Indulto al dictador Fujimori en Perú: otra masiva protesta y la CIDH dice que “no cumple con los requisitos legales”
Miles marcharon en todo el país contra el indulto a Alberto Fujimori
Miles de personas participaron de la marcha de este jueves por las calles y avenidas de las principales ciudades del país para protestar contra el indulto a Alberto Fujimori concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK).
La manifestación más numerosa, de al menos unos 20 mil participantes, se registró en Lima, donde se recorrió el Centro Histórico, desde la Plaza Dos de Mayo hasta el frontis del Palacio de Justicia en el Paseo de los Héroes Navales. Además de Lima, también hubo importantes marchas en otras ciudades del interior como Piura, Cajamarca, Chiclayo y Trujillo, Chimbote, Huaraz, Huancayo, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno, Tacna e Iquitos.
Cuatro detenidos
La marcha en la capital fue pacífica, con la excepción de algunos disturbios que fueron resueltos rápido por la Policía. Uno de ellos se produjo cerca del local del partido de Fuerza Popular en el Paseo Colón y otro a la altura de la cuadra 13 de la avenida Arequipa, donde la Policía interceptó a un grupo que se había separado de la marcha principal. En ambos casos los policías lanzaron gases lacrimógenos. En el interior del país se reportaron enfrentamientos en las ciudades de Huancayo (Junín) y Trujillo (La Libertad).
El viceministro de Orden Interior, Rubén Vargas, informó que durante la marcha en Lima, la Policía detuvo a cuatro manifestantes. Tres fueron detenidos por realizar pintas en el local de Fuerza Popular y el cuarto por agredir a un Policía en la avenida Arequipa.
A través de carteles y arengas, los manifestantes pidieron anular la resolución para que Alberto Fujimori vuelva a prisión y cumpla su condena de manera íntegra.
«Urgente, nuevo presidente»
«El indulto es un insulto», «Urgente, urgente nuevo presidente» fueron algunas de las arengas con las que los manifestantes expresaron su indignación contra Kuczynski, quien sorprendió al país con la concesión del indulto a Fujimori el último 24 de diciembre.
A través de carteles y gritos, los manifestantes pidieron anular la resolución para que Alberto Fujimori vuelva a prisión y cumpla su condena de manera íntegra, dictada en 2009 como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
«Seguiremos marchando»
Entre los participantes que siguieron el recorrido original estaban congresistas como el portavoz del Frente Amplio de izquierdas, Marco Arana, promotor de la moción para destituir a PPK. «Seguiremos marchando hasta que se anule el indulto y renuncie el presidente Kuczynski», advirtió Arana, quien no descarta presentar otra moción para despojar al mandatario de su cargo.
La congresista de Nuevo Perú Indira Huilca, hija del sindicalista Pedro Huilca, asesinado por el grupo Colina, rechazó el perdón manifestado esta semana por Fujimori porque «ha pedido perdón a quienes defraudó, pero matar y secuestrar no es defraudar, es violar derechos humanos».
LOS ANTECEDENTES
Este domingo 24 de diciembre, a las 6 de la tarde de la víspera de Navidad, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Desde 1997, Fujimori ha enfrentado distintos problemas de salud, el principal relacionado a una lesión en la lengua que se ha ido agravando con los años. Además, ha sido internado en diversas ocasiones por un problema de hipertensión.
El indulto llegó apenas tres días después de una votación en el Congreso en la cual Fuerza Popular no alcanzó los votos necesarios para vacar a PPK. Diez congresistas de esa bancada, entre ellos Kenji Fujimori, se abstuvieron de votar y salvaron al presidente.
Corte IDH convoca a audiencia tras pedido de organizaciones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó a una audiencia extraordinaria para escuchar, el 2 de febrero, a las partes implicadas en el indulto concedido al ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos.
«La corte ya ha notificado a las partes a una audiencia conjunta, en dos casos abiertos en supervisión de cumplimiento de sentencia, que son Barrios Altos y La Cantuta», informó a EFE la abogada Gloria Cano, directora de una de las organizaciones civiles que representan a los deudos de las víctimas de estas matanzas.
Cano agregó que en se revisarán «dos pedidos en una sola audiencia» y ya se ha convocado al Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos representantes de los deudos, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que ella dirige.
