Un informe del gobierno revela la precariedad laboral de las mujeres paraguayas

Un alto porcentaje de las mujeres que se declara “ocupada” laboralmente no recibe un sueldo seguro o directamente figura como trabajadora familiar no remunerada. Las mujeres del sector rural sufren más, por la falta de seguridad laboral y por la propia cultura que obliga a muchas jóvenes a una migración forzada. Así señala un estudio presentado dentro del programa “Paraguay Debate 2.0”.

El informe se basa principalmente en los datos del último censo a nivel nacional que hizo la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC) de 2016 y fue elaborado por la doctora en economía Verónica Serafini. El material hace un amplio análisis sobre la situación laboral de la mujer en Paraguay y resalta dos puntos; la desigualdad que existe en comparación a lo que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo y la profunda precariedad que sufren, tanto las mujeres que trabajan como aquellas que se declaran ocupadas pero no perciben un salario.

El documento dado a conocer menciona que en Paraguay, casi un tercio de las mujeres de 15 años no estudia y carece de un ingreso financiero propio (casi el 32% de las mujeres que están dentro de la Población Económicamente Activa). Además, poco más de la mitad de las mujeres está inactiva, el 9,2% trabaja pero no recibe remuneración y el 7,1% está desempleada, señala el informe. Otro dato revelador es que el ingreso mensual promedio de la mujer que trabaja, agrupando las que viven en las ciudades como en el sector rural, llega apenas a G. 1.862.641, frente a los G. 2.462.508 de los hombres.

“El trabajo por cuenta propia, como familiar no remunerado y el empleo doméstico ocupan al 57,1% de las mujeres, cifra que se eleva al 78,3% en el sector rural. Las mujeres jóvenes, se ocupan como trabajadoras no remuneradas, lo cual las afecta doblemente. Por un lado, no cuentan con recursos propios y, por otro lado, la cultura patriarcal y adulto céntrica al interior de las familias generan conflictos que se traducen en migración en el caso de las jóvenes rurales” expone el documento.

Serafini dice que en las jóvenes, el inicio laboral por lo general es mucho más precario y eso se profundiza en el interior del país. Esto, además, obliga a muchas a tener que dejar el colegio o no poder ingresar a la facultad, lo que nuevamente deriva en excluir de mejores oportunidades de capacitación o educación para las mujeres jóvenes. “De allí la relevancia de considerar en las políticas a este grupo etario de manera particular. Las decisiones laborales de las mujeres están mediadas por la necesidad de compatibilizar sus responsabilidades familiares derivadas de la división sexual del trabajo” dice la profesional.

En cuanto a los datos macros, el informe señala que los sectores económicos que mayor ocupación generan son el comercio (26,5%), los servicios (24,9%), la agricultura (19,2%) y la industria (12,5%). Eso sí, a la hora de hacer los análisis por sexo y área de residencia, se muestran cambios significativos. En ese sentido, en el área urbana, el comercio concentra a un tercio de hombres y mujeres. Este sector es el primero para los hombres y le siguen con casi la misma importancia relativa los servicios comunales (18,8%) y la industria (17,0%).

Para las mujeres, el sector de servicios comunales se encuentra en primer lugar, concentrando al 44,2% de ellas, y el segundo lugar el comercio con el 34,0%. Ambos sectores ocupan al 78,2% de las mujeres. La industria, igual que para los hombres, se encuentra en tercer lugar. “En el área rural, la agricultura es el primer empleador para ambos sexos. Le siguen en relevancia el comercio para los hombres y los servicios comunales para las mujeres. Esto significa que más de la mitad de la población ocupada en el sector rural lo hace en el llamado empleo rural no agropecuario (ERNA).” expone el documento.

La precariedad laboral

De acuerdo con lo que expone Serafini, dos elementos importantes para entender lo que significa precariedad laboral es el subempleo o la exclusión de la seguridad social, indicadores que ayudan a comprender o entender sobre el término de referencia. Existen además, otros factores que la profesional analiza, como la volatilidad del ingreso (lo poco que “dura” el sueldo), la vulnerabilidad a los eventos climáticos en el caso de la agricultura pero la condición más extrema es la del “trabajo como familiar no remunerado”. En ese sentido, según la encuesta de la DGEEC de 2016, el 11,1 % de las mujeres están dentro del trabajo familiar no remunerado. Mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje llega apenas al 4,2%.

“La tasa de subempleo visible afecta más a mujeres (8,9%) que a hombres (4,5%). El desempleo más el subempleo dan como resultado el nivel de subutilización de la mano de obra en una economía. Si se suman ambos problemas, casi el 17% de las mujeres no encuentra trabajo o trabaja menos horas que las que desea o está disponible, frente al 9% de los hombres” expone el informe, mostrando la marcada diferencia que existe.

