Colombia: informe revela que sólo en enero fueron asesinados 23 líderes sociales

En enero fueron asesinados seis líderes sociales en el Caribe

Según Indepaz, en el primer mes de 2018 fueron muertos 23 líderes sociales en el país. En febrero van dos crímenes más. Fiscalía y Mininterior aseguran que el 50% de los casos han sido esclarecidos.

De acuerdo con un reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, 23 líderes sociales fueron asesinados en enero pasado en el país y seis de ellos en la región Caribe.

La más reciente víctima costeña de esta matanza fue Nixon Mutis, en Cantagallo, Bolívar, muerto el pasado 30 de enero. Mutis se dedicaba al trabajo de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Las autoridades creen que tras el hecho estaría una banda delincuencial que opera en esta zona del departamento.

Mario Elías Carrascal Náder fue asesinado el 26 de enero en Montería. Fue alcalde de Puerto Libertador, Córdoba entre 2008 y 2012, donde tuvo que enfrentar serios problemas de orden público por la presencia de bandas criminales en la zona.

El 25 de enero fueron muertos en La Concepción, Sucre, los hermanos reclamantes de tierras Manuel Eusebio Osorio Escobar, Prisciliano Manuel Mercado García y Humberto Manuel Escobar Mercado. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Comfasucre, William Martínez, les venía impidiendo trazar los linderos de la finca ‘La Concepción’, de 1.300 hectáreas de extensión. La ONG asegura que Martínez reclama la totalidad de la finca, cuando en realidad compró solo 608 hectáreas del terreno.

Y Plinio Pulgarín fue asesinado el 18 en San José de Uré, Córdoba. Este campesino y líder social era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, en zona rural de San José de Uré, y promovía la sustitución voluntaria de los campos de cultivos ilegales.

Cifras disímiles

Aunque Indepaz reporta 23 asesinatos de líderes sociales a nivel nacional en lo que va corrido de 2018, la organización Somos Defensores estima que fueron asesinadas 12 personas, cifra en la que coincide la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, mientras que la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, contabilizó 18.

Pero las cifras disímiles en cuanto a crímenes de líderes sociales en el país no son nuevas y el año pasado Indepaz enumeró 170 asesinatos, según la Fiscalía se denunciaron 101 crímenes y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, mantiene ese número en 75 líderes.

¿Impunidad o resultados?

No solo frente a las cifras de asesinatos existe disparidad entre distintos entes del país, pues varias ONG advierten que la impunidad reina en estos casos mientras que la cartera política y el ente de investigación penal aseguran que la mitad de casos están esclarecidos.

Por ejemplo, Credhos denuncia que lo más notable de los casos es la impunidad, ya que la Fiscalía no adelanta investigaciones exhaustivas para identificar a los asesinos ni se indaga a los grupos armados ilegales.

Iván Madero, presidente de Credhos, aseguró al respecto: “Una de las debilidades que notamos desde la corporación es que, frente a la identificación del agresor, los casos que se presentan en la Fiscalía terminan asumiéndolo como desconocidos, porque no se hace relación con los actores armados que están en el territorio. Además, cuando esto ocurre, los casos terminan archivados. Las autoridades tienen que hacer una investigación exhaustiva, eficaz. También tiene que haber mucha eficiencia por parte del Ministerio Público para que no se archiven”.

Pero, por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que las investigaciones de la Fiscalía han avanzado tanto que se ha logrado identificar a los criminales en el 50% de los casos: “Vale la pena destacar que la Fiscalía ya ha reportado una tasa del 50% de esclarecimiento de los crímenes contra líderes sociales. Esto quiere decir que en la mitad de esos crímenes ya existen unas investigaciones avanzadas que permiten identificar cuál fue el origen, cuáles fueron los responsables de estos crímenes”.

Escalada violenta

Los asesinatos de líderes sociales de enero pasado se empezaron a perpetrar desde mediados del mes y desde entonces se ha producido casi que uno o dos por día.

El primero se registró el 17 de enero, cuando se produjeron tres muertes en Antoquia y Santander: Diana Solano, Víctor Morato y Jorge Celis, sin responsables identificados.

