México: investigan al partido de Peña Nieto por desvío de fondos públicos para campaña electoral y detienen a exdirigente

Investigación revela cómo tejió el PRI una red nacional de desvíos millonarios a campañas estatales

Un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales.

El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times.

El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.

El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.

Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times.

Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.

El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados.

En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

Los documentos revisados por The New York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo.

Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales revisados por este diario.

Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido.

Pero las empresas no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.

Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez, el exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.

Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos.

Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.

La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido.

Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Los funcionarios de Veracruz no respondieron a las repetidas solicitudes de declaraciones. Y el actual gobernador de Tamaulipas, un político de la oposición que ganó su cargo durante las elecciones de 2016, dijo que una investigación de sus funcionarios no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas.

Aún no está claro quién más pudo haber participado en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios estados.

Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.

La hija de Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente.

Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México. Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a diez propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores fueron infructuosos.

El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia.

Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones había ideado el plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.

En el documento, Yáñez dijo que se reunió con Gutiérrez, el exdiputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.

Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.

El margen de maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los funcionarios de bajo nivel.

A lo largo de los meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el gobierno del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.

En enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el exsecretario de Finanzas del estado durante la gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.

Dos días después, en un contrato de siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.

Pero el motivo de la transferencia, de acuerdo con los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el exdirectivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.

La operación, explicaron los funcionarios del estado, era una forma compleja y probada de malversar fondos. A los funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado: se trataba de las empresas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.

Una compañía recibió alrededor de 5.2 millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times.

De acuerdo con especialistas en contrataciones, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.

Los pagos se movieron rápidamente. A fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.

De los aproximadamente 15.8 millones de dólares enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó que se le devolvieran 14.4 millones de dólares, según el testimonio de los funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los funcionarios del estado.

De cada una de las compañías, el dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales también aparecen en la lista negra de empresas falsas de las autoridades tributarias nacionales, según los documentos.

A partir de ahí, el dinero desapareció. La única pista sobre a dónde fueron a parar esos recursos se encuentra en el testimonio de los dos exfuncionarios del estado, a quienes los miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el financiamiento de la campaña.

Proceso


La justicia quedó corta en 2017, el año que exhibió a una generación podrida de políticos mexicanos

A pesar de que este año hubo aprehensiones importantes de ex Gobernadores acusados de corruptos, peculado, lavado de dinero y otros delitos, la justicia le quedó a deber al pueblo mexicano, pues al menos un caso importante, el de Guillermo Padrés Elías, de Sonora, se cayó; mientras que otro de los acusados con orden de aprensión se encuentra prófugo en Estados Unidos: César Duarte Jáquez, ex mandatario de Chihuahua, dijeron politólogos consultados por SinEmbargo.

Si bien Javier Duarte de Ochoa y Eugenio Hernández Flores, ex mandatarios de Veracruz y Tamaulipas están en una cárcel en México, y Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana permanece bajo arresto y cerca de una extradición a México en Panamá, sus aprehensiones no significan que vayan a pagar por sus actos y mucho menos regresar lo robado, argumentaron los analistas.

Los ex mandatarios sólo son tres piezas de esa generación de Gobernadores a la que algunos politólogos y políticos de oposición llaman “la generación podrida”, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que gozaron y gozan de impunidad no sólo para robar, sino para aliarse con criminales para asesinar, torturar y desaparecer personas en sus entidades.

“La justicia nos queda a deber. La aplicación de la justicia en México no es imparcial, se aplica de manera distinta a quien tiene recursos y no tiene. Si un político se corrompe y roba tiene más oportunidades de salir y librar una enorme condena, que seguir en la cárcel. Vamos a ver en los años futuros si es cierto que se le da un escarmiento a Javier Duarte, sobre todo si va a devolver lo que se robó. Lo que vemos es que pagan un bufete de abogados muy caro con lo que se robaron y salen y no regresan nada. La deuda de la justicia es muy grande”, dijo Ivonne Acuña Murillo, investigadora del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

La investigadora recordó el fracaso del caso de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Sonora, acusado y perseguido por la administración de la priista Claudia Pavlovich Arellano, por defraudar las arcas públicas de los sonorenses y que a finales de octubre fue amparado por un Juez.