Seguridad o protección social

Según Serafini, la segunda forma de analizar la calidad del empleo es el grado de protección social que permite la incorporación al mercado laboral. Esto obedece a que en Paraguay el acceso a este esquema de protección se da por la vía de acceder a un empleo. Existen en Paraguay dos organismos que se encargan de dar este servicio a los trabajadores en relación de dependencia; El Instituto de Previsión Social (IPS) y las Cajas Fiscales. No obstante, ahora el marco regulatorio del IPS permite la afiliación de trabajadores por cuenta propia, pero no tiene el éxito esperado ya que el costo sigue siendo alto para las trabajadoras y trabajadores, en relación a los ingresos que obtienen, según el informe.

El documento también hace mención sobre la vulnerabilidad de las mujeres sin ingreso propio. “Sus riesgos son altos frente a eventos individuales como la separación, la viudez, una enfermedad o el envejecimiento; y colectivos como las crisis económicas o agroclimáticas en el sector rural. Estas mujeres no participan en el mercado laboral ni cuentan con ningún tipo de transferencia del Estado, por lo tanto, se encuentran fuera de cualquier mecanismo de protección social y son vulnerables a caer en pobreza si ya no lo están” dice Serafini.

Para Marciana Santander, presidenta de la Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico del Paraguay (ADESP), que una trabajadora del servicio doméstico tenga un seguro (de IPS o otro privado) representa un verdadero lujo que muy pocas pueden darse. “Nosotros seguimos luchando, en tanto, por tener las ocho horas laborales, un día de descanso y un salario acorde, al menos el sueldo mensual mínimo” dice Marciana. De hecho, la falta de pago por horas extras para las mujeres es una constante. En la web cacerola.com.py se exponen casos de trabajadoras paraguayas que son explotadas o que buscan una mejor vida laboral.

En cuanto al seguro social, la misma titular de la ADESP reconoce que muchas veces, las propias trabajadoras prefieren carecer de ese seguro con tal de no tener la reducción mensual de su salario. “Muchas veces las compañeras tienen que decidir entre pagar un seguro como IPS o dejar la plata para el pasaje, porque esa situación es la que una enfrenta. El seguro social es un lujo para nosotras” dice Marciana Santander.

Actualmente, la ADESP registra alrededor de 200 trabajadoras del servicio doméstico. La mayoría trabaja en Asunción y el departamento Central, sin embargo, tienen registro de trabajadoras en otros puntos del país, como Alto Paraná, por ejemplo. “Este año vamos a seguir luchando para poder tener un salario digno, que es eso que nosotros pedimos” dice la mujer. Esta organización logró en el 2015 que el salario mínimo sea establecido para el trabajo doméstico, sin embargo, siguen peleando para que se le reconozca otros derechos.

El informe de Serafini habla igualmente de los roles que, culturalmente, se le da a la mujer en el marco de una sociedad como la paraguaya, lo que tiene su implicancia directa en la situación financiera de la mujer y por ende, de la casa. “La sociedad ha otorgado a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva de la ejecución de estas tareas (domésticas, no remunerados). La división sexual del trabajo asignó al hombre el rol de “proveedor” y de “cuidadora” a las mujeres.

Así, por un lado hay una sobrevaloración del trabajo “productivo” y por otro, una desvalorización del trabajo “reproductivo”. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que las mujeres contribuyen de manera significativa con sus ingresos a la reducción de la pobreza y a la calidad de vida de la familia. Muestra además que los bienes y servicios que produce, sin remuneración en los hogares, son fundamentales para mantener el poder adquisitivo de los

La profesional dice además que para una parte importante de las mujeres, sus responsabilidades familiares ponen límites a su oferta de trabajo, traduciéndose en inactividad y falta de autonomía económica. Agrega que otra parte de las mujeres ingresa a un mercado laboral marcado por la discriminación salarial, segregación ocupacional, precariedad laboral e incluso trabajo como familiar no remunerado.

“Por esta razón, el análisis del trabajo de las mujeres no puede dejar de considerar a quienes se declaran inactivas. Es decir, a las que no ofrecen su trabajo porque ello exige considerar políticas que faciliten las oportunidades laborales para las que están fuera del mercado laboral” expone la Serafini.

Mirando el futuro

Serafini dice que, para ir eliminando esta situación de la mujer en el sector laboral del país, hay que trabajar en políticas públicas que tengan en cuenta aspectos esenciales, como el enfoque de ciclo de vida, el de género y el territorial. Esto, a partir de las demandas y necesidades específicas de cada sector. Por ejemplo, el enfoque de género es necesario para tener una mejor organización social, en donde la mujer sea la única encargada del cuidado (hijos, ancianos, la casa, etc) sin remuneración, que por ende, finalmente es la única que asume el impacto negativo de perderse oportunidades educativas y económicas.