El 18 de enero hubo un asesinato en Córdoba: Plinio Pulgarín, del que no se han identificado a los culpables. El 19 de enero, hubo tres asesinatos en Arauca: Luis Díaz, Miller Díaz y Leidy peña, atribuidos por Indepaz al Ejército.

Entre el 20 y 21 de enero se reportaron dos víctimas en Arauca y Antioquia: Víctor Vitola y Víctor Barrera, uno desconocido y otro atribuido a las disidencias de las Farc. Y entre el 22, 23 y 24 de enero se registraron cuatro víctimas en Nariño, Arauca, Cauca y Antioquia: José Olmedo, Harly Mogollón, Fares Carabalí y Berber Velásquez, con autores desconocidos.

El 25 de enero fue el asesinato de los tres hermanos sucreños y de otro líder en Norte de Santander: Humberto Escobar, Prisciliano Mercado, Manuel Osorio y Miguel Parra, los tres primeros con autores desconocidos y el último atribuido al Ejército.

Y del 26 al 30 fueron muertos seis líderes en Chocó, Córdoba, Valle, Cauca, Bolívar y Norte de Santander, todos con autores desconocidos menos el primero, atribuido por Indepaz al Ejército: Eleazar Tequia, Mario Carrascal, Temístocles Machado, Nicomes Payán, Nixon Mutis y Leidy Amaya.

Nuevo decreto

El viernes, el ministro Rivera, tras concluir la reunión de la Mesa de Garantías de Derechos Humanos en Popayán, anunció que el Gobierno prepara un nuevo decreto para velar por la protección de las comunidades que tienen mayor índice de líderes y defensores de derechos humanos amenazados.

Dicha normativa, que está en la fase de socialización con las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, apunta a, según el jefe de la cartera política, “superar esa idea de que el único esquema de protección es brindarles a los líderes amenazados carros blindados y escoltas. Debemos tener un mecanismo de protección colectivo y en eso es que nos estamos enfocando”.

Recordó Rivera que ya se expidieron dos decretos en esta materia el año pasado “para activar el sistema de alertas tempranas y tomar decisiones”.

Dos más en febrero

El viernes pasado hombres armados ingresaron al lugar de residencia de la líder social ambientalista Yolanda Maturana y la asesinaron con arma de fuego en la noche del jueves 1 de febrero en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

La mujer se dedicaba a defender los recursos naturales, especialmente, en la zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Chocó, donde las comunidades han denunciado presencia se encapuchados que los asedian.

También el jueves, la fundación Cordobexia, filial de Marcha Patriótica en Córdoba, denunció el homicidio del tesorero de la junta de acción comunal de la vereda la Ilusión, Antonio María Vargas Madrid, en jurisdicción de San José de Uré.

De acuerdo con la denuncia de la organización defensora de derechos humanos, Vargas Madrid, era firmante del acuerdo de sustitución colectiva de hoja de coca en el sur de Córdoba, como también lo era el líder social Plinio Pulgarín.

Oposición a la sustitución

Esta semana el vicepresidente Óscar Naranjo se refirió a los asesinatos de líderes de sustitución de cultivos y aseguró que se reforzará el plan ‘Victorias’ y el despliegue de la operación ‘Horus’ para que la Fuerza Pública está más cerca de los líderes y los acompañe en “su esfuerzo por cumplir la sustitución voluntaria de cultivos”.

De acuerdo con Naranjo, esta escalada en las amenazas se debe a que grupos como el Eln, disidencias de las Farc y organizaciones de narcotraficantes se oponen al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que hasta el momento tiene 123.000 acuerdos y 54.000 familias que ya están trabajando de la mano con el Gobierno.

“La preocupación del Gobierno es que sigan amenazando a estos líderes que apoyan el programa, que hasta el momento tiene 16.000 hectáreas libres de coca, certificadas por las Naciones Unidas. Por esta razón hemos decidido afinar la coordinación interinstitucional en las regiones del país para brindarles mayor protección a los líderes”, dijo Naranjo.

El Heraldo


Bogotá se manifestó contra el asesinato sistemático de líderes sociales

Debido a los recientes asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia, un grupo de personas hicieron un plantón en el centro de Bogotá el pasado miércoles 31 de enero. Allí, distintas personas y organizaciones sociales demandaron justicia por los 24 asesinatos que se cometieron en ese mes y exigieron garantías institucionales para quienes continúan defendiendo los derechos de sus comunidades y territorios en el país.