“El caso de Padrés sentaría un precedente, pero lo que estamos viviendo en los últimos sexenios es que hay un relajamiento de ciertas normas, de cierto pudor. El punto es que no devuelve lo que se robó, que sería lo más importante. El sistema político se ha relajado a tal punto que no hay quien ponga limites a los gobernadores. Lo que estamos viendo es que la debilidad presidencial y el resquebrajamiento en general del sistema político en México está generando esta generación podrida de gobernantes”, explicó.

Este año Javier Corral Jurado, Gobernador por el PAN de Chihuahua, logró llevar el caso de César Duarte Jáquez, su antecesor, hasta la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, y aunque hay una orden de aprehensión en su contra, el ex mandatario está prófugo presuntamente en El Paso, Texas, Estados Unidos.

El caso de este ex mandatario de Chihuahua incluso ya alcanzó a la administración federal y a la cúpula del PRI. El diario Reforma difundió las declaraciones del ex titular de Hacienda de César Duarte, Jaime Herrera Corral, ante la Fiscalía General de Chihuahua en las que asegura que se desviaron 250 millones de pesos de las arcas estatales en 2016 hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor. Manlio Fabio Beltrones era el líder nacional del PRI en ese entonces.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabezaba entonces el hoy Secretario de Relaciones exteriores Luis Videgaray Caso, avaló la triangulación, y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones, sostuvo el ex funcionario duartista.

Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila acusado en una investigación que se sigue en Texas, Estados Unidos, de tener vínculos con el cártel de los Zetas; y Rubén Moreira Valdez, señalado por los senadores del PAN de desviar recursos públicos, son intocables para la justicia mexicana porque en sus entidades no ha habido alternancia, coinciden los expertos.

“Yo creo que si nos atenemos al patrón que se ha visto, de ejercer acción penal en contra de los ex Gobernadores cuando llega un partido de oposición, en contra de los Moreira no esperaría que hubiera acción al ser el Gobernador entrante del mismo partido. Son los Gobernadores de otro partido los que han empujado la información en contra de los salientes. No creo que haya nada en contra de Eruviel Ávila [Villegas] en el Estado de México, no esperaría que hubiera noticias en esos estados”, dijo Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Para el académico, la persecución a los ex mandatarios y la aprehensión de dos de ellos, son “hechos novedosos”, pues es la primera vez que hay detenidos por acusaciones de corrupción. Pero los resultados aún están por verse en la calidad de las averiguaciones previas que puedan garantizar que los procesos no se “caigan”.

La mayoría de los gobernadores de esta generación priista acusada de varios delitos comparte en común que fueron perseguidos por la justicia cuando un Gobernador de oposición llegó al poder, como ocurrió en el caso de Javier Duarte, de Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés.

SIMULACIÓN AL PERSEGUIR A LOS EX GOBERNADORES

En octubre Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, resolvió a favor de Padrés Elías y le otorgó amparos al no encontrar elementos probatorios de los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada, por los cuales se le procesa desde noviembre de 2016.

Y aunque la PGR impugnó los amparos y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora lo investiga por enriquecimiento ilícito, para los analistas el caso puede ser un claro ejemplo de una simulación que podría replicarse en los otros ex Gobernadores procesados.

“En el caso de Padrés hay varios temas: hay un elemento importante que es un Juez federal el que está dando amparo para detener las investigaciones y me parece que es una de las deficiencias del poder Judicial. Tenemos jueces que han sido complacientes con el crimen organizado, no sólo con ex gobernadores. Me parece que hay también una deficiencia de los litigios iniciados por los gobiernos locales. En el caso de Veracruz; por ejemplo, hay varios delitos que se le imputan al ex Gobernador, pero parecen ser menores respecto a lo que todo el mundo escucha que pasó en esa entidad”, explicó Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).

López Montiel argumentó que el caso de Padrés Elías podría tratarse de una simulación o de una deficiencia en las procuradurías para integrar las carpetas de investigación; que se puede replicar en todos los casos en donde hay un ex Gobernador acusado de algún delito.

