Uruguay: promueven referendum para derogar ley de riego que privatizaría el acceso al agua

El sindicato de funcionarios de OSE (FFOSE) en coordinación con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Redes-Amigos de la Tierra “La idea es invitar a todos los que se hayan expresado públicamente contra la ley”, explicó a La Diaria Gustavo Ricci, presidente de FFOSE.

El objetivo es alcanzar las 750mil firmas antes del 27 de octubre de 2018, para lo cual FFOSE planteó en la Mesa Representativa del PIT-CNT la posibilidad de que la central sindical se sume a la campaña.

LEY DE RIEGO PRIVATIZA EL AGUA

La Ley de Riego
PRIVATIZA EL AGUA
Firmemos para derogarla
y defender la Constitución.

Publicado por FFOSE en Martes, 21 de noviembre de 2017

En el gobierno

Un grupo de legisladores frenteamplistas, encabezado por la vicepresidenta Lucía Topolansky, el 21 de noviembre, se reunieron con representantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y de la FFOSE. Allí Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, propuso crear un grupo de trabajo entre legisladores oficialistas y sindicalistas para intercambiar visiones sobre la ley de riego. FFOSE decidió participar pero “dejamos en claro que nosotros seguíamos con la iniciativa del referéndum, que eso no era negociable. No nos negamos a hablar con nadie, pero no es negociable lo del referéndum”, aclaró Ricci.

Apoyos políticos

Por un lado el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, anunció que no hay una resolución formal del partido, pero adelantó que “sin dudas” la UP “va a acompañar todo esfuerzo para derogar esa ley”. “Estamos en contra, y por eso vamos a respaldar la iniciativa” del referéndum, remarcó Rubio.

Dentro de las filas oficialistas el Espacio 567, integrado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el grupo Arerunguá de Salto e independientes, resolvieron apoyar la convocatoria al referéndum.

En una declaración el espacio plantea que es “favorable a la participación de la sociedad en las decisiones” y que este referéndum contra la ley de riego es “un proceso más democrático de decisión”. “Asimismo esta ley tiene la particularidad de tener relación con el plebiscito del agua, que contó con el respaldo de una amplia mayoría de la población en 2004, cuando se aprobó que el agua es un derecho humano y un bien público”.

En la Cámara de Diputados, el PVP argumentó en contra de la ley, pero votó a favor.

Jannet Suárez, del Espacio 567 en Canelones, expresó que queda de manifiesto “el desconocimiento casi en forma masiva de nuestra militancia” respecto de la ley, por lo que se acordó la necesidad de profundizar su estudio.

Además, se estuvo comentando el reciente pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que advirtió que la aplicación de la nueva ley de riego “podría generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales, como son el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social”.

En su informe, la INDDHH advierte que “las precauciones ambientales para el otorgamiento de concesiones para el uso de agua con fines de riego resultan insuficientemente definidas en la nueva ley, dada la magnitud de los proyectos que se pretenden impulsar”, y que “es necesario asegurar un sistema de evaluación ambiental y de monitoreo en base al principio precautorio”. “En la medida en que el agua utilizada para riego se trata de agua dulce, al igual que el agua para consumo humano, si no se realizan restricciones en cuanto a reservas de agua potable y protección de los recursos hídricos, se podría estar incumpliendo a mediano plazo el carácter prioritario del abastecimiento de agua potable a la población, establecido por la normativa internacional y plasmado en el Art. 47 de la Constitución de la República”, advierte la institución.

En tanto, el sector frenteamplista Casa Grande no tiene todavía una postura, pero no descarta apoyar el referéndum. “Vamos a escuchar con muchísima atención lo que tengan que decir las organizaciones sociales y sindicales, y a evaluar sus argumentos”, explicó a la diaria Andrés Carbajales, del Círculo Verde del sector. Consideró que los últimos pronunciamientos contrarios a la ley dejan de manifiesto que el proceso de discusión de la norma “no fue de calidad”.

Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

Este colectivo social, donde principalmente participan vecinos y organizaciones sociales de Santa Lucía y localidades aledañas, pero con apoyos y redes de amistad tanto en Montevideo y Maldonado como fuera del país, hace años que se viene organizando y expresando su preocupación por el desgaste de la zona de la cuenca del Santa Lucía, así como denunciando la tala de monte nativo que afecta la calidad del agua con que OSE termina abasteciendo de agua potable a la mitad de la población del país, residente en Montevideo.

Esta Asamblea ya tiene varias victorias en su historial. Entre otras haber logrado montar un laboratorio popular para el efectivo control de la contaminación industrial permitiendo que la comunidad pueda ejercer un rol activo en el cuidado de su salud y los bienes comunes naturales (agua, tierra y aire).

Otros apoyos sociales

La FEUU ya se expresó contraria a la ley de riego, considerando que la norma es inconstitucional violando, justamente, el artículo 47 que fue incluido en la última reforma constitucional de 2004. Cabe recordar que el proyecto salió afirmativo con el 67% de los votos.

“Con esta reforma de la ley de riego se impulsa y dinamiza la privatización del agua, alentando la inversión privada mediante exoneraciones para crear mercados de aguas a partir del represamiento y embalse”, advierten los estudiantes. Agregan que se trata de una medida “ecológicamente irresponsable” que fomenta las floraciones de cianobacterias. Sostienen que no hay información como para definir los caudales mínimos a preservar para otros usos del agua, que la posición de los científicos de la Universidad de la República fue “desoída” y que en algunos casos se les respondió “de muy irrespetuoso modo desde actores del gobierno”. Concluyen que la ley está “al servicio de los grandes actores del agro [e inversores externos convidados] que podrán acaparar y comercializar las aguas”.

Uy Press