El homenaje fue convocado desde el pasado 27 de enero luego de que se conociera públicamente el asesinato de Temístocles Machado, líder social de Buenaventura. Sin embargo, quienes asistieron gritaron y encendieron velas por todos y todas aquellas personas que, luchando por una vida digna y la Paz de sus comunidades, han sido asesinadas.

Deissy Perilla, asistente al acto, manifestó que hay un patrón evidente es esta matanza sistemática de líderes y lideresas sociales. “Los lugares en los que se han llevado a cabo los asesinatos no tienen presencia del Estado, a pesar de que son territorios clave para los Acuerdos de Paz”, afirmó. Una contradicción terrible que siguen viviendo comunidades como la de Buenventura, donde la guerra ha azotado permanentemente sus vidas.

Según la Defensoría del Pueblo, la organización Somos Defensores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del movimiento político Marcha Patriótica, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en el primer mes de este año fueron asesinados 24 líderes sociales. Los Departamentos con el mayor índice de asesinatos fueron Arauca (5) y Antioquia (4). Aunque los autores de la mayoría (17) de estos crímenes se desconocen, las comunidades vinculan a las Fuerzas Militares en cinco de ellos y a una disidencia del exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en otro.

Para Aiden Salgado, activista palenquero, “los violentos no están de acuerdo con los resultados de la negociación entre las FARC y el Gobierno en estos territorios y han venido ejerciendo atentados contra las personas que lideran procesos de sustitución de cultivos, de restitución de tierras e incluso de la misma implementación de los Acuerdos”.

Según Salgado, el Estado tiene que hacer hacer presencia no solamente militar, sino también política y económica, implementando proyectos productivos que garanticen condiciones de vida digna; de esta manera se cerraría la puerta a los grupos que hoy ocupan lugares que antes controlaba esa insurgencia -FARC- y que se caracterizan por la confluencia de poblaciones indígenas, afro y abundantes recursos mineroenergéticos.

Han sido los paramilitares, los sectores políticos tradicionales y empresariales aquellos que han demostrado su rechazo a quienes levantan la voz contra la desigualdad. En este sentido, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia es responsabilidad de un Estado que carece de legitimidad en las diferentes regiones del país y que ha sido cómplice de los grupos que manifiestan su interés por continuar la guerra contra las comunidades que resisten en los territorios.

Colombia Informa


Asesinado líder de sustitución de cultivos en San José de Uré, Córdoba

Antonio María Vargas era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión del corregimiento del Batatillo en San José de Uré, Córdoba y desempeñaba acciones para realizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Su asesinato ocurrió durante el día del 31 de enero y en lo que va de 2018 han sido asesinados 24 líderes sociales en Colombia.

De acuerdo con Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia, en lo que va del año han sido asesinados 3 líderes en el sur de Córdoba, esto “en el marco de la implementación de la sustitución voluntaria de la hoja de coca”. Indicó que hay una incoherencia por parte del Gobierno de cara a la implementación de los aspectos acordados en La Habana.

Asesinos de Antonio Vargas fueron los mismos que asesinaron al líder Plinio Pulgarín

Chica informó que Antonio Vargas se encontraba el día de su asesinato departiendo con su comunidad en la vereda La Ilusión “a escasos 40 minutos de donde ocurrió el asesinato de Plinio Pulgarín el 18 de enero”. Indicó que “unos sujetos lo sacaron de su casa y lo llevaron a un lugar visible donde estaba la comunidad y parte de su familia y lo ultimaron de varios impactos de bala”.

Otros líderes y miembros de la comunidad reconocieron que quienes asesinaron al líder comunal fueron los mismo que cometieron el crimen del también líder Plinio Pulgarín y “amenazaron de muerte a otras personas a la vez que desplazaron a otras veredas”. Reiteró que hay más de 400 personas desplazadas y hay un riesgo inminente de que otras comunidades sean desplazadas.

