México: estudio del Senado admite que la Ley de Seguridad Interior anula de facto derechos constitucionales

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Contexto NODAL
La Ley de Seguridad Interior impulsada por el gobierno de Peña Nieto permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en las labores de seguridad pública. El proyecto fue aprobado por ambas Cámaras y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo. Finalmente se espera que la Suprema Corte de Justicia decida sobre su constitucionalidad. La iniciativa provocó el repudio de organizaciones sociales y de DDHH: denuncian que la ley criminalizará la protesta y restringirá la libertad de expresión. Además, organismos internacionales como la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional manifestaron que dicha ley atenta contra los derechos humanos.

Ley de Seguridad Interior anula de facto derechos constitucionales

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de factode derechos constitucionales, ya que el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Todo ello vulnera diversos artículos de la Carta Magna, en la cual se consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos los apartados 11, 14, 16 y 29, referidos a la libertad de tránsito, a no ser molestados en su persona o propiedades y en la protección de datos personales, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado.

En su estudio, el IBD resalta que la Ley de Seguridad Interior faculta a las fuerzas armadas a realizar actividades de inteligencia y a hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, con lo que abre la posibilidad de que puedan solicitar datos de particulares, no sólo a órganos autónomos.

Acceso total a información

El artículo 31 de esa legislación indica que en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran los integrantes de las fuerzas armadas.

Tal redacción propicia que además del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Ifetel, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE), también el Congreso y el Poder Judicial estén obligados a dar al Ejército y la Marina todos los datos que les pidan, recalca el IBD.

Los únicos mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas armadas que contempla esa Ley de Seguridad Interior son la presentación de informes al Presidente de la República y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, del Congreso. Además de que el contenido de tales informes se reserva.

En el documento, el IBD resalta que la distinción entre amenazas o riesgos a la seguridad interior es un aspecto central de la ley, ya que marca la diferencia entre la actuación permanente o temporal de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.

La ley impone que en caso de amenaza, el Presidente de la República podrá disponer, por sí mismo o a petición de legislaturas locales, que el Ejército y la Marina realicen labores policiacas, en alguna entidad o región, previo a una declaratoria de seguridad interior, que implica todo un procedimiento.

Sin embargo, en caso de que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas federales y las fuerzas armadas.

Ello podrá generar tensiones con los poderes estatales y municipales, resalta el IBD.

En el estudio se hace notar que frente a los cuestionamientos que organismos defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros han formulado a la Ley de Seguridad Interior, en el Congreso se discuten desde hace tiempo diversas alternativas para mejorar la seguridad pública en México.

Entre ellas una reforma que fortalezca las corporaciones policiacas de todos los niveles en el país. Consolidar la reforma de justicia penal, incluyendo la transformación integral de la procuración de justicia, fortalecimiento del Poder Judicial y reglamentación del artículo 29 constitucional, sobre los casos de suspensión de garantías individuales.

Asimismo, cumplimiento de las sentencias y recomendaciones en materia de seguridad, justicia y uso de las fuerzas armadas, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Jornada


Los activistas mexicanos pagaron durante 2017 una alta cuota de sangre: 34 fueron asesinados

La crisis de violencia por la que atraviesa el país alcanzó también los defensores de derechos humanos: al menos 34 de ellos fueron asesinados en 2017, de acuerdo con organizaciones civiles, cuyos líderes y representantes culparon a las autoridades de alimentar la impunidad y, con ello, contribuir al clima de violencia en contra de los activistas en México.

El número de homicidios dolosos en el país es histórica: de acuerdo con las cifras oficiales se abrieron 23 mil 101 carpetas por este delito en los primeros 11 meses del año que recién terminó, y faltan las que se sumen de diciembre pasado. Aun así, la cantidad de estos asesinatos no se había visto en los últimos 20 años.

En 2017, la violencia logró marcas inéditas entre sectores específicos de la sociedad: México es el lugar más letal para los sacerdotes en el mundo, con 23 asesinados; es de los primeros con más periodistas privados de la vida, con 13, y al menos 20 alcaldes fueron ejecutados, por ejemplo.

Lo mismo sucedió con quienes defienden los derechos humanos en diversas modalidades.