Sostuvo que «normalmente la corte tiene sesiones y al final del periodo toma una decisión, pero ahora ha visto necesario convocar a la audiencia dentro de ese periodo, de acuerdo a la gravedad» del caso.
Añadió que después de la audiencia del próximo 2 de febrero, la corte «emitirá una resolución de cumplimiento obligatorio», en un plazo no determinado.
Ahí señalará si el Estado peruano ha cumplido o no sus obligaciones establecidas en estos casos, por los cuales Alberto Fujimori fue condenado, en el 2009, a 25 años de cárcel.
Fujimori fue considerado autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), otorgó el 24 de diciembre el indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien actualmente permanece en una clínica de Lima, al considerarse que padece una serie de enfermedades y su salud podía agravarse en prisión.
El presidente Kuczynski también otorgó el derecho de gracia presidencial a Fujimori, por lo que el ex mandatario no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca, en el norte de la región Lima, también a manos del grupo Colina.
Cabe apuntar que en la sentencia emitida el 2009 contra Fujimori, en cuanto a las imputaciones por los casos La Cantuta y Barrios Altos, se señala que «los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal».
Comunicado de prensa de la CIDH sobre indulto a Fujimori
CIDH expresa profunda preocupación y cuestiona el indulto concedido a Alberto Fujimori
28 de diciembre de 2017
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno peruano de otorgar un indulto humanitario al ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana y la CIDH se han pronunciado sobre varios casos alarmantes de violaciones a los derechos humanos en los cuales Alberto Fujimori estuvo involucrado como autor mediato, incluyendo la masacre de quince personas en Barrios Altos y la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la Universidad La Cantuta.
De conformidad con un comunicado de la Presidencia de la República del Perú, Alberto Fujimori presentó una petición de indulto humanitario bajo el argumento de que padece enfermedades no terminales graves que pondrían su vida en riesgo. La junta médica oficial determinó que Alberto Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad. Este informe fue avalado por la Comisión de Gracias Presidenciales y sirvió como fundamento para que el 24 de diciembre de 2017, el Presidente de Perú le confiriera el indulto humanitario a Fujimori, quien inmediatamente fue puesto en libertad.
El indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, la Comisión expresa su preocupación porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica.
La participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta. Asimismo, la existencia de enfermedades no terminales graves demandarían la transferencia del sentenciado a dependencias hospitalarias por el tiempo que su salud lo requiera, medida menos restrictiva al derecho de las víctimas a la justicia, pues el indulto otorga un perdón de la penas, que es algo distinto a la atención medica que pueda requerir y recibir el condenado. La decisión también desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Los crímenes contra la humanidad son aquellos que ofenden los principios generales del derecho y se convierten en una preocupación de la comunidad internacional, constituyendo una gravísima ofensa a la dignidad humana y una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por lo que no deben quedar impunes.
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente resultar en una forma de impunidad, especialmente cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión subraya que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y otros excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad.
La CIDH recuerda que en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. De la misma manera, en 2001, en el marco del caso Barrios Altos, la Corte clasificó los hechos cometidos por el ex mandatario como graves violaciones a los derechos humanos. La CIDH expresa su profunda preocupación porque al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos en beneficio de Alberto Fujimori, el Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales. El otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori no toma en cuenta las particularidades de los crímenes de lesa humanidad, ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares.
La CIDH actuará junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la realización de una audiencia pública de supervisión conjunta de cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Asimismo, está bajo consideración la posibilidad de convocar de oficio una audiencia temática durante el próximo Periodo de Sesiones de la CIDH, que se realizará en febrero. Perú siempre fue considerado una referencia internacional en la lucha contra la impunidad para los graves crímenes contra los derechos humanos y las circunstancias exigen una nueva evaluación.
Por otro lado, el hecho de que junto al indulto de las penas impuestas a Fujimori también se otorgue como una gracia presidencial su exclusión de cualquier proceso penal que se esté siguiendo en su contra, incumple la obligación internacional del Estado Peruano, reafirmada en sentencias de la Corte Interamericana, sobre el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Así, por ejemplo, al impedir indebidamente la continuidad del proceso penal en curso contra Fujimori por los crímenes cometidos en Pativilca (cuyo juzgamiento fue autorizado por la Corte Suprema de Chile en el procedimiento de extradición respectivo), se impide esclarecer la verdad, identificar y sancionar a los responsables y otorgar justicia y reparación a las víctimas, independientemente de que una eventual condena a Fujimori pudiera no conllevar que se le interne nuevamente en prisión, atendiendo al indulto humanitario conferido.