Comunidad de La Ilusión está en riesgo de desplazamiento

Con el caso del asesinato de Antonio Vargas, como en el caso de Plinio Pulgarín donde se desplazaron más de 60 familias, la comunidad donde ocurrieron los hechos están en riesgo de ser desplazadas. Los líderes de diferentes organizaciones han manifestado que esto ocurre por la presión de los grupos armados y la poca presencia estatal que hay en los territorios. Además, consideran que el desmonte del paramilitarismo “es letra muerta” y “no existe una coherencia en lo que hoy llaman el plan Victoria de estabilización y consolidación de las Fuerzas Militares frente a las dinámicas del conflicto armado del país”. Chica dice que hay presencia de grupos armados extranjeros como los carteles mexicanos que se suman a los grupos paramilitares y bandas criminales que ya están en los territorios.

Negocio de la coca en Córdoba ha crecido

Para estas comunidades la preocupación es grande en la medida en que los asesinatos de líderes se dan teniendo en cuenta la labor que ellos y ellas hacen para defender la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que choca con la lucha por mantener el negocio del narcotráfico por parte de los grupos armados.

Argumentan que “ahora el negocio de la coca es mucho más grande y más devastador para el campesino del que tenía cuando estaban las FARC porque la zona está copada por estos grupos armados”. Esto ha hecho que aumenten las amenazas contra campesinos, afrodescendientes e indígenas, dijo que “los tienen azotados, ya hay más de 400 personas desplazadas y muy seguramente vamos a tener a las familias de La Ilusión desplazadas”.

Plan Victoria de las Fuerzas Armadas no ha servido

Según lo retrata Chica, “antes de que existiese el acuerdo final, las Fuerzas Militares tenían el plan Troya que es reemplazado por el Plan Victoria”. Esta es la ofensiva que tenían los militares contra las FARC y que ahora “en el marco jurídico, el plan busca consolidar la paz estable y duradera en el territorio”. Sin embargo, los líderes han denunciado que esto no ocurre porque “no se puede hablar de estabilizar y consolidar cuando hay otros grupos que han emergido o que estaban en el territorio desde hace mucho antes”. Para las comunidades, las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional “se están haciendo los de la vista gorda y no confrontan a estos grupos”. Lo que está pasando en los territorios ha sido denominado como “un plan macabro de negocio que está llevando al campesino a ser la víctima directa porque se ha puesto en la tarea de decirle sí a la implementación”. Además, los actores armados han llegado a las comunidades “a decirles que si vuelven a recibir plata relacionada con la sustitución los van a matar a todos, más de 7 mil familias que firmaron el acuerdo”.

Prensa Rural


Gobierno anuncia que expedirá decreto para la protección de líderes sociales

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, informó, al término de la reunión con el Comité Cívico de Buenaventura, que en pocos días el Gobierno expedirá un decreto que crea una ruta para la protección colectiva de los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos.

“Tenemos un borrador de un decreto que define un mecanismo de protección colectiva, lo estamos dando a conocer a las organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones sociales, para recibir sus observaciones y muy prontamente expedirlo, ya que se convertirá en la hoja de ruta de una política pública de protección colectiva de los líderes sociales y comunidades”, manifestó Rivera.

El funcionario también se solidarizó con la muerte del líder social Temístocles Machado, quien hacía parte de ese comité, por lo que consideró que el decreto que se va a expedir permitirá garantizar esa protección que necesitan los líderes comunales del país.

“Hemos venido a solidarizarnos también con su familia, pero sobre todo hemos venido a rendirle un homenaje, porque él prefirió la protección colectiva, él siempre recalcó que lo que se requería era protección para toda la comunidad y no solo para él. Ese acto de generosidad y nobleza nos obliga a hacerle un homenaje y entre otras razones, por eso el Gobierno Nacional muy pronto va a expedir este decreto. La nueva apuesta para garantizar la vida y la integridad de los líderes sociales serán las políticas de protección colectiva”, señaló Rivera.

El ministro también indicó que espera que las investigaciones de las autoridades permitan esclarecer este crimen para que no quede en la impunidad:

“La Fiscalía expresó en la reunión que muy pronto se van a conocer resultados concretos sobre los autores de este homicidio, nos informaron que las investigaciones avanzan muy rápidamente y con resultados muy concretos. La Fiscalía ha demostrado efectividad porque en el contexto nacional, la mitad de los crímenes contra líderes sociales ya han sido esclarecidos, hay una tasa de esclarecimiento del 50 %”, manifestó el funcionario.

El Heraldo