Opositores protestan contra el fraude electoral y exigen la libertad de presos políticos en Honduras

Contexto NODAL
El 18 de diciembre el Tribunal Electoral declaró presidente electo a Juan Orlando Hernández, quien asumió su segundo mandato el 27 de enero, a pesar de las múltiples denuncias de fraude presentadas por la oposición y el pedido de la OEA y otros organismos internacionales de repetir los comicios. Desde las elecciones del 26 de noviembre se registran movilizaciones masivas contra el fraude que ya han dejado cerca de 30 manifestantes asesinados por la represión.

Caravana de opositores contra “fraude” electoral en Honduras

Miembros de la alianza de oposición de Honduras salieron en una “caravana de la insurrección” contra el “fraude” en las elecciones de noviembre en las que resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández. “Esta es una protesta frente a los asesinatos, los atropellos y el fraude electoral”, declaró a periodistas de UneTV desde el volante de su auto el coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Manuel Zelaya, quien fue derrocado de la presidencia en 2009.

Zelaya y el excandidato de la alianza, Salvador Nasralla, encabezaron bajo una pertinaz llovizna la caravana de cientos de vehículos que partió de la colonia El Sitio, en el este de la capital, y tras recorrer unas diez barrios populares terminó frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Varios vehículos quedaron con los neumáticos pinchados cuando infiltrados lanzaron clavos en el recorrido. Cientos de personas salían de sus casas en los barrios y colonias gritando o sacando pancartas con la leyenda “Fuera JOH (Juan Orlando Hernández)”.

“El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que tenían que hacerse nuevas elecciones”, manifestó Zelaya. Almagro propuso la celebración de nuevos comicios luego que una misión observadora del organismo concluyó que los vicios del proceso fueron tantos que se desconocía el ganador.

Zelaya añadió que la alianza espera respuesta a una solicitud hecha al Consejo Permanente de la OEA de convocar a una reunión para presentar un informe “sobre los atropellos que esta dictadura está cometiendo”.

“La ONU nos dio la espalda, la OEA nos dio las espaldas también pero eso no significa que el pueblo hondureño va a bajar los brazos. En todo el país vamos a hacer manifestaciones como esta”, aseveró Nasralla al mismo canal UneTV. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso en un informe divulgado el jueves crear un clima de confianza para establecer un diálogo con una mediación internacional que pueda poner fin a la crisis hondureña.

En su respuesta al informe, elaborado por una misión exploratoria de la ONU aque viajó a Tegucigalpa, Zelaya y Nasralla afirmaron que aceptan un diálogo con la condición que las recomendaciones del mediador sean de obligatorio cumplimiento para el gobierno y la alianza.

La alianza acusa a los órganos represivos del gobierno de matar a más de 30 personas y arrestar a más de 800 durante las protestas que estallaron después de las elecciones.

República


Nasralla rechaza que el objetivo de la movilización era liberar a reos peligrosos de El Pozo

El expresidenciable de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, rechazó que en la movilización que tenían programada para este domingo tratarían de liberar los reclusos que guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, occidente de Honduras, conocida como El Pozo, tal como lo denunció en un comunicado la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Nasralla señaló que desde el vienes hay un resguardo militar en las inmediaciones de El Pozo, por consiguiente, los miembros de la Alianza no iban poder llegar hasta el sector.

Calificó el comunicado emitido por la Secretaría Seguridad como difamación ya que en ningún momento se ha pedido la liberación de reos de alta peligrosidad.

Indicó que la movilización tenía como objetivo dar el respaldo a 11 jóvenes de Pimienta, Cortés, que se encuentran recluidos en esa cárcel ya que en sus expedientes no han cometido un delito, pero que los detuvieron por pertenecer a la Alianza.

Reiteró que el objetivo de la movilización era brindar respaldo a los 11 jóvenes y reclamar por las personas que han perdido la vida en las protestas.

La Secretaría de Seguridad, a través de un comunicado, advirtió el sábado que no permitirá protestas violentas a inmediaciones de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo, donde la Alianza de Oposición había convocado a una manifestación para exigir la liberación de personas que ellos consideran presos políticos.