La cantidad de activistas asesinados en el quinto de Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso un récord con 34 homicidios, cuando en 2013 –en el primer año del actual Gobierno federal– fueron asesinados 16; luego, en 2014, fueron abatidos 14, y en 2015 se reportó el homicidio de otros 15, mientras que en 2016 fueron 30.

También las desapariciones son un fenómeno contra las personas dedicadas a esta actividad y que acumula hasta ocho desapariciones de defensores sólo en 2017.

Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED- TDT), afirmó que hay una actitud “permisiva” en relación a la violación de los derechos humanos .

“Creo que deberíamos de tener un contexto más amplio para tener esta preocupación, junto con otras que se suman como la Ley Seguridad Interior, como lo ha sido este camino tan largo de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, que son elementos que junto con la violencia tan grande hacen un caldo de cultivo muy grave para la seguridad, para la vida, para el trabajo de las personas defensoras”, dijo Ríos.

El 29 de noviembre pasado, justo antes de que la Ley de Seguridad Interior fuese discutida por el Congreso de la Unión, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció su respaldo a la iniciativa que pretendía dar funciones al Ejército que antes sólo tenían las policías. Y 15 días después, era aprobada por los diputados y senadores.

“Desafortunadamente, no ha habido un apego del Ejército y las Fuerzas Armadas a actuar con prácticas con apego a la ley. Creo que en este año ha sido muy triste el constatar de manera de visible lo que sucedió con la ejecución extrajudicial en Puebla, de un presunto huachicolero, sin investigar, sin que hubiera mecanismos de por medio para que se le llevara un juicio”, criticó Jorge Aguilar, miembro del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria.

El reclamo por la crisis en derechos humanos en México no sólo viene desde adentro del país, diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han alertado en la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en el mismo sentido.

Organizaciones sociales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras también han señalado el problema en el país.

El Gobierno mexicano se ha defendido también en varias ocasiones y ha señalado que reliza esfuerzos en la materia.

El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Édgar Cortez Morales apuntaló que no basta con que los políticos hagan un pronunciamiento sobre el clima de violencia que aqueja a los defensores de derechos humanos sino “compromiso”.

“No sólo que digan que les importan, porque eso es palabrería, lo que esperaríamos el que puedan concretar con qué acciones lo harían. Eso supone un proceso en donde debería de haber una política permanente de reconocimiento del trabajo de los defensores. Segundo, se tendría que restablecer un plan sobre cómo van a fortalecer la capacidad de investigación de las procuradurías. Y tercero, deberían hacer un compromiso Gobernadores y el Presidente en dar causa a la reforma del 102 Constitucional para tener una Fiscalía realmente autónoma”, señaló.

ACTIVISTAS ASESINADOS EN 2017

– Marco Antonio Pazuengo Salazar
El 3 de enero del 2017 fue asesinado cuando protestaba en contra del aumento de la gasolina en la calzada México-Tacuba, al ser agredido por un policía preventivo. Pazuengo era un comerciante de 37 años. La protesta en la que participaba era pacífica.

– Freddy Cruz García y Alan Giovani Gutiérrez Contreras
Cruz fue abatido también fue asesinado cuando se protestaba contra el aumento a las gasolinas el 5 de enero del año pasado en Ixmiquilpan, Hidalgo. Su madre acusó a policías federales de ser los perpetradores de este asesinato.

Junto con Freddy Cruz García, Giovani Gutiérrez fue asesinado presuntamente por la Policía Federal en una de las protestas contra el gasolinazo que se extendieron por todo el país.

– Rafael Hernández y Marciano Martínez Cruz
Ambos activistas del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) fueron asesinados por sujetos desconocidos el 5 de enero en Putla de Guerrero, Oaxaca.

– Isidro Baldenegro
El premio Ambiental Goldman 2005 por su labor en la defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 15 de enero en Chihuahua.

-Juan Ontiveros Ramos
El defensor de la Sierra Tarahumara fue asesinado el 3 de febrero en la comunidad Choréachi, en el municipio Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

-Humberto Morales Santíz
El cuerpo del adolecente fue encontrado el pasado 7 de marzo con un tiro en la cabeza. Morales de 13 años había salido a cortar leña en la comunidad El Carrizal, Ocosingo, Chiapas, cuando fue atacado. Su muerte se convirtió en una causa de exigencia por justicia del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

-Antonio Santiago González
El 19 de febrero fue asesinado a tiros Santiago González, quien hasta ese momento se desempeñaba como representante regional de la jefatura de Putla Villa de Guerrero, en la región de Oaxaca.