“A las procuradurías se les caen los casos y al final podemos ver la no intención de que no pase nada, porque los gobernadores al final de cuentas despliegan una capacidad de tráfico de influencias que hace que mucha gente haya participado de una manera u otra en el mal uso de los recursos y que sean cómplices. Eso hace que al final un caso no termine bien, es de manera deliberada para que no haya mayor repercusión en lo local”, explicó.

El caso de los hermanos Moreira en Coahuila es emblemático, no sólo por los juicios que se siguen en Estados Unidos en donde sus nombres han sido mencionados más de una vez, sino por las investigaciones que desde la academia han evidenciado la forma de operar del cártel de Los Zetas en Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, sin que ello signifique que las autoridades mexicanas realicen alguna acción en contra del ex mandatario.

Ivonne Acuña Murillo agregó que los ex Gobernadores señalados de corrupción no sólo robaron de las arcas públicas: “secuestran, asesinan, mandan a asesinar a periodistas, luchadores sociales y no pasa nada. En el caso de los Moreira, se han evidenciado complicidades con grandes capos de la delincuencia organizada, pero andan libres. No hay una institución que ponga freno y castigue, por eso la deuda está y grande”.

EN 2018 PODRÍAN SUMARSE MÁS A LA GENERACIÓN PODRIDA

En 2018 se pelearán en las urnas nueve gubernaturas que pueden poner en jaque a los ex Gobernadores, de ganar la oposición en cada entidad, y colocar a alguno de ellos en la lista de la llamada “generación podrida”, dijeron los analistas.

El próximo año se renovarán las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz y el jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Los gobernadores que dejarán el poder son: Miguel Márquez Márques, de Guanajuato; Graco Ramírez Garrido Abreu, Morelos; Manuel Velasco Coello, Chiapas; Miguel Ángel Yunes Linares, Veracruz; Arturo Núñez Jiménez, Tabasco; Rolando Zapata Bello, Yucatán; Aristóteles Sandoval Díaz, Jalisco; Antonio Gali Fayad, Puebla, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, Ciudad de México.

“Habrá movimiento sin duda. Las últimas campañas exitosas para la oposición han sido las que se han basado en acusaciones de corrupción al Gobernador en turno. Es probable que la candidata de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] trate de documentar actos de corrupción de Mancera; o [Enrique] Alfaro en Jalisco al priista Aristóteles Sandoval, y así en los nueve estados”, dijo Nicolás Loza.

La pauta, explicó el académico, ya está dada. Si no cambia y la tendencia sigue su curso, habrá más casos o acusaciones que se sumen a los que ya se conocen.

Pero planteó que eso se sabrá un poco antes o después de las elecciones de julio. Lo que al parecer ya inició, las acusaciones del ex funcionario de César Duarte también señalaron que los gobiernos de Javier Duarte y Egidio Torre Cantú, ex Gobernador de Tamaulipas, pactaron con Manlio Fabio Beltrones triangular recursos federales para las campañas del año pasado.

GENERACIÓN MÁS CORRUPTA DE LA HISTORIA

En abril de este año legisladores y miembros de la oposición dijeron a SinEmbargo que México enfrenta a la generación de gobernadores, la mayoría priista hasta el momento, más corrupta de la historia.

México, criticaron, se ha visto evidenciado por la justicia de otros países en donde hacen “la chamba” que en la administración de Enrique Peña Nieto no se realiza. Ejemplo de ello, está la detención, en Italia, de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas; la aprehensión, en Estados Unidos, del ex Fiscal de Nayarit Édgar Veytia Cambero y el arresto del mismo Humberto Moreira Valdés en España en enero de 2015.

“Es la peor generación de gobernadores, pero esto no es por un fenómeno cronológico, sino porque se construyó una red de impunidad que viene desde Los Pinos y está deteriorando a las instituciones […]. Refleja una red de impunidad, todos estos gobernadores están conectados. Las empresas fantasma que usó César Duarte Jáquez [ex Gobernador de Chihuahua], son las mismas que utilizó Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, o Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Es una historia que se irá conociendo poco a poco”, aseguró Jorge Álvarez Máynez, Diputado de Movimiento Ciudadano (MC).

Todos ellos investigados por la PGR, y varios con procesos abiertos en cortes de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, fueron las “jóvenes” promesas del Nuevo PRI.

Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, por ejemplo , fueron nombrados en el extinto programa Tercer Grado, de Televisa, como el ejemplo de la cara del nuevo PRI por el entonces candidato a la Presidencia de la República en 2012.

Enrique Peña Nieto sostuvo a la periodista Denise Maerker Salmón, ante la exigencia “ponga nombres”, que el nuevo PRI –que en ese entonces gobernaba 20 entidades– tenía cuadros renovados.

“Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes, actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto [Roberto] Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua. El Gobernador de Campeche [Fernando Ortega Bernés]. Todos son parte de una generación nueva, que han sido parte de la renovación del partido”, le contestó un orgulloso Peña Nieto a Mearker.

Javier Duarte de Ochoa

(Veracruz-PRI)

EN PRISIÓN

Javier Duarte fue Gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016.

Se encuentra en prisión en el Reclusorio Varonil Norte de la Ciudad de México. En abril de este año fue detenido en Guatemala e ingresado en una cárcel para reos de alto perfil, y en julio extraditado a México.

Duarte de Ochoa llevaba más de 180 días prófugo de la justicia mexicana cuando fue detenido, más días que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La PGR ofreció una recompensa por información sobre el paradero del ex Gobernador, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las denuncias presentadas en contra del veracruzano ante la PGR por malos manejos del erario suman 60, con un daño patrimonial, sólo de partidas federales, que asciende a los 60 mil millones de pesos.

El 12 de octubre de 2016, el ex Gobernador solicitó licencia para dejar el puesto. Días después, el 17 del mismo mes, se confirmó que había una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Una semana después, el 25 de octubre, el PRI expulsó a Duarte de sus filas.

Miguel Ángel Yunes Linares, actual Gobernador de Veracruz, denunció que Duarte de Ochoa escapó de la entidad en un helicóptero.

La administración de Javier Duarte estuvo marcada por el asesinato a periodistas y la persecución a activistas. El fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Cuartoscuro y de la revista Proceso en Veracruz, fue asesinado en agosto de 2015 en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México, junto con otras cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera. Antes, Espinosa y Vera acusaron persecución del Gobierno de veracruzano y señalaron al entonces Gobernador como responsable si algo les pasaba.

Duarte de Ochoa también duplicó la deuda de la entidad. En diciembre de 2010 recibió un adeudo de 21 mil 499.9 millones de pesos y dejó un endeudamiento, de acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y Organismos al 31 de marzo de 2016 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 45 mil 775 millones de pesos. Es decir, durante su periodo el adeudo se incrementó 24 mil 276.1 millones de pesos.

Roberto Borge Angulo

(Quintana Roo-PRI)

DETENIDO EN PANAMÁ

Roberto Borge gobernó Quintana Roo del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016.

El ex Gobernador fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá en junio de este año y se encuentra amparado para evitar su extradición a México en donde se le acusa de corrupción.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la PGR, abrió una investigación en su contra en febrero por la venta irregular de terrenos con un valor de hasta 5 mil millones de pesos, a presuntos prestanombres.

La Seido investiga al ex mandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre ellos, terrenos que formaban parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y fueron ofertados a personas del círculo inmediato al ex Gobernador, entre las que destaca su mamá Rosa Yolanda Angulo Castilla.

La acusación formal ante la PGR es por el enajenamiento irregular de 9 mil 500 hectáreas de zonas turísticas del estado. La oposición, empresarios y activistas acusan a Borge de haber saqueado a la entidad; de beneficiar a sus amigos y familiares, y de despojar de sus terrenos a varias personas para entregárselos a desarrolladores inmobiliarios.

El pasado 3 de abril, Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, dijo a Ciro Gómez Leyva que hasta ese día no se había girado ninguna orden de aprehensión en contra del ex Gobernador, a pesar de que se ha presentado cuatro denuncias federales y dos a nivel estatal contra él. La orden de aprehensión fue girada hasta el 3 de junio.

El ex Gobernador recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos y la elevó 123 por ciento, es decir 12 mil 405 millones de pesos. Al concluir su mandato dejó un endeudamiento por 22 mil 442 millones de pesos.

César Duarte Jáquez

(Chihuahua-PRI)

PRÓFUGO

César Duarte gobernó Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016.