Por su lado, el coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya , anunció en su cuenta de Twitter que pospone la movilización hacia la cárcel de máxima seguridad debido a que las autoridades cancelaron las visitas de familiares a los privados de libertad.

Entretanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), decidieron suspender las visitas de los familiares a los privados de libertad en El Pozo.

Proceso


Nasralla acusa al presidente Hernández de impedirle protestar en “El Pozo”

El excanditato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, acusó este domingo al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de impedirle protestar frente a una cárcel de máxima seguridad en el occidente del país privándole las visitas familiares a los reos.

La protesta estaba prevista para este domingo pero fue pospuesta porque Hernández la impidió, indicó Nasralla a periodistas en Tegucigalpa, sin precisar cuándo la harán.

Añadió que la manifestación era para exigir que sean puestos en libertad más de una decena de jóvenes, de quienes señaló que son “presos políticos” porque fueron detenidos por participar en “manifestaciones pacíficas” contra el “fraude” en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, las que, asegura, ganó él.

Señaló que los jóvenes detenidos en la cárcel de máxima seguridad en el sector de Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, “nunca” han cometido delito.

A la manifestación de este domingo habían convocado Nasralla y el coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el expresidente hondureño Manuel Zelaya.

En la víspera, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, dijo que Nasralla y Zelaya “en alianza con maras y pandillas están convocando a marchas” frente a la prisión de Ilama “declarando que su intención es la liberación de privados de libertad”.

Añadió que la mayor parte de los presos de “El Pozo” enfrentan procesos judiciales por delitos y no por situaciones políticas”.

Los presos por los que Nasralla aboga incurrieron en “saqueos de centros comerciales, la quema de postas policiales, robo, lesiones a policías y toda clase de delitos que han estado cometiendo en el marco de las acciones de violencia que todos los hondureños hemos sido testigos de cómo se ha desplegado”, enfatizó Suazo.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), por su parte, indicó en un comunicado que en ninguna de las cárceles del país hay presos por delitos políticos, y que “todos cumplen prisión preventiva por la comisión de diferentes delitos en perjuicio de la población hondureña”.

Añadió que la Constitución de la República establece que el fin supremo es la vida del ser humano y para evitar que los visitantes sean víctimas de actos de violencia, las autoridades del INP han decidido suspender la visita de familiares pautada para ayer.

Por su parte, el expresidente Zelaya dijo en un mensaje en Twitter que “se pospone movilización” porque “JOH (Juan Orlando Hernández) ordenó cancelar las visitas familiares como tortura a los detenidos y culpar a la Alianza. Pendiente nuevo aviso insurrección”.

Nasralla no reconoce a Hernández como presidente reelegido en los comicios generales del año pasado y desde el 29 de noviembre viene promoviendo manifestaciones en el país “contra el fraude” hasta que el gobernante salga del poder.

Algunas de las manifestaciones han terminado en violencia y con vandalismo.

Según Nasralla, más de 40 personas han sido “asesinadas” por los cuerpos de seguridad durante las protestas, aunque el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 31, a lo que se suman pérdidas millonarias por daños a la propiedad privada y pública.

La Prensa


Jefe policial niega existencia de “presos políticos”

El inspector general de la Policía Nacional Orlin Cerrato, negó la existencia de “presos políticos” y explicó que de los “22 casos que se hablan”, todos están debidamente documentados y hay pruebas de una conducta antisocial ya descrita en leyes hondureñas.

Explicó que “hemos venido trabajando en casos concretos como en el hotel Marriot y Burger King, donde se realizó un trabajo de investigación con fuentes técnicas y humanas ; realmente se conectaron los elementos probatorios para determinar que esas personas tenían responsabilidad”.

Por tanto el jefe policial añadió que no puede llamarse “delito político” si alguien toma una bomba molotov rompe los vidrios de un establecimiento, irrumpe e incendia el lugar atentando contra la vida de las personas.

