México: Peña Nieto promulga la polémica ley de seguridad pese al amplio rechazo

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La Ley de Seguridad Interior impulsada por el gobierno de Peña Nieto permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en las labores de seguridad pública. El proyecto fue aprobado por ambas Cámaras y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo. Finalmente se espera que la Suprema Corte de Justicia decida sobre su constitucionalidad. La iniciativa provocó el repudio de organizaciones sociales y de DDHH: denuncian que la ley criminalizará la protesta y restringirá la libertad de expresión. Además, organismos internacionales como la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional manifestaron que dicha ley atenta contra los derechos humanos.

EPN promulga la Ley de Seguridad Interior; SCJN decidirá su constitucionalidad, dice

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves la Ley de Seguridad Interior, aunque no emitirá la declaratoria de protección para alguna zona, prevista en esa legislación, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad.

“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, mencionó el mandatario mexicano durante la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, agregó sobre la Ley que ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, al acusar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos, además de delegar en el Ejército la tarea de seguridad pública, relegando a las fuerzas civiles.

Peña Nieto mencionó que, aunque no emitirá alguna declaratoria de protección prevista en la ley, “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública, en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

El espíritu de la Ley, defendió Peña Nieto, da certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la Seguridad Interior, y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas.

“La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, dijo el presidente.

No obstante, continuó Peña Nieto, durante la discusión en el Congreso “distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado, que a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional”, de ahí que haya decidido esperar a que la SCJN se pronuncie, antes de usar las atribuciones previstas en la Ley de Seguridad Interior.

En un comunicado, el Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones de la Sociedad Civil y más de 100 personas, acusó que con la promulgación de la ley el presidente Peña Nieto cerró “un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil”, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó.

“Si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución, y no promulgar una ley peligrosa y que considera de dudosa constitucionalidad”, señaló el colectivo #SeguridadSinGuerra.

“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”, agregaron.

Este jueves, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, entregó a Peña Nieto una carta, en la que le pidió escuchar a la sociedad civil y vetar la Ley de Seguridad Interior, aunque minutos después el mandatario anunció que la promulgaría.

“Se está optando por un modelo ajeno a la seguridad ciudadana al tratar de implementar la Ley de Seguridad Interior en lugar de fortalecer a las instituciones policiales”, señaló el documento del Observatorio.

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Decreto que expide la Ley de Seguridad Interior


CNDH irá a la Suprema Corte por Ley de Seguridad Interior

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocó a la sociedad civil a hacerles llegar sus argumentos.

“Desde luego que va ser importante que la Corte, como lo habíamos señalado, conozca los argumentos que le vamos a exponer sobre algunos términos de la propia ley, para que la Corte nos dé esa certeza”, dijo al ser entrevistado al término de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezada por el presidente Enrique Peña.

Ante la promulgación de la ley, González Pérez indicó que “lo deseable hubiese sido que se escuchara a la sociedad en sus argumentos” y que “hubo un apresuramiento”.

Dijo que la Corte “conocerá de los argumentos que los diferentes actores que tengan esta facultad (de promover una acción de inconstitucionalidad) como es la Comisión Nacional, la ejerzamos. Está también lo que puedan hacer aquellos gobernadores que consideren que hay injerencia de atribuciones, la controversia constitucional. Entonces, es parte del ejercicio democrático, pero ese ejercicio democrático nos hubiese gustado que estuviera más amplio, en ese exhorto, que se escuchara a la sociedad en las voces que se dieron en todos estos días”.

¿La CNDH va a presentar alguna acción de controversia formalmente? –se le preguntó.

“Tenemos 30 días para interponerla, lo que yo he señalado, estamos ya en ese análisis jurídico, vamos a acercarnos también las opiniones de la sociedad civil en sus argumentos, porque queremos escuchar a esa sociedad civil, e incorporar sus argumentos a la acción de inconstitucionalidad”, señaló al reiterar: “sí, nosotros vamos a ejercer todas nuestras atribuciones”, incluida “la acción de inconstitucionalidad, y vamos a pedirle a la sociedad civil, y hago un exhorto a la sociedad civil, a la academia, a los constitucionalistas, que nos acerquen sus argumentos de los artículos que consideren y de la propia ley, como inconstitucionales”.

El titular de la CNDH consideró que “no hubo mayor diálogo” y planteó que el tema de la seguridad pública no se agota con la Ley de Seguridad Interior, la cual “no da avances en términos de darnos la protección que los mexicanos y mexicanas están requiriendo”, por lo que hacen falta otras leyes como las que tienen que ver con el modelo policial y con la capacitación a los operadores del Sistema Penal Acusatorio porque “soluciones parciales tendrán resultados parciales”.

González Pérez agregó: “yo pondría la seguridad ciudadana por encima de cualquier otro objetivo de seguridad de Estado; tiene que ser el ser humano el que esté en el centro de toda política de seguridad”.

Milenio

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