El ex Gobernador de Chihuahua es buscado en 190 países acusado de presunto desvío de al menos 14 millones de pesos de recursos públicos para beneficiar al PRI.

De acuerdo con Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, el ex mandatario cuenta con 10 órdenes de aprehensión en la entidad por diversos tipos de delitos de peculado.

En septiembre de este año Corral Jurado solicitó formalmente a la PGR la extradición de César Horacio Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia y, se presume, está en Estados Unidos.

El mandatario presentó expedientes que revelan la actuación del priista en la planeación, organización y ejecución del desvío de más de mil millones de pesos del erario público.

Con la solicitud el Gobierno de Javier Corral entregó 70 tomos y 50 discos compactos que contienen las carpetas de investigación con las pruebas que sustentan la solicitud de extradición

Corral Jurado señaló que para el desvío de recursos públicos se usaron 14 empresas fantasma y “emergentes” con domicilio en el Estado de México, en los que operan talleres mecánicos y casas abandonadas.

Advirtió que hay “distintas voces que han expresado dudas sobre la actuación de la Procuraduría General de la República en torno de este Duarte y un trato diferenciado en torno a otros gobernadores perseguidos por la justicia. Toda vez que en las investigaciones del fuero federal no ha habido contundencia, ni resultados tangibles; asoma la idea en el sentido de que este sujeto cuanta con protección del Gobierno federal y de su partido, debido a que aparentemente de lo hurtado repartió grandes cantidades de dinero para comprar impunidad”.

La PGR informó el 7 de junio que solicitó a la Secretaría General de la Interpol emitir una segunda ficha roja contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

El 30 de junio un juez federal ordenó la aprehensión de César Duarte, luego de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado detectara que mensualmente la Secretaría de Hacienda descontaba entre el 5 y 10 por ciento de su salario a los empleados de las dependencias estatales, generando un cheque de entre 1.2 y 1.7 millones de pesos cada mes.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha solicitado en dos ocasiones la orden de aprehensión contra el ex Gobernador sólo por los desvíos al PRI.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que al menos 79 millones de pesos fueron retenidos a los trabajadores de las secretarías estatales.

Pero César Duarte está denunciado desde 2014 ante la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte. La denuncia fue interpuesta por el abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones.

Duarte Jáquez recibió la entidad en 2010 con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos. A su salida dejó pasivos por 55 mil millones de pesos; es decir, incrementó el endeudamiento de la entidad 42 mil 453 millones de pesos.

Jorge Herrera Caldera

(Durango-PRI)

LIBRE

Jorge Herrara gobernó Durango del 15 de septiembre de 2010 al 14 de septiembre de 2016.

En noviembre del año pasado, las irregularidades que encontró la ASF en la utilización de fondos federales en el estado ascendían a 4 mil 500 millones de pesos, según lo denunciado por Héctor David Flores Ávalos, Senador del PAN, el único de oposición por esa entidad. El legislador detalló que la ASF encontró irregularidades en las “áreas más sensibles” como salud y educación.

Ese mismo mes, la Secretaría de la Contraloría de Durango citó a comparecer a 14 ex subsecretarios de la administración del priista Jorge Herrera. El organismo solicitó que expliquen y documenten las irregularidades que se encontraron en las auditorías que realizó la administración del Gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Herrera Caldera y 26 de sus colaboradores se ampararon ese mismo mes ante una posible orden de aprehensión en su contra, pero en diciembre un Juez federal negó el amparo para el ex Gobernador porque no había orden de captura alguna. Adrián Alanís Quiñones, Secretario General del gobierno entrante, dijo que esos recursos legales fueron promovidos pese a que en ese momento no había ninguna denuncia por parte del estado en contra del ex mandatario.

Herrera Caldera recibió una deuda en 2010 de 3 mil 697 millones de pesos, de acuerdo con los datos de la SHCP; y a su salida dejó un endeudamiento de 15 mil millones de pesos, de acuerdo con las auditorías realizadas por la administración entrante. Incrementó la deuda de Durango 11 mil 302.3 millones de pesos durante su sexenio.