El enfoque territorial es necesario por el perfil demográfico y económico de los territorios, es decir, las áreas urbanas y rurales. En ese sentido, la profesional reitera que la tasa de dependencia es mucho más alta en el sector rural debido a la migración de jóvenes hacia las áreas más urbanas. “Las mujeres campesinas dedican más tiempo al cuidado que las urbanas, probablemente debido a la menor oferta de servicios de cuidado y a la mayor rigidez de los patrones socioculturales” señala Serafini.

Este informe forma parte de una serie de notas del proyecto “Paraguay Debate 2.0”, financiado por la National Endowment for Democracy (NED) y la iniciativa Think Tank (ITT)a través de la Iniciativa Latinoamericana para la Investigación de Políticas Públicas (ILAIPP), con el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

La Nación


Feminicidios: Falta una construcción social y cultural contra la violencia – Por Aldo Benítez

El domingo último, la sociedad paraguaya despertó con dos casos de feminicidios, con lo que suman cinco en lo que va de enero de este año. Un comerciante, de 69 años, mató a su ex esposa y a su hija. Después se suicidó. El hombre estaba con una orden judicial de no acercarse a la vivienda, ya que había sido denunciado anteriormente justamente por violencia familiar. En el barrio, todos los vecinos sabían la situación de permanente agresiones que sufrían las mujeres.

“Yo creo que en el caso de los feminicidios hay factores específicos que tienen que ver con los géneros y cómo culturalmente se construye la idea correcta y aceptable de ser mujer y hombre en Paraguay, y que es algo que tiene tendencias latinoamericanas y mundiales”, expone la socióloga Ana Portillo, que hace poco estuvo encabezando un seminario justamente sobre la situación de la violencia en Paraguay y específicamente en lo que tiene que ver con las mujeres.

Para Portillo, hay una cuestión básica a tener en cuenta antes de plantearse cualquier tipo de análisis respecto a las muertes violentas de mujeres y tiene que ver con las características especiales de la cultura paraguaya en cuanto a la forma de ser sumiso o no rebelarse ante un acto de injusticia, o una agresión. “Son características más amplias, en general en cualquier acto que rompe la armonía social que implica una violencia, una agresión, un maltrato a la persona, el paraguayo no se caracteriza por actuar. Y hablamos de la violencia hacia los niños y niñas, violencia política, hablamos de un Estado que es violento, entonces nos caracterizamos por ser una sociedad silenciosa y sumisa y eso tiene razones históricas y estructurales que superan el deseo individual o la comprensión de cada persona sobre lo que está ocurriendo y nos lleva muchas veces a no tener herramientas con qué actuar”, explica Portillo.

La profesional dice que es importante mencionar, cuando se cuestiona la falta de acción o de intervención de las personas -como en el caso de los vecinos del barrio, que sabían la situación violenta que vivían las dos víctimas- que se tiene un modelo cultural basado en una decisión personal dentro de una sociedad armada para impedir que ese modelo cultural de dominación se rompa. En ese contexto, explica que, por ejemplo, quien se anime a intentar romper este esquema de dominación social, por ejemplo si opta por una intervención estatal, deberá enfrentar procesos burocráticos tediosos, que muchas veces termina siendo más violento y desgastante -tanto para el denunciante como para la víctima- o incluso afrontar sanciones sociales más sutiles como los rumores, silencios que la sociedad impone cuando alguien se anima a salirse del “sistema”, expone Portillo.

Idea de normalidad

La socióloga es respalda en el trabajo de la antropóloga y feminista argentina Rita Segato, quien entrevistó a varios hombres que supuestamente tenían una vida normal, pero terminaron matando a sus esposas o parejas o se convirtieron en violadores. De aquel trabajo, Segato concluyó que la construcción social que tuvieron esos hombres, las relaciones sociales que establecieron, cómo fueron criados, crearon en ellos una idea de normalizar muchas veces la violencia como acto cotidiano.

“Rita Segato discute y me parece interesante lo que hace, porque supera un poco el prejuicio de esta idea de los violadores y feminicidas como hombres monstruosos, excepcionales”, dice Portillo, y agrega: “en realidad cada vez es una conducta común en cualquier hombre normal, padre de familia, trabajador, aparentemente sin antecedentes, pero que un día tiene un acto tan aberrante, entonces tenemos que preguntarnos qué es la idea de normalidad que estamos construyendo”, expone. Para Portillo, hay que romper ese tabú de que solamente los hombres “malos” cometen actos violentos.

Dice -además- que otro elemento que aporta Rita Segato es el entender las diferencias sociales desde el concepto de estatus. “El estatus establece jerarquías sociales entre hombres y mujeres, y donde las mujeres somos inferiores y tenemos roles establecidos. Y en esta distribución de estatus y roles, culturalmente se cree que es rol de los hombres es “disciplinar a las mujeres”, señala la profesional.