-Hiram Yusset Tejeda Salas
El 18 de marzo fue asesinado Hiram Yusset Tejeda Salas, quien fuese un cantante de canciones de protesta en contra de las desapariciones en el país. Tejeda fue privado de su libertad el 12 de marzo y luego ejecutado en Amatlán, Veracruz. Era conocido por ser un emprendedor del arte y del deporte.

-Benjamín Juárez José
El 6 de abril falleció en la cárcel de municipal de Juchitán, Oaxaca, el presidente suplente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo Benjamín Juárez José, quien había sido detenido por policías municipales de Matías Romero un día antes.

-José Alberto Toledo Villalobos
Toledo era representante en Chahuites, Chiapas, del movimiento en resistencia al alza de las tarifas eléctricas, fue asesinado el 8 de abril en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera Tapanatepec.

-Gerardo Corona Piceno
El 19 de abril fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Corona Piceno, quien reclamaba justicia por la desaparición forzada de su hermano Álvaro Corona Piceno el 2 de agosto del 2012. Gerardo había señalado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de amenazas para no continuar sus reclamos.

-Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández y José Carlos Jiménez Crisóstomo
El 5 de abril policías estatales y elementos castrenses abrieron fuego contra los pobladores de Arantepacua, Nahuatzen, en Michoacán, en un supuesto intento de los comuneros de recuperar dos decenas de vehículos retenidos. Ese mismo día 38 campesinos de la comunidad habían sido detenidos en su camino a Morelia para buscar una solución a un conflicto de tierras.

-Gordom Strom
Originario de Estados Unidos, vivía desde seis años atrás en Teocelo, Veracruz, donde realizaba trabajo comunitario. Su cuerpo fue hallado sin vida al interior de su casa.

-Miriam Rodríguez Martínez
El 10 de mayo fue asesinada en Tamaulipas. La activista del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando fue atacada afuera de su casa, en ese municipio. Falleció en su camino al hospital. La activista mantenía una lucha desde el 2012 por el secuestro de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, cuyo cuerpo halló la madre en el 2014 y llevó ante la justicia a los criminales.

-Juan José Roldán Ávila
El comunicador y activista por los derechos de la comunidad LGBTTT, Juan José Roldán Ávila, de 36 años de edad, fue hallado muerto el 16 de abril en el camino a Calpulalpan, Tlaxcala. Su caso fue retomado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

-Miguel Vásquez Torres y Agustín Vásquez
Un grupo de sicarios atacó ca ambos hermanos en el municipio de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, en la tarde del 20 de mayo. Miguel era maestro y fue entre el 2014 y 2017 presidente de bienes comunales del pueblo, cargo en el que logró la restitución de tierras para su comunidad y promovía la educación para las comunidades wixárricas.

-Rodrigo Guadalupe Huet Gómez
El 22 de mayo fue asesinado el defensor Rodrigo Guadalupe Huet, por parte de atacantes de la comunidad de Nuevo Guadalupe Victoria, en el municipio de Ostuacan, Chiapas. Se desempeñaba como defensor comunitario en un conflicto por tierras de las comunidades Nueva Libertad y Cruztón.

-Jennifer López
El 21 de mayo fue hallado sin vida el cuerpo del activista por los derechos lésbico-gay Jennifer López en la ciudad de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero. Su cuerpo fue hallado con las manos amarradas. Se ganaba la vida trabajando en una estética.

-Eleazar Vargas Lara
El 5 de junio fue asesinado Eleazar Vargas Lara por hombres armados que lo ejecutaron en su casa en Iguala, Guerrero. Vargas se desempeñaba como el líder de la Asociación Colonos Unidos por Iguala.

-Alejandro Camarillo Beristain
El 18 de junio fue encontrado sin vida el ex perredista Alejandro Camarillo debajo de un puente de la carretera a Atlixco, casi al llegar a la carretera federal Atlixco-Puebla. Camarillo se desempeñaba como columnista de distintos medios locales. Su cuerpo estaba atado y se presentaba con señales de tortura.

