México: instan a la Corte a que invalide la Ley de Seguridad Interior por múltiples problemas de inconstitucionalidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería invalidar la Ley de Seguridad Interior (LSI) porque tiene múltiples problemas de inconstitucionalidad en cuando menos cinco aspectos, el primero de los cuales tiene que ver con la autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación, en contravención directa del artículo 21 constitucional.

Así lo señaló el secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, Ernesto López Portillo Vargas, quien además resaltó el empleo de conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria.

Un tercer aspecto es la posibilidad que la LSI da a las fuerzas armadas para actuar sin la subordinación a las autoridades civiles, e incluso al mando de las mismas, en contravención de la propia Constitución, dijo.

Y como cuarto punto mencionó la anulación de los mecanismos de control y de rendición de cuentas en las operaciones asociadas a la seguridad interior.

Por último, sostuvo que, como se aprobó, la norma viola los principios fundamentales de derecho de transparencia y acceso a la información, ya que la LSI invierte el principio de máxima publicidad constitucional por uno de máxima opacidad, al declarar que todas las operaciones asociadas a la seguridad interior estarán clasificadas como información de seguridad nacional, y en ese sentido es reservada.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Universidad Iberoamericana, esos son sólo algunos ejemplos de los ángulos de inconstitucionalidad que el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática espera que la SCJN conozca y, por lo tanto, invalide la LSI.

En caso de que la SCJN no califique de inconstitucional esa ley, López Portillo Vargas subrayó que el Foro que encabeza promoverá todas las medidas jurídicas posibles para luchar contra esa norma, además de promover reformas jurídicas que por la vía civil mejoren las herramientas del Estado, por ejemplo, las instituciones policiales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Para que podamos frenar el proceso de militarización tenemos que propiciar, promover y lograr un fortalecimiento de las autoridades civiles”, entre ellas las responsables de la prevención de la violencia y el delito, las policías y las procuradurías.

“Necesitamos políticas de prevención que funcionen, necesitamos policías profesionales y fiscalías que sirvan”, recalcó.

Sobre las repercusiones de la LSI, comentó que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos porque “abre hipótesis jurídicas ambiguas que pueden ser utilizadas para cualquier propósito de uso de la fuerza a través de un despliegue militar intensivo y sin controles claros, y eso –subrayó– no puede ser en un Estado de derecho en ningún lugar del mundo”.

“En el centro de nuestra preocupación está el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque México ya tiene, antes incluso de esta ley, un problema grave de opacidad y de falta de rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas. Con esta ley se generan hipótesis jurídicas de despliegue sin controles, sin visibilidad, sin posibilidad de supervisión por parte de la autoridad civil, a manos de la autoridad militar, con lo cual se incrementan de manera exponencial los riesgos en contra de los derechos humanos”, dijo.

Finalmente recordó que incluso antes de la promulgación y vigencia de la Ley de Seguridad Interior, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto de las fuerzas armadas no generaban condenas ni siquiera en 5% de los casos.

“Estamos contraviniendo el orden jurídico, constitucional, pero además estamos contraviniendo las estrategias de seguridad que una democracia debe fortalecer, que es a través de autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior es la fase más avanzada, la fase superior, de un paradigma que está en crisis”, remató.

Proceso