permiso para atravesar sus territorio”. Dijo San Martín: “Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie”

Así fue la historia. No es como la cuentan y protagonizaron los mitre, sarmiento, roca, obligado, uriburu, videla, bullrich y macri. Por eso a los actuales gobernantes no les interesa la historia. Ella no les sirve para la “eficiencia” de su poder y el llamado progreso al que aspiran. A las ideas de San Martín se le agrega que Manuel Belgrano propuso a los participantes del Congreso de Tucumán que la capital de las Provincias Unidas del Sud fuera el Cuzco y que estén presididas por un Inca, hermano de Tupac Amarú. Las propuestas e ideas de estos patriotas, acompañados por Martín Miguel de Güemes, fueron traicionadas y derrotadas por los intereses portuarios. Los continuadores de los mismos hoy están gobernando.

Los intereses de quienes se “negaron a luchar” y a quienes –según San Martín- “no les importa seguir siendo colonia” fueron los que finalmente le dieron forma a esta Argentina. Quedaron afuera de la protección de sus leyes, constituciones e instituciones los que habían regado con sangre los territorios liberados. El paso del tiempo fue abriendo el camino para que –al menos teóricamente- derechos de los pueblos originarios, fueran reconocidos. Así fue como en la Reforma Constitucional de 1994, en el Art. 75 inc. 17 se aprueba “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

En virtud de esta disposición hay dos normas que cobran importancia en el conflicto actual en las tierras ocupadas por pueblos indígenas y en las del Parque Nacional de Nahuel Huapi.

Una de ellas es la prórroga, por otros 4 años, de la ley (N° 26.160 del año 2006) que suspende el desalojo de tierras indígenas. Esa norma fue publicada, oficializándola, en el Boletín Oficial del 23 de noviembre de este año. Se trata de tierras que están en proceso de relevamiento y reconocimiento de su posesión tradicional y pública por parte de comunidades indígenas. Por ahora hay 129 sentencias de desalojo suspendidas en virtud de esta Ley.

Por otro lado, referido al último párrafo de la señalada reforma constitucional, las autoridades de la Administración de Parques Nacionales acordaron con el Parlamento Mapuche de Río Negro el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi. De modo tal que las decisiones, en dicho Parque Nacional, deben ser compartidas por el gobierno argentino y las comunidades locales. Además rige para nuestro país el Convenio 169 de la OIT según el cual la participación es un derecho de los pueblos indígenas y un deber del Estado. Este debe implementarse inmediatamente y su ausencia acarrea la nulidad de los actos que afectan directamente a los pueblos indígenas y hayan sido adoptados sin su participación.

Estos avances legales son prácticamente universales, responden a la lógica de estos tiempos y forman parte de nuestro sistema legal, de modo tal que el actual gobierno argentino no puede negarlos, ni olvidarlos. Las normas señaladas dan por tierra con todos los prejuicios exaltados en estos días para criminalizar a los indígenas. Tienen derechos y cuando éstos son negados y no existe el diálogo se abre la puerta a las legítimas rebeldías.

Los argumentos legalistas que se acaban de señalar no niegan, sino que tratan de señalar un camino para avanzar en una resolución del conflicto de fondo que se anida en los sucesos de estos días. Se trata de una confrontación entre cosmovisiones distintas: La de los pueblos originarios que defienden su cultura, en armonía con la de aquellos patriotas de la primera independencia (San Martín, Belgrano, Güemes, Monteagudo, Castelli, entre otros) que atisbaron la necesidad de respetar aquella cultura y darle un lugar prominente en el nuevo tipo de organización social de lo que a la postre sería nuestro país. Pero, por otro lado está la cultura dominante, la de los vencedores en el conflicto interno, que -excluyendo a los demás- impusieron a sangre y fuego sus intereses vinculados a los de las viejas metrópolis.

Todo esto que está pasando no nos permite olvidar que 200 años de esta República no pueden dejar de lado miles de años de vida anterior.

El punto de quiebre de las ideas en juego es la tierra. Para unos, su raíz es la Pachamama, madre del universo y fuente de la vida, de una vida que se realiza mediante el respeto a la naturaleza y la cooperación de la humanidad. Mientras que para otros, los actuales dominadores, al servicio del dios Mammón, que es el dios de la riqueza, y Mercurio, el dios de los negocios, la tierra es una mercancía más que los humanos usan para enriquecerse.

(*) Abogado y militante social argentino.