El indulto tuvo lugar en medio a una crisis política en Perú que ha sido objeto de consternación, en particular por sus graves efectos sobre la protección de los derechos humanos en el país. El contexto de su adopción impide que la decisión sea transparente e incuestionable. Las consecuencias de la medida aplicada son particularmente graves para las personas, grupos y colectividades históricamente excluidas, así como para las víctimas de tales graves violaciones de derechos humanos y sus familiares.
Finalmente, en el contexto de la violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones pacíficas en protesta por el otorgamiento del indulto, la CIDH rechaza cualquier forma de violencia y recuerda que la represión de la movilización y la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente.
La CIDH rechaza el indulto a Alberto Fujimori, por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú, y hace un llamado a que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas que fueron afectados con esta decisión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fujimori: Dura condena de expertos en derechos humanos de la ONU contra el indulto
Mediante un comunicado público, expertos internacionales de Naciones Unidas calificaron como “una bofetada a las víctimas” de las violaciones a los derechos humanos cometidos en los años noventa al indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al ex dictador Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de condena por crímenes de lesa humanidad.
«Estamos consternados por esta decisión. Es una bofetada para las víctimas y los testigos, cuyo incansable compromiso lo llevó ante la justicia”, se deja leer en el pronunciamiento difundido ayer por la mañana.
Los profesionales en derechos humanos también subrayan que “el perdón presidencial otorgado a Alberto Fujimori por motivos políticos socava el trabajo de la judicatura peruana y la comunidad internacional para lograr la justicia”.
“Es un gran revés para el estado de derecho en el Perú: se concede un indulto humanitario a una persona condenada por crímenes graves después de un juicio justo, cuya culpa no está en cuestión, y que no cumple con los requisitos legales para el indulto”, enfatizan.
El documento también precisa que el “el derecho constitucional del presidente de indultar a las personas no puede verse aislado de las convenciones internacionales ratificadas por Perú”.
Los profesionales también apuntan que “el señor Fujimori debe ser tratado como cualquier otra persona condenada por crímenes graves contra los derechos humanos”.
Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años por los crímenes de Cantuta y Barrios Altos, además de graves actos de corrupción cometidos durante el régimen de los años noventa.
Ayer en la tarde hubo una marcha nacional en rechazo al indulto considerado fraudulento de Alberto Fujimori.
El comunicado fue suscrito por los expertos de la ONU Agnès Callamard, relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; y Pablo de Greiff, relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías. El pronunciamiento también fue respaldado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Caso Odebrecht: PPK declaró por cuatro horas ante fiscal Castro
Hacia las 9:30 a.m. del jueves arribó a Palacio de Gobierno un equipo de fiscales encabezados por Hamilton Castro, fiscal anticorrupción que lidera el equipo especial del Caso Lava Jato, para interrogar en calidad de testigo al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), como estaba programado.
La diligencia tomó unas cuatro horas y se dio en el marco de las pesquisas que realiza la fiscalía a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, por los pagos que obtuvieron de la constructora Odebrecht.
Participaron también Gonzalo del Río, abogado de PPK, y el procurador ad hoc para el Caso Odebrecht, Jorge Ramírez.
Como informó en la víspera El Comercio, las preguntas del fiscal irán desde el inicio de la participación societaria de Kuczynski en las empresas investigadas y la corroboración documentaria de sus afirmaciones, hasta su desempeño como ministro de Economía y primer ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.
PPK también deberá informar sobre otras empresas en las que haya sido socio, miembro o haya desempeñado algún cargo gerencial fuera o dentro del país.
Fuentes de la fiscalía informaron el miércoles que pedirán a PPK autorizar el levantamiento de su secreto bancario, tal como lo anunció de manera pública durante un mensaje a la nación.
Como se recuerda, la fiscalía realiza una indagatoria sobre la información que brindó Odebrecht a la Comisión Lava Jato, donde confirma que Westfield Capital realizó siete consultorías para dicha constructora brasileña entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por US$782.207.
PPK, se desempeñó como ministro de Economía entre febrero del 2004 y agosto del 2005, así como presidente del Consejo de Ministros entre agosto del 2005 y julio del 2006.