Tomás Yarrington Ruvalcaba

(Tamaulipas-PRI)

PRESO EN ITALIA

Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas del 5 de febrero de 1999 al 4 de febrero de 2005.

Se encuentra preso en Italia desde abril de este año y enfrenta un proceso de extradición a México y a Estados Unidos, luego de que la primera Corte de Apelaciones de Florencia autorizara su extradición en septiembre.

Yarrington era buscado por la agencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2012 por extorsión, narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con las indagatorias que se realizaron en el país anglosajón el ex mandatario recibió pagos de narcotraficantes que operaban en Tamaulipas para permitirles operar a gran escala. Las autoridades de Estados Unidos acusan al ex mandatario de traficar con grandes cantidades de cocaína entre 2007 y 2009.

En agosto de 2012, el diario Reforma publicó que según una indagatoria de la Seido, Yarrington Ruvalcaba habría recibido por lo menos 8.5 millones de dólares del narcotráfico para financiar la campaña política para ser Gobernador de Tamaulipas.

En 2013, la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 10 mexicanos más corruptos, y un año después, el 27 de febrero de 2014, la PGR extendió una orden de aprehensión en su contra. Pero hasta noviembre de 2016 se le empezó a buscar y el Gobierno federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información sobre su paradero.

Francisco García Cabeza de Vaca, actual Gobernador de Tamaulipas, dijo en entrevista con Aristegui Noticias, que hasta octubre de 2016 el ex Gobernador contaba con escoltas asignados por el Gobierno de la entidad, entonces encabezado por el priista Egidio Torre Cantú.

Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, informó que sus derechos partidistas fueron suspendidos en 2012, pero no fue sino hasta el pasado 16 de diciembre que lo expulsó a pesar de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesan sobre él.

La captura de Tomás Yarrington fue dada a conocer en abril por la PGR, como un esfuerzo coordinado entre las autoridades italianas y las mexicanas. Sin embargo, en el comunicado del Gobierno de Italia no se mencionó ni una sola vez la participación de México.

Egidio Torre Cantú

(Tamaulipas-PRI)

LIBRE

Egido Torre gobernó Tamaulipas desde el 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2016.

El ex Gobernador de Tamaulipas es propietario de una mansión valuada en 340 millones de pesos, más costosa y grande que la llamada “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el primer candidato independiente a Gobernador de esa entidad Francisco Chavira Martínez. Sin embargo, su procedencia nunca fue investigada.

Egidio llegó a ser Gobernador tras el asesinato de su hermano, Rodolfo Torre Cantú, quien era el candidato original del Tricolor para suceder a Eugenio Hernández Flores.

Torre Cantú pavimentó en 2015 una calle en el municipio de Reynosa con el nombre del fundador del Cártel del Golfo, Juan Nepomuceno Guerra. La inversión fue de 8.5 millones de pesos, de acuerdo con el periódico El Mañana de Reynosa.

El ex Gobernador recibió en 2011 una deuda de mil millones de pesos y en octubre del año pasado dejó un endeudamiento por 13 mil 511.9 de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda. Torre Cantú incrementó la deuda de Tamaulipas 12 mil 511.9 millones de pesos, debido a la adquisición de hasta 11 préstamos con cinco bancos privados.

Eugenio Hernández Flores

(Tamaulipas-PRI)

PRESO

Eugenio Hernández gobernó Tamaulipas del 5 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2010.

El 12 de octubre de este año el Juzgado Segundo de lo Penal dictó un auto de formal prisión en contra del ex Gobernador por los delitos de peculado y lavado de dinero, luego de ser detenido ese mismo mes en Ciudad Victoria.

El 18 de octubre Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández Flores a ese país, pues lo reclama por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y operar una empresa de envíos sin licencia, pero un juez federal congeló el proceso ese mismo mes.

Desde mayo de 2015, cuando una Corte Federal de los Estados Unidos emitió una orden de arresto en su contra por el delito de lavado de dinero, el ex Gobernador era un prófugo de la justicia. Eugenio Hernández fue acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios y de ayudar e instigar el funcionamiento de operaciones de dinero sin licencia.

