México: diez organizaciones internacionales forman una coalición en rechazo a la Ley de Seguridad Interior

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Contexto NODAL
La Ley de Seguridad Interior impulsada por el gobierno de Peña Nieto permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en las labores de seguridad pública. El proyecto fue aprobado por ambas Cámaras y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. La iniciativa provocó el repudio de organizaciones sociales y de DDHH: denuncian que la ley criminalizará la protesta y restringirá la libertad de expresión. Además, organismos internacionales como la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional manifestaron que dicha ley atenta contra los derechos humanos.

Organizaciones internacionales forman una coalición contra la Ley de Seguridad Interior

Diez organizaciones internacionales conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto a esa legislación.

“La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”, indicaron en un comunicado.
“Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga ‘guerra contra las drogas’- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles”, agregaron.

La coalición está conformada por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI),  la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI)  y Robert F. Kennedy Human Rights.

En su mensaje escrito insistieron en que la “la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes”.

La coalición, detallaron, “servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a las crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. El Observatorio también continuará dialogando con las autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional”.

Animal Político


Comisión Derechos Humanos México analiza recurso legal contra ley de seguridad interior

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México evalúa presentar un recurso legal en contra de una recién aprobada ley para regular las operaciones de las fuerzas armadas en las calles, que amplía sus facultades para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior.

La CNDH dijo en un comunicado la noche del sábado que considera que la Ley de Seguridad Interior genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas, afecta el diseño y equilibrio entre instituciones, órganos del Estado y poderes, y posibilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre los mexicanos.

El recurso legal llamado “acción de inconstitucionalidad” sería presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ley fue aprobada en el Congreso el viernes pese a enérgicas críticas de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ahora debe ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno la respalda.

La CNDH “reitera que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral que (…) se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas”, destacó.

La CNDH exhortó al presidente a formular observaciones al proyecto de ley, para desecharla o regresarla a los legisladores a fin de que sea discutida nuevamente.

Desde el 2006, diferentes gobiernos enviaron a miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir a los cárteles de la droga ante la debilidad y corrupción de los cuerpos policíacos.

El ejército mexicano ha solicitado una ley para regular su operación y al mismo tiempo un mecanismo que fije una fecha para regresar a sus cuarteles pues la institución no fue creada para combatir a cárteles de la droga y otros delitos.

Sin embargo, críticos creen que la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abusos por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.

La ley contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar actos de resistencia, lo que activistas consideran una amenaza a posibles protestas de ciudadanos a meses de las elecciones presidenciales del 2018.

El Periódico de México


“México no se va a militarizar”, revira la Secretaría de Gobernación a la ONU

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la Ley de Seguridad Interior no promueve la militarización del país, sino que regula la existente actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Lo que menos queremos es militarizarlo (el país), lo que queremos es regular hoy lo que se tiene en las calles, que por las circunstancias, por la debilidad institucional que tienen los estados y muchísimos municipios para enfrentar al crimen, a los delincuentes, hoy están soldados, marinos y Policía Federal”, dijo el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otras, contra la citada ley.

En diferentes programas de radio, el político hidalguense aseguró que la nueva legislación no es para los militares; es una “ley para los ciudadanos” con la que se obligará a dar temporalidad a las tareas de seguridad que desarrollan las fuerzas castrenses (…) “Porque nos va a decir a qué van los militares, qué tareas van a realizar y cuánto tiempo van a estar”.

Osorio Chong insistió que la aprobación de esta legislación no modifica a la Constitución. “No pueden estar indefinidamente en las entidades, como hoy están (los militares). Lo que se trata es de regular su marco jurídico para darle certeza a los ciudadanos. Eso es lo primero que quisiera puntualizar”, señaló.

El secretario de Gobernación adelantó que en los próximos días se dará a conocer una evaluación sobre la situación de inseguridad en los estados.

“No lo hacemos con otro fin, sino con el que se comprometan a que lo que se ve como debilidad se vuelva una fortaleza al paso de las semanas y al paso de los meses”, expuso.

Proceso


Alcaldes rechazan la Ley de Seguridad Interior y piden a Peña que ejerza su derecho de veto

La Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) se sumó a las distintas voces que han rechazado la Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado viernes 15, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza su derecho de veto.

En un comunicado, el presidente de la Anac, Enrique Vargas del Villar, destacó que los 469 municipios que conforman la agrupación nunca fueron incluidos en los diálogos realizados en el Senado de la República, pese a la anuencia del Ejecutivo.

“Al momento que el presidente de la República Enrique Peña Nieto hizo del conocimiento público que solicitaba al Senado ampliar el dialogo sobre la Ley de Seguridad Interior, parecía cabría la prudencia por ampliar la participación de todos los actores que teníamos que opinar sobre este tema trascendental. Pero para sorpresa, después de una semana de la petición del presidente, el Senado decidió votar la Ley, donde el dialogo amplio no llegó”, subrayó.

El dialogo, dijo, implicaba necesariamente la interlocución, donde los que tenían dudas fundadas pudieran exponerlas ante los legisladores.

“Esperábamos se dieran espacios amplios de respuestas de los senadores, con la finalidad de que se construyera un marco jurídico consensado y no elaborado de forma unilateral”.
Sin embargo, apuntó, el sábado 15 la Cámara de Diputados aprobó en fast track el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones hechas por el Senado, y no se dio esa posibilidad de diálogo amplio que solicitó el Ejecutivo.

Vargas del Villar señaló que en su oportunidad los integrantes de la Anac propusieron el mando mixto como el mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Esa propuesta, agregó, era prioritaria, además de que no aceptaron se prejuzgara a las policías municipales que ahora tienen un alto grado de calificación y desempeño.

Por lo anterior, solicitó presidente de la República que rechace la Ley de Seguridad Interior ejerciendo su derecho de veto, “mostrando que en México sí queremos tomar en serio su compromiso de defender los derechos humanos y encausar el fortalecimiento de las policías”.

Proceso

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