La masculinidad paraguaya es frágil
Otro elemento que analiza la socióloga tiene que ver con la masculinidad paraguaya, a la que ella califica de frágil, carente y muy impotente en términos emocionales. Atribuye eso justamente a una educación errónea y a la cuestión social. “Al dejar todo lo emocional como femenino, los hombres no son educados para tramitar sus emociones y frustraciones”, expone Portillo. “Seguimos pensando que el hombre que duda, que se deprime, que tiene inseguridades, que tiene miedos, que se siente impotente y lo expresa es menos hombre. Entonces eso acumulado en el tiempo llega a un límite y emerge en forma de reacciones violentas, de actos trágicos”, dice Portillo.

Agrega que a los hombres les cuesta buscar el diálogo, el debate o el consenso en una discusión familiar, por lo que frecuentemente apela a la “fuerza disciplinadora” porque, de no hacerlo, su masculinidad estará en juego, sobre todo, si eso se llega a filtrar en sus círculos de amigos o contactos. “Un ejemplo de ellos es el famoso término “lorito óga”, dice Portillo.”

“La violencia es mucha más común”
Con respecto a este punto, la abogada y feminista Mirta Moragas, aporta un dato esclarecedor. “La violencia es mucho más común de lo que parece, un estudio del Ministerio de la Mujer mostró que casi el 90% de las mujeres sufrió alguna vez en su vida algún tipo de violencia. Y hay mucho silencio y mucha vergüenza, hay que superar esto. Hay que hablar, buscar ayuda, apoyar a quien nos necesita. Apoyar más y juzgar menos”, expone Moragas.

Moragas trabaja también en movimientos feministas y hace tiempo trabaja por defender los derechos de las mujeres y otras minorías. “La otra pata importante es la necesidad de que los mecanismos institucionales funcionen y sean eficientes. No sirven las buenas leyes cuando jueces, juezas, fiscales y policías creen que este es un tema menor, no toman medidas y luego las mujeres son asesinadas, incluso con órdenes de restricción. Hay que ampliar el uso de la tecnología para poder controlar que estas órdenes se cumplan efectivamente. En un caso hace poco un policía decía que no tienen capacidad para controlar el cumplimiento de las medidas de restricción. Esto podría solucionarse fácilmente con el uso de la tecnología. Pero hay que tener voluntad política y asignar recursos”, dice Moragas.

Sobre la participación estatal que hace mención Moragas, la socióloga Portillo se muestra de acuerdo, pero hace énfasis en acudir a los medios estatales buscando políticas públicas que apunten a promover cultura, música, teatro y letras. Pero principalmente, hacer promociones de una política pública de salud mental. “Mucho de esto sucede porque no hay servicios. ¿Qué hace un hombre cuando tiene deseos de golpear, de violentar, cuando está solo angustiado? ¿Con quién habla? ¿Quién acompaña? Se podría prevenir si existiera acompañamiento emocional en un montón de casos”, expone la socióloga.

Justamente, Portillo dice que es mucho más urgente enfatizar en proyectos que apunten a una construcción social y cultural, antes que a dedicarse solamente -desde el Estado- a aplicar sanciones jurídicas. “Tenemos que empezar a pensar el trabajo en el campo cultural y no sólo en el campo jurídico legislativo, no basta con encarcelar y castigar”, asegura.

El absolutismo del amor

Portillo menciona el caso del doble feminicidio en San Lorenzo como para ejemplificar esta cuestión. “No hablamos de un crimen premeditado para obtener placer, dinero o algún beneficio. Es un acto trágico hasta para el perpetrador, que decide suicidarse”, dice y añade que es urgente debatir sobre el sentido que le damos al amor, la forma trágica con la que que tomamos algún tipo de respuesta negativa o la situación de una ruptura.

“Es todo un debate demasiado necesario sobre las construcciones culturales sobre el amor romántico, qué es algo muy debatido actualmente en el feminismo y los estudios de género. Culturalmente tenemos ideas absolutistas sobre el amor. Sobre la complementariedad absoluta y espontánea que debe existir en una pareja, donde el desacuerdo se interpreta como desamor, donde la autonomía de una de las partes se interpreta como desamor. Eso es clave”, apunta Portillo.

Dice además que en sus viajes por el interior del país se encontró con que todos los momentos de ocio son musicalizados por temas latinoamericanos que hablan de tragedias románticas agónicas y posesivas. “Y son los temas que escuchamos de niños y construyen nuestro imaginario y dan sentido a nuestras emociones”, afirma la socióloga Portillo.

Por todo esto, asegura que es urgente apuntar a construir una nueva sociedad cultural a partir de la educación, de la apertura como seres humanos y a pensar en cambiar el estado de las cosas.

La Nación