A pesar de ello, Egidio Torres Cantú lo invitó a su V Informe de Gobierno, al que Hernández Flores acudió aún y con la orden de captura que pesa sobre él y el anuncio difundido por el Buró Federal de Investigación norteamericano (FBI, por sus siglas en inglés), que busca asegurarle 30 millones de dólares y cuatro propiedades.

“Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Manuel Cavazos Lerma y Hernández Flores. Hernández Flores se sentó en medio del ex Gobernador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas, y del ex Gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma.

Humberto Moreira Valdés

(Coahuila-PRI)

ARRESTADO Y LIBERADO

Gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2011.

En enero de 2016, el priista Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después.

En México existen denuncias desde 2016 ante la PGR por parte de senadores del PAN en contra de Humberto Moreira desde 2016 por lavado de dinero y desde 2017 por el presidente de ese partido Ricardo Anaya Cortés por enriquecimiento ilícito, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.

En abril de este año Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una copia certificada de un documento de la PGR donde consta que Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, antes de terminar su gestión exoneró a Humberto Moreira de una investigación abierta durante su sexenio.

Días después el diario español El País reveló que en junio de 2011 se inició una indagatoria en contra de Humberto Moreira por enriquecimiento ilícito, pero que 16 meses después fue archivada.

La PGR concluyó en 2012 decretar el no ejercicio de la acción penal, debido a que no pudo acreditar una violación a la Ley por parte de Moreira Valdés, publicó el rotativo.

En noviembre de este año la Universidad de Texas dio a conocer el informe de 53 páginas “Control…sobre todo el Estado de Coahuila” basado en el análisis de 24 declaraciones de testigos en tres juicios federales que se realizan en San Antonio, Austin y del Río, Texas, donde concluyó que el grupo criminal pagó sobornos millonarios a las autoridades de todos los niveles de Gobierno en Coahuila y Veracruz para operar con total impunidad.

En el caso de Coahuila, uno de los documentos revela que las declaraciones señalan sobornos en millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira a cambio del control de la entidad.

Los investigadores del La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas resaltaron en su informe que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones a las que ellos tuvieron acceso. Datos concretos de matanzas y desapariciones.

“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice en las conclusiones.

El informe también resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones del grupo criminal.

Ese mismo mes el informe “El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011” exhibió que el cártel de Los Zetas hizo del penal de Piedras Negras su centro de negocios, en donde no sólo asesinaban y desaparecían a sus víctimas, sino que usaban las instalaciones como hotel para hacer “grandes bacanales” y los talleres de rehabilitación para los presos en la adaptación de sus vehículos para pasar droga a Estados Unidos, todo bajo el ojo del Gobierno federal y del estatal.

El investigador Sergio Aguayo Quezada, coautor de la investigación, dijo que el penal coahuilense era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región y alertó que este caso se puede estar replicando en otras cárceles del país en los que hay “autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado”.

El ex líder del PRI sostiene una demanda por daño moral en contra del investigador Sergio Aguayo por sus opiniones.

Moreira no sólo goza de libertad, a pesar de los señalamientos en su contra, sino que fue postulado por el Partido Joven a una diputación plurinominal para los comicios de este año en Coahuila.

El ex Gobernador de Coahuila recibió una deuda en diciembre de 2005 de 323 millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dejó un endeudamiento de 36 mil 509.6 millones de pesos. El también ex presidente del PRI nacional incrementó la deuda de Coahuila 36 mil 186.6 millones de pesos.

Rubén Moreira Valdez

(Coahuila-PRI)

LIBRE

Rubén Moreira gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2017.

En septiembre del 2016 la bancada del PAN en el Senado de la República presentó ante la PGR una denuncia penal en contra de Rubén Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos de las arcas públicas.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández afirmó entonces que la denuncia de hechos era contra el “moreirato”. Los desvíos se habrían realizado pagando a empresas fantasma que no aparecen en el padrón de proveedores del Gobierno de Coahuila. Todos los pagos fueron por adjudicación directa.

En julio de 2016, de acuerdo con el diario San Antonio Express, Adolfo Efrén Tavira, un miembro de Los Zetas, declaró ante una corte federal en San Antonio, Texas, Estados Unidos, que el Gobernador recibió en 2012 una camioneta llena de dinero del grupo criminal.