-Meztli Sarabia Reyna
La joven era hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”. Meses antes, las amenazas en su contra habían generado la alerta de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

-Alexandra Castellanos
El cuerpo de Castellanos fue hallado sin vida la mañana del 24 de diciembre en la colonia Jardines del Zapote, en el municipio Tlajomulco de Zuñiga. Un día antes había denunciado el ataque de dos balazos en contra de su domicilio. La activista fue asesinada pese a tener medidas de protección por parte del Centro de Justicia para las Mujeres Jalisco. Cinco días más tarde, cuatro presuntos culpables fueron detenidos por las autoridades jaliscienses.

-Salvador Magaña Martínez
El 24 de diciembre fue asesinado Salvador Magañas, quien había denunciado a empresarios clandestinos en la región de la huerta en Jalisco. Había denunciado el despojo de las playas de dicha zona.

SinEmbargo


PRD, PAN y MC alistan acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad

PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y PAN presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes del lunes 15, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, anunció el coordinador parlamentario de la bancada perredista en San Lázaro, Francisco Martínez Neri.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que la Corte resolverá “con absoluta imparcialidad”, y enseguida pidió que ello se realice lo antes posible, pues “es un tema sensible donde hay muchos mitos, algunas mentiras deliberadas y donde es importante que haya un claro deslinde entre estas cosas y la realidad”.

El priista insistió en defender la Ley de Seguridad, la cual calificó de “un instrumento útil, válido para legitimar el trabajo que hace el Ejército cuando se ve forzado a cumplir labores de policía”.

Por su lado, el legislador perredista confió en que al revisar la Corte el recurso que interpondrán contra esa ley, dará su voto positivo para suspenderla, “ya que a todas luces se trata de una normatividad que no ayuda en la lucha contra el narcotráfico ni fortalece la seguridad nacional”.

“Vivimos en un estado de derecho –agregó– y tenemos confianza en que la Corte nos dará la razón porque es una ley nociva que está lejos de regular verdaderamente el actuar del Ejército”.

Los partidos, aclaró Martínez Neri, presentarán el recurso antes del 15 de enero, aunque el plazo para hacerlo vence el sábado 20, “por lo que hay tiempo para entregarlo”.

Para que el recurso tenga validez, debe ir precedido por la firma de cuando menos 165 legisladores, esto es, 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados.

En la elaboración del documento, apuntó Martínez Nery, se tiene comunicación con el resto de los coordinadores parlamentarios, pues la intención es que sea apoyada por la alianza “Por México al Frente”, y que también se sume Morena.

Igual aclaró que también se evalúa si se impugna toda la ley o sólo algunos artículos, pero que aún se discute eso entre las fuerzas políticas. En lo que sí se tiene certeza, sostuvo, es que hay que detener este marco jurídico, ya que “el PRI impuso esta norma a pesar de que la ciudadanía y los organismos internacionales han argumentado que se trata de una ley dañina. Por eso seguimos dando la pelea”.

Martínez Neri puntualizó que el país necesita policías bien capacitados para que paulatinamente las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. “Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, lamentablemente el PRI y sus aliados hicieron oídos sordos”.

A su vez, el priista y presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que el tema de la ley ha sido más un asunto de “raja mediática” por parte de los partidos que de urgencia; lo anterior por el retraso en la presentación de los recursos de inconstitucionalidad por parte de la oposición.

“Al parecer a ellos (partidos de oposición) es a los que no les urgía tanto. Si efectivamente tienen o detectan estas controversias, o estas razones de inconstitucionalidad, pues que interpongan la acción correspondiente”, emplazó el priista.

Además, consideró que la pronta promulgación de la ley por parte del Ejecutivo federal acelera a su vez las acciones jurídicas en contra para que la Corte resuelva en el tema.

Y enseguida elogió el acto de Enrique Peña Nieto: “Creo que al afirmar el presidente, como todos lo escuchamos, que quedaba en manos de la Corte la decisión, creo que está demostrando un profundo apego a la institucionalidad, a la constitucionalidad de los Poderes en México, al absoluto respeto que se siente desde el Ejecutivo al trabajo que hace el Poder Legislativo, y también a lo que decida finalmente resolver la Suprema Corte”.

Proceso

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