Según Cerrato, en distintos lugares de Honduras se registraron disturbios que derivaron en figuras delictivas como daños agravados, tentativas, incendios, uso indebido de material estrictamente policial, daños a la propiedad pública y privada y la “escalada de saqueos” en la zona norte.

Diferenció que para que alguien sea considerado un “preso político”, se debe revisar el Código Penal donde se mencionan las figuras de sedición, traición a la patria y manifestaciones ilegales; en ese sentido expresó que “si revisamos los requerimientos” presentados por el Ministerio Público, ninguno fue encarcelado por los delitos en mención.

“Todos los casos se han trabajado de manera profesional, se les ha dado seguimiento con equipos de trabajo bien coordinados con una visión interinstitucional colectando pruebas y manejando bien los casos para que los elementos probatorios tengan la consistencia y que el juez pueda determinar la privación de la libertad”.

Confidencial Honduras


AP objeta intento de policía hondureña de averiguar fuentes

The Associated Press presentó el jueves un recurso legal contra un intento de funcionarios policiales hondureños de obtener el registro de llamadas telefónicas de un periodista para identificar las fuentes de un reportaje de la AP sobre presunta corrupción policial en la nación centroamericana.

La AP informó el mes pasado que un informe confidencial de seguridad del gobierno de Honduras señaló a un alto funcionario policial hondureño de haber intercedido a favor de un capo del narcotráfico.

La agencia noticiosa sostuvo que la entrega del registro de llamadas sería violatoria de la constitución de Honduras y atentaría contra la libertad de prensa.

“The Associated Press se opone enérgicamente a este intento de los oficiales de policía hondureños de intimidar a nuestros periodistas y fuentes”, dijo Karen Kaiser, abogada general y vicepresidenta de la AP. “Los periodistas de AP no se arredran ante semejantes intentos de intimidación”.

La AP ratifica su historia, dijo Kaiser.

En documentos presentados ante un fiscal hondureño, un abogado que representa a la AP manifestó la preocupación de la agencia de que el abogado del jefe de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, y de otros dos oficiales de alto rango, trataran de averiguar quién habló con la AP.

Con ello no solo se violarían los compromisos de Honduras con las libertades de prensa, palabra y expresión, consagrados en la constitución nacional, sino que tampoco se permite legalmente en los casos de posible difamación, de acuerdo con una ley nacional que establece cuándo y cómo el gobierno puede acceder a comunicaciones privadas, según el documento de la AP.

La AP se enteró a través de la prensa local que un abogado de Aguilar, su segundo Orbin Alexis Galo Maldonado y el inspector general Javier Cerrato Cruz habían pedido a un fiscal que obtuviera los registros telefónicos.

Tales pedidos no suelen ser públicos y la procuraduría podría pasar por alto las objeciones de la AP. Un panel de tres jueces fallaría en última instancia si el gobierno puede obtener los registros telefónicos y otros datos.

La AP informó el mes pasado que un informe confidencial de seguridad del gobierno de Honduras denunció a Aguilar por interceder para que un cargamento de 771 kilos (1.700 libras) de cocaína llegara a manos de un capo del narcotráfico.

Ese capo, Wilter Blanco, está purgando una condena de 20 años en Florida. En ese momento, Aguilar era el jefe de inteligencia de la Policía Nacional.

El gobierno hondureño sostiene que el reportaje es falso y las denuncias contra el alto mando de la policía “carecen de veracidad”.

Cuatro funcionarios policiales hondureños en activo y retirados, que hablaron bajo la condición de anonimato por temor a represalias, confirmaron partes del informe confidencial a la AP.

El oficial a cargo de una comisión especial con el cometido de librar a la fuerza policial de efectivos corruptos ha dicho que su oficina investigará a Aguilar, Galo y Cruz.

En su pedido a los fiscales, el abogado de los tres hombres pidió un peritaje de todas las llamadas de un periodista de la AP a un funcionario policial, así como los números SIM de tres operadoras de telefonía móvil que efectuaron o recibieron llamadas al número telefónico mexicano del periodista.

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