Rubén Moreira dejó el estado con una deuda de 38 mil millones de pesos, luego de que su hermano Huberto dejará a Coahuila endeudado con 36 mil 509.6 millones de pesos.

Guillermo Padrés Elías

(Sonora-PAN)

AMPARADO EN PROCESO DE LIBERTAD

Guillermo Padrés gobernó Sonora del 13 de septiembre de 2009 al 12 de septiembre de 2015.

En octubre Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, resolvió a favor de Padrés Elías y le otorgó amparos al no encontrar elementos probatorios de los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada, por los cuales se le procesa desde noviembre de 2016.

Y aunque la PGR impugnó los amparos y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora lo investiga por enriquecimiento ilícito, se prevé que saldrá en libertad.

Al ex Gobernador le fueron dictados dos autos de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Su hijo Guillermo Padrés Dagnino recibió un auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El hijo de Padrés fue liberado en agosto, tras casi nueve meses preso en el Centro de Readaptación Social 1 Altiplano Almoloya de Juárez.

Guillermo Padrés no fue aprehendido ni localizado por la PGR, pues él se entregó a las autoridades en la Ciudad de México.

Padrés Elías recibió una deuda en 2009 de 11 mil 258 millones de pesos y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, dejó pasivos por 22 mil 780 millones de pesos. El ex mandatario incrementó la deuda de Sonora 11 mil 522 millones de pesos.

Rodrigo Medina de la Cruz

(Nuevo León-PRI)

EXONERADO

En junio de 2016, el Gobierno de Nuevo León acusó al ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, a nueve ex funcionarios, cinco ex servidores públicos, dos alcaldes, dos diputados federales, nueve empresarios, dos funcionarios bancarios, socios y familiares por desvíos de recursos e irregularidades por 9 millones de pesos en varias obras.

El ex mandatario de Nuevo Léon fue acusado por la Subprocuraduría Anticorrupción por peculado, daños patrimoniales y ejercicio indebido de funciones por distintos apoyos a la empresa Kia Motors. Sin embargo un juez lo exoneró en agosto de 2016 de los delitos de peculado y daños patrimoniales.

Pero el 26 de enero de este año, Rodrigo Medina fue internado en el penal de Topo Chico para enfrentar acusaciones por peculado y delitos contra el patrimonio estatal de hasta 3 mil 128 millones de pesos. El ex Gobernador sólo pasó 19 horas internado y luego fue liberado.

En 2009, Medina de la Cruz recibió una deuda del también priista José Natividad González Parás de 27 mil 70 millones. A su salida en 2015 dejó un endeudamiento por 62 mil 946.8 millones de pesos de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.Medina de la Cruz incrementó más del doble la deuda de Nuevo Léon con 35 mil 878.8 millones de pesos.

Miguel Alonso Reyes

(Zacatecas-PRI)

LIBRE

Miguel Alonso Reyes gobernó Zacatecas del 12 de septiembre de 2010 al 11 de septiembre de 2016.

El último de los ex gobernadores del PRI que se sumó a la lista de los acusados en diciembre del año pasado es Miguel Alonso Reyes de Zacatecas.

De acuerdo con María Soledad Luévano, ex candidata de Morena a la Alcaldía de Zacatecas y presidenta de la asociación civil Soledad Ciudadana, Miguel Alonso Reyes, ahora director de Fonatur, gastó un millón de pesos diarios para promover su imagen en diversos medios de comunicación cuando fue Gobernador de Zacatecas.

Por ello interpuso el 20 de diciembre de 2016 una denuncia ante la PGR por el posible desvío de más de mil millones de pesos durante su mandato de los programas sociales de la entidad; acusación que se sumó a la denuncia interpuesta el 6 de diciembre por Luévano por el desvío de 307.4 millones de pesos, que presuntamente fueron pagados a 24 empresas fantasma para la construcción de caminos rurales en 58 municipios de Zacatecas, la población se ha acercado a ella para hacer más denuncias.

El ex Gobernador dejó una deuda a marzo de 2016 de 8 mil 73 millones de pesos, es decir 7 mil 391 millones de incremento respecto a la deuda que recibió de su predecesora Amalia García Medina, quien para 2010 registró de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 682 millones de pesos.

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