Marchan contra la Ley de Seguridad Interior y advierten que “fortalece el autoritarismo”

Contexto NODAL
La Ley de Seguridad Interior impulsada por el gobierno de Peña Nieto permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en las labores de seguridad pública. El proyecto fue aprobado por ambas Cámaras y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo. Finalmente se espera que la Suprema Corte de Justicia decida sobre su constitucionalidad. La iniciativa provocó el repudio de organizaciones sociales y de DDHH: denuncian que la ley criminalizará la protesta y restringirá la libertad de expresión. Además, organismos internacionales como la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional manifestaron que dicha ley atenta contra los derechos humanos.

Decenas de personas marcharon en Ciudad de México contra la Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, bajo el argumento de que “fortalece el autoritarismo” en el país.

Unas 70 personas, convocadas por el Partido Comunista de México (sin registro) y colectivos de izquierda partieron del monumento conocido como Ángel de la Independencia hacha el Hemiciclo a Juárez, donde realizaron un mitin contra la Ley de Seguridad, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre pese a las objeciones de numerosos organismos y grupos de derechos humanos.

Los oradores afirmaron que el ordenamiento “fortalece el autoritarismo” y fomenta la militarización del país, además de que no incluye mecanismos de rendición de cuentas y genera riesgos para los derechos humanos.

Este mismo martes, José Antonio Meade, aspirante a la candidatura presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la “inconsistencia de quienes le regatean a las Fuerzas Armadas su apoyo y regatean a los gobernadores el apoyo a las Fuerzas Armadas”.

“Al hacerlo, le están regateando el apoyo a la ciudadanía que quiere seguridad”, aseveró Meade durante una gira proselitista en el estado de Zacatecas.

El pasado 27 den diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que respeta la decisión del presidente de no vetar la polémica Ley de Seguridad Interior, pero reiteró su posición de que el ordenamiento vulnera libertades y derechos básicos de los mexicanos.

De acuerdo con el órgano autónomo, si bien el argumento oficial es que el propósito esencial de la ley es el dar un marco normativo a la intervención que desde hace más de una década llevan a cabo de forma extraordinaria las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y autoridades civiles, “su alcance trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas”.

Destacó que la ambigüedad de su redacción hace que pueda promoverse la intervención de las Fuerzas Armadas prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada de amenaza o riesgo a la seguridad interior.

“Por lo anterior, esta Comisión Nacional reitera que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos”, expuso la CNDH.

Igualmente, expresó su confianza en que en las acciones y controversias que sobre este tema se planteen, la Suprema Corte ejercerá plenamente “su función como garante máximo de la constitucionalidad en México”.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, declaró en la apertura de las sesiones del máximo tribunal en 2018 que “a pesar de que se ha señalado en los medios que se presentarán unas acciones de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, no han sido presentadas hasta este momento”.

Por su parte, el senador Luis Sánchez Jiménez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que esa agrupación y el Partido del Trabajo preparan un documento que deberán firmar 43 legisladores para interponer este mes una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad.

Vanguardia


La brutalidad de la violencia podría minimizar la vulnerabilidad de personas defensoras: Red TDT

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó 34 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos en 2017, y lamentó que persista la crisis de seguridad y de derechos humanos en el país.

“Al terminar el año 2017 confirmamos que la crisis de seguridad y de derechos humanos en que se ha sumido el país persiste, demostrando el desprecio por los derechos humanos por parte de los actores de poder en México. El ciclo violento de esta nueva docena trágica confirma los peores augurios y aún arroja novedades: Las comunidades y las personas somos víctimas de una violencia estratégica y dirigida, que es correlativa al señuelo del proceso electoral”, puntualizó en un comunicado.

De acuerdo con el organismo, el 2017 “fue el peor de los últimos 20 años en materia de una violencia con el rostro de 23 mil 101 víctimas sólo relacionadas con el derecho a la vida, del cual el Estado mexicano no parece hacerse responsable”.

Añadió: “La brutalidad cotidiana de la violencia podría minimizar la vulnerabilidad de las personas defensoras, pero vinculando el sentido y dimensión de ambas situaciones parece claro un patrón de violencia dirigida con el objetivo de conculcar derechos y favorecer a grupos de interés”.

La Red TDT resaltó que mientras las promesas de justicia que conducen a una #FiscalíaQueSirva se mantienen latentes y expectantes, la violencia legislativa de la imposición de la Ley de Seguridad Interior (LSI) “ignora nuestra exigencia de una #SeguridadSinGuerra”.

En este contexto, apuntó, “somos dirigidos peligrosamente al precipicio de los derechos suspendidos, donde un Estado opaco y escandalosamente impune exige que confiemos a ciegas en él”.

De igual manera, consideró que sólo derogando la LSI e impulsando una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente será posible empezar un cambio real en la seguridad y la justicia de México.

La Red TDT, conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, sostuvo que el año que inicia es fundamental para los derechos humanos, pues la disyuntiva entre un Estado violador de derechos humanos y uno que está diseñado para fomentar la corrupción y la impunidad se resolverá no sólo en lo electoral.

“La efervescencia civil no será espectadora del reparto de los botines. Procesos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra son ejemplos de ello. La sociedad expresará con claridad sus posiciones y ello nos llevará a tensiones previsibles más allá de lo electoral”, remató.

Proceso