Argentina: Recortando jubilaciones – Por Carlos Heller, especial para NODAL

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

David Hendry es un profesor de Oxford. Un muy reconocido econometrista, que sorprendió al declarar al periódico argentino especializado en economía El Cronista: “Si la esperanza de vida es de 70 años, la jubilación debe ser a los 80”. Es un buen ejemplo de cómo detrás de los análisis puramente cuantitativos se pierde de vista que la economía no es otra cosa que una ciencia social.

Dejando de lado la academia, las políticas neoliberales ya se han instalado en Argentina. Entre otras avanzadas regresivas, el gobierno está presionando para conseguir la aprobación en el Parlamento de un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. Una política que genera inequidad, pobreza, y que incluso ha sido tildada de inconstitucional por destacados juristas.

En los hechos, de aprobarse la nueva metodología, en marzo de 2018 habría un aumento de haberes del 5,7%, insuficiente para compensar el aumento de precios del período, puesto que ajusta con un índice de un trimestre un período de seis meses. Desde 2009 las jubilaciones se vienen ajustando –por ley— a la evolución de los salarios y a la recaudación tributaria, y desde ese momento se verificó una recomposición sostenida de los haberes. De seguirse el método vigente hasta el momento, la jubilación debería aumentar en marzo de 2018 entre un 12% y un 14%, más del doble de los incrementos que espera aplicar el gobierno con la nueva fórmula. Proyectando estos cálculos, la jubilación mínima tendría una pérdida de un 10% en términos reales, comparada con el monto recibido en septiembre de 2015. El problema no acaba ahí, ya que con la fórmula también se actualizan otros rubros importantes como las asignaciones por embarazo, hijo, o discapacidad.

El objetivo es generar un “ahorro” superior a los 100.000 millones de pesos (unos 5.600 millones de dólares). Por donde se lo mire es inaceptable desde el punto de vista ético. Es que por un lado recortan jubilaciones y subsidios sociales, pero por el otro aumentan significativamente los pagos de intereses de la deuda, de la misma forma que los capitales más concentrados obtienen más facilidades para incrementar su caudal de ganancias.

Para justificar el cambio, el director del organismo que se encarga de la seguridad social (ANSES), Emilio Basavilbaso, llegó a decir: “nuestras jubilaciones son más altas que las del resto del mundo y de la región”. Sin dudas, ya han pasado las elecciones de medio término y al gobierno de Mauricio Macri no parece importar demasiado la imagen interna, sino sólo agradar a los mercados y al Fondo Monetario Internacional.

El informe que el FMI elaboró en noviembre de 2016, para la revisión del Art. 4º, ya contenía de hecho el germen de la reforma actual, que es el cambio de la fórmula de actualización. Es más, en aquel informe se afirmaba que “reducir la pensión mínima respecto del sueldo promedio, del 75 al 45%, redundaría en un ahorro del 10% del PBI” en diez años. En los hechos, al quitarle peso a la ponderación del salario, como ocurre con la nueva fórmula propuesta, lo que se está haciendo es satisfacer el pedido del FMI.

Pero como la mala imagen del FMI es tan persistente en Argentina, se acordó que en la revisión de este año los funcionarios de ese organismo no hicieran referencias al tema. No obstante la cuestión sigue instalada, y también está presente en una dimensión regional y mundial.

En esa misma línea, se conoció a principios de noviembre un informe que elaboró el Banco Mundial (BM) para Brasil, donde hay un título que por sí solo asusta: “Un ajuste justo”. El objetivo de las propuestas del trabajo es “colocar a las cuentas fiscales de Brasil de vuelta a una trayectoria sustentable, al mismo tiempo que proteger a los pobres”. Según el BM es un gran desafío, aunque desde mi punto de vista es una gran contradicción, ya que el grueso del ajuste lo pagan los pobres y las clases medias.

Unos de los apartados que se profundiza es el previsional, con un planteo muy parecido al que el FMI le hizo llegar a Argentina en cuanto al ajuste de las jubilaciones. También le pide a Brasil una reforma del sistema de jubilaciones rurales y pensiones por discapacidad, y una reducción significativa de la masa salarial del sector público, alineándola con los (menores) salarios privados –una llamativa forma de igualar hacia abajo—.

Según el BM, con todas las medidas de ajuste fiscal podría obtenerse una reducción del déficit fiscal de unos 8,36 puntos del PBI en el mediano plazo, un esfuerzo abismal. Para comparar tal esfuerzo, el principal gasto del gobierno es el pago de los intereses de la deuda (casi 7 puntos del PBI), que llevan el déficit total a 9,16 puntos. Queda claro que todo el sacrificio de la población es para garantizarles el pago a los acreedores. Otra vez, son argumentos casi idénticos a los que se utilizan en Argentina, donde los números siguen un camino similar al de nuestros vecinos: en el acumulado de los diez primeros meses del año, lo pagado de más por el Tesoro Nacional argentino en la cuenta de intereses supera en cinco veces al ahorro logrado en las metas de déficit primario, a un gran costo social.

En el plano mundial, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la edad de jubilación aumentará en 1,5 años para los hombres y en 2 años para las mujeres hasta el 2060. En promedio, para los países de la OCDE llegará hasta los cerca de 66 años en 2060, aunque hay casos más extremos, como Italia (71), Holanda (71) y Dinamarca (74). Para reflexionar: en Argentina la edad límite para las mujeres es de 60, y para los hombres es de 65 años, y ahora intentan vender la idea de que trabajar hasta los 70 años, como se estipula en la nueva legislación que se está tratando, será de opción voluntaria. Una cuestión que no necesariamente es criticable, siempre y cuando la decisión no se tome bajo la presión de las magras jubilaciones que se obtendrían, una situación de muy probable ocurrencia si se profundizan las políticas que se están aplicando. Más aún, habría que tener en cuenta el impacto que tiene este alargamiento de la edad de trabajo de los mayores en la creación de empleo, en especial entre la gente joven.

En otro plano, la reforma tributaria que persigue el gobierno argentino también afectaría la posibilidad de seguir pagando las jubilaciones. De hecho, se le quitaría a la seguridad social una porción importante que recibe del impuesto a las ganancias, un canal de financiamiento clave del sistema. Éste se reemplaza por la asignación de los ingresos por el impuesto a los débitos y créditos, un tributo que el FMI viene pidiendo que se elimine. De allí que podría pensarse que estos cambios se van orientando hacia el desfinanciamiento del sistema previsional, junto con una disminución del valor de sus prestaciones.

Volviendo a Basavilbaso, el funcionario terminó de confesar las intenciones de Cambiemos, la coalición que encabeza Mauricio Macri: “No recuerdo el caso de Finlandia, pero en general las jubilaciones públicas en la Argentina están entre las más altas. Lo que sucede es que en los otros países hay sistemas privados que complementan esas jubilaciones”. Traducido: se piensa en una segunda etapa de reforma previsional e incluiría algo similar al sistema de AFJP que ya fracasó en Argentina y que debió ser estatizado. Puertas afuera, Chile es un caso de régimen privado que desde hace años se encuentra fuertemente cuestionado.

En este marco, la frase reciente del Papa Francisco resulta contundente: “un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría”. Es parte del mismo mensaje que debe darle la población a un gobierno que sólo encuentra pasión en el ajuste permanente y en ser agradable ante los ojos de los organismos y los inversores, principalmente externos.

(*)Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Presidente del Partido Solidario, de Argentina.