Entre migraciones y ciudadanía sudamericana – Por Aram Aharonian

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Hoy casi 29 millones de latinoamericanos residen en países distintos a los de su nacimiento. Para los expertos de la Unasur, el problema de las migraciones en Suramérica es manejable con relación a otros países, ya que el porcentaje no pasa del 1,5 por ciento y en el resto del mundo está llegando al 5 por ciento de la población. “Tenemos que llegar a que estos emigrantes sean reconocidos como ciudadanos con todos sus derechos en todas las partes del mundo. No puede ser que estemos hablando en un proceso de globalización, para pedir que haya libre circulación de bienes de capital, de tecnología y de inversiones, pero lo único que no puede circular son las personas. Esa es una de las grandes contradicciones éticas que tiene la globalización”, señaló el exsecretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper.

En 2012, la Unasur decidió iniciar la construcción de la Ciudadanía Suramericana a partir de su dimensión migratoria, considerando la ampliación de los acuerdos regionales, subregionales y bilaterales. Pero hubo poco avance con respecto a ello, aunque sí significativos en relación con otras regiones del mundo, al eliminarse la exigencia de visas entre los países. En las últimas décadas, los latinoamericanos emigraron sobre todo a Estados Unidos, donde sobreviven unos once millones de indocumentados –90 por ciento de ellos son latinoamericanos–, pero las migraciones Sur-Sur involucran a cuatro millones de personas y crecen al ritmo de 1,7 por ciento anual. Llevan a personas, por ejemplo, de los países andinos hacia Chile y Argentina y a los centroamericanos hacia Costa Rica.

Jorge Bustamante, relator especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, señala que en la frontera entre México y Estados Unidos ocurren violaciones, asesinatos, separación de familias, maltratos, trabajo no pagado. Lo cierto es que la Convención Internacional de la ONU para la protección de los trabajadores migrantes y de sus familias, de 1990, no ha sido ratificada por ningún país de recepción, sólo lo fue por los países de origen de los migrantes.

En los países de destino, los inmigrantes son estigmatizados y excluidos socio-cultural y socioeconómicamente. Por sus vulnerabilidades son presa fácil para la violación de sus derechos humanos. La asimilación a una nueva cultura es un proceso complejo y muchas veces debe realizarse en contextos xenofóbicos donde existe la percepción de que los que vienen ejercen una carga sobre los sistemas de seguridad social y de salud o que vienen a ocupar los puestos de trabajo de los nacionales. Y no hay peor momento para los inmigrantes que una crisis económica. En ese contexto, una de las respuestas más comunes es el aumento del sentimiento de rechazo y de la presión popular para crear políticas proteccionistas.

Migraciones al Norte, pero también al Sur

Argentina es, pese a sus altibajos económicos, el país que más inmigración intrarregional recibe en Sudamérica: tiene 1,5 millones de latinoamericanos legalmente registrados, provenientes en su mayoría de los países limítrofes, más Perú. El último censo oficial de 2010 señala que los inmigrantes suponen el 4,5 por ciento de la población. La comunidad paraguaya es la más numerosa, con 550.700 personas; le siguen 345.000 bolivianos, 191.100 chilenos y 157.500 peruanos. No es casual que con el advenimiento del gobierno neoliberal resurgieran discursos oficiales y medidas xenófobas que estuvieron presentes a principios del siglo 20.

Empujados por el conflicto armado, en especial por los grupos paramilitares, miles de colombianos abandonaron su tierra para irse a Ecuador y Venezuela, con los que las relaciones bilaterales no siempre han sido de muy buena vecindad. Según cifras oficiales, hay más de 4,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. También los peruanos deciden emigrar preferentemente a la zona sur del vecino, sobre todo desde que el país está dolarizado, con las posibilidades que eso supone a la hora de enviar remesas. Según la Organización Internacional para la Migración (2012), los colombianos son el primer colectivo de inmigrantes en Ecuador, seguidos por los peruanos, que son el colectivo inmigrante más numeroso en Chile –un tercio del total de 300.000 inmigrantes legales–. La inmigración haitiana hacia la zona fronteriza con República Dominicana es de larga data, sobre todo desde que, a inicios del siglo 20, los consorcios azucareros de capital estadounidense comenzaron a importar miles de braceros haitianos para abaratar los costos laborales. Más recientemente,el terremoto de 2010 y la crisis económica y social que vino después provocaron un aumento de los flujos migratorios hasta el punto de que, según reveló un estudio de 2013, en República Dominicana residían 524.600 inmigrantes, de los que el 87,3 por ciento son haitianos.

En 2015, el gobierno dominicano decidió poner en práctica un plan de regularización de extranjeros que supuso la deportación de 180.000 haitianos.

Costa Rica es el Estado latinoamericano con un mayor porcentaje de su población inmigrante. Según la Cepal (2012), el país registraba 386.000 inmigrantes, el nueve por ciento de la población. Recibió más extranjeros en los años 80 y 90 que en lo que va del siglo 21. En 2014, los cuatro colectivos más numerosos eran los originarios de Nicaragua, Colombia y Estados Unidos –unos tres mil pensionistas estadounidenses viven en Costa Rica, además de casi medio millar de canadienses españoles–.
México se ha consolidado como el país del mundo que más migrantes tiene en el exterior: 13 millones de personas, y un porcentaje muy importante está al otro lado del Río Bravo. En paralelo, se está convirtiendo en un receptor de inmigrantes. Fue un destino tradicional para los centroamericanos, sobre todo guatemaltecos (35.000 en 2010), pero se ha intensificado por el flujo de miles de personas que tratan cada año de llegar a Estados Unidos y Canadá, cruzando parte de América del Sur, toda Centroamérica y México. Pero México deportó en los primeros nueve meses de 2015 más personas que EE. UU.: 118.000 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños.

En nuestra región se utiliza el tema migratorio como chivo expiatorio para la tendencia a la exclusión laboral y social del capitalismo. Ante las amenazas de toda índole que padecen los migrantes hace falta por parte de nuestros gobiernos una actitud enérgica en la defensa de los derechos humanos, superando la actual postura de indiferencia ante las deportaciones, la tensión racial, la incertidumbre económica y el riesgo de daños a la integridad física y emocional de los migrantes. Es importante que América Latina gane la categoría de “territorio libre de exclusiones”.

La acción de gobiernos y movimientos sociales es urgente, de cara a los renovados bríos cobrados por el racismo y la xenofobia, no sólo entre los ciudadanos estadounidenses a partir de la campaña y el triunfo en la elección presidencial de Donald Trump, sino también en varios países latinomericanos.

*Aram Aharonian, El progresismo en su laberinto. Ed, Ciccus, 2017, Pag 83


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